El jefe del 99% de los periodistas – y de los políticos, y de los líderes de opinión – del mundo se va. Jack Dorsey deja el cargo de consejero delegado de la red social Twitter para centrare en su otro trabajo, que es ser consejero delegado del gigante de los medios de pago Square. Dorsey es un caso prácticamente excepcional, en el que un directivo dirige, literalmente, por las mañanas un gigante (Twitter), y por las tardes otro (Square). Su salida de la primera de las empresas obedece precisamente a la presión de los inversores, que quieren un consejero delgado a tiempo completo. Así que no es de extrañar que las acciones de Twitter se hayan disparado un 11% después de que la cadena de televisión CNBC fuera la primera en divulgar la noticia. Le reemplazará, al menos por el momento, el director de Tecnología de Twitter, Parag Agrawal, aunque mantendrá su puesto en el consejero de administración de la empresa hasta que expire su mandato, en 2022.

Dorsey, que acaba de cumplir 45 años, es el cofundador de Twitter y de Square, dos empresas tecnológicas que han tenido un tremendo éxito. La primera de ellas es mucho más conocida, al ser la red social favoritas de los periodistas, políticos, y, en general, comentaristas (o, si se prefiere, “tertulianos”) de la economía mundial. Se trata de una red social relativamente pequeña, con unos 330 millones de usuarios, lo que viene a suponer el 15%de Facebook, el 25%de Instagram o el 40%de TikTok.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha advertido este lunes que hay riesgos de que la inflación no se reduzca al ritmo que prevén organismos internacionales y económicos. El ex ministro de Economía español apuesta a que el repunte del IPC, que alcanza ya el 5,6% en su mayor nivel en 29 años, será un episodio temporal, pero avisa de que es posible que se mantenga en niveles elevados más tiempo del previsto.

Todo dependerá de la forma en que la economía sea capaz de superar los actuales cuellos de botella en las cadenas de suministro y se reduzcan los altos precios de la energía y otras materias primas. “El elemento más preocupante en la actual fase de recuperación es la inflación. Los factores que están detrás son transitorios y van a hacer que descienda sin duda a partir del próximo año. Sin embargo, la aceleración ha ido más allá de lo que preveían todos los analistas, y si continúan estas restricciones su descenso será menor de lo que pensábamos hace unos meses”, ha señalado el alto cargo europeo durante su participación en un encuentro financiero organizado por Expansión y KPMG.

Hasta ahora, los bancos centrales han intentado restar importancia al fuerte repunte de los precios y evitado tomar medidas relacionadas con la política monetaria para intentar contenerlo. Su argumento es que la subida del IPC es puramente transitoria y que la inflación subyacente que marca su evolución a medio plazo -al descontar el efecto de la energía y los alimentos frescos- se mantiene estable en el entorno del 2%.

Sin embargo, pasan los meses y la inflación sigue cosechando cuotas desconocidas en tres décadas, derivando ya en pérdidas de renta notables para los hogares y despertando tensiones laborales en multitud de sectores económicos que piden una revisión al alza de sus salarios.

“La economía europea se encuentra en una situación de encrucijada: tenemos una recuperación consolidada por una lado y, a su vez, una incertidumbre vinculada con problemas de oferta, cadenas de suministro, agravamiento de infecciones, surgimiento de nuevas variantes del virus…”, ha señalado Guindos. Sin embargo, ha concluido, “el principal riesgo es que los cuellos de botella acaben elevando aún más la inflación o haciendo que se desacelere a un menor ritmo del esperado”.

El sector financiero también teme que este aumento de la inflación se consolide como un obstáculo en la mejora económica del país tras el fuerte desplome que conllevó la pandemia. En su caso, su miedo es que el BCE retire de forma apresurada sus estímulos económicos en un intento de contener el fuerte avance de los precios. “La propuesta del BCE es muy clara: ser paciente y ayudar a que la recuperación se consolide de verdad, por lo que su política monetaria pasa por no tocar los tipos de interés en el año 2022. Sería un gran error retirar las políticas de apoyo en el corto plazo”, ha destacado en el mismo foro Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.

Riesgos salariales

Otro de los riesgos vinculados a esta situación de precios altos es lo que los economistas definen como “efectos de segunda vuelta”. Es decir, que la inflación actual se acabe traduciendo en una fuerte revalorización de los salarios y esto conlleve una pérdida de productividad para las empresas. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avisado de que “incrementos generalizados de los salarios serían contraproducentes”, aunque sí ha instado a subidas selectivas en aquellos sectores con alta demanda inmersos en un proceso cíclico económico alcista.

De Cos ha explicado que por ahora la evolución de las nóminas ha sido muy moderada, con una mejora interanual en la zona euro del 1,4%, cuatro décimas menos que en 2020. Sí se ha notado un efecto en la mejora de los convenios colectivos para el próximo trienio, que en los últimos casos está incluyendo mejoras interanuales del 1,7% frente al 1% que se firmaba en enero. En todo caso, el Banco de España ha mostrado alivio al señalar que en la actualidad solo un 17% de los españoles goza de una cláusula de salvaguarda en sus contratos que indexa automáticamente la evolución de su nómina con el IPC, frente al 70% de hace una década. La cifra española sigue siendo alta en comparación con la zona euro, donde solo un 3% de los trabajadores se beneficia de estas subidas.

Seis generaciones de constructores (tres de ellas como Azvi) componen la saga de los Contreras. La suya es la organización más importante del sector made in Andalucía. En 2020, a pesar del frenazo mundial forzado por la pandemia, el grupo facturó 360

La Agencia Tributaria tiene un preocupante problema de envejecimiento en su plantilla, ya que buena parte de la misma tiene ya más de 50 años y las cifras anuales de jubilación son muy elevadas. Por ello, el organismo encargado de la gestión del sist

El aumento de las cotizaciones aplicado por el Gobierno para financiar el fondo de reserva de las pensiones se verá potenciado con el destope de las bases máximas de cotización, una segunda medida cuya aprobación está prevista para 2022 y que supondrá un aumento de 5.600 millones de euros en los ingresos de Seguridad Social, según un informe de la consultora Willis Towers Watson España en colaboración con el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura.

En una reforma estructural del sistema de pensiones dividida en dos tramos, el Gobierno está en condiciones de tener aprobado el primero para el próximo 1 de enero aunque para conseguirlo ha dejado abiertos varios frentes con los empresarios en el diálogo social y con los partidos integrantes del Pacto de Toledo.

Las negociaciones para el segundo tramo incluyen cuestiones complicadas como un nuevo periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, el lanzamiento de planes de pensiones de empleo y el destope de las cotizaciones como parte del refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social, entre otros. “Vienen tiempos difíciles para las pensiones en el diálogo social”, auguran fuentes de este foro que reúne a sindicatos y patronales. Si la alarma entre los pensionistas por el alargamiento de las carreras de cotización es lo que más desata los nervios de Escrivá, lo mismo sucede con los empresarios y las cotizaciones. Quizás como previsión, Escrivá ya ha adelantado que invertirá la dinámica actual, achicando espacio a empresas y sindicatos y trasladando el protagonismo al Parlamento.

Por el momento, las reformas que impulsa el Gobierno han puesto el acento en reforzar el sistema para las próximas décadas con un aumento de los ingresos por cotizaciones para compensar el gasto creciente derivado de la jubilación de la generación del baby boom y del compromiso de revalorización de las pensiones con el IPC. En 2022, los ingresos por cotizaciones, la principal vía de financiación del sistema crecerán un 9%, hasta 136.345 millones de euros, si bien no alcanza para cubrir el presupuesto del organismo, que asciende a 171.165 millones de euros.

El aumento de los ingresos se verá incrementado al elevarse ya el año que viene un 1,7% las bases máximas de cotización. El Gobierno señala que el principal impulso llegará de la recuperación de la actividad económica, sin especificar si en ese cálculo estaría, por ejemplo, el efecto de un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros desde los 965 actuales sobre las cotizaciones de los hasta cuatro millones de salarios que estima UGT que se ven afectados directa e indirectamente por la medida.

Ya a partir de 2023 se activaría la nueva cotización finalista del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que tramita el Gobierno para rellenar en una década la hucha de las pensiones. Con un recargo del 0,6% a repartir en un 0,5% para las empresas y un 0,5% para los trabajadores, las estimaciones sobre el volumen de ingresos que generará oscilan entre los 40.000 millones que prevé el Gobierno y los poco más de 20.000 millones de euros que calculan organismos independientes como BBVA Research.

Así, los 127.224 millones de euros que pagarán en cotizaciones empresas y trabajadores ocupados (+9,7%) el año que viene continuarán aumentando en los próximos años con el destope previsto. Las bases máximas de cotización se sitúan actualmente en 4.070 euros al mes o 48.841 euros al año. A partir de esas remuneraciones la diferencia entre el salario y la base máxima queda exenta de cotización. Con el destope que se planteará en 2022, las cotizaciones irían aparejadas al salario, elevando los ingresos del sistema. Como referencia, en su conjunto, los 5.600 millones de euros que generaría la medida alcanzarían sólo para cubrir un 16% de las transferencias que en 2022 hará el estado a la Seguridad Social. Pero hay que tener en cuenta que el ministro Escrivá ha asegurado que la medida se acompañará de un aumento proporcional de la pensión máxima para estos cotizantes, con lo que cabe entender que las pensiones máximas, actualmente fijadas en 37.904 euros también se destoparían. Lo que no está claro es hasta qué punto.

El destope es una medida que viene recomendada por el Pacto de Toledo y que ejecutará Escrivá. El Congreso “propone que la relación entre las bases máximas de cotización y la pensión máxima guarde equilibrio entre aportaciones realizadas y prestaciones percibidas para garantizar la contributividad, pero sin menoscabo de la dimensión solidaria del sistema.

Este equilibrio supone que hay una brecha entre pensiones máximas y bases máxima que alcanzó la relación de 1,29 en 2021. “En el intervalo de 2010 a 2021 se ha llegado a observar una base de cotización máxima unos 11.000 euros más elevada que la pensión máxima, lo que afecta al principio de proporcionalidad contributiva”, explica el informe de Willis Towers Watson.

Los expertos consideran que el destope de cotizaciones mejoraría la sostenibilidad del sistema solo si no va acompañada a su vez de un destope de las pensiones máximas o al menos un incremento importante de estas al término de un periodo transitorio. Eso sí, advierten, debería hacerse con cautela porque para algunas empresas puede suponer un aumento importante del coste laboral y, al mismo tiempo, una disminución del salario neto de los afiliados por la parte de cotización a la Seguridad Social que les corresponde.

El negocio audiovisual asiste con desconcierto al protagonismo que en su próxima ley sectorial han adquirido las concesiones del Gobierno a los partidos nacionalistas para rubricar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El mínimo del 6% para catalán, gallego o euskera exigido en la oferta del catálogo de servicios de streaming es irrealizable según los informes jurídicos del sector a los que ha accedido EL MUNDO. “O han engañado a ERC o este partido se ha prestado al engaño”, cuenta un directivo de uno de los operadores afectados.

La nueva normativa es la transposición de la directiva audiovisual europea, unas obligaciones generales a las que se pueden sumar las concretadas por cada país. Sin embargo, los servicios jurídicos del sector audiovisual son tajantes en que la legislación nacional sólo sería aplicable para los operadores con sede en cada país, no para los que tengan su sede en otro distinto, por mucho que estos también presten servicio en la nación de turno donde se legisle. El llamado principio de país de origen, por el que un operador se atiene a la ley del país de su sede principal y no a la de todos en los que está presente, libraría en consecuencia a Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Disney+ de asumir el compromiso adquirido por el Ejecutivo y ERC.

Gabriel Rufián, portavoz de los republicanos en el Congreso, logró capitalizar el martes este acuerdo al anunciarlo en rueda de prensa dentro de la Cámara Baja, donde reconoció el “foco mediático” del asunto audiovisual y mostró su satisfacción por haber dado cumplimiento a la promesa de que su partido “iba a conseguir cuotas e incentivos”. Este jueves, de hecho, el Congreso aprobó una enmienda al proyecto de PGE para destinar 10,5 millones a obra audiovisual en catalán, euskera y gallego, tras un pacto con ERC, Bildu y BNG.

La ley audiovisual que rige en la actualidad, de 2010, no marca ningún mínimo de contenidos audiovisuales en lenguas cooficiales, como es el caso del catalán. Y tampoco se había avanzado en ese sentido en las redacciones conocidas del anteproyecto de la nueva ley, una de finales del año pasado y otra de julio. Un tercer texto se había remitido al Consejo de Estado, en el que tampoco se daba cabida a esta obligación. Por lo tanto, el acuerdo del Gobierno y ERC se salta cuanto se había consensuado en ese sentido durante los dos procesos de consulta pública para la elaboración de la norma, recopilación de pareceres en la que Netflix y otras compañías similares sí intervinieron. “No podemos opinar ni judicializar un asunto sobre el que no tenemos datos”, aseguran desde uno de los gigantes norteamericanos del streaming preguntados por este diario: “De esto del 6% no se ha hablado con nosotros cuando nos han pedido opinión sobre la ley, y estas conversaciones han durado años”.

Efectivamente, la directiva europea data de noviembre de 2018 y en enero de 2019 el Gobierno abrió un período de consulta pública, en la que han participado gigantes como Netflix. Estos quedarían ahora a expensas de los pactos políticos que sirven para apuntalar la aprobación de los Presupuestos del actual Gobierno de coalición.

Tal y como han explicado desde el Ministerio económico que lidera Nadia Calviño, en la nueva ley audiovisual existirá una obligación de dedicar un 30% del catálogo de los servicios bajo demanda a obra de origen europeo, un criterio que viene des Bruselas y que no admitiría discusión jurídica. La norma española prevé además que el 50% de ese 30% (un 15%) esté dedicada a películas, series o documentales en lenguas oficiales del Estado. Para satisfacer las peticiones nacionalistas, la legislación española establecería además que el 40% de ese 15% del contenido presentado (el mencionado 6%) se dedique a lenguas oficiales distintas del castellano, como es el caso del catalán.

Seis en castellano, cuatro en lengua cooficial

Este propósito de difícil aplicación supondría que en el catálogo de empresa como Netflix, si ofreciera 10 obras españolas, se incluirían 6 en castellano y 4 en otras lenguas como el catalán, el euskera o el gallego. Ese gigante californiano, en concreto, cuenta con un gran centro de producción en Tres Cantos (Madrid) y tiene en tierras latinoamericanas uno de sus mercados principales.

Dadas estas circunstancias, las fuentes jurídicas consultadas estiman que, de introducirse la ley este 6%, contaría con un recorrido limitado en caso de que los operadores norteamericanos decidieran judicializar la obligación. Eso sí, operadores nacionales privados como los servicios bajo demanda Movistar+, Vodafone TV, Orange TV, Filmin, Flixolé, Atresplayer o Mitele sí tendrían que cumplir con esta carga de ahora en adelante, además de las que ya vienen asumiendo.

Además, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) deberá destinar el 10% del Fondo de Protección de la Cinematografía a producir en catalán, gallego y vasco, lo que inevitablemente reducirá la cuota de impulso al cine en lengua castellana. Rufián se encargó de anunciarlo.

Hacienda aplicará su gran reforma fiscal, con la que quiere eliminar la diferencia de hasta ocho puntos de Producto Interior Bruto (PIB) que según su estimación existe en términos de recaudación respecto la media europea, «a más tardar en 2023». Esto

Usted que escribió en 2011 que habría riesgo de perder una década, ¿ha sido así? ¿perderemos otra?Sí hemos perdido ya una. En 2011 escribí un libro junto a otros economistas titulado: Nada es gratis: cómo evitar que a la década prodigiosa le siga una

Los españoles siguen teniendo un perfil conservador de inversión y siguen mirando con reparo el uso de la tecnología para gestionar sus finanzas, menos cuando se trata de criptomonedas y activos digitales. La fiebre por las divisas virtuales se ha co