La enmienda del PSOE a la Ley Trans enfada a todos: “insuficiente” para las críticas e “inaceptable” para los colectivos

Después de un largo y difícil debate, que ni mucho menos está cerrado internamente, el PSOE se ha decidido a cambiar la autodeterminación de género pero sólo en su aplicación a los menores de edad. Los socialistas presentarán una enmienda a la Ley Trans para que los menores de 16 años estén obligados a pasar por un juez para cambiarse de sexo. El proyecto de ley pactado con Unidas Podemos establece ese requisito tan sólo para quienes tienen 12 y 13 años, mientras que permite que los que hayan cumplido 14 y 15 años tengan capacidad para emprender el proceso si cuentan con permiso de los padres.

Esta enmienda abre la caja de los truenos porque no deja a nadie satisfecho -partidarios y detractores de la ley- pero especialmente porque amenaza con provocar una dura confrontación con Unidas Podemos. Y es que, la ministra de Igualdad, Irene Montero, viene recalcando que la autodeterminación de género es una cuestión «innegociable» y que no iba a aceptar ningún «retroceso».

Ese choque no se ha querido visibilizar aún, aunque existe. Desde el Ministerio de Igualdad se optó ayer por adoptar un revelador silencio sobre la enmienda. Posiblemente porque todavía se confía en las conversaciones que se mantendrán en los próximos días y en que el lunes Montero se encontrará con Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros. El PSOE no tramitará su enmienda hasta ese día como pronto, aunque puede registrarla hasta las 18.00 horas del miércoles.

Si hay atisbos de bronca en el seno de la coalición del Gobierno, también lo hay dentro del PSOE y el feminismo. Los colectivos de mujeres afines al partido, que están liderando la oposición a la Ley Trans, consideran que ese cambio es un paso del todo «insuficiente».

La Asociación Española de Feministas Socialistas (FEMES) advierte de que por debajo de los 18 años no se debería «facilitar» el cambio de sexo y se hace hincapié en que una sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 subraya que hay que «acreditar madurez y estabilidad», y que esos requisitos «no se ven en la enmienda por ningún lado». El juez, remarcan fuentes de la asociación, «es un filtro», sí, pero «no se dice nada de acreditar la madurez y la estabilidad». Además de que se mantiene la «desprotección» de los adolescentes 16 y 17 años.

“Modas sociales”

Tanto desde FEMES como desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres se recalca que sigue abierta la puerta a la hormonación de menores en un periodo de formación de la personalidad y bajo la presión de las «modas sociales», con las «consecuencias irreversibles» que puede acarrear.

Una de las feministas consultadas manifiesta que la enmienda viene a darles la razón en las precauciones que están exigiendo respecto a los jóvenes pero ha lamentado que se vaya a seguir permitiendo el “autodiagnóstico” a menores de edad. La explicación de que al menos se haya la franja de edad, apunta, es porque son conscientes de la sentencia del Tribunal Constitucional que reclama madurez y estabilidad y que la ley, a su juicio, no recoge en ningún momento.

En el lado contrario, colectivos como la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Chrysallis y Fundación Triángulo acusaron al PSOE de haber cruzado una «línea roja» de proyecto y tacharon la enmienda de «inaceptable».

Los menores -critican en un comunicado- «verán como su identidad es decidida por un juez en un momento en el que ya es obligatorio tener DNI, exponiéndoles socialmente». Asimismo se alerta de que se está contraviniendo directamente la propuesta que estos colectivos elevaron al Gobierno para provocar «merma de los derechos de los menores».

En el PSOE se justifica la necesidad de reforzar las «garantías» en menores y la «seguridad jurídica» ante el riesgo más que evidente de que la norma acabe siendo recurrida ante el Tribunal Constitucional. El cambio propuesto sigue en parte la línea del Consejo de Estado, que en un informe abogaba por pedir aval judicial para todos los menores. El PSOE no llega hasta ese punto y mantiene que la libre autodeterminación de género sea a los 16 años pero abriendo la puerta a que, a través de un juez, se haga desde los 12.

Por otra parte, el PSOE plantea otra enmienda que endurece las condiciones para revertir un cambio de sexo, que se podría hacer a partir de los seis meses. Propone que tenga que hacerse delante de un juez y que tenga que presentarse «pruebas» para acreditar que vuelve a pedir modificar su sexo en el registro para volver a la situación original o para hacer más cambios.

Esta medida pensada esencialmente para evitar un uso fraudulento de la autodeterminación de género tampoco convence a las feministas críticas. Una de ellas señala que se piden más requisitos para volver al sexo de origen que para cambiarse al nuevo. Se da la situación, recalca, en la que las peticiones se plantean para el final del proceso en lugar de hacerlo en el origen del mismo.

Una feminista de FEMES avisa de que el afán disuasorio para las trampas no existe porque el proceso continúa siendo «sumamente sencillo» ya que éste no se hace depender de ninguna prueba o documento en concreto, dejando al juez sin herramientas objetivas para tomar una decisión. No se especifican requisitos específicos, sino que vagamente se habla de «pruebas». «Quien de verdad quiera utilizar esto de manera fraudulenta lo va a utilizar»

Fuentes de FEMES inciden en que la feministas críticas con la Ley Trans mantienen su rechazo en base a tres “líneas rojas”: la libre autodeterminación de género, la desprotección de los menores y el régimen sancionador por instaurar sanciones administrativas que no pasan por el filtro de un juez con un importante desembolso económico y que, a su juicio, son “genéricas” e “indeterminadas”. Hasta el punto de que supone una “ley mordaza” que compromete también “la libertad de expresión”.