Gracias por seguir apostando por España en estos tiempos tan complicados. A pesar de mi opinión sobre el Gobierno, estoy aquí para hablar bien de España». Así arrancó su intervención a puerta cerrada en Bilbao el presidente del Partido Popular, Pablo

A la espera de la reunión programada para el próximo lunes con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el sector agrario cumple su palabra y ya ha comenzado con el calendario de movilizaciones previsto para reclamar ‘precios justos’ y la aprobación de medidas para aliviar el desorbitado aumento de las materias primas experimentado en los últimos tiempos, que amenaza con cerrar miles de explotaciones por toda España.

Así, este miércoles se ha concentrado frente a la sede del propio Ministerio de Agricultura en Madrid unos 600 agricultores del sector de la frutas y hortalizas, y como también viene siendo habitual, lo ha hecho de manera unida con representantes de las principales organizaciones agrarias (Asaja, Coag y Upa), junto a Cooperativas Agroalimentarias y la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal). No sólo se han manifestado agricultores de esta provincia -básica en la producción de frutas y hortalizas en cultivo interior (invernaderos)- sino también del resto de territorios importantes de este sector como Murcia, Extremadura, Aragón o La Rioja. Los productores han denunciado la subida de los insumos pero también la “competencia desleal” que siguen realizando las producciones procedentes de Marruecos, a pesar de que una reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea ordenó anular los acuerdos de comercio y pesca suscritos entre Marruecos y la UE, tal y como había reclamado el Frente Polisario.

Rebajas fiscales

“Los costes de producción nos ahogan”, rezaba el principal lema de la concentración, donde se ha exigido la puesta en marcha de una tarifa especial agraria para el consumo de energía eléctrica, básico en este sector, tanto en la producción en las fincas, en las comunidades de regantes y en las centrales de manipulado; además, la revisión al alza del IVA compensatorio para los agricultores en estimación objetiva hasta el 14%; así como otras medidas fiscales, entre ellas la deducción de la factura de fertilizantes y plásticos no amortizables y el aumento del porcentaje de difícil justificación en estimación directa.

Finalmente, piden un IVA agrícola reducido del 10% para todos los insumos en la producción, además de una revisión de precios de entrada con terceros países así como el control de las importaciones y el pago de aranceles: “Se saltan los cupos y no hay controles en la fronteras”, se queja Francisca Iglesias, secretaria general de UPA Almería, que exige al Gobierno de España una defensa clara del sector y “que aclare de una vez su postura con respecto a los intereses que tiene con Marruecos”.

Coste por hectárea

Esta dirigente agraria califica la situación de las frutas y hortalizas en España como “lamentable” y critica que en los últimos siete meses los costes de producción “se han disparado”. Pone como ejemplo el precio del agua, cuyo metro cúbico ha subido de 0,50 euros a 0,80; además de la electricidad, el plástico o los productos fitosanitarios: “El problema está en que no podemos subir nosotros ese sobrecoste en la venta de nuestros productos porque la Ley de la Cadena Alimentaria es una normativa muerta, no se aplica y penaliza a los eslabones más débiles, como los productores y la comercialización en origen frente a la gran distribución, que prefiere, por ser los costes más baratos, comprar a terceros países, especialmente a Marruecos”. El coste de producción por hectárea de cultivo de este sector en nuestro país oscila de media entre los 50.000 y los 70.000 euros.

En esta misma línea se manifiesta Antonio Navarro, de Asaja Almería, que pone el acento en dos cuestiones fundamentales: “La subida de los costes de producción, estimada en un 30%, viene a dar la puntilla a un sector afectado por su propia crisis estructural y por los efectos de la falta de control de los acuerdos comerciales con países extracomunitarios que están poniendo en jaque la supervivencia de este modelo productivo”, resume.

Además, apunta a un estudio realizado por esta organización agraria evalúa en 7.700 euros más de gasto al agricultor por hectárea de hortaliza con respecto al año pasado. “Así es imposible subsistir”, lamenta.

La próxima, en Mérida

Además de las constantes y casi diarias del sector lácteo en comunidades como Galicia o Cantabria, la próxima concentración prevista del sector agrario tiene previsto realizarse en Mérida el próximo 2 de diciembre, Las seis organizaciones convocantes de la protesta han acusado a la Delegación de Gobierno de Extremadura de intentar limitar el derecho a manifestarse de los agricultores y de “censurar y acallar” el malestar del campo extremeño “al recortar en tres horas la manifestación, así como el número de participantes, reduciendo a un máximo de 300 personas” las que se podrán concentrar a las puertas de Presidencia de la Junta de Extremadura. “Estas dos imposiciones, además de ser un claro atropello a los derechos de los agricultores y ganaderos, son el más claro ejemplo del poco talante democrático de las autoridades nacionales y regionales, y del miedo que tienen a la crítica”, aseveran los organizadores.

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid investiga la existencia de una supuesta doble contabilidad en el fondo de inversión Portobello. Uno de los socios del compendio de clínicas dentales Vivanta, participado por la sociedad de capital riesgo, ha puesto a disposición del juez un correo electrónico que fue remitido por error por un empleado y en el que supuestamente se refleja la falsa contabilidad con la que se disminuían los ingresos para eludir pagos. De esta forma, Portobello habría simulado ante los vendedores de centros dentales estar en pérdidas o registrar beneficios mínimos para escamotearles el pago de cantidades sucesivas vinculadas a la marcha del negocio.

Según el denunciante, uno de los vendedores de clínicas a Portobello, recibió el 16 de diciembrede 2019 un correo electrónico que le remitió un empleado del Grupo Vivanta, bajo el control del fondo de inversión. En esta documentación aflora que las clínicas dentales registraban unos ingresos reales de 492.884 euros frente a los 320.000 declarados frente a terceros. Junto a este mail ha sido aportado otro en el que el remitente pide que no sea aflorado el documento en cuestión porque estaba en juego su puesto de trabajo y el futuro de su familia.

El juzgado mantiene abierta una investigación por estafa por la adquisición por parte de Portobello del grupo Health Gestión abonando la mitad de su precio de mercado a través de una “operativa engañosa”. A la vista de la querella interpuesta por el vendedor, la Fiscalía Provincial de Madrid ha señalado que debe ser investigada la supuesta “manipulación de los balances con el objeto de no abonar” al denunciante el precio que se había acordado.

En esta línea el Ministerio Público destaca un peritaje aportado en la causa por el denunciante en el que se reseñan mecanismos como los de “aumentar el gasto” para “desplazar los beneficios en diferentes ejercicios contables”. Pero también un contra informe aportado por Portobello y elaborado por KPMG en el que se alude al “incremento” real de los costes y a la “evolución a la baja del negocio de las clínicas”. Pero, en ningún caso, a la “manipulación de la información”.

A la vista de sendos dictámenes, la Fiscalía ha solicitado la ratificación de los informes periciales en sede judicial para someterlos a “contradicción” para poder determinar si realmente se ha producido una “manipulación” como sostiene el denunciante o ante una simple “interpretación de la contabilidad o un incremento justificado de los gastos”.

No obstante, la juez que instruye el caso ha abierto diligencias contra los responsables de Portobello y cita al representante legal de las sociedades Portobello Capital y Cartera Vivanta el próximo 13 de enero. Al mismo tiempo, exige una copia del contrato de compraventa de las clínicas dentales.

Portobello ha reaccionado en su defensa negando la veracidad del correo electrónico con la supuesta doble contabilidad y tildando el relato del denunciante de “manipulado y falaz”. Asimismo, le acusa de urdir un “chantaje” contra la compañía y le atribuye un delito de extorsión al asegurar que le exigió 80.000 euros a cambio de retirar sus demandas.

Se acerca el Black Friday. El próximo viernes 26 de noviembre, miles de consumidores se darán cita en busca de los mejores descuentos, aunque lo cierto es que muchos comercios, especialmente virtuales, hace días que han llenado sus escaparates de tentadoras ofertas.

Pero algunos chollos pueden acabar saliendo muy caros. El incremento de las compras online durante estas fechas aumenta también el riesgo de sufrir una estafa. Los ciberdelincuentes aprovechan el reclamo de los descuentos para atraer a sus víctimas, que podrían acabar por recibir un producto que no se corresponde con la descripción del vendedor (de imitación o reacondicionado) o perder su dinero y no recibir nada. Los menos precavidos también podrían sufrir una clonación de su tarjeta o encontrarse con un cargo no deseado, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado este mes de un ataque de phishing con motivo del Black Friday en el que se suplantaba la identidad de Lidl. La excusa era vender robots de cocina a 1,99 euros, pero la realidad es que las víctimas acababan suscritas a un servicio que costaba 33 euros cada 14 días.

Escoger la tarjeta adecuada a la hora de pagar online puede evitar sustos durante el Black Friday. Y hay opciones para todos, desde tarjetas prepago virtuales hasta tarjetas de débito gratis extraseguraspara comprar por la Red.

Usar una tarjeta prepago

Los expertos de HelpMyCash recomiendan pagar las compras online durante el Viernes Negro con una tarjeta prepago, que tiene una gran ventaja frente a las tarjetas de débito o de crédito: solo se puede gastar el dinero que se haya cargado previamente; así que, en el caso de que alguien la clone, no tendrá acceso ni a nuestra cuenta corriente ni a la línea de crédito.

Lo ideal es mantener la tarjeta prepago vacía y añadir el dinero que se vaya a necesitar cada vez que se quiera pagar con ella. La mayoría pueden cargarse y descargarse al instante desde la banca online. Eso sí, antes de contratar una es importante verificar que no tiene comisiones.

Por ejemplo, la Tarjeta Prepago eCommerce de Openbank no tiene gastos de emisión ni de mantenimiento y se puede recargar online o en los cajeros sin pagar comisiones. Se trata de una tarjeta digital para comprar por internet que admite recargas desde un céntimo hasta 3.000 euros. Se puede contratar a través de la banca online de Openbank y empezar a usarla al instante. Los que no sean clientes de la entidad, pueden abrir la Cuenta Corriente Open, que no tiene comisiones ni vinculación obligatoria (no hace falta domiciliar ni nómina ni recibos), y solicitar después la tarjeta prepago gratuita a través de la banca online.

La tarjeta virtual de BBVA tampoco tiene comisiones de emisión ni de mantenimiento. Es una prepago virtual para clientes del banco azul que puede recargarse a través de sus cajeros, su web o su app, en las oficinas o por teléfono y admite hasta 600 euros por recarga. Otra opción es la tarjeta Reload de imagin, el banco móvil de CaixaBank, que se puede contratar sin ser cliente de la entidad. En este caso, se puede añadir dinero a través de la app de imagin o de los cajeros usando una tarjeta de otro banco. Aquellos que tengan una cuenta corriente en imagin, pueden cargarla y descargarla a través de la app directamente desde la cuenta. Tampoco tiene comisiones ni de emisión ni de mantenimiento.

Tarjetas con CVV dinámico

La banca también ha innovado para que las compras online sean cada vez más seguras. En octubre del pasado año, BBVA estrenó la gama de tarjetas Aqua. Desde entonces, ha emitido más de 1,2 millones en nuestro país, principalmente de crédito y de débito.

La principal ventaja de estas tarjetas es que ocultan sus datos (no llevan ni su numeración ni su fecha de caducidad impresas) y, además, su CVV va cambiando, lo que refuerza su seguridad en las compras online. Si el cliente pierde la tarjeta, nadie podrá usarla para comprar por Internet, ya que no dispondrá de su numeración (solo puede consultarla el titular a través de la app del banco). Y si alguien clona los datos de la tarjeta, los daños estarán limitados, ya que el CVV es dinámico (la tarjeta genera códigos aleatorios con una validez de entre cinco y diez minutos).

Para solicitar una tarjeta Aqua es necesario ser cliente de BBVA. No obstante, actualmente la entidad lo pone fácil. Los nuevos clientes pueden contratar la Cuenta Online sin comisionesy sin vinculación obligatoria por Internet. Incluye una tarjeta de débito Aqua gratis para cada titular (un máximo de dos).

Tarjetas con bloqueo temporal

Otra funcionalidad que previene el fraude online es la posibilidad de apagar temporalmente las tarjetas. La mayoría de los bancos ya permite hacerlo fácilmente a través de sus aplicaciones. Con esta medida, se puede bloquear una tarjeta mientras no se use y encenderla cuando se necesite, explican desde HelpMyCash. Así, nadie podrá usarla. Esta medida también es muy útil para bloquear la tarjeta temporalmente si no se encuentra hasta asegurarse de que realmente se ha perdido.

‘Brasil se acerca a un año de elecciones presidenciales, programadas para octubre de 2022, y el ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas, se embarcó en noviembre en una gira por Europa que comenzó en Francia e Italia y, tras recalar en

El Ministerio de Seguridad Social no termina de cerrar una reforma estructural del sistema de pensiones cuando ya pone en marcha la siguiente. Revalorización con el IPC, nuevas penalizaciones a la jubilación anticipada, aumento de cotizaciones y, ahora, un fondo de pensiones público que estará listo en junio. Se nutrirá de aportaciones de empresas y trabajadores hasta alcanzar un patrimonio de alrededor de 120.000 millones de euros en 2032, cuando cumpla una década.

En 2032 las reformas de Escrivá habrán nutrido con entre 20.000 y 40.000 millones el fondo de reserva de las pensiones. El refuerzo de ingresos es la vía escogida por el Gobierno para reestructurar el sistema. La última iniciativa es ya un anteproyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Parte de una recomendación del Pacto de Toledo para crear sistemas de ahorro complementarios al principal de las pensiones, financiado a partir de las cotizaciones y sujeto a reformas por la tensión que genera la jubilación del baby boom. Las aportaciones procederán de empresas y trabajadores y, según las proyecciones de Seguridad Social, se extenderán en la próxima década hasta cubrir a uno de cada dos trabajadores.

La escala de los cambios y la velocidad que imprime el ministro José Luis Escrivá a su tramitación ha levantado ampollas con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y también lo hace en este caso. Los empresarios aseguraron ayer que la consulta en el diálogo social ha sido prácticamente nula, aunque desde Seguridad Social se sostiene que ha habido varias aportaciones de CEOE al texto y que está abierto a más propuestas.

Sea como sea, el proyecto ya ha echado a rodar. El sistema de los denominados planes de empleo ya existe actualmente, si bien su uso es minoritario. Solo un 10% de los trabajadores dispone actualmente de este instrumento de ahorro y el modelo de Escrivá es la aceptación que tiene en territorios como el País Vasco, donde la proporción asciende a un 48%. Con esa proporción, que es un dato considerado alcanzable por Seguridad Social, unos nueve millones de trabajadores ahorrarían en 2030 para complementar su pensión.

Actualmente la cifra de partícipes apenas supera los dos millones, así que el Gobierno quiere crear todo un escenario de incentivos y mecanismos que aceleren su expansión. Sin figurar en los papeles ni en ningún discurso oficial, el primer incentivo de los trabajadores para buscar un complemento tras su retiro sería que el pilar principal del sistema, el sostenido por las cotizaciones está sujeto a reformas que endurecerán el acceso a la jubilación.

Luego, los incentivos directos se centrarán básicamente en cuestiones como su coste en términos de comisiones máximas de los gestores y, por otro lado beneficios fiscales. Seguridad Social considera que las comisiones del 1% que se cobran actualmente en los planes individuales no son una referencia válida por ser excesivamente altas. En consecuencia, organizará un concurso público entre gestoras en el que el precio de sus servicios será un elemento determinante en la concesión. El objetivo declarado es que sea, como mucho, la mitad.

Por el lado de la fiscalidad, el Gobierno ha fijado beneficios para aportaciones hasta un máximo de 8.500 euros anuales repartidos al 50% entre empresas y trabajadores. A este tope en los planes de empleo se podría añadir aún otros 1.500 euros como tope en un plan individual de pensiones. En total, la cifra ascenderá a 10.000 euros anuales. Se trata de una cantidad que queda muy lejos de la realidad de los bolsillos de la gran mayoría de los trabajadores. Los partícipes de los planes de empleo tenían en 2020 un patrimonio medio invertido de 17.500 euros.

A estas dos herramientas financieras se sumará otra jurídica, que servirá para hacer llegar estos planes de empleo a pymes y autónomos, que componen el 99% del tejido empresarial del país. Los planes no serán obligatorios pero el Gobierno espera que se conviertan en un nuevo protagonista de las relaciones laborales en las empresas y que se considere como un “salario diferido”. Se negociarán en las mesas de diálogo social para ser incluidos dentro de los convenios sectoriales. Las pequeñas y medianas empresas dispondrán así de un acuerdo al que vincularse y una vez lo hagan, si no deciden en qué fondo depositar los recursos, la comisión gestora se lo asignará por defecto en el plazo de tres meses. Esta comisión estará compuesta por nueve miembros de la Administración -cuatro de Seguridad Social, uno de Trabajo, otro de Asuntos Económicos y otro de Transición Ecológica-. Representarán la mayoría, pero estarán acompañados de cuatro consejeros nombrados por las patronales y otros cuatro por los sindicatos.

Escrivá ha señalado que los planes de empleo como el que se aprobará no han crecido en España en los últimos años debido, entre otras razones, a que los beneficios fiscales de esta fórmula de ahorro estaban orientados a los planes individuales de pensiones, “dirigidos a rentas altas o muy altas”. De la mano de Escrivá y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las aportaciones máximas que se pueden acoger a beneficios fiscales en estos planes individuales se han reducido a 1.500 euros.

Las empresas españolas están en el foco de los grandes fondos e inversores internacionales después de que la pandemia haya dejado atractivas oportunidades para entrar en compañías con potencial de crecimiento. A falta de dos meses para el cierre del

El Gobierno ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022 el escudo que blinda a empresas estratégicas, el popularmente conocido como escudo ‘antiopas’, a través de un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que incluye la extensión de otras medidas para responder a la pandemia.

“La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos”, señala el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un comunicado.

Con esta medida, el Gobierno debe autorizar las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.

Esta extensión llega después de que una oferta pública de adquisición (OPA) del fondo KKR a Telecom Italia desatara los rumores sobre un movimiento similar de Telefónica y en un contexto en que la recuperación del Ibex 35 tras la pandemia es menor que la del resto de bolsas europeas.

En virtud del mencionado ‘escudo’, el Gobierno ha dado su autorización previa a operaciones como la compra de Euskaltel por MásMóvil o la OPA de IFM a Naturgy, cuya autorización fue condicionada.

Otras ayudas a empresas

Asimismo, se mantendrán vigentes hasta el 30 de junio de 2022 los fondos de recapitalización de empresas gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Cofides.

En paralelo a la aprobación de la extensión, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha aprobado y el Consejo de Ministros ha autorizado este mismo martes tres rescates al Grupo Airtificial, Grupo SERHS y Reinosa Forgings & Castings por 95 millones de euros en su conjunto.

El Ejecutivo también ha ampliado hasta el 31 de julio de 2022 la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para autónomos y empresas que han garantizado, hasta el 18 de noviembre, 1,13 millones de operaciones y desplegado avales por 101.945 millones de euros, lo que ha permitido movilizar inversiones por 133.975 millones de euros en financiación a empresas.

Según el Gobierno, se trata de una de las líneas de ayuda más utilizadas de la Unión Europea, ya que también ha movilizado casi 2.000 millones de euros de inversión en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

El Gobierno ha aprobado la dotación de 615 millones de euros para el desarrollo de planes de sostenibilidad turística. Esta inversión la anunció la ministra del ramo, Reyes Maroto, el pasado viernes y ha dado algunos detalles este martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Esta inversión tiene como objetivo mejorar la modernización y el cambio de modelo, hacia otro más sostenible, de este sector, que ha sido “uno de los más golpeados por la pandemia”, según ha dicho Rodríguez, que ha indicado que ya hay más de 500 planes de las comunidades autónomas para optar a parte de ese montante.

La ministra ha recordado que en octubre “ya se han recuperado 235.000 afiliados a la Seguridad Social” en este sector y ha insistido en que del millón de trabajadores que había en ERTE en plena pandemia hay ya sólo quedan 100.000 y “el objetivo del plan es recuperar esos indicadores previos” a la crisis sanitaria.

Además de estos 600 millones para planes de sostenibilidad, el Gobierno ya había aprobado otras medidas para ayudar al sector turístico, que acumula pérdidas en ingresos de más de 150.000 millones de euros en lo que llevamos de pandemia y, por tanto, siempre ha dicho que estas ayudas eran insuficientes.

En junio de 2020, nada más acabar el confinamiento de la población cuando estalló la crisis sanitaria, el Ejecutivo aprobó un plan de ayudas de 4.200 millones para tratar de paliar el impacto del Covid en el sector.

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha dicho este martes en una visita a Canarias que la recuperación del sector turístico “está en marcha, es gradual, y el objetivo es consolidarla en 2022” pero, ha añadido, que hay que ser “mucho más ambiciosos” y en la transformación del modelo turístico incorporar los desafíos de digitalización y sostenibilidad.

Este ha sido el primer verano en el que las empresas turísticas han empezado a atisbar cierta recuperación, sobre todo gracias al impulso de la demanda nacional, que, aún así, en los destinos más internacionales no ha podido compensar la ausencia de turismo extranjero.

El mes de octubre, de hecho, ha sido el más positivo en lo que llevamos de pandemia, con 5,5 millones de llegadas de turistas internacionales. Es la cifra más alta y este año han llegado alrededor de la mitad de extranjeros que en 2019, antes de la pandemia.

El Gobierno de Mario Draghi iniciará en diciembre la negociación con los agentes sociales para la reforma del sistema de pensiones y excluye entre las medidas para dotarlo de sostenibilidad el modelo aplicado en España de subir cotizaciones.

“La subi