El Parlamento egipcio aprovecha la pandemia para reformar la ley de emergencia y otorgar aún más poder a Al Sisi

En nombre del coronavirus que atenaza al mundo, el Parlamento egipcio ha optado este miércoles por ampliar el poder ya omnímodo del presidente Abdelfatah al Sisi. El hemiciclo ha aprobado por amplia mayoría una serie de enmiendas a la ley de emergencia que otorga al mariscal de campo la potestad de prohibir la libertad de reunión o controlar la investigación científica.

El pliego de enmiendas incluye hasta 17 nuevas facultades redactadas con entusiasmo por el comité de asuntos constitucionales y legales del Parlamento, dominado por los forofos del presidente. 406 de los 596 diputados de la Cámara de Representantes egipcia han respaldado esta nueva vuelta de tuerca. La ley de emergencia, promulgada en 1958, estuvo en vigor durante las tres décadas de Hosni Mubarak en palacio y ha sido prorrogada sin tregua desde abril de 2017, tras una cadena de atentados contra la minoría cristiana.

“La actual ley de emergencia se centra en proporcionar al presidente poderes para luchar contra las amenazas terroristas y los delitos de narcotráfico pero no responde a los desafíos de una pandemia como el coronavirus”, ha alegado Bahaeddin Aby Shoka, jefe del comité que ha preparado la reforma. Entre las recién estrenadas potestades del caudillo, figura el derecho a prohibir todo tipo de reuniones públicas y privadas así como procesiones y festivales en un país cuyo régimen ha enviado a prisión a decenas de miles de disidentes desde el golpe de Estado de 2013.

La enmienda también amplía la ya de por sí vasta jurisdicción de los tribunales castrenses, que han juzgado a decenas de miles de civiles desde 2011. El artículo 4 ha sufrido una modificación para proporcionar a la justicia militar “el poder de investigar los delitos denunciados por las fuerzas armadas”, aunque será la fiscalía general la última entidad en decidir. La reforma también trastoca la composición de los tribunales “para incluir a jueces militares pues las condiciones reales demuestran que las fuerzas armadas deberían intervenir en este asunto para proteger la patria y a sus ciudadanos”.

Control de los laboratorios

A partir de este miércoles, Al Sisi tendrá a su alcance un amplio abanico de prerrogativas para “suspender el curso académico; cerrar ministerios y entidades total o parcialmente; aplazar el pago de facturas de agua, electricidad y gas natural; obligar a los expatriados egipcios que retornen a casa a cumplir las medidas sanitarias y de cuarentena necesarias; imponer restricciones a la exportación y posesión de ciertos bienes, productos y servicios; y regular los métodos de reunir donaciones financieras y en especie para controlar ciertas condiciones sanitarias críticas”.

La nueva batería de capacidades mencionadas en la ley de Emergencia también deja en manos del ‘rais’ el control de la investigación y el trabajo de científicos y laboratorios relacionados especialmente con el material biológico y la adopción de medidas que restrinjan su posesión, uso y eliminación. Al Sisi, que ha aparecido en las últimas semanas en público llevando mascarilla y ha llegado a amonestar en público a un grupo de obreros que trabajaban sin protección, podrá también destinar apoyo financiero a sectores económicos perjudicados por la crisis sanitaria y convertir escuelas y centros de juventud en hospitales.

El nuevo impulso a su poder se produce en medio de los estragos de la pandemia, que oficialmente ha dejado en Egipto 3.490 contagios y 264 fallecimientos -con el número de casos pulverizando los registros en los últimos días-, y un año después de un referéndum exprés y a medida que le permitirá perpetuarse en palacio hasta 2030. Desde su llegada al trono, ha ejercido tolerancia cero con la disidencia. Más de 60.000 disidentes han sido encarcelados; cientos han sufrido desapariciones forzosas y los medios de comunicación han sido completamente amordazados.

En medio de la preocupación por las dantescas condiciones de las prisiones y los efectos devastadores que podría provocar la propagación de la Covid-19, Alaa Abdelfatah -un icono juvenil de las protestas que en 2011 derrocaron a Mubarak- inició la semana pasada una huelga de hambre en el penal de máxima seguridad en el que se halla confinado. La pandemia ha agravado la situación carcelaria. Desde el 10 de marzo, se han suspendido las visitas de los familiares, toda comunicación con el exterior y los servicios legales.

Torturas en las cárceles

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado desde hace años que los presos no tienen acceso a las mínimas condiciones higiénicas y sanitarias. “En algunos casos, las condiciones se aproximan a las de la Edad Media cuando el maltrato, la tortura, la privación de comida y sanidad eran las características típicas de la vida en prisión”, señala el informe de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. Desde la asonada, 650 personas han fallecido en custodia.

“El régimen está usando el coronavirus para cercenar aún más sus derechos y empeorar sus condiciones. Nuestra lucha se ha recudido a tratar de confirmar que Alaa se encuentra bien mientras él se juega la vida”, denuncia Mona Seif, hermana de uno de los rostros de la maltratada disidencia. Para tratar de responder a las denuncias de familiares y activistas, el régimen publicó recientemente las fotografías de conocidos opositores siendo sometidos a pruebas de Covid-19 entre rejas.

Con 100 millones de personas y un precario sistema de salud, el país más poblado del mundo árabe -que desde el 24 de marzo mantiene un toque de queda nocturno- ha tratado desde hace semanas de silenciar las dudas que suscitan su recuento oficial de casos.

El mes pasado las autoridades locales decretaron la retirada de la acreditación a la corresponsal del diario británico ‘The Guardian’, Ruth Michaelson, y una amonestación al ‘New York Times’ por hacerse eco de un ensayo que estimaba que el número de infectados en el país podría oscilar entre los 6.000 y los 19.000. El estudio fue publicado días después en la prestigiosa revista médica británica ‘The Lancet’ pero el régimen no ha revertido la censura ni ha pedido disculpas por la expulsión.