Sánchez defiende que la reforma de la malversación tiene garantías para que no se beneficie ningún político corrupto
Uno de los propósitos de La Moncloa era cerrar el año habían liquidado algunos de los asuntos polémicas y farragosos que había en cartera. De ahí, por ejemplo, la premura para tramitar de forma exprés la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. Pero el cambio en estos tipos penales no sólo genera preocupación en el PSOE, también en el seno del Gobierno ante el temor a un escenario en el que se pudieran producir rebajas de penas a políticos corruptos. Pedro Sánchez considera que la reforma legal contiene garantías para que eso no se produzca.
El presidente del Gobierno ha comparecido este martes en La Moncloa para anunciar el nuevo paquete anticrisis, que incluye la eliminación del IVA de los alimentos de primera necesidad entre otras medidas, y para hacer balance del año político. Pero en este camino se le han presentado otros asuntos, como el planteamiento de la Generalitat de que en 2023 se acuerden las condiciones de un referéndum pactado o la rebaja de la malversación.
Sánchez ha defendido que la reforma de ese delito incluye una disposición transitoria que “garantiza que se mantengan las penas para los casos de desvío irregular presupuestario” y “sin revisión a la baja de condenas”. Considera el jefe del Ejecutivo que esto debe ser suficiente para que no se reproduzca la situación vivida con la ley del sólo sí es sí y la cascada de rebajas de penas a los agresores. En el seno del PSOE y también del Gobierno hay preocupación porque pudieran producirse rebajas de penas y eso dañara la imagen de lucha contra la corrupción de un Ejecutivo que llegó al poder precisamente por una moción de censura contra la corrupción del PP.
Frente a este posicionamiento, desde la Fiscalía Anticorrupción ya se alertó de que la reforma puede afectar a decenas de condenados y encausados por el desvío de fondos públicos y obligará tanto a revisiones de sentencias firmes como a atenuar aquellas peticiones de pena solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción en numerosos procedimientos en curso pendientes de enjuiciamiento. También en causas relacionadas con la corrupción en torno al Partido Popular como son Kitchen o Lezo.
El propio fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, llegó a pedir públicamente a la clase política que no de un paso atrás y “que no se diluya la responsabilidad penal”.
El presidente del Gobierno, además, ha vinculado los cambios en la sedición y la malversación como medidas para hacer frente al “conflicto político” en Cataluña. En concreto, ha dicho: “Los conflictos políticos se tienen que sustanciaren el terreno político. Lo que hace el Gobierno es una apuesta decidida por el reencuentro y la convivencia”.
La otra argumentación que ha explicitado Sánchez ha sido que el CIS refleja que la corrupción ha dejado de ser una de las principales preocupaciones de los españoles. Que si en 2018 se situaba en los primeros lugares y copaba las portadas de todos los medios, ahora ocupa el puesto número 18 de las principales preocupaciones del ciudadano. En todo caso, y ante las preguntas de los medios, ha añadido: “No se despenaliza el delito de malversación, sino que se homologa con Europa”.
Respecto al planteamiento expuesto por Pere Aragonès en su discurso de Navidad de querer pactar en 2023 con el Gobierno las condiciones de un referéndum, Sánchez ha subrayado que eso ya son “debates del pasado” y que ni en la Constitución española ni en ninguna otra se reconoce el derecho a la independencia de ningún territorio: “Podrán reclamar lo que quieran, pero no se va a producir”.