El gasto en Justicia se congela por el bajón de los fondos europeos

Los presupuestos generales de 2023 están plagados de referencias a la justicia, pero a la “social”, no a la de los tribunales. En unas cuentas boyantes llenas de incrementos de dos cifras, las referidas al Ministerio que dirige Pilar Llop ocupan la parte más baja de la tabla con un raquítico 0,3% de incremento de gastos respecto al presupuesto consolidado anterior. La clave está en la fuerte bajada de los fondos europeos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se van a dedicar a Justicia.

El incremento en apenas unas décimas contrasta con las subidas reflejadas en la tabla de “Servicios Públicos Básicos”. Al 0,3% de Justicia le sigue el 25,8% en Defensa -consecuencia de la guerra de Ucrania-; el 5,6% en Seguridad Ciudadana y el 7,6% en “Política Exterior”.

La cifra de gasto previsto del Ministerio de Justicia (2.291 millones) supone un fuerte frenazo respecto a ejercicios anteriores, en los que sí se había incrementado notablemente. El presupuesto del año pasado, por ejemplo, subió un 11,5% respecto al del ejercicio anterior, que a su vez había subido un 7% comparado con el precedente.

Conforme a los datos ofrecidos, la explicación de la bajada se debe sustancialmente a la reducción de los fondos europeos, que este ejercicio suponen 210 millones y que en el que viene serán 58. La presentación del proyecto de presupuestos del Gobierno sólo se centra en el gasto nacional, excluyendo esos fondos, lo que permite ofrecer una subida del 7,7% (160 millones) que sirve para compensar los números.

Algo más de las tres cuartas partes del presupuesto se dedicará al pago de salarios. Entre ellos, destaca el ministerio, los correspondientes a las nuevas plazas de jueces y fiscales que se han creado. Respecto a las que se van a convocar en el futuro, Justicia explica que ha duplicado las becas para quienes vayan a afrontar la oposición.

El documento presentado este jueves destaca como “prioridad” en Justicia para el año que viene “la transformación de los más de 7.500 juzgados de Paz en oficinas municipales de justicia que faciliten a la ciudadanía su relación con la Administración de Justicia”. Se trata de la misma prioridad que aparecía en el documento del año pasado referido a los presupuestos actualmente en ejecución.

En cuanto al presupuesto del Consejo General del Poder Judicial, no parece que las tensiones con el Gobierno hayan desembocado en un castigo. El presupuesto sube un 3%, de los 76 a los 78 millones.