Escondidos bajo la apariencia de dibujo animado, estos vapeadores (cigarrillos electrónicos) se venden en internet con la intención de captar la atención de los más pequeños. A pesar del gran peligro que esto supone, los anuncios de venta no especifican ningún tipo de advertencia sanitaria. 

Detrás de estos anuncios se sitúa la industria del tabaco. Esta intenta atraer así la atención de los niños para captar futuros fumadores. Así lo advierte el presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Andrés Zamorano. “Las tabacaleras son las que están detrás de estos productos dirigidos a este tipo de niños de 8 o 9 años con sabores que recuerdan a chucherías”.

De esta manera se ha puesto de manifiesto un problema de salud realmente importante. El vapeo es la forma en la que los más jóvenes toman su primer contacto con los cigarrillos. Según informa Atlas, el primer contacto con el tabaco suele darse con 14 años, mientras que este se da a los 11 años en el caso de los cigarrillos electrónicos. 

Asimismo, la doctora del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Karen Ramírez, ha advertido de que los más jóvenes ven esta práctica como una moda, sin llegar a percibir los efectos nocivos que puede llegar a suponer. 

“Hay una nueva enfermedad entre los jóvenes que se llama Evali y está asociada al vapeo”, subraya Ramírez. Como consecuencia, los expertos pretenden llevar a cabo un cambio en la legislación para regular el uso de estos dispositivos y que no estén al alcance de los más pequeños. 

Ciudadanos ha propuesto este jueves otorgar una ayuda universal de 1.000 euros a las personas que tengan un bebé y otra, complementaria, de 1.200 mensuales hasta que el niño cumpla 12 años, en el marco de un paquete de medidas destinadas a favorecer la tasa de natalidad en España, la segunda menor de la Unión Europea.

Según ha explicado la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, en un acto desde la sede nacional, el partido naranja quiere “cambiar el chip” en torno al problema de la natalidad en España y, para ello, han articulado una batería de medidas que han llamado ‘A por el segundo hijo’. “España se tiene que poner con este tema con seriedad”, ha urgido.

Así, Ciudadanos también ha planteado eximir a las empresas de pagar las cotizaciones sociales al contratar a personas que tengan un hijo menor de tres años o dos menores de doce para evitar la “penalización” que supone la maternidad y la paternidad en el ámbito laboral.

Según ha explicado Arrimadas, el paquete completo de medidas permitiría un ahorro aproximado de unos 25.000 euros por el primer hijo y 41.500 por el segundo. El objetivo es ampliar una serie de beneficios que ya existen para familias numerosas o con niños con discapacidad, lo que la portavoz parlamentaria ha llamado “red de apoyo”, a las familias con dos niños.

Otras ayudas para fomentar la natalidad

Estas medidas se suman a otras ya anunciadas por el partido de Patricia Guasp previamente, como una reducción de diez puntos en el IRPF a todas las familias a partir del segundo hijo y del primero en el caso de las monoparentales. 

También han propuesto la bonificación del cien por ciento del coste de los “gastos imprescindibles” asociados a tener hijos, como el transporte escolar, el comedor escolar y las actividades extraescolares; plazas en guarderías públicas y privadas sin coste; y la jornada laboral flexible. Asimismo, han abogado por garantizar la gratuidad de la reproducción asistida.

“Estamos cansados de vivir en un país que ayuda más a los delincuentes y okupas que a los trabajadores y a las familias normales”, ha zanjado Arrimadas.

Este jueves se ha conocido cuáles son las playas españolas que cuentan con el distintivo de Bandera Azul para este año 2023. Según los datos presentados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), 621 Banderas Azules ondearán en señal de excelencia de calidad de aguas y servicios este 2023. 

Asimismo, también han sido 97 los puertos catalogados con este distintivo, que también ha sido otorgado a 5 embarcaciones turísticas, conformando un total de 729 Banderas Azules en toda España. Sin embargo, y a pesar de ser el país con mayor número de banderas azules en todo el mundo, otras 26 playas también han perdido esta insignia de calidad. 

Comunidades más afectadas

Teniendo el cuenta la nota de prensa y el informe publicados este jueves por Adeac, se puede observar cómo varias comunidades autónomas han salido ‘mal paradas’. La Comunidad Valenciana ha sido la comunidad con más galardones, recibiendo 139 distintivos para las playas de sus diferentes localidades. A pesar de este dato positivo, esta comunidad también ha sido la que ha registrado una mayor pérdida de banderas azules, con siete. 

En la provincia de Alicante, seis son las playas que este año no tendrán Bandera Azul: las playas de Llevant y Mal Pas en Benidorm, Les Deveses en Denia, La Ermita y Tamarit en Santa Pola y la playa de El Arenal en Jávea. De esta manera, la provincia de Valencia también ha perdido este distintivo en L’ Arbre del Gos.

Seguido de la Comunidad Valenciana, Andalucía ha sido la segunda comunidad autónoma que más banderas azules ha perdido en sus playas, con cinco. Almería ha sido la provincia andaluza más afectada tras eliminar de su lista hasta cuatro playas: la playa de El corral en Carboneras, Villaricos en Cuevas de Almanzora y El Descargador y Piedra Villazar en la localidad de Mojácar.  Por su parte, Málaga ya no tendrá en su lista a la playa de Ardales. 

Baleares también se ha visto afectada, en concreto Mallorca, que ya no presenta estas condiciones óptimas en tres de sus playas: el Arenal y Cala Estancia de Palma de Mallorca, y la de Cala Gran en la localidad de Santanyí. 

En el otro archipiélago, las Islas Canarias, también han perdido este distintivo en otras tres, la playa de Castillo, en Fuerteventura; Las Canteras y La Garita en Gran Canaria.

Esta condición tampoco estará presente en las playas de Pescadors en Barcelona y Parc de Garbí en Tarragona. Por su parte, las playas de Ladeira y Loira, en Pontevedra (Galicia), tampoco estarán presentes en este listado. En Murcia también ‘se caen’ las playas de El Puerto y el Alamillo, mientras que Asturias no podrá contar con la playa de San Pedro Bocamar, de Cudillero. Cantabria cierra esta lista con la playa de Berria en Santoña. 

A pesar de los datos arrojados por este informe, el cómputo global señala que las cifras son mejores que las registradas el pasado en 2022. Este año este listado de playas estará compuesto por 6 localidades más que el pasado. 

¿Por qué motivos se pierde la Bandera Azul?

Los motivos que pueden llevar a una playa a no reunir las condiciones para obtener el distintivo de Bandera Azul son varios. En primer lugar, las playas deben “tener una calidad de agua excelente”, según ha informado el presidente de la propia Adeac, José Palacios, a 20minutos.es. Así pues, se trata de un parámetro “científico con el que se tiene en cuenta la calidad del agua de los últimos cuatro años”. 

Palacios también ha querido recalcar que este dato no es calculado por la Adeac, sino que “es un dato oficial de las comunidades autónomas y funciona de acuerdo a la directiva europea”. 

El otro motivo principal que puede ser determinante para la obtención de este distintivo es “el cumplimiento de la Ley de Costas”. Esta tiene en cuenta algunos parámetros como “la ocupación excesiva por hamacas, chiringuitos o construcciones en un lugar dónde no se debe construir”, ha explicado el presidente de la Adeac. Para valorar el cumplimiento de dicha ley, el jurado de la Ley de Costas “presenta unos informes que dicen como fue la ocupación o las construcciones (en las playas) durante el año anterior”. 

Respecto a esta misma ley, Palacios ha querido hacer hincapié en la afirmación de la vicepresidenta de la asociación, Virginia Yuste, quien ha afirmado que España es, posiblemente, el mejor país del mundo con una de las leyes más avanzadas en este ámbito. 

En último lugar, otro de los factores determinantes para obtener este distintivos -aunque mucho más escaso- “es que las inspecciones del año anterior pueden ser negativas por diferentes criterios, aunque los dos (motivos) más frecuentes son los primeros”.  

Los resultados de la Lotería Nacional del jueves 4 de mayo de 2023 son el primer premio 70565, el segundo premio 80227 y los reintegros 0, 2 y 5. Puedes consultar todos los resultados en la web de 20minutos.es.

Los resultados de la Bonoloto del jueves 4 de mayo de 2023 son 10 21 24 25 27 48, el complementario 03 y el reintegro 6. Puedes consultar todos los resultados en la web de 20minutos.es.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha pronunciado este jueves sobre la propuesta de Bruselas sobre una armonización penal que obligaría a España a endurecer los nuevos tipos de malversación. El Ejecutivo, ha dicho, irá “adecuando” a la legislación española esta nueva directiva.

“El país ha legislado en esa dirección, incluso avanzando mucho más que los países de nuestro entorno, reconociendo hechos delictivos que hasta ahora no eran imputables, como es ese enriquecimiento ilícito que pasaba sin ningún tipo de reproche penal y que ahora en nuestro ordenamiento tiene un reproche penal”, ha defendido antes de presentar en Málaga la intervención del candidato del PSOE a la Alcaldía de la capital, Daniel Pérez, en un desayuno informativo.

También se ha pronunciado sobre la propuesta de la Comisión Europea la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha destacado este jueves que España llega “con los deberes hechos” y que la reforma de los delitos de malversación de 2022 se adelanta al planteamiento de Bruselas porque ya separaba los casos de lucro financiero, aunque para España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.

“Me parece adecuado que se armonicen las condiciones para este tipo de delitos”, ha afirmado Calviño este jueves en Bruselas, donde ha participado en el Foro Económico Europeo que se celebra en la capital belga, además de mantener reuniones con el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

La reforma que plantea el Ejecutivo autonómico prevé una pena máxima de al menos cinco años para delitos de malversación en toda la Unión Europea, según la propuesta de directiva presentada este miércoles para tipificar los delitos de corrupción y armonizar las penas en el continente, lo que obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación.

Bruselas pide que las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos cinco años, un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.

Dicha reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación), pero precisando que debe haber “ánimo de lucro” cuando la autoridad o funcionario público “se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas”.

“Veremos cómo evoluciona el proyecto de directiva, pero España ya se ha adelantado porque ya separó el delito malversación en caso de que haya o no un lucro y tenga impacto financiero”, ha agregado Calviño, que ha incidido en que España llega “con los deberes hechos y un cambio anticipado al que propone Bruselas”.

Tras décadas en que la Formación Profesional quedó relegada a un injusto segundo plano que cursaban los estudiantes que supuestamente «no valían», por fin se apuesta por la FP. Es la vuelta a los aprendices y a los oficiales en época de nuestros padres. ¿Recuerdan? Es recuperar la dignidad de tener un oficio, de trabajar en algo en lo que eres especialista. Y es importante no solo por la inversión para formar a los profesionales del futuro sino también para reconocer a los de hoy, con experiencia, pero que no se pudieron formar.

La Junta Electoral Central (JEC) abrir un expediente sancionador a la ministra portavoz del Gobierno y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, por atacar al PP desde la Moncloa. La JEC se apoya en que la ministra vulnera la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al hacer propaganda partidista en las ruedas de prensa y desde la sede del Gobierno central, tal como ha adelantado este miércoles ABC.

Rodríguez todavía no tendría constancia de la decisión, que le será notificada en los próximos días.

Esto es algo que ya le ha sucedido en otras tres ocasiones, en forma de apercibimiento, de ahí que ahora se abra el expediente sancionador. En las veces anteriores también fue el PP quien interpuso las demandas, y no descartan hacer lo propio tras las palabras de la portavoz este mismo martes.

El Gobierno ha apuntado este miércoles a la competencia de las comunidades autónomas como posibles responsables de que el año pasado solo se gastara la mitad del presupuesto previsto para ejecutar obras hidráulicas como desaladoras y depuradoras, tan importantes para reutilizar el agua en periodos de sequía como el actual.

Lejos de entonar el mea culpa por ello, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido en que el Ejecutivo está “acelerando” las inversiones en obra hidráulica, con el compromiso de dedicar a ello 6.500 millones de euros, y han señalado a los gobiernos autonómicos como posibles responsables de que el año pasado las inversiones en este tipo de obras alcanzaran solo al 49% del dinero previsto.

Si se comparan los presupuestos para 2022 y 2023 de las empresas públicas responsables de las infraestructuras de saneamiento y construcción de depuradoras y desaladoras, Acuaes -para las cuencas hidrográficas del interior y el norte de España- y Acuamed -para las cuencas del mediterráneo-, de los 152,1 y 58,7 millones que, respectivamente, estaban consignados en las cuentas de 2022, sólo se invirtieron realmente el 59,2% y 32,3%. Es decir, 90,1 millones en el caso de Acuaes y 18,9 millones en el de Acuamed.

“En muchos casos son transferencias también a las comunidades autónomas y, por tanto, podría profundizar en el detalle de ver a qué tipos de transferencias se refiere y de quién es la competencia de ejecución”, ha manifestado Rodríguez en la sala de prensa de Moncloa.

Rodríguez ha insistido en que el compromiso de los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica es invertir 6.500 millones de euros en obras “no solo contra la sequía, sino para todas las inversiones en política de agua”, en obras que no solo ya se están ejecutando sino que se han intensificado.

“Efectivamente, se están ejecutando. Hemos acelerado los ritmos de ejecución”, ha aseverado la ministra portavoz, que ha subrayado que “nunca antes en España se está invirtiendo tanto en este tipo de infraestructuras, para que a través de agua desalad, reutilización de agua depurada podamos dar respuesta a las necesidades del sector primario [agricultura y ganadería]”.

Uno de cada tres alumnos ha presenciado un caso de bullying en su centro escolar y no ha alertado para frenarlo. Solo el 31% de los estudiantes que no sufren acoso escolar lo ha llegado a comunicar a su profesor, un 20%, a su familia, y el 14% restante, a algún compañero de clase. Son algunas de las cifras que arroja el primer estudio estatal sobre la Convivencia Escolar en centros de Educación Primaria, elaborado por el Observatorio de la Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, y el cual constata que en torno a un 10% del alumnado afirma haberse sentido acosado.

El informe fue encargado por el departamento que dirige Pilar Alegría al grupo de investigación IMECA de la Universidad de Alcalá para obtener un diagnóstico global de la situación actual de la convivencia en Educación Primaria, a partir de las perspectivas de 37.333 participantes (alumnado, profesorado, familias, equipos directivos y estructuras de orientación). Forma parte, además, de un plan de investigación que se está llevando a cabo en todo el país para el Observatorio Estatal de la Convivencia, cuyo pleno se ha reunido este miércoles antes de presentar los resultados del estudio al que ha tenido acceso 20minutos. 

Las conclusiones del informe indican que, en general, todos los colectivos hacen una valoración “muy positiva” de la convivencia escolar, con bajos niveles de conflictividad, aunque persisten todavía “obstáculos” que urgen a mejorar las herramientas de prevención y detección de estas situaciones. 

El más llamativo es el dato del acoso escolar en esta etapa educativa: un 9,3% del alumnado afirma haberse sentido acosado. Y entre un 4 y un 5% de los estudiantes encuestados reconocen que han acosado o ciberacosado alguna vez a alguien. Frente a estos casos, el 34,5% del alumnado que no ha sufrido ningún tipo de bullying asegura que no hizo nada al respecto. 

Cifras que contrastan con lo que dicen las propias familias: si casi un 10% de los estudiantes de seis a doce años en España señaló haber sufrido acoso en su colegio, el porcentaje desciende hasta el 7,7% cuando se le pregunta a los padres (el 84,6% cree que su hijo no ha sido acosado). 

Los docentes piden más formación

La relación entre familiares y docentes es, de hecho, la que peor nota obtiene entre los encuestados. Si bien el profesorado valora altamente (con un 8.78) la relación con sus compañeros docentes y la gran mayoría asegura sentirse satisfecho con su trabajo (con un 8.74 de media); la relación con los padres y madres es lo que menos valoran (7.82), después de la burocracia que se requiere para mejorar la convivencia. 

En esa línea, pese a que las medias de los profesores superan el 6 en todas las dimensiones (normas y habilidades para mejorar la convivencia), creen que habría que incidir con más formación a los docentes en la materia (le dan un 6.08 a la dimensión de herramientas de detección). Además, solo un 35% señala que en su centro hay programa de Alumnos Ayudantes y un 56,8% cuenta con programas de Mediación (algo que el 60% de los alumnos desconoce que existe).

Por otro lado, la valoración que hacen las familias de las habilidades de los profesores para favorecer la convivencia es buena, aunque algo más baja que la dada por el alumnado. Las medias de los padres y madres superan el 7 en todas las dimensiones, pero apenas lo superan a la hora de puntuar las herramientas de detección del profesorado (7.17) y las normas de convivencia existentes (7.07).

Recomendaciones del Observatorio

Ante estos resultados, el Observatorio ha elaborado una serie de propuestas educativas para mejorar el clima de convivencia en los colegios de Primaria españoles. Planificar y coordinar las decisiones del profesorado, reducir su carga burocrática, y profundizar en metodologías para desarrollar actitudes de convivencia, son algunas de ellas. Sugiere también desarrollar la práctica de la convivencia “desde un enfoque restaurativo, preventivo y de calidad”, “mantener la buena colaboración entre las escuelas y las familias” y elaborar las normas “desde un enfoque participativo con el alumnado”.

El órgano adscrito al Ministerio de Educación anima también a “asumir el reto” de integrar en todos los colegios los programas de Alumnos Ayudantes y de Mediación escolar para involucrar a los estudiantes, e intensificar la formación inicial y continua del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar “desde la práctica de la reflexión”.