El Gobierno polaco anunció este miércoles la promulgación de una sentencia del Tribunal Constitucional que prácticamente prohíbe el aborto en el país.

“La sentencia será publicada hoy miércoles en el Diario Oficial”, explicó el Centro de información gubernamental en Twitter. La decisión del alto tribunal fue tomada en octubre.

El Tribunal Constitucional, reformado por los conservadores, en el poder, se pronunció en octubre en contra de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformación grave del feto, alegando que ésta era “incompatible” con la Constitución, lo que conduce a la prohibición del aborto salvo en caso de violación o incesto, o cuando la vida de la madre correpeligro.

Desde el anuncio de la sentencia del Tribunal, reformado por el partido ultracatólico Derecho y Justicia (PiS), en el poder, el 22 de octubre, se han realizado numerosas manifestaciones masivas en Polonia contra la medida.

Para este miércoles por la noche se convocaron protestas frente a la sede del Tribunal Constitucional, en Varsovia, y en otras ciudades del país.

“Instamos a todo el mundo a salir a la calle. Expresen su ira como mejor les parezca”, declaró a la prensa Marta Lempart, del movimiento “Huelga de mujeres”, este miércoles.

“Polonia en su conjunto se moviliza, no solo en Varsovia, ¡estamos listos! Cuando hablamos del infierno de las mujeres, podemos hablar ya del infierno del gobierno. Vamos a cocinarles un infierno”, agregó Klementyna Suchanow, militante del mismo movimiento.

Europeísta, feminista, liberal en lo económico, disciplinada ‘runner’ y con el ritmo suficiente como para tocar la batería. Son las coordenadas de Kaja Kallas, la mujer que ha logrado sacar a la ultraderecha de la coalición de gobierno en Estonia. Encabezará el nuevo gobierno estonio en alianza con el Partido de Centro Izquierda, la segunda fuerza política del país.

Kallas es hija de un ex primer ministro y creció rodeada de discusiones de partido. Tal vez por eso en su juventud renegó de la po

Goffredo Bettini dice de Nicola Zingaretti que es como un gato, y por lo tanto tiene siete vidas. Mientras espera pruebas, es un hecho que Giuseppe Conte ya ha consumido dos vidas y tiene toda la intención de morder la tercera. Nacido en 1964, en Volturara Appula y devoto del Padre Pío, está firmemente decidido a continuar al frente del Palacio Chigi.

Que Conte no era un ingenuo ya se pudo entender cuando apareció de la nada, propuesto por un Luigi Di Maio que no había logrado hacer digerir a Mat

Uno de los souvenirs más famosos de Turquía está en la mirilla de sus autoridades religiosas. Una pieza circular, habitualmente de cristal, cuyos círculos concéntricos azules y blancos lo asemejan a un ojo. Protagonista habitual de los dinteles de este rincón del mundo, pero trasladado a otros en forma de llaveros, collares y hasta pegatinas. Popularizado como ‘ojo turco’, en turco nazar boncugu, y repudiado recientemente por la autoridad religiosa, por considerarlo contrario a la ortodoxia islámica.

En una fetua o edicto religioso, la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet), dependiente de la Presidencia turca, ha decretado la prohibición de tamaña pieza, fuertemente arraigada en la idiosincrasia turca. Su justificación es que este símbolo, considerado durante milenios un instrumento de protección frente al mal de ojo, contradice los principios islámicos por poner, por encima de las creencias coránicas, la de la superstición.

“En nuestra religión, las actitudes, comportamientos y creencias que atribuyen la máxima influencia a cualquier otra cosa que no sea Dios están prohibidos. Por esta razón, no está permitido usar amuletos del mal de ojo y cosas similares alrededor del cuello, o en cualquier lugar, con el propósito de beneficiarse de ellos”, indica el edicto de la Diyanet, una de las instituciones más influyentes en Turquía, con un presupuesto superior incluso al de algunos ministerios.

Aparte de gestionar las más de 80.000 mezquitas del país, entre ellas la Gran Mezquita de Santa Sofía -tras la sentencia judicial que permitió su reconversión-, la Diyanet ofrece un servicio que aclara dudas religiosas de los fieles. Son los ulemas, estudiosos de la religión a sueldo del Estado, quienes se encargan de redactar las respuestas. En ocasiones, sus sentencias se convierten en fetuas que, si bien no tienen validez jurídica, sí pueden influir en la comunidad de fieles.

Algunas de sus decisiones han soliviantado la sociedad turca. En 2016, la institución que dirige Ali Erbas concluyó que ciertas actitudes durante el cortejo, antes del matrimonio, contradecían el Islam. “En ese período, no es inconveniente que las parejas se reúnan y hablen para conocerse, considerando su privacidad; sin embargo, podría haber incidentes no deseados […} como coquetear, convivir o estar solos […]. Fomenta el chisme y el darse la mano, algo que el Islam no lo permite”, escribió.

Más de 5.000 años de antigüedad

En este último caso, la Diyanet ha señalado un símbolo con más de 5.000 años de antigüedad y presente, de una u otra forma, en casi todas las civilizaciones. Su uso como amuleto se atribuye a la necesidad de acabar con el mal invocado por una persona envidiosa usando su mirada. En el caso del ojo, se cree que la pieza se trata de una herencia de la tradición egipcia, el ojo del dios Horus, aunque los colores azulados pueden apelar, según expertos, a la tradición túrquica Selyúcida.

En Turquía, como en muchos sitios del mundo, religión y tradición preíslámica se han entrecruzado durante siglos hasta sedimentar en el talante actual, con una base de creencias sufíes alejadas de la ortodoxia oficialista. En este sustrato han florecido decenas de creencias heterodoxas, muchas de tipo supersticioso. En el caso de lugares de mayoría musulmana se conocen tanto el nazar turco como la mano de Fátima magrebí, así como la creencia en unos espíritus demoníacos llamados jin.

En una semana, Vamco mató a más personas en Vietnam que la Covid-19 en todo 2020. Vamco no es ningún asesino en serie, sino un tifón que golpeó el país asiático en noviembre. Se llevó por delante a 60 personas y provocó que las autoridades tuvieran que evacuar de sus casas a otras 460.000. En una semana, Linfa y Nangka mataron a más personas en Vietnam que la Covid-19 en todo 2020. Ellas, dos tormentas tropicales, azotaron en octubre el centro del país dejando 102 muertos y 136.000 casas inundadas

¿Cuáles son los países que mejor han controlado el coronavirus? Se han escrito muchas líneas sobre la exitosa receta surcoreana, basada en test masivos y monitorización de los casos potenciales a través de los móviles y registros de tarjetas de crédito. No tuvieron la necesidad de establecer estrictas cuarentenas. Tampoco las hubo en la Nueva Zelanda de Jacinda Ardern, otro ejemplo de contundente respuesta en los inicios de la pandemia. Ni en Taiwan, cuyo sistema de rastreo creado por los hackers de la isla fue copiado por otros países.

En Vietnam, un régimen comunista de partido único, no tienen esa tecnología. Tampoco la infraestructura sanitaria de los mencionados países de Asia y del Pacífico. Pero en este país asiático tampoco han hecho falta confinamientos masivos. La Covid ha matado a 35 personas desde el comienzo de la pandemia. La cifra de fallecidos no ha subido desde el 3 de septiembre. En cuanto a los contagios: 1548. De los cuales, 1411 ya se han recuperado.

Este lunes ha comenzado el XIII Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV), que marcará el rumbo del país los próximos cinco años. En una democracia, sería lo equivalente a unas elecciones generales. Pero en Vietnam son las élites las que han creado un sistema de elección en cadena, de abajo a arriba: 1.600 delegados de todo el país votarán a 200 miembros del comité central. Después, este órgano escogerá a 20 políticos para formar el politburó, la élite dirigente. De este último grupo saldrá el secretario general del PCV -quien realmente manda-, el primer ministro, el jefe del Estado y el presidente de la Asamblea Nacional.

Este congreso comienza marcado por la creciente persecución a los disidentes. Varias ONG internacionales han denunciado la detención y persecución a las voces críticas, tanto periodistas como activistas, en vísperas al evento político más importante. Aunque dentro del país, el contexto es de celebración porque Vietnam, con más de 95 millones de habitantes, es una de las economías que más crece en Asia y ha logrado controlar el coronavirus.

El país registró sus dos primeros casos de coronavirus el 23 de enero. Un hombre de 66 años que había estado en Wuhan dio positivo poco después de regresar. Al igual que su hijo de 28 años. Entonces muchos pronosticaron que el coronavirus se extendería por un país con más de 95 millones de ciudadanos, que tiene ocho médicos por cada 100.000 habitantes y que comparte una frontera de más de 1.100 kilómetros con China.

Pero las autoridades sanitarias se anticiparon y el 1 de febrero ya habían cerrado las fronteras. También, a falta de médicos, tecnología y aplicaciones para hacer el seguimiento de los contagios, el Partido Comunista gobernante mandó a los militares del Ejército a la calle, que se encargaron de rastrear y aislar a todas las personas que habían estado en contacto con los infectados. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) elogiaron la rapidez con la que actuó Vietnam para que no se propagara el virus.

No fue hasta verano cuando el país asiático tuvo su primer susto serio: llegaron los primeros contagios locales. Hasta entonces, todos habían sido casos importados de China. En Da Nang, la tercera ciudad más grande, hubo un brote con dos centenares de contagios. Las autoridades frenaron que se propagara cerrando durante 15 días los accesos a la ciudad, aunque sin obligar a hacer cuarentena en casa a sus ciudadanos.

“Durante la primera fase, el Gobierno logró cortar todas las rutas de transmisión del virus de manera rápida y completa. Todas las personas infectadas fueron hospitalizadas. Las que estuvieron en contacto con ellas fueron rastreadas y aisladas. Sus hogares y vecindarios fueron cerrados y desinfectados por el Ejército. El país ha estado actuando efectivamente como si se tratara de una guerra biológica”, explica Tran Le Thuy, director del Centro de Iniciativas de Desarrollo y Medios de Comunicación en Hanoi, capital de Vietnam.

“Otra de las claves ha sido la forma en que el Gobierno ha despolitizado la pandemia, tratándola simplemente como una crisis de salud. No había ningún motivo político para que los funcionarios del Gobierno ocultaran información. Tampoco he oído hablar de ninguna oposición religiosa a la estrategia. Con el arresto del director del centro de Hanoi para el control de enfermedades por sospecha de corrupción en relación con la compra de kits de prueba, y los pequeños comerciantes recibiendo multas porque inflaban los precios de las mascarillas, el Gobierno también ha dejado claro que la salud pública no se puede enredar con los intereses”, continúa Le Thuy.

PERSECUCIÓN DE LA DISIDENCIA

Es indiscutible que la rápida actuación del Gobierno vietnamita para frenar el coronavirus ha sido tan efectiva que algo parecido a la vieja normalidad volvió al país hace meses. Esa es la cara amable. Porque también es cierto que Vietnam es una dictadura que persigue a los críticos y donde la libertad de expresión está limitada por el Partido Comunista. Incluso todos los medios de comunicación están sometidos al control del Estado.

Desde que Nguyen Phu Trong (76 años) fuera elegido presidente hace un par de años, la persecución contra los disidentes se ha intensificado. El último ejemplo ocurrió la semana pasada con la condena a siete años de prisión para la activista Dinh Thi Thu Thuy, que había difundido en Facebook contenido que las autoridades consideraron “difamatorias y falsas” contra los líderes del Partido Comunista. Según informó EFE, Thi Thu Thuy fue sentenciada por violar el artículo 117 del Código Penal, que castiga “la producción, almacenamiento y diseminación de información, documentos y objetos contra la República Socialista de Vietnam”.

A principios de año, un tribunal condenó también a tres periodistas independientes, Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy y Le Huu Minh Tuan, críticos con el Gobierno, a entre 11 y 15 años de prisión. Su delito: “fabricar, almacenar, difundir información, materiales, artículos con el propósito de oponerse al estado”, decía un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública.

“Los cargos contra los periodistas condenados son falsos. Si el partido gobernante está tan seguro en su liderazgo, debería demostrar su confianza respetando los derechos civiles y políticos”, dijo Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch. “Incluso según sus propios estándares profundamente represivos, la severidad de las sentencias muestra las profundidades que están alcanzando los censores de Vietnam”, añadió Emerlynne Gil, subdirectora en la región de Amnistía Internacional.

Incluso desde la Unión Europea, el jefe de la diplomacia de Bruselas, Josep Borrell, pidió a Vietnam la “puesta en libertad de los periodistas, así como la de otros blogueros y defensores de los Derechos Humanos encarcelados por haber expresado pacíficamente sus opiniones”.

En los últimos 12 meses, Juan Guaidó ha sido calificado en Europa como líder de la oposición, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado de Venezuela e incluso, por algunos, como presidente in pectore de Venezuela. La UE, formalmente, nunca dio el paso de reconocerlo como máximo responsable del país, a pesar de que casi dos decenas de países dieron un paso al frente, pues el veto de diferentes socios hizo inviable una posición única. Pero desde 2019 hablaba siempre del “presidente encargado” y lo trataba como una mezcla de líder opositor y primer representante democrático del país. Ya no.

Los ministros de Exteriores de la UE se han reunido hoy en Bruselas y han dado forma a la posición ya esbozada hace unas semanas y en la que se constata, con la realidad en una mano y más pragmatismo que idealismo en la otra, que las cosas han cambiado. La oposición, la parte más importante y representativa de ella, no se presentó a las elecciones del pasado 6 diciembre a la Asamblea Nacional. La UE, tal y como había avisado, no reconoce esos comicios ni sus resultados y lamenta “la oportunidad democrática perdida”. Pero a pesar de ello, las consecuencias para quienes no quisieron prestarse al juego del régimen de Maduro son reales y diplomáticas.

Hasta ese día Guaidó era considerado una autoridad, pero al no formar ya parte de la Asamblea Nacional se generó una posición sin precedentes y difícil de sostener. La UE no reconoce el voto y critica a Nicolás Maduro, pero al perder su cargo Guaidó ya no es el “presidente encargado”, esto es, la persona que en Bruselas y el resto de capitales se considera la única aceptable para liderar un proceso que desembocara en unas elecciones limpias, libres y transparentes.

En un comunicado bastante problemático, los ministros han ‘degradado’ a Guaidó a “interlocutor privilegiado”, pero ni siquiera el único o el primero. “La UE reitera su apoyo a todos aquellos que trabajan por un futuro democrático para Venezuela. La UE reitera sus llamamientos a la garantía de todos los derechos políticos y civiles, a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y a la libertad y seguridad de todos los opositores políticos, en particular los representantes de los partidos de oposición elegidos para la Asamblea Nacional de 2015. Y especialmente Juan Guaidó, así como a otros representantes de la oposición democrática. La UE los considera actores importantes e interlocutores privilegiados y anima a la oposición democrática a adoptar una postura unificada con miras a un proceso inclusivo de diálogo y negociación”, dice el tercer punto del documento de conclusiones consensuado hoy en Bruselas.

“Se reconoce el liderazgo de Guaidó, se pide una respuesta humanitaria para el problema humanitario y se pide impulso a la solución política”, ha resumido la ministra española, Arancha González Laya. “Lo que hay es una toma de posición de los 27, todos ellos juntos y ya esbozada el 7 de enero y que se ha repetido en este consejo. La posición está bastante clara y es la que mantiene España como el resto de los Estados Miembro. Creemos que es importante mirar al futuro y trabajar en estas tres líneas de apoyo a la oposición, a la respuesta humanitaria a una situación que se degrada e impulso a situación política en el país”, ha añadido al ser preguntada si España ha cambiado su posición o si mantiene la consideración a Guaidó como presidente encargado. El Parlamento Europeo, en la enésima resolución sobre el tema, pidió a las capitales hace unas semanas que mantenga su posición anterior y que siga tratando a Guaidó y los elegidos de 2015 como los interlocutores legítimos. Los únicos.

En el papel de los ministros, sin embargo, la UE pide a todos los actores “compromisos difíciles”, pide a la oposición una posición única y avisa de que “en vista del deterioro de la situación de los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia en Venezuela, la UE está dispuesta a adoptar medidas restrictivas adicionales específicas contra quienes socavan la democracia o el Estado de derecho y los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. Estas medidas están diseñadas para no dañar a la población venezolana y pueden revertirse”.