Pablo Iglesias trató sin éxito como vicepresidente segundo del Gobierno de reunirse con el Papa Francisco. Sí lo hizo la hoy vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que el pasado sábado, en visita oficial, se vio durante 40 minutos con el sumo pontífice en el Vaticano, un encuentro en el que se abordaron los derechos de los trabajadores y que la líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo calificó como “emocionante”. 

“Dígame la verdad: ¿cuánto le ha escocido no haber conseguido usted, a pesar de lo mucho que lo intentó, la audiencia con el Papa que sí ha logrado Yolanda Díaz?” Aimar Bretos lanzó así de directa la pregunta a Iglesias en el debate que cada lunes comparte en la Cadena SER con la también exvicepresidenta Carmen Calvo y el exministro José Manuel García-Margallo.

“Conmigo hubiera tenido mucho menos valor político -comenzó respondiendo Iglesias-. A lo mejor en 2014 o 2015 lo podía haber tenido, pero yo en los últimos años era una figura politica muy quemada como para que un encuentro con el Papa supusiera algo”. Para el exsecretario general de Podemos, “Yolanda está en una fase muy diferente en la que ese encuentro tiene una trascendencia histórica”.

“Ofende a la derecha”

Iglesias dijo “divertirse mucho” con “lo que ofende a la derecha” que el Papa haya recibido a Díaz y comentó que “Francisco es el primer Papa no europeo en 1.300 años” y que “en Latinoamérica hay una lucha cultural e ideológica de los evangelistas, que apoyan a la derecha y a la extrema derecha, con la iglesia católica, que ha terminado apoyándose en sectores progresistas y que no es ajena a un papa argentino como este”.

“Francisco -continuó Iglesias-, ha defendido el diálogo en Venezuela; ha criticado la economía de mercado, atreviéndose a decir que economía dominante mata y que tras ella se esconde el rechazo a la ética y a dios; ha reivindicado el ecologismo; en España, ha defendido el diálogo en Cataluña y se ha atrevido a pedir perdón en México por la colonización”.

García-Margallo quiso corregir a Iglesias asegurando que se había “marcado un triple” con lo del ‘diálogo en Venezuela’, algo que el exministro de Exteriores cree cuando menos inexacto. Por otro lado, recordó que Jorge Bergoglio “era muy controvertido ya en su etapa en Argentina, donde fue desplazado de la provincia de Buenos Aires al norte pero por lo contrario que dice Iglesias: porque era demasiado conservador respecto a la doctrina del padre Arrupe”. 

“Cumbre comunista”

“Es verdad que lo que sí ha demostrado el Papa -sostuvo García-Margallo- es un corazón compasivo en materia de inmigración” o con el medio ambiente con su encíclica Laudatio si’, “un canto a la naturaleza”. “Lo que no sabe Pablo y seguramente me negará es que el movimiento verde es una rama de de la democracia cristiana. Él habla del deber de los cristianos hacia la creación. Lo verde -zanjó el exministro, dirigiéndose a Iglesias- es algo que habéis arrebatado fraudulentamente en vuestro movimiento”.

Respecto a la reunión entre el Papa y Yolanda Díaz, a García-Margallo ni le “sorprende” ni le “escandaliza” porque cree que el sumo pontífice tiene que hablar “con todo el mundo”. Preguntado por el tuit -borrado posteriormente- de la secretaria de Comunicación del PP de Madrid, Macarena Puentes, en el que tildó el encuentro de “cumbre comunista”, se limitó a decir que es una “tontería” procedente de alguien “irrelevante”.

A Carmen Calvo tampoco le parece “raro que Francisco reciba a una vicepresidenta de la línea ideológica de Yolanda Díaz”. Defendió Calvo que “este Papa rompe una serie de esquemas importantes y está nombrando cardenales a hombres bastante interesantes y de unos perfiles muy realistas”, poniendo como ejemplo a los tres últimos españoles, “que venían todos de lugares del mundo muy complicados”.

“Está haciendo una cosa extraordinariamente interesante para la iglesia, si le sale bien -terminó Calvo-, que es volver al cristianismo en términos bastante rotundos”. 

Noticias relacionadas

• Pedro Sánchez acepta en 2022 su primer debate sobre el estado de la Nación: no hay desde 2015

• Rajoy niega los SMS con Villarejo: “No me consta ni un mensaje suyo; yo jamás le he enviado uno”

Dos de los directivos acusados de contratar en 2013 al excomisario Villarejo para espiar a un bufete rival han reconocido que el antiguo mando policial les facilitó datos obtenidos ilegalmente. 

Así se han pronunciado en la Audiencia Nacional Mario Carpintero López (director de Marcas de Herrero & Asociados) y Álvaro Martínez Muñoz (director financiero). Ambos han declarado este lunes tras haber pactado con Fiscalía en el marco de la pieza Iron de la macrocausa Tándem, que investiga las actividades supuestamente ilícitas del expolicía.

Por su parte, María Ángeles Moreno (entonces directora de Marcas Internacionales) ha declinado pactar con el Ministerio Público y ha manifestado sentirse “estafada” por las labores encargadas al excomisario. El bufete en el que los tres trabajaron también aparece acusado en esta pieza como persona jurídica.

Carpintero ha detallado ante el tribunal que el objetivo por el cual su despacho contrató a Villarejo era el de defender los intereses de la empresa, tras la salida escalonada en 2012 de parte del personal para conformar otro bufete rival, denominado Balder, de quienes sospechaban que se habían llevado consigo la base de datos informática.

Por estas labores, habrían abonado al comisario 302.500 euros de forma opaca, simulando, presuntamente, unos servicios ficticios bajo los que enmascarar el desembolso. 

Villarejo, según el relato de Carpintero ante el tribunal, les facilitó datos bancarios, fiscales y sobre procedimientos judiciales, que los contratantes pretendían incorporar en una denuncia que presentarían después ante la Policía.

En las reuniones con el excomisario que Carpintero ha reconocido, este último habría “intuido” que parte de lo abonado al mando policial se habría utilizado para pagar a otros funcionarios, tras las insinuaciones del excomisario. “Pero no sé si se materializó y a quién”, ha matizado.

Por su parte, Álvaro Martínez Muñoz, quien ha reconocido que era director financiero, aunque “sin poder para firmar un cheque”, ha precisado que fue Carpintero quien tenía la “última palabra” en la contratación de Villarejo.

Martínez Muñoz también ha recordado alusiones al “pago de funcionarios” y ha confirmado la recepción de datos “fiscales y particulares, personales, aunque sin mucha utilidad” del bufete de la competencia. El pago de más de 300.000 euros más IVA abonado a Cenyt (la empresa del excomisario), en su opinión, “no fue tan descabellado”.

Por su parte, María Ángeles Moreno, socia minoritaria en Herrero & Asociados, ha tachado de “estafa” las labores ejecutadas por Villarejo y ha declarado que el expolicía no le explicó a ella, durante una reunión, cómo obtenía los datos que les facilitaba. “Yo no vi nada ni recibía nada”, ha manifestado. “Yo era ajena a los asuntos económicos”, ha añadido.

María Ángeles Moreno ha declarado que el informático del bufete que tenía en su poder una copia de seguridad de la base de datos “acabó en Balder, a pesar de haber dicho un día antes que se iba a montar una churrería a su pueblo”. Ello hizo “saltar las alarmas” en Herrero & Asociados.

Aludiendo a su condición de socia minoritaria, Moreno ha reiterado que no tenía capacidad de intervenir en las contrataciones. Según ha narrado, fue su hermana, investigadora privada en los años 90, quien les recomendó la “multidisciplinar” Cenyt. “Nunca presencié la entrega de nada ilegal”, ha afirmado Moreno, tajante.

Asimismo, ha manifestado que gran parte de la información que les facilitaba Villarejo ya era conocida por Herrero & Asociados. “Creo que nos tomaron el pelo (…), me sentí estafada”, ha añadido.

Los tres acusados sí han coincidido en señalar que Villarejo nunca les dijo que fuera policía en activo.”A esa condición siempre se refería en términos pasados (…), hablaba siempre de su antiguo gremio”, ha rememorado Moreno.

No obstante, esta última ha aseverado que Villarejo “hablaba de que en el cuerpo [de Policía] tenía amigos, porque había sido comisario durante años”. Y, según su relato, el expolicía habría manifestado a Carpintero que “los Gobiernos” le pedían “favores”.

Fiscalía pide 57 años para Villarejo

Por estos supuestos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicita 57 años de prisión para el comisario jubilado, al que acusa de delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. Según el relato del Ministerio Público, Villarejo, junto a varios de sus socios, accedieron a información de carácter administrativo y tributario del bufete rival del que le contrató, así como a datos personales de sus fundadores.

Para Rafael Redondo, su socio en el Grupo Cenyt, principal empresa matriz del conglomerado de Villarejo, Anticorrupción pide 51 años de prisión y para la esposa del primero, Gemma Alcalá, medio siglo de cárcel. Para Enrique García Castaño, apodado El Gordo y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, 52 años.

Asimismo, este lunes, el tribunal que juzga esta pieza separada ha rechazado el incidente de recusación formulado por Villarejo, que reprochaba a los jueces de la Audiencia Nacional un “prejuicio personal” en su contra. Los magistrados han reprendido al comisario jubilado su “mala fe y abuso del derecho” al ejecutar este movimiento procesal.

Noticias relacionadas

• La juez da la custodia de dos menores a un acusado de la Gürtel que está a punto de entrar en prisión

• Ayuso inyecta 120.000€ a la Fundación Filia que apoya la alienación parental con falsos expertos

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha considerado “procedente” el despido de un conductor de ambulancias que, durante un control aleatorio de la  Guardia Civil de Tráfico el pasado marzo, dio positivo en drogas.

El test se produjo mientras estaba al volante del vehículo con el que prestaba servicios, que tuvo que ser retenido tres cuartos de hora. La Benemérita le impuso una multa de 1.000 euros y le fueron retirados seis puntos del carné de conducir.

De esta forma, el alto tribunal gallego revoca una sentencia previa, en la que un juez de primera instancia sí estimaba la demanda del trabajador y ordenaba a la empresa a readmitirlo o indemnizarlo por el despido.

El Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra, en aquella ocasión, decidió basar su decisión, favorable al conductor, en el apartado de su convenio colectivo que alude a la superación de la tasa de alcohol.

Pero, según el TSXG, el comportamiento “debería haberse valorado con arreglo” al que alude al “fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo”.

Al ser considerado ahora como despido procedente, la compañía, concesionaria del servicio de transporte sanitario urgente del 061 gallego, no está obligada a readmitirle ni indemnizarle.

Los magistrados del TSXG entienden que el empleado quebró “la buena fe contractual” con una infracción de carácter “muy grave”, debido a los “múltiples riesgos” que conlleva su puesto y “la exigencia de las completas aptitudes durante la prestación de servicios” que este requiere.

Consumir drogas, establecen los jueces, supuso poner, “conscientemente”, dichas obligaciones “en riesgo”; lo que justifica su despido disciplinario, que se produjo por carta el 31 de marzo de 2021. Para el Tribunal Superior gallego, el trabajador transgredió “la buena fe contractual”.

“No estamos ante un proceso penal en el que habría de valorarse cuándo se produjo aquel [el consumo de las drogas] o la influencia que podría haber provocado en la seguridad vial, sino el hecho de hacerlo y de que en su organismo todavía hubiese tales trazas que da positivo en un control de carretera; ello implica por su parte la asunción de un riesgo que quiebra la confianza de la empresa y conduce a su justificar su despido”, establece la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que también califica de “plenamente ajustada a derecho” la decisión de la empresa. Contra ella, aún cabe interponer recurso.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una resolución del Ministerio de Igualdad que traslada las consecuencias prácticas de la interpretación amplia del Convenio de Estambul sobre la concepción de la violencia de género. Este documento del Consejo de Europa, ratificado por España en 2014, recoge en su artículo 18.4) que “la prestación de servicios no debe depender de la voluntad de las víctimas de emprender acciones legales ni de testimoniar contra cualquier autor de delito”. 

En este caso, no sólo se reconocen los derechos y atenciones, sino la condición administrativa de víctima de violencia de género incluso a aquellas mujeres “que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar” o aquéllas “respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído”.

Así viene recogido en un acuerdo del Ministerio de Igualdad con las Comunidades Autónomas, publicado en el BOE de este lunes, 13 de diciembre de 2021. Y con ello, se reconocen los supuestos y derechos a los que acceden todas las “víctimas”, ya sean reconocidas tras una sentencia judicial o a través de estos procedimientos administrativos. Y éstos incluyen, entre otros:

En el ámbito laboral, “derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario […] aplicación del horario flexible”; “a la movilidad geográfica”; “a la extinción del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora”; “a realizar su trabajo total o parcialmente a distancia”; “las ausencias o faltas de puntualidad […] se considerarán justificadas”; “nulidad del despido disciplinario”; “derecho a la pensión de jubilación anticipada”; “derecho a la pensión de viudedad”…

En el ámbito social: “Acogerse a la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales”; “acceder al Fondo Social de Viviendas en Alquiler”; “consideración de ‘sector preferente’ a los efectos de las ayudas previstas en el Plan Estatal de Vivienda”; etc.

Unanimidad

Así viene recogido en esta resolución 20570, de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría de estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, aprobada por la Conferencia Sectorial de Igualdad, en su reunión del 11 de noviembre.

El texto, que aprobaron por unanimidad los representantes de todas las CCAA, “incluidas las del PP”, remarcan fuentes del Ministerio de Irene Montero, consiste en desarrollar un cambio legal clave que introdujo el Gobierno de Pedro Sánchez justo a los dos meses de su llegada a la Moncloa.

La primera ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue la LO 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tardó poco más de ocho meses en redactar, negociar, enmendar y sacar en el Congreso toda una ley orgánica desde su investidura el 16 de abril de aquel año.

En el caso de Pedro Sánchez, no se puede decir que fuera su primer hito, pero sí que se dio aún más prisa en aprobar un real decreto que la modificaba sustancialmente: el 9/2018, de 3 de agosto.

Ese texto, impulsado por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, supuso una revolución pues orilló las sentencias judiciales como método de certificación de un caso de violencia de género. A partir de aquel día, hasta una ONG acreditada puede reconocer como víctima a cualquier mujer, sin importar que no haya denuncia o que ésta haya sido retirada.

Así, se crea un nuevo “título habilitante” de víctima de violencia de género, gracias al “consenso” con las CCAA “para que todas las víctimas de violencia de género, con independencia del lugar donde residan”, o de que incluso una sentencia judicial declare el caso sobreseído, “accedan a todos sus derechos”, en palabras de la ministra Montero.

Cambio sustancial

“Sabiendo que el nivel de denuncias es muy bajo no se pueden condicionar las políticas solo a las que denuncian”, sostienen fuentes del Ministerio. “Eso ha sido así desde que hay leyes”, es decir, desde 2004. Pero sobre todo, es así desde el decreto de agosto de 2018, porque el cambio fue sustancial.

Hasta entonces, el artículo 23 definía la acreditación de las situaciones de violencia de género como “las situaciones [que] se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección”.

Desde el decreto promulgado por el Consejo de Ministros recién estrenado del PSOE, en el verano de 2018, se amplió enormemente el título habilitante. El texto añadió que “también podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente”.

Este nuevo consenso, afirmó Montero tras la reunión de la Conferencia Sectorial, supone “el compromiso y la garantía” para la acreditación de víctimas en todo el territorio, “con más organismos acreditadores” y un acuerdo global con las CCAA “sobre supuestos y requisitos que dan acceso a estos derechos”.

La acreditación la realizarán las instituciones especializadas en el acompañamiento, recuperación y asistencia integral a las mujeres. “Damos así un paso más para que las víctimas de violencia de género encuentren más puertas de acceso al reconocimiento y protección de sus derechos”, concluyó la ministra. 

Noticias relacionadas

• La Justicia ordena retirar la guía de la alcaldesa que invitaba a las niñas a “encender” su “clítoris”

• “¡Apaga la tele y enciende tu clítoris!”: la propuesta de la alcaldesa socialista de Getafe a las niñas

La guía de educación sexual que el Ayuntamiento de Getafe (Madrid) repartió a los colegios del municipio a principios de año, en la que se instaba a las niñas a “apagar la tele” y “encender” el clítoris, violó derechos fundamentales. Así lo ha decretado ahora la juez de lo Contencioso Administrativo número 8 de Madrid.

La magistrada considera en su sentencia que el consistorio gobernado por la socialista Sara Hernández no respetó el derecho a la libertad religiosa por incluir en la guía Rebeldes de género burlas a la Virgen María, rebautizada en el texto como “la madre abnegada”: “Todo entrega y sacrificio, sin vida propia y asexual”. También se le atribuían consignas como “no desearás” y “no gozarás”.

El polémico proyecto, denunciado por Abogados Cristianos, aseguraba, entre otras perlas, que es necesario “un poquito de autocoñocimiento” y que “la masturbación mola; ni es sucia-pecado-prohibida”.

Estas “geniales guías” -palabras del consistorio getafense- también instaban a los infantes a “descubrir el sexo a lo grande” y “vivirlo sin límites”. “¡Apaga la tele y enciende tu clítoris!”, proponían para ello a través de hilarantes ilustraciones.

El reparto de dichas guías, dice ahora la juez, “vulnera el derecho fundamental de los alumnos cristianos a no sufrir discriminación alguna por razón de su religión o creencias y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

La sentencia llega después de que la Justicia ya hubiera obligado el pasado junio al Ayuntamiento de Getafe a retirar cautelarmente las guías a petición de la organización de juristas Abogados Cristianos.

“Atacar no es educar”

Tras la polémica, la alcaldesa getafense, Sara Hernández, afirmó que el objetivo de la guía era que “todos los niños, todos los adolescentes y todos los jóvenes del municipio tuvieran relaciones sexuales satisfactorias e igualitarias”.

Pero la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha destacado este lunes que “atacar no es educar”. “Adoctrinar es ilegal y la alcaldesa de Getafe debería dimitir por vulnerar derechos fundamentales con el único objetivo de imponer su ideología”, ha recalcado a través de su cuenta de Twitter.

“Los ciudadanos no merecemos pagar con nuestros impuestos a los que incumplen la ley y utilizan el dinero de todos para imponer su ideología, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos”, ha zanjado Castellanos.

Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado este lunes en contra de la decisión del Partido Popular de suspender la cena de Navidad del PP de Madrid. La presidenta del Gobierno de la Comunidad ha señalado que el Gobierno de la región “nunca ha estado en favor de los cierres ni de las cancelaciones” y que esta decisión de Génova le hace pensar que “hace falta una nueva dirección en el PP de Madrid que evite contradicciones”. 

“Con esta suspensión lo que tengo más claro es que hace falta una nueva dirección para que vaya en el misma dirección la política de la Comunidad con el PP de Madrid para que no vayamos a incurrir en contradicciones”, ha señalado en declaraciones a los medios en la presentación del plan de Inclemencias Invernales en Rascafría. “En la Comunidad jamás hemos estado en favor de los cierres y las cancelaciones y quiero insistir en que no hay motivos sanitarios para estas cancelaciones. En Madrid podemos seguir la vida con normalidad si seguimos trabajando como en estos dos años”, ha recordado.

La dirección nacional del PP había justificado este lunes con el aumento de contagios provocado por el Covid la suspensión de la cena de Navidad del PP de Madrid porque, a su entender, en estas circunstancias sanitarias “hay que mandar un mensaje de prudencia, responsabilidad y sentido común”. Además, había rechazado también que se avecinara un “invierno caliente” para el partido ante el conflicto interno abierto con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el control del PP de Madrid.

La presidenta de la Comunidad ha incidido en que la presión hospitalaria en la Comunidad de Madrid “sigue con total normalidad, incluso bajando en las UCIS, como en la última semana”. De hecho, ha desvelado que la positividad de los test “está en torno a un 5% frente al 10% de la media nacional”.

“Con todo, quiero decir que la situación en la Comunidad de Madrid sigue siendo de total normalidad. Lo que queremos es que todos los ciudadanos sigan con una vida normal. No hay motivos para estar cancelando de manera masiva, como estamos viendo, cenas, comidas, celebraciones… que están nuevamente generando caos y sobre todo señalando siempre a los mismos, a la hostelería y a la restauración”, ha recalcado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que desde el Ejecutivo madrileño están poniendo “a disposición de todos herramientas e información suficiente para, con responsabilidad, seguir con las mismas políticas” que han puesto en marcha en la Comunidad de Madrid “desde el principio de la pandemia”. Por ello, ha vuelto a pedir que se deje de “señalar a bares y restaurantes”.

Noticias relacionadas

• PP y Cs, a 5 escaños de la mayoría absoluta en Andalucía: sacarían lo mismo juntos que separados

• Mañueco asegura que Castilla y León estará a la “vanguardia” en el nuevo modelo logístico

• Igea saca pecho: “Donde gobierna Ciudadanos no hay corrupción”

La negativa de Vox a apoyar los Presupuestos de la Junta de Andalucía parece abocar al presidente Juanma Moreno a adelantar las elecciones autonómicas al mes de junio de 2022. Pero no es el único barón popular que puede verse obligado a dar este paso: vuelve a agitarse el calendario electoral.

El proceso de “descomposición” -según los populares- que Ciudadanos atraviesa a nivel nacional debilita al Ejecutivo de Castilla y León presidido por el popular Alfonso Fernández Mañueco, quien podría optar por convocar elecciones anticipadas en 2022, un año antes de lo previsto. 

En la sede nacional de la calle Génova guardan silencio, sin embargo, no ven con malos ojos esta posibilidad, que permitiría a Pablo Casado pavimentar su camino hacia la Moncloa con tres victorias electorales: la de Isabel Díaz Ayuso el 4-M (que además sirvió para desalojar de la política a Pablo Iglesias, hoy reconvertido en tertuliano), la probable victoria de Juanma Moreno en Andalucía (como augura la reciente encuesta publicada por EL ESPAÑOL) y la reedición de un gobierno popular en Castilla y León.

Todo ello permitiría a Casado dejar atrás, ante la opinión pública, las luchas intestinas en las que se ha visto envuelto durante los últimos meses frente al creciente liderazgo de Isabel Díaz Ayuso. En el reverso de la moneda, las tres citas electorales podrían forzar al PP a un cambio de alianzas, en el que Ciudadanos se viera sustituido por Vox. Una munición que la izquierda aprovecharía para minar el perfil que Pablo Casado intenta labrarse como un líder alejado de los extremismos.

El ‘efecto dominó’

Aunque fueron los cerebros de La Moncloa (Iván Redondo asegura ahora que nada tuvo que ver) los que provocaron este efecto dominó la pasada primavera, al poner en marcha dos mociones de censura simultáneas (y fallidas) en las comunidades autónomas de Murcia y Castilla y León.

Fernández Mañueco logró salvar la moción de censura, a pesar de que una procuradora de Cs por Salamanca, María Montero, rompió la disciplina de partido para incorporarse al grupo mixto. El pacto de gobierno PP-Cs perdió así la mayoría absoluta (que está fijada en 41 escaños) y se quedó con sólo 40.

El primer escollo ha surgido ahora, a la hora de aprobar los Presupuestos de la Comunidad para 2022. Fernández Mañueco tendió la mano al PSOE para pactar las cuentas de la comunidad, pero el acuerdo no ha sido posible. No obstante, en el PP dan por hecho que la aprobación de los Presupuestos podrá salir adelante gracias al apoyo del único procurador de Por Ávila, Pascual Muñoz, formación en la línea de la España Vaciada.

Tanto desde el PP como desde Cs insisten en que el pacto de gobierno de Castilla y León está perfectamente engrasado y existe una magnífica sintonía personal entre el presidente Alfonso Fernández Mañueco y su número dos, Alfonso Igea: “El Gobierno regional está volcado en la gestión, en impulsar la recuperación económica, la creación de empleo y el proceso de vacunación”, señalan las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.

Salvar los Presupuestos

No obstante en las filas populares admiten que el proceso de “descomposición” que el partido naranja sufre a nivel nacional puede provocar que el Ejecutivo regional se vea aún más debilitado en las Cortes de Castilla y León.

El próximo mes de marzo se cumple un año desde la fallida moción de censura presentada por el PSOE y Podemos contra el Ejecutivo regional. Vencido este plazo, la Ley permite a los socialistas intentar un nuevo asalto para derribar a Mañueco, aunque las fuentes consultadas auguran pocas probabilidades de éxito a esta iniciativa.

“Dos mociones de censura fallidas en una legislatura”, dice gráficamente una fuente del gobierno regional, “podría hundir el cartel electoral de los socialistas” y debilitar el liderazgo del secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, hoy convertido en un fiel peón de Pedro Sánchez.

Hay otros dos factores que pueden condicionar la decisión de Alfonso Fernández Mañueco. Adelantar las elecciones evitaría que se consolide en la región el puzzle de las candidaturas de la España Vaciada (con nombres como Soria Ya, Por Ávila y León ruge) que aspiran a repetir la jugada de Teruel Existe: obtener escaños decisivos en las circunscripciones más despobladas, que les permitan luego negociar contrapartidas millonarias al Gobierno de turno.

La España Vaciada

Este fenómeno parece preocupar más en la sede nacional de la calle Génova, ya que las listas de la España Vaciada pueden arrebatar escaños decisivos en algunos de los feudos tradicionales del PP, de cara a las próximas elecciones generales.

En cambio, en el PP de Castilla y León se muestran convencidos de que la España Vaciada no alterará el resultado de los próximos comicios autonómicos: “Si hay un partido arraigado en la España despoblada es el PP”, señalan, “aquí tenemos la mayor red de centros de salud locales y mantenemos abiertas escuelas que tienen tan sólo tres alumnos”.

Una reciente encuesta de Metroscopia arrojaba para el PP entre 34 y 37 procuradores en Castilla y León (hoy tiene 29), mientras que el PSOE podría descender de los 35 actuales hasta los 27. El sondeo confirma que Vox se convertiría en la tercera fuerza política (con 10 o 11 procuradores), en detrimento de Ciudadanos, que se quedaría con un solo representante en las Cortes regionales.

Fuentes internas del Gobierno regional destacan que Fernández Mañueco tiene, dentro del PP, un perfil moderado equiparable al de Juanma Moreno. Por tanto, añaden, se siente mucho más cómodo gobernando con Ciudadanos. El adelanto electoral le abocaría a tener que entenderse con Vox (que no le está poniendo las cosas fáciles a Ayuso), una opción que tampoco favorece a Pablo Casado de cara a las futuras elecciones generales.

Noticias relacionadas

• Crece la presión de Podemos contra el juez que no libera a Juana Rivas por los abusos a su hijo

• Pablo Iglesias ataca al juez del caso Juana Rivas y el Ejecutivo no entra a valorar su resolución

• El ex de Juana Rivas acusa al Gobierno de darle el indulto pese a conocer los supuestos “abusos”

La decisión del juez Manuel Piñar de denegar la libertad para Juana Rivas tras obtener el indulto parcial del Gobierno de España ha sacado del armario de la madre de Maracena uno de los grandes enigmas en esta disputa judicial mediatizada: los supuestos abusos sexuales que había sufrido su hijo cuando tenía 3 años.

Este viernes, el magistrado denegaba la excarcelación de Rivas por tres razones. Según Piñar, la progenitora “no se ha arrepentido de sus acciones”, reincidió en ellas y suponía un “peligro” para los menores, puesto que uno de ellos había sufrido “supuestos abusos sexuales” mientras estaba a su cuidado.

El razonamiento no ha gustado a algunos defensores de Rivas, como Unidas Podemos que lideró la petición de indulto para la madre de Maracena, que han acusado directamente al juez que ha dictado sentencia.

Ataques sustentados en publicaciones del Facebook personal del juez que dejan de lado que la denuncia por supuestos abusos no están vinculados con el ‘Caso Juana Rivas’ (relacionado con la custodia del menor y los supuestos malos tratos del padre hacia ella) sino que fue denunciado por profesionales sanitarios. Aunque sí es cierto que, a posteriori, el padre se involucró en el proceso judicial.

Hay que remontarse a mediados del 2017. Rivas tenía a los menores a su cargo pese a que, el 14 de diciembre de 2016, el Juzgado de Primara Instancia número 3 de Granada la había ordenado la “inmediata restitución” de los niños con su padre de vuelta a Italia. Resolución que fue firme, precisamente, en abril de 2017 cuando apareció la denuncia por supuestos abusos.

Abril de 2017

Según consta en las entrevistas que la Guardia Civil hizo a los profesores del menor (tenía 3 años), el hijo pequeño de Rivas había alertado en el colegio de que tenía “dolores y estreñimiento” y le dolía el ano. Según los documentos judiciales, la madre había llevado en varias ocasiones al niño al médico porque “sufría de estreñimiento”.

Tras una reiterada queja del niño, explica Manuel Piñar, los profesores avisan de nuevo a la madre quién termina llevando al menor al centro de salud de Maracena. Allí, tras una exploración inicial, terminan derivando al niño al Hospital de referencia en Granada donde, y cita el texto, “el pediatra observa algo que no considera normal”.

El protocolo por posible agresión sexual se activó e hizo que una forense acuda al centro para valorar al menor. En su informe, dicha profesional deja constancia que no puede descartarse un posible abuso al menor.

Fechado el 11 de abril de 2017, este texto del forense concluye que “no se puede descartar que el menor haya sido objeto de una agresión sexual anal”. También cita una exploración médica al menor donde se le pregunta por lo sucedido y él refiere “que alguien le ha hecho daño en el ano”.

Ese día que el menor termina en el hospital acaba de volver de un viaje con su madre, una casa rural con otras cuatro personas (tres mujeres y un hombre, según aseguró ella). Allí, Rivas insiste en que los menores estuvieron vigilados.

Algo con lo que no coincide Piñar, puesto que afirma que el supuesto abuso sexual pudo ejercerse “en la máxima extensión del término” y, prueba de ello, son las “imágenes espeluznantes” que han llegado a la causa.

Una de las grandes incógnitas del caso es quién fue el autor de los supuestos abusos al menor. El juez Piñar, en su auto conocido este viernes, no señala a nadie como tampoco lo hizo la madre durante la investigación de 2017 (en la que no presentó denuncia).

Concretamente, dice que no se ha determinado el autor “de la brutal agresión padecida por el menor” y por eso fue sobreseída. Aun así, el juez no quita importancia al hecho e insiste en que “existió” y que tuvo lugar estando el niño bajo la custodia de la madre.

“No se trataba de un niño que por su edad sale a jugar o vuelve del colegio y es abordado y abusado, sino de uno de muy pocos años que deber ser controlado y vigilado en todo momento porque no puede valerse por sí mismo”, insiste el juez Piñar recordando que el menor tenía sólo 3 años.

Hoja SIMIA

El magistrado siembra la duda acerca de si la madre hizo todo lo que estuvo en su mano para descubrir quién fue el autor de los supuestos abusos (si es que existieron) y denunciarlos. “Debía saber (refiriéndose a la madre) dónde estuvo el niño cuando pudo ser abusado, las personas que pudieron tener acceso a él y, por tanto, el círculo de posibles autores”.

La Junta de Andalucía, en ese momento gobernada por la socialista Susana Díaz, también abrió un procedimiento notificado por una posible infracción de Rivas hacia su hijo. Se trata de la ‘hoja SIMIA’ (Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía).

Al final, la Guardia Civil no encontró nada concluyente y el Juzgado en el que los facultativos habían dado parte decidió cerrar “provisionalmente” la causa dejando la posibilidad de reabrirla si aparecían más pruebas. Rivas no quería que eso ocurriera y propuso un sobreseimiento total y no parcial como pedía la Fiscalía y el padre.

Según argumentaba el abogado de la madre, la Guardia Civil había cerrado su atestado y una ONG que analizó al menor aseguró no encontrar “sintomatología de daño sexual”. Por tanto, no había indicios para que la causa se cerrara y el suceso (que había ocurrido cuando la madre tenía sustraídos a los menores del padre) quedara en el olvido.

Esto se solicita por parte de la madre por una razón. Aunque desde el punto de vista de investigación (o práctica de nuevas diligencias) el caso está cerrado por sobreseimiento, puede reabrirse si alguna de las partes (por ejemplo, el padre) tuviera pruebas relevantes que aportaran novedades significativas.

“Deficiencias de vigilancia”

Es noviembre de 2017 cuando el juzgado número 2 de instrucción de Granada declara el sobreseimiento provisional de las actuaciones y archiva la causa. En el texto afirma que “se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada”.

El juez Piñar es especialmente duro en el auto contra Rivas pues afirma que aunque “es posible” que la madre haya sido víctima de malos tratos “continuos” como ha manifestado “a pesar de que no existen condenas”; también “es probable que uno de sus hijos haya sido víctima de abusos sexuales por deficiencias en la vigilancia ejerciendo la guarda y custodia, aunque tampoco hay condena”.

La importancia de que ahora esto salga a la luz, y sea una de las tres razones por las que el juez deniega su libertad, tiene que ver con el indulto que le dio el Gobierno de España a Juana Rivas, puesto que no fue total sino parcial, porque no contaba con un informe judicial favorable. Es decir, que este indulto no puede sacarla de la cárcel, sino reducir su condena (a un año y tres meses) y que la madre se pueda beneficiar de algunas ventajas penitenciarias. 

Según el artículo 80 del Código Penal, las penas inferiores a 2 años de cárcel, cuando el condenado no tiene antecedentes y ha pagado la indemnización, pueden ser suspendidas. Es decir, que sólo con el indulto parcial, Rivas podría salir de la cárcel. 

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado este domingo que solicitará la declaración de zona de desastre natural en los municipios afectados por las riadas de los últimos días. Con este objetivo, ha avanzado que este lunes se reunirá con los 74 ayuntamientos afectados por las inundaciones para realizar una primera valoración de los daños.

El temporal de lluvias ha provocado inundaciones en calles, cultivos, garajes y comercios de numerosas poblaciones de la Ribera de Navarra, lo que ha llevado también al Servicio de Bomberos a reforzar sus efectivos para atender a las necesidades de la población.

Además, este sábado se halló el cadáver del hombre desaparecido en Elizondo. La Policía Foral y los bomberos del parque de Oronoz y del Grupo de Rescate acuático localizaron el coche del desaparecido en el río Lesaca.

Es la segunda víctima mortal de las inundaciones en Navarra, después de que este viernes falleciera en Sumbilla una mujer de 49 años tras desprenderse el cobertizo de un caserío.

Además, agentes de la Guardia Civil de Navarra han rescatado a dos hombres que quedaron atrapados en sus vehículos incapaces de salir por sus propios medios.

Inundaciones en Tudela

La localidad navarra de Tudela ha amanecido este domingo con una veintena de calles del casco antiguo completamente anegadas debido al desbordamiento del río Ebro a su paso por la ciudad.

La punta de la crecida, según ha informado el jefe de la Policía Local, Juan Cruz Ruiz, se esperaba para las 9:00 horas, momento en el que el sistema de medición instantánea de la Confederación Hidrográfica del Ebro ha registrado 2.169 metros cúbicos por segundo y una altura de 5,97 metros.

No obstante, no se descarta que el caudal del Ebro a su paso por la capital ribera pueda seguir creciendo algo más a lo largo de la mañana, si bien el jefe de la Policía Local ha señalado que esperan que “a partir de ahora la situación se tranquilice durante unas horas antes de que comience a descender el caudal del río”.

Hasta más de un metro de altura de agua se ha registrado en algunas zonas del casco antiguo, donde los vecinos se han visto obligados a quedarse en sus domicilios. Aquellos que deban salir de sus viviendas por algún motivo deberán utilizar las barcas que está ofreciendo Protección Civil.

El Ayuntamiento de Tudela activó a última hora de la tarde de este sábado el nivel 2 de emergencia de inundaciones tras superar el Ebro los 2.300 metros cúbicos por segundo a su paso por la ciudad y al preverse graves desbordamientos.

Además, el puente sobre el río Ebro se ha cortado al tráfico sobre las 2:55 horas de este domingo y poco más de media hora después se ha cerrado también a la circulación el paseo de Pamplona. Por esta razón, desde la Policía Local han recomendado a los vecinos de Tudela que eviten ir en vehículo al centro de la ciudad.

Durante la jornada de este sábado, varios vecinos propietarios de huertos y fincas en las inmediaciones del río trasladaron sus animales hasta la plaza de toros, habilitada por el Ayuntamiento de Tudela como refugio.

Siguen también dispuestas cerca de 40 plazas en el albergue municipal por si se necesitaran desde el área de Derechos Sociales, al haberse desalojado casetas de la Mejana y Mosquera.

La crecida del río Ebro y sus afluentes a causa del temporal de lluvias ha provocado inundaciones asimismo en otras localidades de la Ribera de Navarra y zona media.

Se ha visto especialmente afectada la localidad de Funes, donde la parte nueva del municipio y el polígono industrial están completamente anegados.

Refuerzos de bomberos

Frente al temporal, el Servicio de Bomberos se ha visto obligado a reforzar sus efectivos, también se contará con el Grupo de Rescate Acuático cuando finalice su participación en el rescate del cuerpo del vecino de Elizondo.

En Tudela se medían 2.644 m3/s a las 09.30, con tendencia aún ascendente, por lo que se ha retrasado ligeramente la llegada prevista del máximo de la crecida.

En Castejón, la punta de la crecida se alcanzó a las 22.30 del sábado con un caudal de 2.500 m3/s, inundándose también las zonas habituales, y desde entonces su estación de aforo registra un lento descenso.

El máximo de la crecida pasó por San Adrián hacia las 04.00 y el desbordamiento del río inundó varias calles de la localidad sin obligar al desalojo de personas.

El alto nivel del Ebro ha impedido el desagüe normal del río Ega, por lo que también mantiene unos niveles elevados, aunque se espera que bajen progresivamente a lo largo del día porque aguas arriba del Ebro ya se observa un descenso significativo, por ejemplo en Mendavia.

En Ribaforada ha quedado inundada la totalidad de la zona de huerta, al igual que en Cabanillas o Fontellas, como ocurre cuando se producen este tipo de fenómenos.

Alerta a los ciudadanos

El Gobierno de Navarra y los ayuntamientos afectados por las inundaciones hacen un llamamiento a la ciudadanía para que evite acercarse a zonas inundables, al constatarse casos de comportamiento irresponsable.

En cuanto a las carreteras, los cortes preventivos decididos este sábado en la reunión mantenida por el Comité Asesor de Emergencias han resultado eficaces y no se han registrado incidencias que hayan requerido la asistencia de equipos de rescate o asistenciales en los tramos cerrados al tráfico.

En la red principal en estos momentos no se puede circular por la N-121-A (Pamplona-Behobia), al encontrarse cerrados los túneles de Belate y Almandoz, y en la AP-15 (Autopista de Navarra) existe un ‘bypass’ entre los kilómetros 15,3 y 9,3, desviándose el sentido sur por el carril izquierdo sentido norte.

También en la AP-15 están cortadas la salida y entrada 13 (kilómetro 13) en sentido sur, y la N-113 (Pamplona-Madrid) está inundada en el kilómetro 74.

En la red secundaria son 25 los tramos afectados por inundaciones, desprendimientos y nevadas, por lo que se aconseja no circular salvo cuando sea estrictamente necesario y consultar el estado de la red viaria antes de iniciar un desplazamiento.

Noticias relacionadas

• Altos cargos de Igualdad contra el juez que rechaza la libertad de Juana Rivas: “Es violencia institucional”

• El ex de Juana Rivas acusa al Gobierno de darle el indulto pese a conocer los supuestos “abusos”

• Pablo Iglesias ataca al juez del caso Juana Rivas y el Ejecutivo no entra a valorar su resolución

La decisión del juez Manuel Piñar de denegar la libertad para Juana Rivas tras el indulto parcial concedido por el Gobierno de España no ha gustado nada a la facción de Unidas Podemos del Gobierno de coalición. Los morados, que lideraron la defensa de la madre granadina, se han visto desacreditados por Piñar a quien han acusado de ejercer “violencia institucional” y ser un “activista de ultraderecha”.

Así pues, el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique; el exlíder del partido, Pablo Iglesias, y la actual secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam; se han unido en una campaña de desacreditación en las redes sociales hacia el magistrado.

A su parecer, la decisión se ha tomado condicionada por las ideologías del juez al que acusan, por publicaciones en sus redes sociales personales, de insultar al Gobierno y atacar al feminismo.

“Lo de Juana Rivas es una barbaridad, pero también señala un problema estructural de nuestra democracia: ¿Qué hacer cuando alguien tan poderoso como un juez —alguien que te puede destrozar la vida sin rendir cuentas ante nadie— es básicamente un activista de ultraderecha?”, apuntaba Echenique en sus redes sociales.

Las acusaciones del portavoz de Unidas Podemos no se han quedado ahí. Durante toda la jornada del 11 de diciembre, Echenique ha acusado de machista y “difundidor de bulos” al Magistrado. Para ello, ha usado publicaciones de su Facebook personal, como también había hecho el exlíder del partido, Pablo Iglesias.

“Difunde un grupo que tiene como foto de portada la cruz de Borgoña, considerado símbolo ultra por la policía. Imagínate de lo que hablará el señor juez con sus amigos en ese grupo”, insiste el portavoz de Unidas Podemos. 

También se pone a él mismo en la diana (o a Gabriel Rufían) haciéndose eco de “bulos” que el magistrado publicaba (“difundía” según Echenique) en sus redes sociales. “Difunde el mismo bulo racista que no para de repetir Vox. El objetivo sería que los menores extranjeros no acompañados voten a Pedro Sánchez. Doble bulo porque los extranjeros aunque estén en situación regular no pueden votar en las elecciones generales”, reitera.

Los morados olvidan que fueron los médicos quiénes, en abril de 2017, habían denunciado los supuestos abusos sufridos por el menor. Hay que retomarse a esa primavera, cuando Rivas y sus hijos se alojaron en una casa rural con otras cuatro personas (tres mujeres y un hombre, según aseguró ella).

Los hechos

Tras el fin de semana, los médicos del Hospital Materno-Infantil Virgen de la Nieves, de Granada, y el centro de salud de Macarena (también en la provincia de Granada) habían examinado al menor y habían observado “signos de abuso sexual”. Los pediatras elevaron estos hechos al juzgado que abrió diligencias.

La Junta de Andalucía, en ese momento gobernada por la socialista Susana Díaz, también abrió un procedimiento notificado por una posible resistencia de Rivas hacia su hijo. Se trata de la ‘hoja Simia’ (Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía).

Al final, la Guardia Civil no encontró nada concluyente y el Juzgado en el que los facultativos habían dado parte decidió cerrar “provisionalmente” la causa dejando la posibilidad de reabrirla si aparecían más pruebas. Rivas no quería que eso ocurriera y propuso un sobreseimiento total y no parcial como pedía la Fiscalía y el padre.

Según argumentaba el abogado de la madre, la Guardia Civil había cerrado su atestado y una ONG que analizó al menor aseguró no encontrar “sintomatología de daño sexual”. Por tanto, no había indicios para que la causa se cerrara y el suceso (que había ocurrido cuando la madre tenía sustraídos a los menores del padre) quedara en el olvido.

El magistrado Manuel Piñar no ha querido que esto sea así y, por ello, en su auto ha asegurado “no saber cómo hacer” para que los tribunales del país y el Gobierno tengan constancia de que “que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor”.

El Gobierno

Un Gobierno que, este mismo sábado, se desmarcaba de hacer un pronunciamiento público sobre la decisión del juez y llaman a la ciudadanía a “extremar la sensibilidad”.

Fuentes del Ministerio de Justicia han apelado a que la opinión pública a que extreme la “sensibilidad” en relación con el caso de Juana Rivas e insisten en que el Ejecutivo ha hecho “lo que debía hacer” ante la concurrencia de “ineludibles y prioritarias razones de equidad” que debían “atenderse necesariamente”.

La reacción del Gobierno se produce después de que este viernes el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada rechazara suspender la ejecución de la pena impuesta a Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, tal y como la madre de Maracena solicitó tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno.