La relación entre la patronal y los sindicatos es un tira y afloja, pero hay voces que prefieren rebajar cualquier tipo de tensión. Así, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, descarta llegar al conflicto con los sindicatos y aboga por acercar posturas para alcanzar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). En una entrevista en la Cadena SER, Garamendi ha restado importancia a las declaraciones de los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, de este 1 de Mayo y ha recordado que hay que “enmarcarlas” dentro de su contexto. Ambos alertaron de un posible “otoño caliente” incluso con una huelga general, apuntaron, llegado el caso de no pacto.

“La realidad es que estamos trabajando en ello y siempre que se está trabajando suelo decir que la discreción suele ser la clave para llegar a buen término. La mesa está abierta. No es cierto que nos hayamos levantados, pero el año pasado lo que se planteó por parte los sindicatos no podíamos aceptarlos, pero esa negociación ha seguido funcionando”, ha asegurado el presidente de la patronal. Garamendi ha insistido en que los contactos entre las partes “han sido permanentes” y que él mismo felicitó el 1 de Mayo a Sordo y Álvarez por el Día Internacional del Trabajo.

En cambio, este lunes ambos advirtieron de que si no se alcanza pronto un acuerdo para elevar los salarios en los convenios colectivo se organizarán movilizaciones “con carácter general”. Estas movilizaciones, coincidieron, adoptarán la forma de huelga en aquellos sectores donde la negociación de los convenios permanezca estancada. El anuncio cumple de alguna forma la advertencia que lanzaron ambos sindicatos hace apenas dos semanas ante la falta de avances en la negociación para cerrar un Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC) con la patronal. El AENC es un marco en el que los agentes sociales acuerdan directrices generales para negociar los convenios colectivos, entre ellas, las subidas salariales mínimas recomendables.

El presidente de la CEOE se ha mostrado optimista con la posibilidad de “sacar adelante” el AENC, y ha reconocido que todas las partes tendrán que “ganar o perder un poquitín” para solucionar las diferencias. No obstante, ha matizado que se trata de “una recomendación genérica” y que lo que tiene validez son los convenios que se firman por sector o por empresa.

En este sentido, ha recordado que 10 millones de trabajadores en España, de los 17 millones de empleados privados, ya están cubiertos por un convenio. “Significa que algo se está haciendo”, ha apuntado y ha añadido que la subida media pactada este año está en el 4,8%. No obstante, Garamendi ha admitido que el “ritmo de firma es menor” y ha reconocido que, de cara al AENC, “vendría mejor que no fuera un año electoral”, porque eso “impregna todo”.

Que el Gobierno “se mire a sí mismo”

Garamendi también ha pedido al Gobierno que deje de “buscar culpables” en los empresarios y se mire “a sí mismo”. El presidente de los empresarios ha defendido que la CEOE trabaja con lealtad institucional y cumpliendo con el artículo 7 de la Constitución, en el que se recoge el papel de los sindicatos y los empresarios. También ha recalcado que la CEOE trabaja “con independencia y sentido de Estado” y está “al margen del partidismo”, si bien a los empresarios les “afecta lo público, como a todo el mundo”. En este sentido, ha negado que tuviera que dar explicaciones al PP sobre la reforma laboral o los acuerdos firmados con los sindicatos y el Gobierno, y ha subrayado que solo da explicaciones “a las empresas y a los empresarios de este país”.

Ya ante las palabras de los sindicatos, en la misma manifestación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que confía en un acuerdo entre la patronal y las organizaciones sindicales en los próximos meses, un propósito, ha dicho, que quiere impulsar el Gobierno “desde la paz social”. Respecto al récord de beneficios en algunas empresas, Montero se ha mostrado partidaria de que esas ganancias “se socialicen”.

Arranca el mes de mayo, un mes de campaña que culminará con las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Se celebrarán elecciones en todos los municipios de España, tal y como está dispuesto en el Boletín Oficial del Estado. De igual forma, cada una de las Comunidades Autónomas ha convocado elecciones autonómicas en sus boletines y diarios oficiales, por lo que también se elegirán los representantes autonómicos en la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, hay algunos territorios de España que, por diversas circunstancias, no celebrarán comicios regionales este 28 de mayo (si lo harán los ayuntamientos de sus municipios, ya que las elecciones locales son convocadas a nivel nacional). ¿En qué comunidades no hay elecciones autonómicas el 28 de mayo?

Las comunidades “históricas” tienen su propio calendario electoral

La Constitución española y los Estatutos de Autonomía de algunas regiones reconocen su carácter de históricas, por lo que asumen un mayor capacidad de autogobierno. El término de “comunidad histórica” reconoce a aquellas regiones que aprobaron su Estatuto de Autonomía antes de la Constitución de 1978. Fue el caso de Cataluña (1932), País Vasco (1936) y Galicia (1936). 

La autonomía de estas regiones se vio interrumpida por la Guerra Civil y el franquismo, y con la llegada de la democracia, el artículo 151 de la Constitución reconoció su derecho a acceder de forma rápida y directa a un estatus de mayor autonomía. También lo hizo Andalucía a través de dicho artículo, mientras que el resto de Comunidades lo hicieron por la vía ordinaria, el artículo 143, enmarcándose más tarde en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Por lo tanto, Galicia, Cataluña, País Vasco y Andalucía tienen sus propias convocatorias electorales. Galicia celebró comicios en 2020, Cataluña en 2021, el País Vasco lo hizo en 2020 y Andalucía en 2022, por lo que no les corresponde aún celebrar sus comicios. 

Castilla y León adelantó sus elecciones

Tampoco habrá elecciones en Castilla y León. Esto se debe a que, en 2021, el presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, utilizó su prerrogativa para adelantar las elecciones autonómicas, que se celebraron en 2022. De esta forma, Castilla y León abrió un nuevo ciclo electoral, separándose del calendario común del resto de Comunidades Autónomas (a excepción de las históricas).

¿Por qué hay elecciones en Madrid el 28 de mayo si se adelantaron en 2021?

Entonces, ¿cómo es posible que haya elecciones autonómicas en Madrid si se adelantaron hace sólo dos años? La respuesta está en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que si bien establece que el presidente tiene la prerrogativa de convocar elecciones (como hizo Isabel Díaz Ayuso en 2021), “las elecciones se celebrarán el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años”, tal y como está previsto en la LOREG. Por tanto, la legislatura que resultó de las elecciones de 2021 tiene limitado su mandato hasta el término de la legislatura original.

¿Dónde hay elecciones autonómicas en 2023?

El 28 de mayo de 2023 se celebran elecciones autonómicas en Aragón

Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad de Madrid y en las ciudades de Ceuta y Melilla, donde los comicios municipales también son autonómicos. 

Este martes, 2 de mayo, se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, que completa el puente de Mayo y es día festivo en toda la región madrileña. 

Con motivo de este día festivos, muchos supermercados presentes de forma mayoritaria en el país modifican su estrategia de apertura y cierre, así como sus horarios, como se indica a continuación.

Mercadona

Hoy, martes 2 de mayo, los supermercados de la cadena valenciana abrirán únicamente hasta las 15.00 horas en la Comunidad de Madrid con motivo del festivo regional. En cualquier caso, se puede consultar el horario de todas las tiendas de Mercadona en este enlace.

Carrefour

Respecto a Carrefour, muchos de sus establecimientos abren domingos y festivos, aunque algunas lo hacen en horario reducido, mientras que en otras localidades sí que permanecen cerrados. Por esta razón, se recomienda consultar en el buscador de supermercados para comprobar el horario de apertura y cierre de la tienda más próxima a tu domicilio durante la jornada de hoy en Madrid. 

Lidl

La cadena alemana mantiene un horario de 09.00 a 22.00 horas de lunes a sábados en la mayoría de sus establecimientos. Para este puente, el día 2 de mayo abrirán de forma parcial en la Comunidad de Madrid (10.00-15.00). De igual forma, se recomienda consultar el buscador de tiendas, disponible en este enlace.

Aldi

Los supermercados Aldi suelen abrir de 09.00 a 22.00 horas, mientras que los domingos y días festivos mantienen un horario más reducido, de 10.00 a 22.00 horas. Para este puente de mayo, algunos establecimientos permanecen cerrados, mientras otros abren en este horario reducido (10.00-22.00). En este buscador podrás consultar los horarios de los supermercados más próximos.

DIA

La cadena DIA mantiene un horario en sus establecimientos de 08.30 a 22.00 horas o de 09.00 a 21.30 horas de lunes a sábado, mientras que los domingos se reduce al horario de mañana en la mayoría de ellos. No obstante, durante este puente de mayo, algunos establecimientos permanecen cerrados, mientras que otros abrirán de forma parcial, hasta las 15.00 horas. Puedes consultar el horario de cada tienda en este enlace.

Alcampo

Las tiendas de Alcampo suelen tener un horario de apertura y cierre de lunes a sábado de 09.00 a 22.00 horas o de 08.30 a 21.00 horas, dependiendo de la tienda. Además, la mayoría de ellas suelen abrir tanto los domingos como los festivos, por lo que es de esperar que estén abiertas durante los festivos.

En cualquier caso, resulta recomendable comprobar los horarios de cada establecimiento, porque pueden variar dependiendo de la comunidad y del municipio.

Este jueves 27 de abril se aprobaba con mayoría de votos en el Consejo de Ministros la nueva ley de vivienda, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de coalición, EH Bildu y ERC, que pasa ahora a ser tramitada en el Senado antes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Una ley que contempla algunos cambios con respecto al proyecto inicial de 2022 y que incorpora novedades como la ampliación de los topes para la actualización del precio del alquiler, una nueva definición de lo que se considera una zona tensionada y cambios en el pago de los honorarios a las inmobiliarias.

En este sentido, la nueva normativa también contempla cambios en lo que se refiere a las viviendas vacías. Así, ofrecerá a los Ayuntamientos la opción de establecer penalizaciones económicas a aquellos propietarios que mantengan sus inmuebles vacíos, con el objetivo de fomentar su salida al mercado. No obstante, esta decisión será competencia municipal.

Un recargo que puede alcanzar el 150% en el IBI

En este sentido, los consistorios municipales podrán aplicar un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150% en estos casos. Como recoge el portal inmobiliario Idealista, se considerará que una vivienda vacía a aquella que permanezca desocupada de manera continuada por un plazo superior a dos años, salvo en determinados casos justificados, y siempre que el arrendador sea titular de cuatro o más inmuebles.

“Esta situación de desocupación se declarará mediante un procedimiento administrativo con audiencia del contribuyente”, indica el citado portal. Por tanto, los Ayuntamientos podrán aplicar un recargo del 50% para las viviendas que lleven vacías dos años, y será posible que alcance el 100% si llevan más de tres años desocupadas. 

Asimismo, la nueva normativa contempla que este porcentaje pueda alcanzar el 150% si estas viviendas pertenecen a propietarios que tengan dos o más inmuebles residenciales en un mismo término municipal.

Manifestaciones en todo el mundo del Primero de Mayo, Día del Trabajador. Las de la vecina Francia, marcadas por las protestas contra la reforma de las pensiones, mientras que las de España reclaman subidas salariales acordes con la inflación. Los sindicatos de izquierda, alineados con el Gobierno, exigen a la CEOE que vuelva a la mesa negociadora de la que salieron hasta 14 acuerdos durante la presente legislatura, incluida la reforma laboral. Hay sectores productivos donde la conflictividad late ante la ausencia de un convenio colectivo. La paz social peligra.

Las reglas fiscales han vuelto. La Comisión Europea ha planteado esta semana un primer texto firme que plantea obligar a un ajuste del 0,5% del PIB a todos los países que, como España, incumplan los límites de déficit. Es por eso que el Gobierno ha reaccionado rápido reduciendo la previsión del déficit del próximo año, aunque no tocará el de este curso. Así, se reserva todavía un importante colchón económico para seguir tomando medidas, con la vista puesta en los precios de la alimentación, la gran asignatura pendiente del presidente Pedro Sánchez desde que comenzara el delirio inflacionario derivado de la guerra de Ucrania.

Lo presentado por Bruselas, que todavía debe recibir el visto bueno del Consejo Europeo y la Eurocámara, pasa por obligar a los Estados que registren déficits superiores al 3% del PIB a tomar ajustes presupuestarios de, al menos, el 0,5% del producto interior bruto cada año. En el caso español, esto supondría una reducción en el déficit de 6.600 millones en términos de contabilidad nacional de 2022. El Ministerio de Hacienda, comandado por María Jesús Montero, reaccionó rápido y, un día después de conocerse públicamente la propuesta europea, aseguró que el déficit del Estado se reduciría al 3% en 2024, para caer al 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026. Ese mismo año, además, el saldo entre el ingreso y el gasto público descontando el pago de intereses de la deuda será positivo.

Eso sí, Montero confirmó que la previsión del déficit para este curso se mantenía intacta en un 3,9%. Fuentes cercanas a la ministra presumen de ello y aseguran que en Europa “ha habido un cambio de paradigma” económico. A su juicio, ha ganado la tesis que defiende que, cuando se produce una gran caída del PIB —como ha sido el caso en la guerra de Ucrania o, antes, con la pandemia— no se debe recortar, sino que el Estado debe funcionar como motor de la economía. Para, también así, sustentarla.

Destaca el entorno de la ministra, además, que esta tesis se sustenta con datos. En 2020, el déficit se situó en el 10,1% por las medidas tomadas para proteger el empleo durante el coronavirus. En dos años, el Gobierno lo ha logrado rebajar más de cinco puntos porcentuales. “Es el mayor descenso de la historia para un periodo tan corto”, dicen otras fuentes de Moncloa. Además, la buena marcha de la recaudación impositiva logró que el año pasado España dejara un déficit presupuestario del 4,8% del PIB, dos décimas menos que el objetivo planteado por el Gobierno.

Esto dejó un remanente de 2.654 millones de euros que el Ejecutivo finalmente se inclina por emplear en reforzar las medidas de apoyo a familias y empresas cuya economía ha quedado deteriorada cuando se cumple ya más de un año y medio con una alta inflación. Es lo que apuntan las fuentes de Hacienda consultadas. Eso sí, no concretan ni cuáles serán ni cuándo, aunque se prevén más pronto que tarde. Cabe recordar que hasta ahora el Gobierno ha invertido 45.000 millones en ayudas y que el actual plan caduca el próximo mes de junio.

Lo que está claro es que la gran asignatura pendiente del Ejecutivo es la cesta de la compra. Cierto es que la inflación se ha rebajado —desde el pico interanual del 10,8% alcanzado en julio cayó al 4,1% en abril—, pero la subyacente, en la que la cesta de la compra tiene un peso muy importante, sigue disparada. La última lectura, conocida el pasado viernes, fue de un 6,6%. Aunque el Ejecutivo cree que ya se dan las condiciones para que los precios de los alimentos empiecen a caer, los datos que llegan del INE no terminan de reflejarlo. La cesta de la compra era el pasado marzo todavía un 16,5% más cara que en el mismo mes de 2022.

El Gobierno tomó medidas para aplacar la inflación alimentaria en enero. La más destacada fue una rebaja del IVA a determinados alimentos básicos que, no obstante, tuvo un efecto discreto: apenas redujo la inflación alimentaria dos décimas. También se han concedido ayudas al sector agroalimentario para tratar de paliar las fuertes subidas de costes que han sufrido en materias primas como los fertilizantes. Sin ir muy lejos, el pasado martes, el ministro de Agricultura, Luis Planas, aprobó un nuevo paquete de ayudas a los agricultores para paliar el efecto de la sequía.

Mientras tanto, Hacienda mira de reojo la propuesta de la Comunidad Valenciana de lanzar un cheque de 90 euros de un solo pago. Ya en vigor, se da esa cantidad en un bono de consumo para familias residentes en la autonomía con rentas inferiores a los 21.000 euros y es compatible con la ayuda de 200 euros del Gobierno central. Según las fuentes de Hacienda consultadas, el Ejecutivo de Sánchez contempló su implantación a nivel estatal, pero terminó siendo descartado. Montero duda de su eficacia y, sobre todo, de su impacto en el pequeño comercio. No obstante, la ministra ya no es tan tajante como hace días y su entorno defiende ahora que estudiarán cómo va su implantación en la población valenciana.

Resucitar el pacto de rentas

El prolongado ciclo inflacionario ha hecho mella en los bolsillos de los españoles, mientras las empresas están conservando, en líneas generales, sus márgenes de beneficios. En esta coyuntura, Sánchez hizo un llamamiento el pasado martes a los empresarios para que vuelvan a sentarse a negociar con los sindicatos un marco para subir los salarios. El Ejecutivo considera que ya ha cumplido su parte al blindar la revalorización de las pensiones y alcanzar un acuerdo para subir los salarios públicos. 

CEOE y las centrales sindicales retomaron las conversaciones el pasado marzo tras casi un año sin sentarse a la mesa, pero no han logrado ningún avance. Los sindicatos han amenazado a la patronal con convocar movilizaciones si los empresarios no presentan una propuesta antes de que concluya el mes, pero desde la patronal se sienten cómodos con el enfoque actual de negociar la mejora en las retribuciones convenio a convenio.

Los resultados de La Primitiva del lunes 1 de mayo de 2023 son 06 31 34 39 40 41, el complementario 11 y el reintegro 7. Puedes consultar todos los resultados en la web de 20minutos.es.

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha visitado la localidad zaragozana de Pradilla, afectada por la riada extraordinaria del río Ebro, donde ha confirmado que el Consejo de Ministros declarará este viernes zona catastrófica el área afectada por esta crecida. Asimismo, ha transmitido la “solidaridad” del Ejecutivo central con todos los damnificados.

En su visita, Sánchez ha recibido un regalo inesperado. El presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, se ha viralizado en Twitter después de haber obsequiado al presidente del Ejecutivo con unas botas de agua para “mancharse de barro”.

“Presidente Sánchez, ¿qué tal? Soy Ramón Celma, presidente del PP de Zaragoza. Le traigo estas botas porque está muy bien venir con una comitiva, pero hay que mancharse las botas de barro, así que lo que hay que hacer es invertir y limpiar el río”, ha afirmado en un vídeo compartido en su cuenta. 

“Muchas gracias, de verdad”, le respondía Sánchez. Las redes sociales se han percatado de que, a pesar del intento del presidente del PP de Zaragoza de instar a Sánchez a meterse de lleno en el “barro”, éste llevaba unos mocasines, razón que ha convertido su intervención en un acto de hipocresía muy comentado en Twitter.

“Este es el nivel”, espetaba un usuario en Twitter, haciendo referencia directa al vídeo colgado por el mandatario popular. 

Este vídeo recuerda a cuando Sánchez pidió en 2015 a Mariano Rajoy, por aquel entonces presidente del Gobierno, que saliera de la Moncloa y “pisara el barro” tras la borrasca Barra, que había sido catastrófica para una amplia parte de la cuenca del Ebro y que dejó a su paso miles de hectáreas anegadas en Navarra, Aragón y La Rioja. “Qué tiene que pasar para que Rajoy pise el barro”, espetaba el actual presidente del Gobierno ante los micrófonos de la prensa. 

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La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este martes, con el único voto en contra de Vox, el informe de la ponencia de la ley que mejora las condiciones de los huérfanos de la violencia de género y que les permitirá cobrar la pensión aunque sean adoptados por familiares o aunque su padre no sea el asesino.

Esta iniciativa, impulsada por el PSOE, nació de las denuncias de Fundación Mujeres, que trabajan con los huérfanos de esta lacra y que han denunciado algunas dificultades que estos tienen para acceder a herencias o indemnizaciones, entre otras cuestiones.

Tal y como ha explicado la defensora de esta iniciativa, la portavoz socialista en esta materia Lidia Guinart, con este texto se garantiza el acceso a esta prestación a un mayor número de personas, especialmente, aquellas en situación de mayor “pobreza y vulnerabilidad”.

Estas medidas, según ha explicado, pactadas con Unidas Podemos para “mejorar el texto inicial”, permitirá que los huérfanos menores puedan cobrar su pensión tras ser adoptados por familiares y el hogar no llegue a un límite de renta establecido, o cuando el agresor sea distinto del padre y este esté “en situación de vulnerabilidad” o en otras circunstancias, como que esté en paradero desconocido.

Del mismo modo, la norma recoge la modificación de varios artículos de la ley de Enjuiciamiento Civil en lo relativo a la gestión de las herencias, con el fin de dar a los herederos la facultad de tramitarla y repartirla en el caso de fallecimiento de uno de los cónyuges.

Exenciones de impuestos 

También elimina incertidumbres sobre los diferentes pronunciamientos judiciales en relación con la liquidación de la sociedad de gananciales y atribuir a los juzgados de violencia sobre la mujer la competencia sobre esos procedimientos, a instancia de las personas herederas, cuando medie un crimen machista.

Del mismo modo, plantea exenciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados para las transmisiones de bienes o derechos en beneficio de hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo.

Esto será así, cuando sirvan para satisfacer indemnizaciones que hayan sido reconocidas judicialmente. Además, aboga por eximir a las personas huérfanas del pago del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Guinart ha explicado en su intervención, por otra parte, que se han rechazado algunas de las enmiendas presentadas por algunos partidos cuando estas “desvirtuan” el contenido del texto.

Enmiendas rechazadas 

Durante la tramitación de ponencia se han aceptado, así, algunas propuestas de las formaciones políticas. Algunas de las que no han conseguido el consenso de los grupos, de PP, Vox, Ciudadanos y Junts, se han llevado también a votación a esta comisión, aunque todas han sido rechazadas.

Los populares han mantenido en este caso, según ha explicado su portavoz en este órgano, Beatriz Fanjul, enmiendas que tienen que ver con el contenido del Pacto de Estado contra la Violencia de género sobre los huérfanos de esta lacra. De hecho, la diputada ha hecho un alegato sobre este acuerdo que, según ha recordado, “fue posible” en 2017 gracias al Gobierno del PP de ese momento.

Vox, por su parte, ha presentado enmiendas para “que se trate por igual a todos los huérfanos”, indistintamente del progenitor que haya sido asesinado. Su portavoz en esta materia, Carla Toscano, ha denunciado que esta proposición de ley “viola la igualdad” que se recoge en el artículo 14 de la Constitución y, por ello, según ha indicado, la formación se ha opuesto a su aprobación.

Extender las exenciones tributarias cuando algún progenitor es asesinado por el cónyuge o reforzar la protección de estos los niños en planos, como el educativo o el psicológico, son otras de las enmiendas que se han rechazado en el debate y que ha defendido la representante de Ciudadanos en el debate, Sara Giménez, que también han sido rechazadas.

Mientras, que Junts ha presentado una enmienda relacionada con los huérfanos del vuelo Germanwings, que fue estrellado por un piloto suicida cuando volaba hacia Alemania desde el aeropuerto de Barcelona.

Finalmente, el portavoz de Igualdad de PNV, Joseba Agirretxea, ha mostrado el apoyo de su formación al texto, al que los nacionalistas vascos no han presentado enmiendas, que, según ha explicado, recoge medidas “muy concretas” para “solucionar” y “mejorar” la situación de estos huérfanos.

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La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la denominada pieza del ‘pitufeo’ contra varios exconcejales y asesores del PP de la época de Rita Barberá. El auto estima el recurso de apelación de 13 de los ediles que fueron acusados de blanquear dinero para el partido. La decisión ha sorprendido sobremanera a los recurrentes, que daban por hecho que el procedimiento, tras 6 años en los tribunales, acabaría en un juicio.

La Fiscalía pedía para ellos en esta pieza (la A del Caso Taula) 4 años de cárcel por blanquear mil euros en campaña electoral de 2015, aportando mil euros cada uno que después habrían recibido en dos billetes de 500 euros procedentes, presuntamente, de aportaciones de empresas presuntamente irregulares.

Pero la Audiencia, en cambio, ha decidido archivarlo “al considerar que no existen indicios de la comisión de un delito de blanqueo de capitales en su actuación”, tal y como ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La resolución judicial acuerda el sobreseimiento provisional para 13 de los 49 investigados. Se trata de María Jesús Puchalt Farinós, Francisco Lledó Aucejo, Vicente Igual Alandete, Silvestre Senent Ferrer, María Dolores Cubells Fuertes, Juan Pedro Gómez Cerón, Ignacio Pou Santonja, José Navarro, Andrés Rodríguez Guisado Bolinches, Lourdes Bernal Sanchis, Félix Crespo Hellín, Beatriz Simón Castellets y Manuel Mas Gaspar.

Fuentes del PP interpretan que se trata de un primer auto que vendrá acompañado de nuevos archivos para los concejales y asesores que se encontraban en la misma situación. Está por ver qué ocurre con el exvicealcalde de Valencia con Rita Barberá, Alfonso Grau; y la secretaria del grupo municipal del PP, Mari Carmen García Fuster. Para ellos la Fiscalía solicitó 15 y 7 años de cárcel, respectivamente.

“Mera sospecha”

El auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial acuerda el sobreseimiento para los 13 investigados ante la “notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetración de los elementos objetivos del delito que ha dado lugar a la formación”. En cambio, el juez Víctor Gómez Saval del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que es el que instruye el caso Taula, procesó hace solo dos meses a los 49 investigados al considerar que sí existían indicios de delito.

Para los magistrados de la Audiencia Provincial, una vez “puesto de relieve el cruce de indicios de distinto signo en relación con la constatación provisional de los elementos objetivos del tipo penal, en modo alguno puede sostenerse más allá del espacio de la mera sospecha, que los apelantes recibieron el dinero sucio propuesto y consumaron con esta acción el injusto típico característico del delito imputado”.

Al conocer el contenido del auto, el PP manifestó en un comunicado su “satisfacción por el sobreseimiento de la causa que afectaba a exconcejales y asesores del gobierno de Rita Barberá”.

“Estamos muy satisfechos. Hoy se ha hecho Justicia. Siempre hemos mostrado nuestro máximo respeto y prudencia a los tiempos de los procesos judiciales. Y lo seguiremos haciendo. El tiempo pone las cosas y a las personas en su sitio. Hay que evitar juicios paralelos que vulneran la presunción de inocencia, como los que se han producido en este caso”, manifestó la Secretaria General del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá.

La dirigente lamentó “el sufrimiento por el que han tenido que pasar nuestros compañeros durante estos seis años y las veces que se ha puesto en duda el trabajo y el legado de Rita Barberá y de su equipo”. “En política no vale todo. ¿Quién va a reparar ahora tanto daño ocasionado? Hoy, por dignidad, la izquierda debería pedir perdón”, concluyó.