Hace ya algún tiempo que hice mía una paráfrasis de Spengler: «Al final, un pelotón de jueces salva la civilización». No siempre, claro. También hay jueces podemitas y otros que se dejan abducir por un tipo como el doctor Sánchez. Ahí tienen como ejemplo de estos últimos a Marlasca, Robles y Campo que aceptan, aunque sea a regañadientes, la descabellada reforma que Psico Pedro y Psico Pablo han urdido para la ya traqueteada Ley del poder Judicial.
Entre los podemitas citaré dos: la gran Vicky Ro

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Gandesa (Tarragona) investiga a dos mandos de la Guardia Civil de Zaragoza por supuestamente no respetar una cuarentena de sus agentes.

Se les acusa de ordenar el regreso de una treintena de agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) al cuartel de Casetas (Zaragoza) desde la central nuclear de Ascó, donde prestaban servicio de vigilancia, a pesar de conocer que dos de los integrantes habían dado positivo en Covid-19.

Se responsabiliza de ello a un capitán y a un comandante que están al frente del GRS. El juzgado trata de averiguar si pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa y otro de lesiones imprudentes graves.

Los hechos denunciados por el abogado de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), Marco Antonio Navarro, ocurrieron el pasado mes de septiembre.

Sostiene que, pese a que dos agentes habían dado positivo, 34 más, que habían estado en contacto con ellos, volvieron al cuartel, ubicado en el barrio zaragozano de Casetas, sin quedar en aislamiento.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso El Periódico de Aragón, dicha orden “infringe la obligación de estar en cuarentena en la misma planta nuclear y esperar la realización de las pruebas PCR, tal como se establece en la normativa sanitaria, para cumplir el confinamiento en sus domicilios”.

Añade que habrían sido “los responsables de dicha unidad quienes habrían ordenado este traslado de una provincia y comunidad a otra, con el riesgo que eso puede conllevar a pesar de haber dado negativo en el test rápido”.

ESPARCIMIENTO DEL VIRUS

Varios de los agentes que fueron trasladados a Zaragoza, tras ser sometidos a las pruebas PCR en la capital aragonesa, dieron positivo, “lo que provocó un esparcimiento del virus de forma incontrolada”, según la denuncia.

Añade que “podía haber sido evitado si se hubiese respetado la normativa sanitaria por parte de los denunciados, y los funcionarios se hubieran quedado en el mismo lugar en el que compartieron espacio con los compañeros infectados por el virus”.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón confirmó un brote de coronavirus en dicho acuartelamiento.

Según fuentes de JUCIL, la Comandancia de Zaragoza se vio obligada a dejar a cerca de 200 agentes de dicho acuartelamiento en casa a la espera de los resultados de las pruebas PCR.

De ellos, 21 dieron positivo, aunque solo seis formaban parte del grupo de Ascó, por lo que los 15 restantes podrían haberse contagiado como consecuencia de la orden de regresar a Zaragoza.

Los dos mandos en cuestión, a través de la asociación Unión de Oficiales de Guardia Civil, han recordado que “la Consejería de Sanidad, en escrito de fecha 22 de septiembre, recomendó que los casos confirmados detectados en la central nuclear de Ascó (dos guardias civiles hasta ese momento), permanecieran aislados en dichas instalaciones, hasta la obtención del alta médica”.

Añade que “dicha recomendación de la Consejería de Sanidad establecía que el resto de contactos fueran trasladados lo antes posible a la base del GRS en Zaragoza para la realización de la correspondiente prueba PCR”.

La denuncia apunta que constan unos audios enviados a los suboficiales del GRS en los que se puede escuchar las órdenes en las que se basa la querella. JUCIL pide que se aporten como prueba.

El 90% de los jueces quiere que los 12 vocales de elección judicial del CGPJ sean elegidos mediante elección directa de los miembros de la carrera judicial. Hay gente entre la judicatura y sus asimilados, que no es partidaria: Juan Pedro Yllanes, Vicky Rosell, José Castro, Joachim Bosch, Balta Garzón (en excedencia forzosa), Lola Delgado, en comisión de servicios, y Elisa Beni, enviada especial a tertulias.
Hagamos un breve repaso al tema. La Constitución fijó en su artículo 122 la vía para ele

Vox ha registrado este viernes una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados en la que propone que los jueces y magistrados elijan a 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como alternativa a la reforma planteada por el Gobierno.

La petición del partido liderado por Santiago Abascal consiste en reclamar el retorno del sistema de elección de los vocales del CGPJ que figuraba en la ley orgánica de 1980, por la cual se establecía que los 12 vocales de procedencia judicial debían ser escogidos por jueces y magistrados a través de elecciones libres.

Dicha ley, consultada por este periódico, estima que de los 20 vocales que componen en total el CGPJ “doce serán escogidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establece la presente Ley; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegido en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

Recurrirán la norma

La propuesta de Vox llega pocos días después de que el partido anunciara en la Cámara Baja que presentaría un recurso de inconstitucionalidad si finalmente se aprueba el nuevo sistema de elección del CGPJ, medida que también adoptarán PP y Ciudadanos.

Para el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, esta reforma planteada por el Ejecutivo es “el penúltimo asalto a las instituciones”, en este caso “para modificar de forma fraudulenta el sistema de elección de los vocales del CGPJ”. El texto diseñado por PSOE y Unidas Podemos propone que los 12 vocales de procedencia judicial del CGPJ sean escogidos por mayoría absoluta en el Congreso, y no por tres quintas partes de la Cámara, como recoge la actual legislación.

La petición de Vox se ajusta, además, a la visión de la gran mayoría de jueces, tal y como recoge una reciente encuesta de Metroscopia realizada para el órgano judicial. En ella, se extrae como conclusión que el 90% de los jueces cree que los 12 vocales de procedencia judicial del CGPJ deben ser elegidos mediante elección directa de la Carrera Judicial.

El Pleno del Congreso aprobó este jueves por unanimidad la proposición de ley que busca reformar el Código Penal para ilegalizar las esterilizaciones no consentidas de personas incapacitadas judicialmente. Todos los parlamentarios presentes en la Cámara se pusieron en pie y aplaudieron el respaldo unánime a esta iniciativa que ahora volverá al Senado para su ratificación definitiva.

Con 348 votos a favor, persigue eliminar el párrafo segundo del artículo 156 que en la actualidad despenaliza las esterilizaciones no consentidas de personas cuya capacidad jurídica ha sido modificada cuando las autoriza un órgano judicial.

Esta iniciativa, presentada por el grupo de Ciudadanos en el Senado, ha sido impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y por Cermi Mujeres.

Tras su paso por la Comisión de Justicia del Congreso, la proposición de ley ha incorporado una enmienda transaccional a partir de dos enmiendas del PSOE, que dio lugar a la formulación de una nueva disposición final tercera.

Esta hace referencia a la necesidad de modificar las leyes orgánicas sobre Autonomía y Derechos del Paciente y sobre Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del Embarazo, a fin de garantizar que las personas con discapacidad reciben la información que precisan en “canales, medios y formatos accesibles” para que “la decisión que adopten sea libre, consciente e informada”.

Para ello, insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que reforme esta legislación, a fin de asegurar este derecho y también la garantía de que los poderes públicos velarán por el acceso a la salud sexual y reproductiva de este colectivo.

De hecho, esta disposición contó con el rechazo de los diputados de Vox y con la abstención de los del PP, como ya sucedió en la Comisión de Justicia. Fue no obstante aprobada por 204 votos a favor, 90 abstenciones y 54 votos en contra.

En cambio, el dictamen general elaborado por la Comisión de Justicia (que se refería al texto completo) cosechó un respaldo prácticamente unánime, con 346 votos a favor y dos abstenciones.

Un “avance histórico para la dignidad”

La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas de Discapacidad, María del Carmen González, acusó al PSOE de “querer romper el consenso” que la norma obtuvo en el Senado con la introducción de “dos enmiendas que hacen referencia a dos leyes distintas, sin aclarar siquiera qué artículos de estas pretenden reformar”. Sin embargo, afirmó ser consciente del “avance histórico” que esta reforma supone para “la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad”, por lo que aseguró apoyarla y felicitó al movimiento de la discapacidad por el logro conseguido.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Luis Sahuquillo, defendió a su vez la nueva disposición adicional, que “sólo busca garantizar los derechos de estas personas a la información y a la educación en materia sexoafectiva”. En su opinión, “a la derecha le sale urticaria siempre que se habla de la Ley de Interrupción del Embarazo, pero se trata sólo de reforzar unos derechos, que también asisten a las personas con discapacidad”. “No le tengan tanto miedo a la libertad”, propuso.

A su juicio, con la tramitación de esta ley, España “avanza en la protección de los Derechos Humanos y en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad”, declaró.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas de Discapacidad, Sara Giménez, aseguró sentirse orgullosa de haber contribuido a impulsar una iniciativa “tan necesaria”. “Hoy es un día de cambio para España” y manifestó su sorpresa de que “una anomalía así” se haya mantenido “tantos años en el Código Penal”. A su juicio, se trata de “un atentado contra la dignidad de las personas, sobre todo de las mujeres con discapacidad, que una democracia avanzada como la española no puede permitirse”.

La portavoz de Unidas-Podemos, Marisa Saavedra, destacó que según datos del Consejo General del Poder Judicial, unas mil mujeres con discapacidad intelectual han sufrido esta práctica en los últimos diez años y denunció “el paternalismo y la infantilización de las personas con discapacidad que han justificado esta posibilidad”.

En la misma idea insistieron Néstor Rego (BNG) y Sergi Miquel (JxCat) por el grupo Plural, tras resaltar la discriminación múltiple -por discapacidad, género y edad- que se suele dar en las víctimas de esta práctica, que en su mayoría son niñas o mujeres jóvenes con discapacidad intelectual.

El portavoz del PNV en la Comisión de Justicia, Mikel Legarda, manifestó su apoyo a la reforma por “una cuestión de dignidad de las personas con discapacidad”, porque contribuye también a la igualdad de este colectivo y para dar cumplimiento a la legislación internacional sobre discapacidad ratificada por España.

La responsable de Vox, Rocío de Meer, también respaldó la iniciativa que, en su opinión, implica “una mutilación física y un ataque imperdonable a la dignidad de las personas”. Así, lamentó la permanencia de esta previsión legal en el código Penal, algo de lo que acusó al PSOE porque, según declaró, introdujo esta posibilidad en 1989.

La gran mayoría de portavoces que tomaron la palabra felicitaron a las asociaciones de personas con discapacidad como Cermi o Cermi Mujeres por la aprobación de esta propuesta y les agradecieron todo el trabajo realizado.

Una delegación del movimiento Cermi siguió el debate y aprobación de la iniciativa en las inmediaciones del Congreso y después se reunió con los portavoces de Justicia y Discapacidad a las puertas de la fachada histórica de la Cámara Baja para registrar en imágenes el momento, que forma parte del bagaje de logros del sector de la discapacidad en España.

El CERMI y CERMI Mujeres han expresado su satisfacción por el hecho de que, una vez más, “la discapacidad sea motivo de grandes acuerdos políticos, precisamente en un momento en el que la capacidad de consenso está tan deteriorada en el contexto actual”.

“El activismo de las mujeres con discapacidad ha logrado un hito, que es desterrar del ordenamiento jurídico la esterilización forzosa, que todavía permanece en muchos países, incluso europeos, evidenciando la fuerza de una sociedad civil con capacidad de propuesta, persuasión y convicción política”, han señalado, según recoge la nota.

Cuatro de los sindicatos representativos de la Policía Nacional -SUP, CEP, SPP Y UFP- han emitido un comunicado en el que denuncian el abandono y el hastío por parte del Gobierno de los funcionarios destinados en el País Vasco. Aseguran que no se defiende su labor y la imagen de este cuerpo policial en la comunidad autónoma vasca.

“Durante los últimos tiempos y a la sombra del tsunami informativo que ha supuesto la Covid-19 en nuestra sociedad, la española y la vasca, asistimos con perplejidad al avance silencioso de movimientos separatistas y a la exclusión de cualquier cuestión evidencie la presencia del Estado en Euskadi, ante la indiferencia de nuestros responsables políticos e institucionales”.

Los agentes denuncian que diariamente se realizan actos de bienvenida a miembros de ETA salidos de prisión, “homenajeándoles sin ningún pudor ni medida legal que contenga los actos de apología del terrorismo que en sí mismos constituyen, al tiempo que imágenes del jefe del Estado son decapitadas en la plaza pública el día de la Hispanidad”.

En el plano político, “responsables de diferentes formaciones sugieren al Poder Judicial que no es el momento de investigar a miembros de ETA por su presunta vinculación con la aparición de un zulo hace apenas un año -todo ello al tiempo desarrolla una Ley para investigar presuntos excesos policiales, sin carga probativa ni tribunal colegiado para aplicarla, para hechos acaecidos haces más de 40 años-“.

Policía y Guardia Civil, sin trascendencia en Bilbao

También critican, además, lo que califican de blanqueamiento de ETA, como al dirigente ‘Josu Ternera’ se le presenta ante la opinión pública posando como protagonista en portada “como si de una celebridad o un actor de Hollywood se tratase, mientras la televisión pública vasca realiza documentales de apoyo a los autores condenados judicialmente por el ataque de Altsasua, o tilda de golpistas a las Fuerzas de seguridad del Estado que prestan servicio en el País Vasco”.

Los sindicatos policiales denuncian que hace unos días, en el Ayuntamiento de Bilbao, el pleno rechazó por mayoría que las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil) estén presentes en la Junta Local de Seguridad.

“Parece ser, y a modo de ejemplo, que las más de 4.000 personas dactilarmente identificadas por la Brigada de Policía Científica de Policía Nacional en la capital vizcaína durante el pasado 2019, el centenar de detenidos por falsedad documental en el aeropuerto, las más de 200 detenciones llevadas a cabo por la Udyco de Policía Judicial en materia de delincuencia organizada, las incautaciones de drogas, los miles de informes emitidos, los cientos de delitos esclarecidos, las sustancias estupefacientes intervenidas, las operaciones contra la trata de seres humanos, las víctimas de explotación sexual liberadas, las detenciones o la investigación de delitos relacionados con el yihadismo o los más de 100.000 DNI y pasaportes realizados por la oficina de expedición de Bilbao (punta de lanza en esta materia en nuestro país), no tiene trascendencia ni interés en materia de seguridad para el día a día de nuestros conciudadanos, según concluye el Ayuntamiento de Bilbao”.

Un grupo de siete vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sostiene que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez es “contraria a nuestra Constitución y a los estándares establecidos en el seno del Consejo de Europa y de la Unión Europea”.
Así consta en la propuesta de declaración que los consejeros José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manu

La batalla judicial por la propiedad del Pazo de Meirás continúa en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado por la familia Franco contra la sentencia que declara que el Estado es propietario de la que fue residencia de verano del dictador Francisco Franco en Galicia.

En un auto emitido esta semana, el juzgado admite en su totalidad el recurso presentado por los seis nietos del dictador y anuncia que dará traslado de su decisión a las demás partes, que tendrán un plazo de diez días para presentar escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la sentencia.

El recurso que el juzgado acaba de admitir a trámite califica la sentencia que da la primera victoria judicial al Estado de “notoriamente parcial, sesgada y tendenciosa” y se muestra muy crítica con la juez que la dictó, Marta Canales, porque cree que emitió su fallo sin tener en cuenta sus argumentos en el juicio, actuando “como si nosotros no hubiéramos comparecido”.

La sentencia recién recurrida estima la demanda presentada por la Abogacía del Estado y condena a la familia del dictador a entregar el inmueble de la localidad coruñesa de Sada, al concluir que la propiedad fue donada a Franco como jefe del Estado, no a título particular, y que, tres años después, él realizó una compra “simulada” en la que “Franco nada compra”.

Los argumentos de la sentencia

El fallo judicial se basa en que la magistrada considera nula la donación del Pazo de Meirás a Franco realizada en 1938, durante la Guerra Civil y en su condición de autoproclamado jefe del Estado, “por carecer del requisito esencial de forma”, y que la operación de compraventa firmada por Franco en 1941 para adquirir el Pazo a su nombre fue una “simulación” para inscribir la finca en el Registro de la Propiedad.

La magistrada sostiene que el Estado ha acreditado “de forma contundente” la posesión pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueño, pero sus argumentos no convencen a la familia Franco, que en su recurso se pregunta: “¿Por qué el Estado no hizo valer su condición de propietario tras la muerte del caudillo? ¿Por qué han esperado 44 años?”.

Los herederos del dictador, a los que la sentencia retira el Pazo sin derecho a recibir indemnización, presentaron un recurso de 140 páginas en el que sostienen que la jueza recoge en su fallo “razones históricas, políticas y/o puramente morales”, recurriendo a argumentos históricos “irrelevantes”, en lugar de “atender exclusivamente a argumentos jurídicos”.

Presentan “muy mal” a Franco

Los abogados de la familia Franco consideran “de todo punto inadmisible y esencialmente improcedente en el concreto foro en el que nos encontramos” recurrir a argumentos históricos como las donaciones obligadas para la adquisición del inmueble, pues sostienen que tan sólo tienen como objetivo “presentar un escenario que habla mal, muy mal, del abuelo de mis representados”.

Los Franco piden la total revocación de la sentencia e íntegra desestimación de la demanda presentada por el Estado, y a la que se adhirieron la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Sada y >La Coruña y la Diputación Provincial, y que se tengan en cuenta sus argumentos, desoídos por completo por la juez.

Entre otras cuestiones, argumentan que aunque Franco no pagase nada por el palacete, el título de venta de 1941 que la jueza anula es válido e insisten en que la Administración pudo hacer valer su condición de propietario, instar la modificación del Registro y abstenerse de reconocer a los sucesores de Franco como propietarios del inmueble, “tan pronto como se produjo el fallecimiento de este en noviembre de 1975”, pero no lo hizo.

El proyecto del PSOE y Unidas Podemos para la reforma del Consejo General del Poder Judicial ha desatado todo tipo de reacciones y acusaciones en nuestro país, elevando el tono en todas las intervenciones. Y desde la capital europea llegan los primeros mensajes directos. Son de aviso, genéricos en su mayoría, pero con una misma idea: hay que “reducir la influencia del poder legislativo o Ejecutivo sobre el judicial” y es importante, antes de cualquier reforma, consultar con todos los actores relevantes.

En los dos últimos días se han alzado las voces que instan a Europa a intervenir. Desde Madrid, donde los magistrados insinúan que acudirán en busca de amparo o ayuda. O desde Varsovia, pues su Gobierno considera la posición de la Comisión Europea hipócrita, por cargar contra la reforma que ellos tramitaron pero callar ante la española. La respuesta en las instituciones es que, de momento, es pronto. “La Comisión Europea está al corriente del anuncio sobre este nuevo borrador legislativo. Estamos siguiendo de cerca el desarrollo de este asunto”, ha explicado a este diario un portavoz de Justicia.

Nadie en el equipo de Ursula von der Leyen cree que lo que ocurre en España sea remotamente parecido a lo que lleva años viéndose en Hungría o Polonia. Son universos completamente diferentes. Pueden ver con dudas, recelos y hasta con preocupación o alarma movimientos como el de la reforma del CGPJ, y en algunos sectores se percibe esa inquietud, pero no es algo sistémico. No ha habido choques abiertos, no hay sentencias del TJUE firmes, no hay crisis política. Es, por ahora, un proyecto. Algo que seguir de cerca pero que no genera alarma a todos los niveles, a pesar de que la decisión del Gobierno y la polémica llegan en un momento delicado, pues precisamente los 27 están enrocados en un debate profundo y agresivo sobre un mecanismo sobre el Estado de Derecho. Precisamente para intentar presionar a quienes, según Bruselas, están en medio de una deriva muy peligrosa. “Estamos preocupados, no es el camino adecuado ni el momento adecuado”, explican fuentes europeas.

“En su reciente informe sobre el Estado de Derecho, la Comisión destacó la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o Ejecutivo sobre el judicial para reforzar precisamente la independencia del mismo. En concreto, en la parte dedicada a España, el informe mencionaba la situación del Consejo General del Poder Judicial como un desafío. Es importante asegurarse de que el CGPJ no sea percibido como vulnerable a la politización”, ha explicado el portavoz de la Comisión esta misma mañana. Es la misma idea contenida en el informe y que bebe de años de recomendaciones y advertencias del Consejo de Europa, una institución que no pertenece a la Unión.

Ahí, precisamente, reside uno de los matices más relevantes en el comunicado de la Comisión Es exquisitamente diplomático, aséptico incluso, pero la referencia a la Comisión de Venecia, el órgano encargado dentro del Consejo de Europa de lidiar con las cuestiones más espinosa, no es casual. Es al que se han tenido que remitir muchas veces para abordar problemas judiciales de fondo, como en el caso precisamente de la reforma polaca. Y Bruselas, ahora, pide a Madrid que cualquier cambio en la ley del CGPJ se haga con los estándares mínimos.

Hace unas semanas la Comisión publicó un largo informe sobre la situación del Estado de Derecho en los 27 Estados Miembros, una forma de apuntar a lo que hacen Varsovia y Budapest, pero camuflando un poco la estrategia. En lo que respecta a nuestro país había dos grandes preocupaciones: la parálisis en el CGPJ desde diciembre de 2018 y la Fiscalía General del Estado.

El balance general de nuestro país era positivo, y no se recogieron por ejemplo ninguna de las críticas vertidas desde la Generalitat de Cataluña, que intentó que el documento recogiera como graves violaciones todo el juicio del procés o el tema de las euroordenes a Carles Puigdemont y sus ex consejeros. Pero entonces no había noticia todavía del intento de los dos partidos de la coalición de Gobierno para cambiar la ley, tal como quieren hacer ahora.

“Como reflexión más general, cuando los Estados Miembros reforman el poder judicial deben hacer siempre en consultas con todos los actores relevantes, incluyendo la Comisión de Venecia. Los Estados deben seguir los estándares europeos para asegurarse de que la independencia de los jueces no se ve comprometida”, zanja la Comisión en su respuesta ante lo que, por ahora, son pasos iniciales. Hasta que no haya una tramitación o una aprobación podría no haber más comentarios, si bien los técnicos comunitarios siguen de cerca el proceso y están intercambiando información constantemente.

De hecho, como explica hoy EL MUNDO, el Gobierno precisamente dijo en uno de esos intercambios regulares con los funcionarios europeos, como parte de la redacción del Informe sobre el Estado de Derecho, que a su entender la exigencia de una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso de los Diputados “garantiza, a la par que la absoluta coherencia con el carácter general del sistema democrático, la convergencia de fuerzas políticas diversas, y evita la conformación de un CGPJ que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural, reforzando su independencia frente al poder político”. Una sólida defensa de lo que, ahora, quiere cambiar.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha anunciado que la futura ley de protección de la infancia y la adolescencia incluirá la suspensión del régimen de visitas de los hijos cuando su padre haya maltratado a la madre y ésta tenga una orden de protección.

Esta ley ha incorporado dos enmiendas para proteger a los menores hijos de víctimas de violencia de género, ha adelantado Rosell este miércoles ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados.

La primera es que los jueces estén obligados a suspender el régimen de visitas de un progenitor denunciado por violencia de género cuando se hayan dictado órdenes de protección de la madre y haya indicios de que los hijos han estado expuestos a esa violencia. Otra enmienda está destinada a reforzar que los jueces retiren la custodia compartida a los padres en los casos de violencia de género.

Esta ley orgánica de protección integral dela infancia y la adolescencia frente a la violencia, en la que trabaja la Vicepresidencia de Derechos Sociales, también impedirá que los menores tengan que visitar a su padre a la cárcel cuando haya sido condenado por violencia de género y acabará con la aplicación del denominado síndrome de alienación parental en la concesión de custodias de menores.

En torno a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia sobre la mujer, el Ministerio de Igualdad celebrará un acto de homenaje a las víctimas de las violencias machistas y Rosell ha mostrado su deseo de que fuera un acto en el que participen todas las fuerzas políticas e instituciones. “Mi sueño es que pudiéramos hacer un acto de conjunto, de país, les debemos un homenaje de estado a todas las víctimas -de violencias machistas-“, ha expresado Rosell.

La delegada ha avanzado además que en noviembre se lanzarán tres campañas de sensibilización contra la violencia machista destinadas a la población general, los adolescentes y los hombres, ésta última para prevenir aquellas violencias que no se identifican como tales que tienen que ver con gritos, acoso y humillaciones.

Rosell ha criticado durante su comparecencia la intervención de la diputada de Vox Carla Toscano, que ha insistido que la violencia no tiene sexo y ha acusado al Gobierno de tener una “falsa preocupación por la mujer” cuando lo que esconde es “avaricia y ansia de poder”. La delegada ha aseverado que la inmunidad parlamentaria no puede utilizarse para depauperar la institución democrática que es el Parlamento.

Desde el PP y Vox han preguntado a Rosell por la imputación del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés -que ha renunciado a su cargo este miércoles- por un presunto delito de malos tratos.

La delegada ha defendido que la Delegación no puede pronunciarse sobre personas que no han sido juzgadas, por respetar su presunción de inocencia: “Nunca he mencionado el nombre de ningún imputado, acusado o sospechoso de violencia machista, trabajamos sobre las víctimas”, ha zanjado.