Con los pantanos en España por debajo ya del 50% de su capacidad por primera vez desde 1995, se han encendido las alarmas en muchos sectores y los responsables públicos empiezan a buscar dónde recortar el consumo de agua y dar ejemplo a la sociedad. Una de las posibilidades que ha salido rápidamente al debate político y mediático es el de los campos de golf, una actividad no esencial y que algunos creen que podría ser sacrificada en caso de urgencia.

Sin embargo, los empresarios españoles de campos de golf, reunidos este jueves en Tenerife, recordaron la aportación de esta industria a la economía nacional y reclamaron que se evite “un debate demagógico no basado en datos reales”. Se refirieron así a situaciones como la petición de la pasada semana de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico para cerrar los 109 campos ubicados en esta comunidad mientras persista la actual sequía.

Es en esta comunidad donde se encuentran la mayoría de los 400 campos de golf existentes en toda España. De ese centenar de instalaciones deportivas y de ocio andaluzas, el 75% se concentra en la Costa del Sol, auténtica meca europea de este sector.

Pero es precisamente esta región la que está sufriendo más que ninguna otra los rigores de la sequía. Los pantanos andaluces se encuentran por debajo del 30% y que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, advertía esta misma semana de recortes tras el verano si no llueve en mayo.

Ante ello, los empresarios de los campos de golf recordaron que, en Andalucía, el 80% de las instalaciones usan agua regenerada no potable. De hecho, en localidades como Marbella, Benahavís y Estepona, que suman la mayor concentración europea de campos de golf, estas instalaciones funcionan con agua no apta para el consumo humano que le facilita la empresa pública Acosol.

Además, pusieron de manifiesto que “las necesidades de los campos de golf en Andalucía apenas suponen una cantidad en torno a los 35 hectómetros cúbicos de agua”. Con ella, “se riegan las 3.500 hectáreas de suelo que ocupan, pero también se genera de una manera directa el 1% del PIB andaluz y se crean un total de unos 52.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos”.

Los campos de #golf andaluces riegan con agua regenerada no potable, lo que convierte a esta comunidad en un referente en este ámbito.

Se convierte el agua, ya utilizada por la población, en un generador de riqueza y empleo.

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— AECG (@AECG_es) May 2, 2023

En el resto de España, la media de uso de agua regenerada en los campos de golf alcanza el 57%, ya que hay comunidades del norte del país que no requieren de esas prácticas, mientras que otras, como Baleares, usan 100% de agua no apta para el consumo humano. “Nos conectamos entre la depuradora y el mar, así que no es verdad que quitemos agua a nadie”, señalaron.

Por otra parte, los empresarios han insistido en que son numerosos los campos de golf que han puesto en marcha auditorías para mejorar el uso del agua, limitando la zona regable, las horas de riego, las variedades de césped, los sistemas (aspersores), etc. En este encuentro se pusieron ejemplos recientes de estas inversiones, como el del Real Club de La Moraleja, en Madrid.

Los campos de golf españoles facturan en torno a 700 millones de euros (220 millones en Andalucía). Sin embargo, el turismo y resto de actividades asociadas a esta práctica, llega a mover casi 13.000 millones de euros, según un informe elaborado por el Instituto de Empresa en el año 2020, que se va a actualizar este año.

Los turistas de golf, en su mayor parte europeos y norteamericanos, son unos de los clientes más fieles y de mayor nivel adquisitivo, que acuden cada año a nuestro país buscando no solo practicar este deporte sino compaginarlo con el clima y la cultura nacional. En total, son más de un millón de visitantes anuales a España motivados por el golf, a los que hay que sumar los más de 300.000 jugadores federados, una importante cantidad que los representantes del sector insisten en que viene a demostrar que es un deporte popular y alejado de la imagen de elitista que se le da despectivamente en muchas ocasiones.

Copa Solheim 2023 en España

Una buena muestra del movimiento que genera esta actividad será la próxima celebración en el mes de septiembre de la Solheim Cup, un trofeo bienal de golf que enfrenta a los equipos femeninos de Europa y EEUU, y que en esta edición se desarrollará en la Finca Cortesín de Casares (Málaga), posiblemente, el mejor campo de golf de España, junto al cercano de Valderrrama (donde se celebró en 1997 la Ryder Cup, el mayor torneo mundial de golf masculino). Hasta la fecha, se han vendido más de 55.000 entradas, aunque se espera que sean unos 75.000 espectadores que llegarán a la Costa del Sol desde 29 países diferentes, según explicó Francisco de Lancastre, director de estas instalaciones.

Por su parte, el director general de Turespaña, Miguel Sanz, consideró en su intervención que esta competición supondrá un paso importante para atraer al mercado norteamericano, uno de los que está teniendo un mayor dinamismo desde la pandemia gracias al cambio de paridad euro/dólar.

El representante gubernamental señaló que en 2022 se ha registrado un cierto descenso de turistas de golf (unos 900.000) pero ha aumentado de manera extraordinaria (un 21,5%) el gasto medio de estos visitantes especializados.

En este IV Encuentro Empresarial de la Asociación Española de Campos de Golf (AECG) celebrado en Tenerife, se debatió y se trataron temas de interés para el sector como la concesión de la primera ayuda pública para la ‘Transformación Digital e Integración Local de la Experiencia del Golf en España’, dentro del programa Experiencias en la que la AECG es órgano gestor, de la triple sostenibilidad del golf (medioambiental, económico y social) y del importante papel tractor del golf en el turismo español.

Clausuró el evento la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, que anunció que promocionarán “el concepto Golf 365 días, gracias a las privilegiadas condiciones de las Islas y a la exclusiva oferta en un entorno único. Un turista de golf suele pasar 13 días más que un turista normal en Canarias”.

Por su parte, el presidente de la AECG, Luis Nigorra, señaló que “seguiremos trabajando en mejorar las condiciones para nuestros socios en materia de convenio colectivo, impuestos, estudios económicos y medioambientales y el turismo, sin olvidar nuestro ADN deportivo”.

Los agricultores y ganaderos de nuestro país llevan demasiado tiempo aguantando una situación crítica sin que el Gobierno de coalición haya adoptado ni una sola medida eficaz para garantizar su viabilidad y, con ello, la de todo el Sistema Alimentario Español.

Son ya más de cuatro años escuchando la misma cantinela del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, intentando convencernos de que la reforma de la Ley de la cadena alimentaria es el bálsamo de fierabrás que todo lo resuelve para justificar su falta de liderazgo y la inexistencia de las medidas estructurales necesarias para asegurar la producción alimentaria en España, mientras la situación empeora de día en día.

Los costes de producción se han disparado en nuestro país hasta extremos insospechados: el precio de la energía se ha duplicado con la aplicación de la llamada excepción ibérica, de modo que en España se llega a pagar el doble que en Francia o Portugal; el precio del pienso se ha triplicado; los fitosanitarios, la gestión de los residuos y sobre todo los impuestos, se han elevado, de modo que los productos y alimentos españoles ya no son competitivos y cuesta mucho más producir aquí que en los países de nuestro entorno.

Esta es la cruda realidad y la razón por la que comprar productos españoles le supone al consumidor pagar más, mucho más dinero que hace tan solo unos años, a pesar de los escasos o nulos beneficios que tienen nuestros productores. Esta falta de rentabilidad y competitividad está provocando ya graves consecuencias económicas, sociales y ambientales. Entre ellas, el abandono de la producción agraria y de las superficies de pastos que mantienen ecosistemas naturales y previenen incendios forestales, el sacrificio de animales y cierre de explotaciones asociados a la pérdida de mano de obra en el campo —80.000 ocupados menos que hace un año según la última EPA—, y el aumento de las importaciones que en el último año ha triplicado el de las exportaciones, poniendo con ello en riesgo nuestra balanza comercial. Esto no se debe a que los productores extranjeros sean más eficientes, ni sus productos de mayor calidad, responde a que sus reglas de producción son diferentes y más flexibles en el caso de países terceros, o porque sus gobiernos, en el caso de países europeos, han reducido sustancialmente los impuestos en lugar de subirlos, e incluso están ofertando apoyos al sector y con ello les ayudan a ocupar el espacio comercial que hasta ahora ocupaba España.

La situación es insostenible, y así se lo han hecho saber los agricultores y ganaderos al Gobierno, en los despachos y en las calles, donde cada semana desde hace ya demasiados meses, incluso años, se multiplican las manifestaciones por todo el país, sin que con ello se hayan conseguido que el Ejecutivo haga nada para frenar ni las subidas de costes, ni la aplicación de nuevos impuestos, ni la proliferación de normas contrarias a los intereses del sector productor y trasformador de alimentos en España, a quienes no se ha tenido en cuenta para valorar el impacto que sobre él tienen las decisiones políticas que se han implementado.

El Gobierno de España ha decidido culpabilizarles en lugar de poner soluciones, y ha llegado el momento de decir basta ya. Basta de promesas vacías, basta de mentiras y de aplausos autocomplacientes que hasta la fecha no han servido absolutamente para nada.

En nada ayudan las declaraciones de ministros acusando al sector de esclavista, o de producir con mala calidad, o los nuevos impuestos, como el del plástico, que en el resto de países se ha aplazado. Tampoco ayudan las acusaciones de ser los responsables de la persistente sequía que sufre el país mientras, en paralelo, se destruyen 108 presas en los ríos y se aprueban los nuevos Planes Hidrológicos de tercer ciclo en los que se paralizan las obras de almacenamiento y aprovechamiento de agua, tan necesarias para optimizar el uso de este escaso bien. Cualquiera puede pensar que si no tenemos dónde acumular el agua cuando cae, no se podrá disponer de ella cuando se necesite, ni para regar, ni para beber, ni para generar energía, ni para apagar incendios; se perderá, sin más, provocará inundaciones y la escorrentía desertificará los suelos. Lo más grave es que una vez más el Gobierno va contracorriente, y al mismo tiempo que esto ocurre en España, los países de nuestro entorno, afectados igualmente por el cambio climático, están aprovechando la inigualable oportunidad que ofrecen los fondos europeos NGEU para hacer inversiones en infraestructuras de almacenamiento de agua, modernizar sus regadíos y facilitar el acceso al agua a sus gentes en momentos de sequía.

En este escenario, el riesgo de que España pierda la soberanía alimentaria y dependa de otros países para asegurar hasta los alimentos más básicos es cada vez más serio. Los problemas de depender de otros para poder tener bienes de primera necesidad los conocemos, los hemos vivido ya con la energía y, precisamente por ello, debería haber sido suficiente para cambiar la línea de acción del Gobierno. Ante ello, se precisa una respuesta estructural que nos proteja no solo de caprichos ideológicos, sino de decisiones cuyo efecto puede ser letal si no se considera el impacto que pueden tener en la producción de alimentos y en todo el sistema alimentario español.

Conscientes de toda esta situación y ante la negativa constante del Gobierno de aceptar ni una sola de las diferentes propuestas puntuales que hemos venido planteando desde el Partido Popular para revertirla, hemos presentado para su debate en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de apoyo al sistema alimentario español como sector estratégico de nuestra economía.

Son muchos los documentos, planes, programas en los que se califica al sector de “estratégico”, y para el Partido Popular y su presidente Alberto Núñez Feijóo lo es, pero es más que evidente que no ha sido suficiente para frenar los desmanes del Gobierno. La Constitución Española en su art.130 impone a los poderes públicos la exigencia de atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de algunos de vital importancia, como son la agricultura, la ganadería y la pesca. El Acuerdo de París, norma clave de las Naciones Unidas sobre cambio climático (2015) impone la obligación de: “Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos”.

Es imprescindible una ley en la que se atiendan estas exigencias y se regulen los apoyos que resulten necesarios para aplicar cada vez que el sistema esté en riesgo; una ley rigurosa y sensata que, basada en ese carácter estratégico de nuestro sistema alimentario, le proteja de las decisiones arbitrarias e ideológicas que pongan en riesgo su supervivencia, su funcionamiento, competitividad y, con ello, nuestra soberanía alimentaria.

Una ley en la que se cree un marco de seguridad y garantía, de modo que cualquier norma, presente o futura, tenga en cuenta el impacto que su aplicación puede provocar en el mundo rural, sin perjuicio de que, cada comunidad autónoma, en el ámbito de sus competencias, pueda definir los apoyos adicionales que considere oportunos.

Defendemos, en definitiva, la aprobación de una ley que resulta esencial para garantizar que, ante cualquier situación crítica, el mundo rural pueda sobrevivir; que proporcione estabilidad y confianza a quienes viven de él; que frene la perdida de nuestra soberanía alimentaria y sea aliciente para recuperar población en las zonas rurales.

En los últimos años, un movimiento social y político creciente ha promovido la visibilización de los problemas de salud mental en los países occidentales y su inclusión en las agendas gubernamentales. Los trastornos mentales habían sido históricamente un tabú y acudir a los servicios sanitarios que se ocupan de su tratamiento, una razón de estigma. Desde hace algún tiempo, en cambio, la salud mental está plenamente incorporada al discurso de los partidos, y no hay mes en que no ocupe los titulares de los medios.

Es un fenómeno que nace de las buenas intenciones, pero que puede tener efectos perversos. Los problemas de la vida cotidiana se elevan ahora a la categoría de trastorno y se nos anima a buscar ayuda profesional. Las redes sociales se han convertido en un sistema de recompensa atencional que premia la exposición del dolor, la ansiedad, la tristeza o la inseguridad, promoviendo conductas que tienden a agravarlos. Casi podría decirse que los problemas de salud mental se juzgan como virtudes sociales, quizá porque, como ha escrito Daniele Giglioli, la víctima es el héroe de nuestro tiempo. La mejor prueba es que se usan para conseguir votos. En una entrevista reciente en El Mundo, Íñigo Errejón declaraba: “Yo abrí esta cruzada de la salud mental, y desde hace algunos meses voy a terapia. Me da muchas herramientas para lidiar con las dificultades, con las angustias, con la vida”. Al menos sabemos que su problema no es de autoestima. En cualquier caso, la vida no es ningún camino de rosas, pero patologizarla no es una buena idea.

Se trata de un proceso de dos direcciones. Por un lado, avanzamos hacia una psiquiatrización de la sociedad: se nos persuade de que padecemos problemas de salud mental a los que no estamos prestando la atención que merecen ―tú también puedes ser una víctima―; por el otro, se banalizan la psiquiatría y la psicología clínica, de modo que bajo su jurisdicción se incluyen, en pie de igualdad, las enfermedades mentales graves y las dificultades propias de la vida adulta. De hecho, son estas dificultades las que copan el relato de la salud mental, como muestra la entrevista de Errejón, mientras los diagnósticos psiquiátricos más graves continúan siendo un tabú.

Los perdedores de esta banalización del bien son precisamente estos pacientes y sus familiares, que no solo han de convivir con una realidad terrible y silenciosa, sino que ven ahora cómo los escasos medios que la sanidad pública reserva a la psicología clínica se saturan ante la imparable llegada de casos de estrés o distimia leve. Hay una relación inversa entre el carácter demandante de los pacientes y sus necesidades: los que peor están suelen ser los más reacios a pedir ayuda, de forma que muchas veces no reciben atención hasta que es muy tarde, cuando ingresan por urgencias.

El Gobierno australiano ha publicado una evaluación―resulta que hay países donde las políticas públicas se auditan― del programa destinado a facilitar el acceso a terapias y tratamientos de salud mental en la atención primaria. Los resultados no son los esperados: entre el 20% y el 40% de los pacientes que accedieron al programa no solo no mejoró, sino que se deterioró más. Tampoco se redujeron las tasas de ansiedad y suicidio. Se observó que los pacientes con diagnósticos más leves eran los más proclives a empeorar con estos tratamientos, mientras que aquellos con trastornos mentales graves tendieron a mejorar. Los investigadores concluyeron que la gravedad debe ser el criterio que guíe el uso de los recursos públicos, porque es, además, el método que minimiza el riesgo de iatrogenia ―esto es, de que la intervención produzca más daño que beneficio―. Los autores determinaron que los pacientes más graves deben tener prioridad en el acceso a las terapias de salud mental y que los despliegues masivos de psicoterapias breves para la población con trastorno mental leve pueden ser contraproducentes.

La banalización de la salud mental también está relacionada con la democratización de su discurso, y hasta la democratización de su diagnóstico: políticos, periodistas, influencers y usuarios de redes sociales hablan de ella desde postulados que no son científicos ni profesionales, y las consecuencias pueden ser nefastas. Hace unos días se dio la noticia del suicidio de una joven de veintiún años en Gijón. Enseguida trascendió la nota de despedida que dejó, en la que culpaba de su muerte a sus compañeros del instituto, que la habían sometido a acoso escolar seis años atrás. El asunto es lo suficientemente grave como para dejarlo en manos de las autoridades. Sin embargo, a las pocas horas Twitter había celebrado un juicio sumarísimo contra los presuntos culpables ―menores en el momento en que se produjo el bullying―, y sus nombres circulaban por la red social junto al veredicto de la masa: asesinos. Es un buen ejemplo de cómo se puede perder la cabeza en nombre de la salud mental y la lucha contra el acoso.

La “cruzada” ―por emplear el término con el que Errejón le da carácter de misión― de la salud mental puede ser uno de esos casos en los que las buenas intenciones acaban produciendo efectos indeseados: psiquiatrizar a personas sanas, invisibilizar a quienes tienen problemas graves, alentar conductas sociales peligrosas o acabar con el estatus de la víctima por la vía del café para todos ―si todos somos víctimas, nadie lo es―. La banalización del bien puede acabar muy mal.

Miles de cazadores se han concentrado este sábado en el centro de Valencia para defender lo “imprescindible” de su actividad para el mantenimiento del medio ambiente y protestar contra lo que consideran unas políticas represivas que atenazan su actividad.

El presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, ha recordado que esta entidad tiene 337.000 afiliados en toda España “más que el PP y el PSOE juntos”, unos “40.000 de ellos en la Comunitat Valenciana”, por lo que cree que es la “organización civil más extensa” en esta región.

“Hoy estamos en Valencia, mañana estaremos en Logroño siguiendo un calendario de movilizaciones que lo único que pretende es defender la actividad cinegética de los ataques a los que nos estamos viendo sometidos por parte, o por una parte, de los ejecutivos de este país”.

“Lo único que pretendemos es defender una actividad imprescindible para el medio ambiente, imprescindible para la conservación, para la seguridad vial, para la sanidad animal, en definitiva, imprescindible para el mundo rural. En los últimos años, hemos asistido a una ofensiva animalista con las leyes de bienestar animal y la modificación del Código Penal”, ha denunciado Gallardo.

A su juicio, son “leyes represivas y regresivas basadas en un populismo punitivo que al final trata de imponer unas normas con un ideario, en este caso el animalista, que en ningún caso coincide con la sociedad en general y mucho menos con el mundo rural”.

Jesús Ferreiro llegó a soñar con un Titanic atracado a los pies de la Torre del Oro y se lo propuso al entonces alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Asegura Ferreiro que al dirigente popular no le sonó mal del todo. Un barco permanente, con hoteles y restaurantes a unos pocos metros de la Giralda. Su sueño, un imposible, no se ha cumplido, pero diez años después ha vuelto a la ciudad con los retazos del barco que lo obsesiona desde hace ya medio siglo y que lo ha llevado incluso a cartearse con Barack Obama. Y a tener un lavabo con la firma del presidente norteamericano.

Gallego de Corme (A Coruña), periodista y miembro de una saga de marinos, entró en contacto con el barco de la White Star Lane cuando empezó a presentar Onda Pesquera en la Cadena Cope. Vio cómo la noticia de un naufragio de un barco de su familia quedaba escondida en las páginas interiores del periódico local y quiso cambiar eso. “Entonces se llamaba Radio Popular de San Sebastián y por allí estaba Encarna Sánchez”, recuerda Ferreiro, que ahora vive en Santander, pero que ha estado muchos años afincado en la ciudad donostiarra. Fueron 25 años de programa que lo llevaron a la SER y a Radio Nacional de España, con un premio Ondas de por medio: “Los 14 y 15 de abril, como no puede ser de otra manera, hablábamos del Titanic”. Fue esa noche cuando el barco se hundió, en 1912.

Y ahí empezó la historia de amor que lo ha llevado a ser presidente de la Fundación Titanic, que es quien organiza la exposición que se inauguró en la capital andaluza el viernes y que cuenta con una reproducción a 1:30 del barco. “Es la maqueta transportable más grande que hay, pero a nosotros nos gusta contar historias humanas”, cuenta en una terraza del Pabellón de la Navegación de la Expo 92, que alberga la muestra. Como la de Millvina Dean, la última superviviente del naufragio que se produjo en abril de 1912 y en el que perdieron la vida entre 1.491 y 1.513 personas.

“Estuve en los últimos tres cumpleaños de Millvina”, cuenta Ferreiro, que lleva en la solapa el pin de un proyecto para reconstruir el barco y ponerlo en uso, aunque Ferreiro admite que todos los que lo han intentado han acabado fracasando. El último cumpleaños de Millvina Dean fue ya en el hospital, unos meses antes de que en mayo de 2009 falleciese como la última persona viva que se montó en el barco. “También fue la más joven en montarse, con solo cinco meses”, insiste el veterano periodista y emprendedor, que conserva un batón de su “amiga”, que se expone entre los distintos enseres del barco que hay en la exposición.

También hay cajas originales del champán que se sirvió en el barco, de la bodega Abelé 1979, y el coche que debía llevar de vuelta el Titanic a Europa y que fue “el primero de la historia que condujo una mujer”. Fue el buque gemelo del malogrado Titanic, el Olympic, el que lo llevó a Londres. Por cierto, la rueda del timón de ese buque está también en el catálogo de la muestra. “Cuando los niños vienen, se ríen y lo señalan como el coche en el que Leonardo DiCaprio y Kate Winslet hacen el amor. Y eso que muchos no han visto la película”, explica, divertido, el gallego, que asegura que en el Titanic no hubo ningún coche, aunque sí había piezas para montarlos al otro lado del Atlántico.

“Como dice [James] Cameron, cuando te metes en el Titanic te engancha para toda la vida”, señala Ferreiro. Además de a Millvina Dean, en su etapa como periodista entrevistó a otros ocho pasajeros más. El relato de Dean, dada su juventud, es en realidad producto de lo que le contó su madre. Y entre las historias que corrobora está la profesionalidad de los músicos de la embarcación y el hecho de que muchas de las muertes se produjeron por la falta de entendimiento entre la tripulación, que era inglesa, y los pasajeros de hasta 39 nacionalidades que poblaron el barco durante los 4 días que navegó por el Atlántico.

Ferreiro cuida cada detalle de la exposición casi como a un hijo. En la mañana del viernes, antes de atender a El Confidencial, dirige la colocación de la chapa que simula el casco del barco más famoso de la historia (con permiso de las carabelas de Colón). Como hace en cada inauguración, rompe una botella de espumoso, como es tradición cuando se bota una embarcación. En Sevilla optó por un espumoso de Umbrete, en la cercana comarca del Aljarafe. Y él mismo se encarga a veces de hacer de guía en un recorrido que tiene, como estrella, un lavabo que reproduce los que había en los camarotes de tercera clase del barco y que lleva la firma de Barack Obama.

El presidente de EEUU es patrono de honor de la fundación y se ha carteado en varias ocasiones con Ferreiro. El gallego afirma que fue él quien pidió el lavabo, pero Ferreiro le puso la condición de quedarse con uno que lleve su firma. Entre los patronos de honor también estaba la reina Isabel II de Inglaterra y el cuadro de honor se completa con figuras como Rafael Nadal o Elettra Marconi, la hija del inventor del telégrafo.

La organización, sin ánimo de lucro, nació en 2006, pero los proyectos de Ferreiro tienen una segunda pata, Musealia, la empresa que fundó hace 23 años y que también tiene su propia exposición sobre el Titanic. Luis Ferreiro, su hijo, está ahora al frente de la entidad, que produce muestras que “giran alrededor de la existencia humana, pero lo cuentan con historias específicas”. Comenzó como traductor de su padre y ahora encabeza proyectos como la exhibición sobre el barco y otra sobre el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en colaboración con el museo oficial de este enclave polaco, donde los nazis pusieron en práctica sus proyectos de extinción de la raza judía. “Tardamos siete años en diseñarla”, explica Ferreiro hijo, que continúa la saga familiar y que ya prepara el próximo proyecto.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras (Cádiz) a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones graves que habría cometido al apuñalar a una persona que ha resultado herida y ha sido trasladada al Hospital Punta Europa de la localidad.

Según ha informado la Policía, la intervención se inició sobre las 22:30 horas de la noche de este pasado sábado cuando el Cimacc-091 recibió varias llamadas de ciudadanos informando de que en la calle Naturopata Diego Prieto se encontraba una persona que había sido víctima de un apuñalamiento.

Hasta el lugar se desplazaron varios indicativos policiales, cuyos agentes encontraron a la víctima, que estaba siendo atendida por varios vecinos debido a la herida por arma blanca que presentaba en una pierna, que se encontraba sangrando “abundantemente”.

Los vecinos, según ha explicado la Policía, habían realizado un torniquete empleando un cinturón para frenar la hemorragia. Posteriormente, tras acudir los servicios sanitarios, la víctima fue trasladada al Hospital Punta de Europa.

Fruto de las gestiones realizadas, y por el testimonio aportado por la víctima, el presunto autor del apuñalamiento fue “plenamente identificado” y, tras un dispositivo de búsqueda, localizado y detenido, según ha confirmado la Policía Nacional.

La Mesa de Retribuciones reunida este miércoles con el objetivo de negociar subidas salariales para jueces y fiscales ha culminado sin pacto tras varias horas, si bien las asociaciones profesionales se han mostrado “optimistas” y han confiado en “alcanzar un acuerdo lo antes posible”, si cabe el próximo lunes por la mañana, cuando se ha convocado la próxima reunión. Por su parte, el Ministerio de Justicia ha confirmado a través de un comunicado que ha trasladado “una propuesta de adecuación salarial en relación al nuevo modelo de Justicia que va a ser impulsado por las tres leyes de eficiencia” organizativa, procesal y digital que se encuentran actualmente en la fase final de su tramitación.

Tras la reunión, que ha transcurrido entre las 11.30 y las 19.30 horas con un receso largo para comer, fuentes cercanas a la negociación han explicado a Europa Press que el ministerio ha presentado una propuesta en la que ofrece a jueces y fiscales un paquete de unos 44 millones de euros para mejorar sus retribuciones, con la intención de desbloquear el conflicto y evitar la huelga indefinida que cinco de las siete asociaciones han convocado a partir del 16 de mayo en busca de una actualización salarial “razonable” debido a “la pérdida de poder adquisitivo” que dicen arrastrar desde 2009.

Las mismas fuentes han precisado que la oferta de unos 44 millones de euros es de momento insuficiente, porque dicha cifra representaría solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%.

El Ejecutivo también ha ofrecido a las asociaciones de las carreras judicial y fiscal “un papel relevante” en la implementación de tres normas que tienen por objetivo “transformar el modelo de Justicia de España”, según ha informado el departamento que dirige Pilar Llop.

El encuentro ha servido para “perfilar posiciones y poner propuestas sobre la mesa”, según ha apuntado el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juan José Carbonero, a la salida del ministerio. “No todas las propuestas convencen, ahora es tiempo de evaluar lo que hay sobre la mesa de cara a continuar el proceso de negociación”, ha acotado. Durante la jornada se han sentado en la Mesa varias asociaciones, tres letrados del Consejo General del Poder Judicial y los representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda, incluyendo la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez.

Por otra parte, la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Inés Herreros, ha asegurado que confía “en que se llegue un acuerdo, ojalá este mismo lunes”, y ha asegurado que la Mesa es un espacio en el que “las partes tienen que ser generosas”. La presidenta de UPF ha recordado que las reivindicaciones que han trasladado las asociaciones son “históricas” y ha recalcado que hasta ahora todos los ministerios habían negado cualquier tipo de aumento retributivo. 

El “toma y daca” parece estar avanzando a buen paso, con la amenaza de una huelga de jueces y fiscales que tendrá lugar de forma indefinida a partir del próximo 16 de mayo si las conversaciones con el Gobierno no llegan a buen puerto. Paralelamente, la ministra Pilar Llop -que según informan las asociaciones ha pasado a la reunión “a saludar”- se enfrenta a la huelga de funcionarios de Justicia, que este jueves se concentrarán frente al ministerio en la calle San Bernardo. 

Se trata de la segunda huelga que se celebra contra la cartera de Llop en lo que va de año, después de que los letrados judiciales consiguieran un aumento de hasta 450 euros mensuales tras dos meses de protestas y duras negociaciones. El efecto cascada que produjo esa concesión del Ejecutivo parece innegable, si bien los jueces y fiscales hablan de una “reivindicación histórica” cuyos orígenes se remontan a 2003. 

En aquel año se aprobó la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, una norma pensada para asegurar la independencia económica de los mismos. Quedó establecida la Mesa de Retribuciones, el mecanismo oficial a través del cual se revisan las condiciones económicas de jueces y fiscales cada cinco años. Y sin embargo, ninguna de las cinco mesas previas ha concluido con aumentos salariales. 

A esto se suma la rebaja del sueldo a la función pública, que en 2010 redujo las retribuciones de jueces y fiscales en un 10%. Según denuncian las asociaciones convocantes de la huelga, esa rebaja no se ha visto compensada en ningún momento, por lo que los jueces y fiscales han sufrido una importante pérdida de poder adquisitivo que ahora pretenden compensar de una vez por todas.

“La Mesa de Retribuciones de forma efectiva, trabajando y con resultados, no se ha tenido nunca. Estamos hablando de una situación de parálisis de prácticamente 20 años”, ha subrayado en este sentido Inés Herreros.  Ahora las asociaciones esperan revertir esta pérdida de poder adquisitivo llegando a un acuerdo “que se acerque todo lo posible” a sus reclamaciones. 

Nuevos y alarmantes datos se han publicados este miércoles sobre la descendente evolución de la reserva hídrica en España. Se trata de una caída por debajo del 50% del agua embalsada -a un 49,6%-, lo que implica que ahora los pantanos españoles guardan menos de la mitad del agua de la que podrían almacenar, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

Es la primera vez que sucede algo así desde enero, en un periodo en el que regiones como Andalucía o Extremadura ven caer de forma alarmante sus reservas hídricas. Actualmente, en la semana 18 de 2023, son 27.823 hectómetros cúbicos los que se están almacenando en los pantanos y embalses españoles, cayendo por debajo del nivel de la misma semana del año pasado (28.074 hectómetros cúbicos).

Las regiones más amenazadas por esta falta de agua y, cuyas reservas se encuentran en niveles de alerta, son Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña. Concretamente son las cuencas del Guadalete-Barbate (29,1%), Guadalquivir (24,5%) y la Cuenca Mediterránea Andaluza (35,6%), las que han descendido ligeramente. A su vez, las cuencas del Guadiana y del Tajo han perdido en la última semana 44 hectómetros cúbicos de agua embalsada cada una de ellas, hasta situarse en el 33,2% y el 60,5% de su capacidad, respectivamente. 

Por ámbitos, la reserva se encuentra al 82,2% en Cantábrico Oriental; al 80,4% en Cantábrico Occidental; al 76,1% en Miño-Sil; al 85,4%, en Galicia Costa; al 76,2%, en las cuencas internas del País Vasco; al 67,9%, el Duero; al 60,5%, el Tajo; al 67,7%, en Tinto, Odiel y Piedras; al 60,9%, el Júcar; al 52,7%, el Ebro. Sin embargo, la peor parte en la evolución de estos datos se la lleva Extremadura, que solo en el transcurso de una semana ha descendido un 9,31% con respecto a los niveles de agua embalsada de la semana anterior, según datos de Embalses.net.

Por su parte, la reserva hídrica en la cuenca del Júcar almacena un total de 1.733 hectómetros cúbicos, de manera que repunta ligeramente hasta el 60,9 por ciento de su capacidad, mientras que la cuenca del Segura sigue perdiendo agua y baja hasta el 34,0%. En concreto, en el Júcar, la reserva total embalsada se sitúa en 1.733 hectómetros cúbicos, de un total de 2.846, frente a los 1.845 de hace ahora un año. Por su parte, los embalses de la cuenca del Segura almacenan actualmente 388 hectómetros cúbicos, el 34,0%, de un total de 1.140, frente a los 502 de hace un año.

“Con las cosas de comer no se puede jugar”

El Gobierno ha recordado este miércoles que cuenta con un presupuesto de 6.500 millones de euros para inversiones hidráulicas. El presupuesto, que “se está ejecutando” y “en muchos casos son transferencias también a las comunidades autónomas”, está destinado no solo a paliar la sequía, sino a las políticas de aguas en general, y es gestionado por dos ministerios -el de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y el de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)-, ha señalado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este miércoles.

Con este panorama, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha adelantado que la junta directiva nacional de la principal organización agraria española se plantea organizar movilizaciones para exigir medidas concretas contra la sequía porque -ha dicho- “con las cosas de comer no se puede jugar”. 

A su vez, el jefe de planificación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Miguel Ángel Vera, ha recordado que la sequía “no es nada nuevo” en España, donde “la tradición dice que se produce cada cinco años”, por lo que “es algo con lo que tenemos que convivir de la mejor manera posible”, ha remarcado. 

Galicia y Asturias, se recuperan ligeramente

En el caso de Galicia, Asturias y Navarra, sus reservas hídricas se han recuperado ligeramente. La cuenca del Miño-Sil está al 76,1% de su capacidad total con 2.307 hectómetros de agua embalsada, frente a los 1.672 que registraba en las mismas fechas del año pasado. Además, la cuenca Galicia Costa está al 85,4% de su capacidad, con 584 hectómetros de agua de los 684 máximos.

De esta forma, las cuencas del Guadalquivir, las internas de Cataluña y la de Guadalete-Barbate son las más afectadas -con porcentajes entre 24,5 y 29,1%-, mientras que las de Galicia Costa, Cantábrico Oriental y Cantábrico Occidental son las que se encuentran en mejores condiciones -con porcentajes entre el 80,4 y el 85,4%-.