Las primarias de Podemos en Canarias para elegir nueva líder escriben un nuevo capítulo de acusaciones de amaño y fraude. En las próximas horas será designada coordinadora autonómica Laura Fuentes, la candidata respaldada por la cúpula de Madrid, en especial por el secretario de Organización, el canario Alberto Rodríguez. Lo hace después de que su rival, Meri Pita, diputada en el Congreso, haya retirado su candidatura censurando la falta de “transparencia” y “democracia interna” en el proceso, acusando a la dirección de “autoritarismo”.

Pita, que abanderaba la candidatura En Canarias Podemos, además de diputada es responsable estatal de pensiones de Podemos en la comisión ejecutiva y ya lideró el partido en esta región. Era considerada afín al pablismo. Como cabeza visible de 1.456 inscritos pidió “transparencia, democracia interna y neutralidad”. La respuesta del partido le hizo ver que no había “garantías de limpieza del proceso” y se retiró.

“La Asamblea Canaria se inicia desde el impulso y las estructuras de la Secretaría de Organización, supongo que de alguna forma Alberto Rodríguez pensó que como era canario ese proceso le correspondía, y pensaban que sería un paseo de la actual dirección”, expone Pita a este diario.

La desconfianza surge por las acusaciones de pucherazo en otros procesos -en La Rioja se emitieron varios votos desde una misma IP, algunos de ellos sin que la persona supiese que votaba- y por una carta que decían firmar miembros del equipo de informática de Podemos, este verano, donde alertaban de que se eliminan votantes del censo sin que éstos lo supieran. Para poder votar en un proceso interno de Podemos, el inscrito debe verificarse y estos informático denunciaron que el partido desverificaba gente, de manera que creían estar votando, pero su voto no contaba.

La clave, los censos

“Mil quinientos militantes se empeñan en exigir que se tape ese agujero que ellos mismos de alguna forma han facilitado. Creo que tienen razón en pedirlo, que hay que exigir que los procesos sean impecables, que no puede ser que estemos por debajo en transparencia y garantías de los partidos de nuestro entorno. No vinimos a la política para dar carta blanca a los cargos, queremos garantías y procesos transparentes”, expone Pita.

Su lista se puso en contacto con Organización, con Rodríguez. Tres comunicaciones por vía interna. “A la tercera nos respondieron de una manera displicente diciendo que daba igual quién lo pidiera y qué es lo que pidiera, que esto era así, que la Asamblea Canaria se hacía como el Secretario de Organización decía”. La contestación, claro está, hizo a Pita y su equipo replantearse su participación en las primarias, sobre todo porque, según expone la diputada, el partido admite “fallas” en las votaciones.

– Cuando dice que el partido admite que fallas en el proceso, ¿a qué se refieren?

– La respuesta del secretario de Organización dice que efectivamente hay votos que se emiten pero no se cuentan y que, entre otros factores, depende de que a través de una verificación se hayan incorporado a un censo diferente al censo general. Y que esos censos no sólo no son públicos, sino que no los ve nadie más que la propia Secretaría de Organización. El único control se lleva a cabo por el Delegado de Protección de Datos, que resulta que es el coordinador de la propia Secretaría de Organización.

“Candidatura retirada por iniciativa propia” pone en el lugar de la web donde se debería consultar la candidatura de Pita. La diputada reconoce que “nunca en términos personales he detectado la menor irregularidad así que no tengo ninguna sospecha”, pero sí admite “un clima general de sospecha. Lo lógico es que sin plantearlo en términos de confrontación se solucionen. Es lo que cualquier responsable de organización tiene que hacer. Desde el momento en que las irregularidades son posibles, las sospechas son inevitables. Lo que ha ocurrido ha sido un acto de autoritarismo y de incompetencia”.

La decisión de Pita de retirarse es personal, ante la situación y las “fallas” detectadas en el proceso. Señala que nadie del partido se ha puesto en contacto con ella. Un paso que deja un sabor amargo. A decepción. “Soy una persona fundamentalmente orgánica y leal a la organización. Lo extraoficial no existe en un partido político, son actitudes personales. Y oficialmente el partido no se ha puesto en contacto conmigo ni con nadie. Ni para bien ni para mal. El partido se ha limitado a ponerle el nombre de Pablo Iglesias a la otra candidatura mientras sus miembros se dedicaban a descalificar a los nuestros en redes de desleales y traidores por el simple hecho de pedir transparencia en el proceso de votación. Un desastre”.

La diputada, pese al revés y la pugna abierto con la Secretaría de Organización, se ve trabajando en el seno de Podemos. “No necesitamos militantes sumisos, no podemos ser un partido de cargos públicos disciplinados por la expectativa de aparecer en una lista. Eso es exactamente lo que no somos, lo que nos diferencia de otros partidos, para eso organizamos unas primarias abiertas a la ciudadanía. Voy a seguir trabajando al servicio de ese partido, de un Podemos abierto, horizontal, donde no se acuse de traición al que reclama”.

El sector oficial devuelve la acusación de fraude a Pita

Ante las acusaciones de la candidatura de Pita, desde Un Podemos Canarias Contigo -avalada por Pablo Iglesias-, se acusó a ésta de alentar “mentiras”. “En vez de tener discusiones políticas entramos en descalificativos, normalmente personales, en mentiras, y como si esto no fuera suficiente, ahora también en el cuestionamiento de nuestro propio proceso de primarias, en sembrar la duda en el trabajo de nuestro secretario de organización estatal, debilitando y haciendo un daño irreparable a Podemos”, expuso la candidatura de Laura Fuentes.

Desde la cúpula, Miguel Ongil, responsable de Transparencia de Podemos, ha respondido a Pita devolviendo la acusación de fraude. “Estoy harto de ver cómo Meri Pita siembra dudas sin pruebas mientras yo callo habiendo sido testigo y teniendo pruebas de su fraude y sus votos retirados en las últimas primarias. Entiendo su pánico porque ya no está Calvente y cía para taparla… pero basta ya de jugar sucio”, ha escrito en las redes sociales.

Ongil señala que en todo caso el amaño o fraude ha estado en la candidatura de Pita a la hora de recoger firmas: “Así que no te fías de un censo con DNI verificados, identificación por móvil y control anti-fraude pero nos tenemos que creer que las 1.400 firmas recogidas con SurveyMonkey sin pedir ni un email son personas reales. Me consta hasta el Pato Donald lo firmó”.

El Gobierno no se limitará a rebajar la mayoría cualificada de tres quintos (210 votos) del Congreso por una mayoría absoluta (176) sólo en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si la falta de entendimiento con el PP persiste, Moncloa quiere extender esa operación a otras instituciones donde es necesario el concurso del primer partido de la oposición, como el Defensor del Pueblo.
La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ya no lo descartó hace unas día

Las personas en España que han recibido disparos accidentales por la actividad de caza con arma se sitúan en un total de 605 durante un tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 6 de septiembre de este año, de las cuáles 51 han perdido la vida, según datos oficiales proporcionados por el Gobierno.

Las Comunidades Autonómas que han registrado más accidentes de estas características son Castilla-La Mancha, con 178 personas heridas y 12 fallecidas; Andalucía, con 131 personas heridas y 9 fallecidas; y Castilla y León, con 79 personas heridas y 9 fallecidas.

Por el contrario, Cataluña y País Vasco son las dos únicas regiones en las que no ha habido ninguna persona que haya sufrido disparos accidentales relacionados con la actividad de caza por arma y tampoco ha habido ningún fallecido por esta causa.

Sin embargo, el resto de Comunidades Autónomas sí que han registrado en mayor o menor medida alguna persona herida y fallecida durante este período de tiempo. Así, a las regiones anteriormente citadas les siguen Galicia (47 heridos y 9 fallecidos); Extremadura (44 heridos y 4 fallecidos); Aragón (30 heridos y 3 fallecidos); Comunidad Valenciana (28 heridos y 2 fallecidos); Asturias (25 heridos y 5 fallecidos); La Rioja (10 heridos y 2 fallecidos); Madrid (9 heridos y 1 fallecido); Murcia (9 heridos y 0 fallecidos); Baleares (6 heridos y 0 fallecidos); Cantabria (4 heridos y 0 fallecidos); Navarra (3 heridos y 0 fallecidos); y Canarias (2 heridos y 0 fallecidos).

El Ejecutivo ha facilitado esta información a través de una respuesta escrita a una iniciativa de Compromís en el Senado, que pedía los datos oficiales sobre el número de personas que han recibido disparos accidentalmente, así como conocer las cifras desglosadas de cuántas mujeres han sufrido este tipo de accidentes.

Asimismo, el Gobierno central ha informado del número de mujeres que han recibido disparos accidentales por la caza con arma y, según el propio Ejecutivo, de las 15 mujeres heridas y la fallecida por esta causa, ninguno está catalogado como posible caso de violencia de género.

Según estos datos, una mujer perdió la vida en la Comunidad de Madrid a causa de estos disparos accidentales por la caza con arma, mientras que 15 fueron heridas en Cáceres, Ciudad Real, Huesca, Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Tenerife, Toledo y Valladolid.

Asimismo, el Gobierno ha detallado que una persona en Córdoba y otra en Toledo han recibido disparos accidentales siendo menor el autor de estos disparos. Por el contrario, 17 menores han sido heridos y uno ha fallecido en este espacio de tiempo.

Según cifras oficiales, en España en 2019 había un total de 2.576.495 de permisos de armas de licencias D (armas largas rayadas para caza mayor) y E (armas de tiro deportivo y escopetas de caza), siendo Madrid la región dónde más permisos existen (241.256).

Esta cifra total supone un retroceso respecto a la de los años anteriores. Por ejemplo, en 2018 existían un total de 2.596.547 de permisos de estas armas, mientras que en 2017 habían 2.603.569 permisos de estas armas.

Efectivos de la Guardia Civil han detenido en Zaragoza a dos jóvenes, de 19 y 20 años, implicados en la agresión sexual a una compañera de trabajo de una fundación de asistencia a menores no acompañados.

Según ha informado este miércoles el Instituto Armado, la presunta agresión sexual se produjo la madrugada del pasado 7 de octubre tras una cena en un establecimiento hostelero de la localidad zaragozana de Utebo, que reunió al supuesto autor de los hechos con la víctima y una compañera de ésta.

Después de cenar, sobre la 01.00 horas de la madrugada, el grupo abandonó el restaurante en un vehículo conducido por el detenido y dejaron a la compañera de la víctima en su domicilio.

El sospechoso paró en Zaragoza a recoger a un compañero de trabajo, que se sentó en el asiento trasero del vehículo y, tal como consta en la denuncia, empezó a pellizcar en el cuello a la víctima al reanudar el viaje, mientras el conductor introducía sus dedos en los órganos sexuales de la mujer.

Al llegar a Utebo, el joven que ocupaba la parte trasera salió del vehículo, momento en el que el sospechoso cometió la violación.

Tras la presunta agresión, sobre las 3.00 horas de la misma madrugada, la mujer consiguió zafarse de su atacante y se escondió en las proximidades de lugar, cerca de un establecimiento hostelero desde el que llamó a una amiga para solicitar ayuda, quien, a su vez, alertó a la Guardia Civil de los hechos.

La mujer fue trasladada a un centro hospitalario de la capital aragonesa para ser atendida. De la información recabada por los especialistas de la Policía Judicial tras la salida de la víctima del hospital y otras gestiones realizadas se pudieron reconstruir los hechos e identificar a los presuntos agresores.

Los dos jóvenes, de nacionalidad marroquí, fueron detenidos unas horas después por agentes del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en el barrio zaragozano de Casetas, uno en calidad de presunto autor de los hechos y el otro como cómplice.

Ambos se habían trasladado a Zaragoza para apoyar al personal de la fundación en la que trabajan, con la intención de regresar unos días después a sus puestos en otras sedes de la organización en el país.

Los detenidos pasaron un día después a disposición judicial por su participación en la presunta agresión sexual, y después fueron puestos en libertad con cargos.

El vehículo donde se produjeron los hechos fue inspeccionado por especialistas del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil para la recogida de pruebas.

La segunda ola de la pandemia por Covid-19 sigue aumentando el número de casos entre la población que, en teoría, más alejada estaba del riesgo a contagiarse.

Los casos de coronavirus han aumentado sobre todo entre niños y adolescentes de entre 10 y 19 años, con un aumento de un 96% desde finales del pasado mes de mayo. También en niños menores de nueve años los casos de coronavirus se han incrementado, concretamente un 80% desde mayo.

El último caso de contagios en bebés ha sido registrado en Ceuta, donde un recién nacido lleva ingresado en el Hospital Universitario desde el pasado sábado, según publica El Faro de Ceuta.

El pequeño presentaba un cuadro de fiebre con diarrea días después de que su madre hubiese recibido el alta. El citado diario expresa que la mujer había seguido el protocolo indicado antes de abandonar el centro y había dado negativo en el PCR.

El bebé está recibiendo toda la atención y permanece en todo momento controlado con la esperanza de que los síntomas vayan remitiendo con el paso de los días.

Ceuta se encuentra en el peor momento epidemiológico con un escenario cada vez más preocupante por el crecimiento de contagios en la ciudad. Tal como publica El Pueblo de Ceuta, hay 254 casos activos, a lo que hay que sumar el aumento de hospitalizados y de las personas que se encuentran en UCI, un total de seis.

1.- El Congreso analiza con Escrivá anular las penalizaciones por jubilación anticipada a los trabajadores con más de 40 años de cotización

El Congreso estudia cómo aplicar una excepción de sus penalizaciones por anticipar la jubilación sobre los trabajadores con carreras de cotizaciones más largas. Los agentes sociales comenzaron ayer a negociar la reforma de las pensiones con el Gobierno.

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El teniente fiscal del Alto Tribunal acepta que un grupo de fiscales analice los indicios contra el vicepresidente.

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El punto de no retorno está más cerca de lo que nuestros instintos nos llevan a suponer, mientras las verdades parciales sobre el Covid conducen a una negación progresiva. El escritor italiano Paolo Giordano analiza cómo hemos llegado hasta aquí.

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6.- Ibon Zugasti, el ciclista loco que se hizo viral: “Con 32 años dejé una vida de yuppie por la bicicleta. Mi madre me quería matar”

Descubrió la bicicleta en Barcelona, mientras estudiaba Diseño Gráfico. Y la obsesión llegó hasta tal punto que lo dejó todo por su sueño. Con 40 años llegó a ser profesional.

La postura que adopte el Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de abrir, o no, una causa al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por la pieza Dina, que se investiga en el marco del llamado caso Villarejo, será adoptada por los ocho fiscales de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha abstenido del asunto por afectar a un miembro del Ejecutivo y ha dejado en manos del teniente fiscal del Alto T

Las democracias mueren cuando se socava alguno de sus pilares, del sufragio universal a la libertad de prensa o la separación de poderes. Hoy en Europa las democracias no se debilitan tanto por una amenaza exterior como por deslizamientos iliberales trazados y ejecutados desde el poder. Así ocurrió durante el procés, cuando la Generalitat decidió utilizar los instrumentos del Estado contra la mitad de Cataluña y contra el resto de España; y esa misma senda autocrática y sectaria quiere trans

La historia del manoseo del Consejo del Poder judicial está embutida de enredos pero lo que se intenta perpetrar ahora entra en el terreno de la fullería. Una proposición de ley que pretende ser aprobada orillando los informes del Consejo del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, de la Comisión de Codificación y del Consejo de Estado. El primero con el argumento de que su mandato está caducado y los otros porque se teme que emitan una descalificación contundente. ¿O es que el Consejo de Estado se

La Fiscalía ha recurrido este martes la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a ratificar el confinamiento que quiso imponer el Ministerio de Sanidad. Esa respuesta del tribunal fue la que llevó al Gobierno central a declarar el estado de alarma.

El Ministerio Público pide al tribunal que rectifique su decisión inicial y que en todo caso resuelva “con la máxima urgencia” para poder recurrir ante el Tribunal Supremo. De esa forma se podrán tener unos “criterios de interpretación” homogéneos que unifiquen las decisiones de los tribunales superiores, que han adoptado soluciones distintas.

La Fiscalía hace así referencia a decisiones como la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que al día siguiente del no de Madrid dio una respuesta afirmativa a una solicitud prácticamente idéntica.

“Se solicita la reposición o reforma del auto dictado con la máxima urgencia para, asimismo con la mayor celeridad, se inste por el Ministerio Fiscal un pronunciamiento de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que deberá establecer criterios e interpretación de las facultades que a las autoridades autonómicas atribuye la vigente legislación sanitaria”, dice la Fiscalía. “El Tribunal de Justicia de Madrid”, añade, “no es el órgano a quien corresponde establecerlos y los demás Tribunales Superiores han asumido hasta ahora posiciones distintas a las del TSJ de Madrid que por razones de seguridad jurídica debe unificar el Alto Tribunal”.

El recurso hace referencia a la conveniencia de reformar las leyes, para lo cual las pautas que marque el Supremo serían una buena guía. “Su decisión será sin duda un sólido fundamento para llevar a cabo las reformas legales que el legislador, si lo estima oportuno, debe plasmar en nuevas normas. Mientras tanto el Ministerio Fiscal promueve la unificación de criterios unitarios de interpretación de las normas vigentes que son los plasmados en este escrito y en los informes anteriores”.

El recurso interpuesto debe resolverlo el mismo tribunal que adoptó la resolución recurrida -la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo-, por lo que las posibilidades de éxito son escasas. Frente a la desestimación, la Fiscalía podrá presentar un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

El escrito pide al tribunal que se ciña a lo que otros magistrados del TSJ acordaron anteriormente, avalando las peticiones de ratificación de confinamiento que les presentaba la Comunidad de Madrid. La Fiscalía critica tanto la actuación de los magistrados que adoptaron la última decisión como la actitud de la Comunidad a la hora de solicitar el confinamiento exigido por Sanidad.

Sin ganas

Considera que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso hizo la petición “de pasada y sin desarrollo argumentativo”. Y que simultáneamente el TSJ “ha eludido y dejado imprejuzgada la solicitud de ratificación y el juicio de proporcionalidad sobre medidas que son idénticas a las ponderadas en los autos de 24 de septiembre y 1 de octubre, y lo ha hecho esgrimiendo de oficio una argumentación que ni expone con claridad ni desarrolla y fundamenta el propio Letrado de la Comunidad”.

En su opinión, la Sala no tenía que ceñirse estrictamente a lo que legaba la comunidad de Madrid, sino “sino al derecho aplicable” que ya había servido antes al mismo tribunal para dar luz verde a la restricción de derechos fundamentales. La Fiscalía considera que el TSJ tenía que haberse limitado a ponderar si las medidas propuestas eran “proporcionadas” a la situación sanitaria y no, como hizo, examinar una orden de Sanidad para la que ni siquiera sería competente.

La Comunidad de Madrid llevó al TSJ la ratificación de las medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad. En la solicitud sólo mencionó la ley que permite al ministerio coordinar medidas sanitarias de las CCAA. Los magistrados concluyeron que esa norma -Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud- no permite limitar derechos fundamentales. Por el contrario, ante la misma situación el TSJ castellanoleonés interpretó que, aunque no citadas expresamente, la solicitud se basaba en otras leyes sanitarias que sí daban amparo a esas limitaciones.

Con la declaración del estado de alarma la decisión del TSJ ha sido superada para este caso concreto. Sin embargo, el criterio que acabe fijando el Supremo puede marcar futuras decisiones de las CCAA y sus tribunales superiores.