El Tribunal Constitucional tumba parte del Plan de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña. En una sentencia, notificada este martes, el pleno ha estimado parcialmente el conflicto positivo de competencia interpuesto por el Gobierno contra el acuerdo de 25 de junio de la Generalitat, por el que se aprueba el plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022.

La sentencia considera que diversos puntos de este plan infringen la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña por “vulnerar las competencias estatales y no ajustarse a las estatutariamente asumidas por la Generalidad”.

En una sentencia, ponencia del magistrado Alfredo Montoya, el Alto Tribunal argumenta que en la competencia reservada al Estado por la Constitución se integran “no solo las facultades clásicas que el Derecho internacional reconoce a los estados como sujetos de ese derecho”, sino también “una potestad más amplia de dirección y puesta en ejecución de la política exterior entendida como estrategia, posicionamiento y actuación del Estado en el ámbito internacional en defensa de los intereses y valores de España, que permite al Gobierno, en tanto que director de la política exterior del Estado, coordinar las actuaciones autonómicas con proyección exterior, a fin de garantizar los objetivos de política exterior estatal e impedir eventuales menoscabos de esa política exterior”.

El tribunal de garantías argumenta que la acción exterior de las comunidades autónomas no invade la competencia estatal en materia de relaciones internacionales siempre que se cumplan dos requisitos.

Los requisitos

Por un lado, que las actividades con proyección exterior se ciñan al ámbito de sus competencias atribuidas estatutariamente. Y por otro, que el ejercicio con proyección exterior de tales atribuciones respete la competencia estatal de relaciones internacionales, de modo que no presente a la comunidad autónoma como un sujeto de derecho internacional ni comprometa la unidad y coherencia de la política exterior articulada por el Gobierno del Estado.

Se anula, por ejemplo, la “puesta en marcha del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña” o su “participación proactiva en los foros multilaterales de máximo interés”.

Asimismo, la sentencia cuenta con varios puntos también impugnados del plan de acción exterior de Cataluña, que se declaran constitucionales si se interpretan según lo acordado por el propio TC.

Por ejemplo, “las referencias a “Cataluña como actor reconocido en el mundo”, así como las alusiones a países y acuerdos que se contienen en diversos puntos del plan”, no son inconstitucionales si se interpretan como que no implican atribución de subjetividad internacional a esta comunidad autónoma.

Dos votos particulares

El reto para “avanzar hacia la soberanía económica en un contexto global” no es inconstitucional si se interpreta el término “soberanía económica” no en términos de capacidad autonómica para decidir y acoger la incorporación y aceptación de modelos o sistemas económicos, sino, por el contrario, en el de avanzar en la capacidad de influir en las decisiones económicas que afecten a las competencias de Cataluña.

La sentencia cuenta con dos votos particulares concurrentes de los magistrados del sector progresista Juan Antonio Xiol y María Luis Balaguer.

La decisión de Pedro Sánchez de permitir la presencia de Felipe VI en la entrega de premios de la nueva edición de la Barcelona New Economic Week el próximo viernes, para acallar las críticas por el veto impuesto al Monarca en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, ha suscitado ya el rechazo rotundo de los socios morados del Ejecutivo para quienes, la presencia del Rey “no lanza un mensaje de modernidad y buen hacer”.

Así lo ha expresado el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de la rama catalana de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, para quien, en coincidencia con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, “la visita de Felipe VI es desaconsejable ahora igual que lo era hace dos semanas”.

El PSOE, por su parte, mantiene una posición contraria. Para los socialistas, tal y como ha manifestado Rafael Simancas, prima la “lealtad” a la Corona como parte principal del pacto constitucional. La próxima visita del Rey a Barcelona, ha dicho, forma parte de la “normalidad institucional”

Pisarello revisa así completamente la versión del Gobierno en virtud de la cual la decisión de que el Rey no acudiera a la entrega de despachos de los jueces fue tomada de común acuerdo con Zarzuela y se debió exclusivamente a un deseo de no tensar la convivencia ante la inminente decisión del Supremo de inhabilitar al ya ex presidente de la Generalitat Quim Torra.

De las palabras de Pisarello se deduce que las razones de fondo para el citado veto no obviaban el rechazo de Unidas Podemos y sus corrientes a la Corona, una institución a la que acusan de “falta de transparencia”, de haber dejado de lado la “neutralidad” que le impone la Constitución y dejarse “secuestrar por la derecha política y judicial”.

“Celebramos la presencia del presidente Pedro Sánchez y del ministro José Luis Ábalos pero no la del Rey, que no contribuye a lanzar el mensaje de modernidad y buen hacer que necesita una iniciativa de este tipo. Son tantas las opacidades que le rodean que no es el mejor embajador”, ha afirmado el diputado de En Comú Podem quien, además, no ha dudado en asegurar que esta es una opinión “compartida” en el espacio político que representa. En definitiva, que es apoyada por los miembros de Unidas Podemos que forman parte del Ejecutivo.

Pisarello ha vuelto a acusar al Monarca de “falta de neutralidad” y ha hecho hincapié en que “permanece secuestrada por la derecha política y judicial” lo que la lleva a “alejarse de su papel constitucional”.

“Mientras la monarquía no se aleje claramente de la derecha política, judicial y mediática, será embajadora del atraso y no de la modernidad. Mientras de cobertura a la huida del Rey emérito a una dictadura, será muy difícil vincularla a la modernidad y al cambio”, ha asegurado el secretario primero de la Mesa quien no ha desaprovechado la ocasión para cargar contra el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y contra el ex presidente Felipe González, a los que acusa de alentar el que la monarquía “se aleje de la Constitución”.

Vox, contra el homenaje a Manuel Azaña

Pisarello se ha pronunciado en estos términos al finalizar las reuniones de la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces. El órgano rector de la Cámara ha decidido además celebrar el próximo 3 de noviembre un homenaje a quien fuera presidente de la República (1936-39), Manuel Azaña, en el 80 aniversario de su fallecimiento. Sólo Vox ha votado en contra de este homenaje.

La Mesa de la Cámara ha calificado además la moción de censura de Vox contra el Gobierno, lo que implica abrir a partir de ahora un plazo de dos días durante el cual podrían presentarse mociones alternativas. Fuentes de la Mesa aseguran que la fecha de celebración de la moción será fijada la semana que viene y apuntan al martes, miércoles 20 y 21 de octubre.

Son seis frases como seis arponazos. 6 alertas 6 que, a toro pasado, contradicen el relato sobre la escasez de información con la que contaba el Gobierno antes del 9 de marzo. Son 92 palabras que, aun siete meses después de haberse plasmado en un informe confidencial, se pueden leer como todo un «yo acuso» sobre los primeros compases de la pandemia de Covid-19. La prueba del nueve de que algo falló de manera estrepitosa en la estrategia de contención del virus.
El 7 y el 8 de marzo, el Departam

El Gobierno ha asumido por completo el argumentario y hasta la terminología de Podemos a la hora de defender al partido morado de las acusaciones de financiación ilegal. Y todo ello a pesar de las serias dudas planteadas por el Tribunal de Cuentas, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales o por diversas investigaciones judiciales abiertas a Podemos. En una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura directamente que las dudas sobre

El 21 de octubre de 2019, una semana después de que el Tribunal Supremo diera a conocer la sentencia del referéndum ilegal del 1-O, el claustro de la Universidad de Barcelona se reunió para aprobar un manifiesto que exigía la libertad de los presos, denunciaba «la deriva autoritaria» de la Justicia y reivindicaba la autodeterminación de Cataluña. Sólo una persona pidió anular la convocatoria. Como el doctor Stockmann en Un enemigo del pueblo, el catedrático de Filosofía del Derecho

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La Guardia Civil ha detenido a tres personas por su presunta relación con un depósito de explosivos de la organización terrorista ETA. La operación se ha concretado en el marco de las actuaciones que el Instituto Armado lleva a cabo para la localización de infraestructuras pertenecientes a los terroristas. Los tres detenidos son Kepa Arkauz, Ekhine Eizaguirre e Imanol Jaio.

La Guardia Civil entiende que son los responsables de un antiguo depósito de explosivos. La infraestructura fue localizada por la Ertzaintza en el mes de junio de 2019 en el municipio de Arraia-Maeztu, en el concejo de Atauri (Álava). En él se encontraron repartidos en dos bidones distintos tipos de explosivos, temporizadores, cordón detonante y detonadores, entre otros elementos para la confección de artefactos explosivos, según informa la Guardia Civil en una nota oficial.

El hallazgo del depósito fue efectuado, de manera fortuita, por un ciudadano que paseaba por el paraje en el que se habían enterrado los bidones.

Los tres detenidos formaron parte en su día del denominado comando Ezpala de ETA, que estuvo activo entre los años 2008 y 2010, y se integraba dentro del complejo Donosti de la banda terrorista. La detención en febrero de 2010 del responsable del citado complejo, Ibai Beobide, propició la huida de sus integrantes, dos de los cuales fueron detenidos en Francia posteriormente y condenados por asociación de malhechores.

Los tres individuos han sido detenidos en la mañana de este lunes en las localidades de San Sebastián e Irún, en la provincia de Guipúzcoa, así como en Vitoria. En estas detenciones, como en otras ocasiones anteriores, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la DGSI francesa. Tanto Ekhine Eizaguirre como Kepa Arkauz estuvieron encarcelados en Francia por integración en banda armada y cuando cumplieron sus condenas en 2017 fueron homenajeados en recibimientos en las localidades de Zarautz y de Arrasate, donde residían en la actualidad. La detención de Arkauz se ha producido en su lugar de trabajo en Vitoria para posteriormente ser trasladado a su domicilio en Arrasate para que estuviera presente en el registro de su domicilio. El juez Ismael Moreno que lidera la investigación judicial vincula a Arkauz y a Eizaguirre con un delito de depósito de armas y explosivos.

Imanol Jaio, sin embargo, permaneció huido en Francia hasta 2017 y también fue objeto de un homenaje en el frontón de Abadiño cuando regresó a España. El auto judicial de detención vincula a Jaio con un delito de pertenencia a banda armada.

La detención de estos tres presuntos miembros de ETA ha provocado la reacción de la coalición soberanista EH Bildu y de organizaciones cercanas al colectivo de presos etarras como Sare. La coalición soberanista liderada por Arnaldo Otegi ha responsabilizado al “Estado profundo” de los arrestos que ha vinculado con un presunto intento de “evitar que se produzcan avances en la construcción de la convivencia”. También Sare (Red, en euskera) ha criticado las detenciones por considerarlas “un paso atrás en el camino de la paz”. Esta plataforma de apoyo a los presos ha convocado concentraciones a partir de las 19.30 horas en Zarautz, Arrasate y Abadiño, las localidades en las que residen los detenidos.

Las universidades públicas catalanas suscribieron en octubre del año pasado un manifiesto de condena a la sentencia del referéndum ilegal del 1-O en el que, entre otras cosas, exigían la inmediata puesta en libertad de los presos, denunciaban “la deriva autoritaria” de los poderes del Estado y revindicaban la autodeterminación de Cataluña. La Justicia ha determinado que esa declaración vulnera el derecho a la educación, a la libertad de expresión y de libertad ideológica. “La universidad forma parte de la administración pública y no es una institución de representación política. Por tanto, está sometida al deber de neutralidad y ese deber implica que la universidad no puede asumir como propia una posición política determinada, y tanto menos cuando esa posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente”, expresa Ana Alonso, magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona.

La juez ha estimado el recurso interpuesto por cuatro profesores contra la resolución del claustro de la Universidad de Barcelona que hizo posible la aprobación del texto. La juez ha declarado nula esta resolución y ha condenado al campus a publicar la sentencia en su web y a pagar las costas. Da así la razón al colectivo Universitaris per la Convivència, al que pertenecen los profesores, que había denunciado, en carta abierta a los rectores catalanes y ante el Defensor del Pueblo, la instrumentalización política de las universidades que implicaban estos manifiestos.

El manifiesto calificaba de injusta a la sentencia del procés, exigía el sobreseimiento de todos los procesos en curso relacionados con la consulta soberanista y rechazaba “la represión y la violencia policial”. Antes de la celebración del claustro de la Universidad de Barcelona, uno de los miembros pidió la anulación de la convocatoria porque consideraba que esta declaración “excedía el ámbito competencial” de este órgano de representación universitario y, sobre todo, “vulneraba” la libertad ideológica y de expresión de todos los miembros de la universidad “al atribuirle a ésta en su conjunto una opinión política determinada, ofreciendo una imagen de unidad que no se corresponde con la pluralidad realmente existente y que puede condicionar el libre desarrollo de las ideas de cada uno”. El claustro desestimó la petición de este profesor y procedió a debatir y votar el manifiesto, que se aprobó por amplia mayoría. Fueron estos hechos los que motivaron la interposición de la demanda.

La sentencia invoca la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual las instituciones públicas no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión, que es un derecho de las personas, y, “por ello, el referido manifiesto no puede tener cobertura en la libertad ideológica y de expresión”, tal como alegaba la Universidad de Barcelona.

“La libertad de expresión no justifica la política”

“La invocación de la libertad de expresión no justifica ni ampara la asunción de una posición política por parte de una institución pública cuya función no sea precisamente la de la representación política”, advierte.

El fallo establece que la exigencia de neutralidad es precisamente la condición de ejercicio de tales libertades por sus genuinos titulares, que no son sino los individuos, profesores y alumnos en este caso. Sin tal neutralidad, se incurre en “una indeseable confusión de funciones administrativas y políticas, que implica el menoscabo de la igualdad y el pluralismo de las ideas y creencias”. La neutralidad, señala la sentencia, “es, por tanto, un medio orientado a la defensa y promoción de la libertad ideológica, en particular, y de los demás derechos y libertades públicas, en general”.

“La universidad pública, como administración institucional que es, no ve ajena a esa exigencia de neutralidad ideológica que se predica del resto de poderes públicos por ser esa condición sine qua non para servir con objetividad los intereses generales”, recalca.

El derecho a la educación también resulta vulnerado, según el fallo, por cuanto la defensa por parte del claustro de actos “declarados en su mayoría inconstitucionales y perseguidos por la jurisdicción penal” no solo infringe el deber de neutralidad ideológica, sino que “dificulta el desarrollo integral de alumnos y profesores que la ley deja en manos de la universidad”.

“Los alumnos, en peligro”

“Con esta condena resulta judicialmente acreditado que una errónea comprensión del principio democrático puede llevar a las universidades a actuar en contra de sus propios valores, llegando hasta el punto de menoscabar la libertad ideológica y de expresión de todos los que la integran y de poner en peligro la formación cívica de sus alumnos”, expresa Ricardo García-Manrique, el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona que originó el recurso.

“A mi juicio, la sentencia es muy significativa de lo que son los derechos fundamentales: dibujan un ámbito de libertad individual que las instituciones públicas deben preservar y promover; en este caso, manteniéndose neutrales. Esa neutralidad no niega su carácter político, sino que subraya de qué manera la universidad es una institución política: contribuyendo a formar una opinión publica ilustrada y plural, libre de miedos ante el poder establecido, sea del tipo que sea”, añade.

«Ponte guapa». Marta Calvo y su madre ya tenían decidido el nombre que pondrían al centro estético que iban a abrir en Puzol, al norte de Valencia, al lado del Mercadona. Habían contratado a dos chicas para poner guapa a la clientela y encargado la cartelería a una empresa de Rafelbunyol, un pueblo vecino. Iba en colores rosa y negro, una combinación que a Marta le chiflaba. «Ella se iba a encargar de las relaciones públicas, era muy buena vendiendo, y yo estaría para llevar el control

España es el país con más abandono escolar temprano de la UE. El 17% de los jóvenes no sigue estudiando más allá de los 16 años, la edad a partir de la cual ningún imperativo legal les fuerza a permanecer en el aula. Hay consenso en la necesidad de incentivar la continuidad de los estudiantes en la escuela. Pero la comunidad educativa se divide entre los que defienden extender la enseñanza obligatoria a los 18 años, como recomienda el Parlamento Europeo para mejorar el nivel de cualificación, y

La delicada situación sanitaria, económica y social que ha provocada la pandemia por el coronavirus ha convertido los fondos europeos en un salvavidas crucial para los países. También, claro está, para España, que recibirá unos 140.000 millones. Para gestionar este dinero, el Gobierno anunciará el próximo miércoles las “líneas maestras” de actuación y aprobará un real decreto ley para “eliminar barreras, cuellos de botella, para que la eficacia en la gestión de estos fondos sea la que deseamos”.

El anuncio lo ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su participación en la clausura del II Foro La Toja. El Ejecutivo considera que esta inyección económica procedente de Europa debe tener un rápido reflejo en las políticas que empredan las distintas administraciones. Por eso, el miércoles anunciará las líneas generales del programa de recuperaciuón -transición ecológica, igualdad de género…- y anticipa la necesidad de que comunidades y municipios se “pongan en marcha” para “gestionar con eficacia” el fondo europeo.

Este propósito de celeridad en el acceso al dinero procedente de Europa ya fue manifestado por el presidente del Gobierno tras finalizar el Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas esta semana, cuando pidió al Parlamento Europeo que no demorase estas ayudas, explicitando así cierto temor a que esta circunstancia pudiera producirse. “Es urgente que el Parlamento Europeo desenlace muchos de los nudos”, señaló, para añadir que es necesario “voluntad de todas las instituciones” para llegar a un consenso que haga posible disponer de estos fondos a partir del año que viene. “La política está para eso, para dar soluciones”.

En este sentido es el anuncio del decreto ley “que eliminará las principales barreras, los principales cuellos de botella legales, operativos, de la administración, para que la eficacia en la gestión de los fondos sea la que deseamos. Por supuesto, con total respeto a las normas europeas y con un objetivo claro, que es el conseguir una gestión transparente, ágil, eficaz de los fondos europeos”, ha expuesto Sánchez.

Sánchez ha aprovechado su presencia en La Toja y la presencia allí de algunos presidentes autonómicos para poner fecha a la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos: será el 26 de octubre y contará con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y también con la del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Las comunidades presumen de haber gestionado la pandemia mejor que el Gobierno

El coronavirus ha puesto a prueba el funcionamiento de Estado Autonómico, la coordinación de las distintas autonomías y la lealtad con el Gobierno de la Nación. Con mucho tino, el Foro de La Toja ha reunido en torno a una mesa a destacados presidentes autonómicos del PP y el PSOE para debatir sobre la salud del Estado Autonómico.

A pesar de que hay críticas por la falta de coordinación y de solidaridad entre los distintos territorios, los tres presidentes coincidieron en una idea: ellos han gestionado mejor la pandemia que el Gobierno central. Tanto en la atención estrictamente sanitaria como en el buen clima político que reina en sus territorios. El gallego Alberto Núñez Feijóo, el andaluz Juan Manuel Moreno y el castellano-manchego Emiliano García-Page se ponen como ejemplo de líderes políticos que buscan el consenso, frente a la bronca que caracteriza el día a día de la política nacional.

Los tres presidentes lamentaron el tono de bronca permanente de los debates parlamentarios del Congreso de los Diputados. “Hemos consolidado el Estado de las Autonomías. Los problemas de gobernanza están más en el Gobierno que en las comunidades. Los presidentes autonómicos hemos estado a la altura de las circunstancias y podemos ayudar a mejorar la gobernanza del país”, señaló Núñez Feijóo.

“Debemos construir certidumbres y cooperación. Lo que jamás tenemos que hacer es provocar inestabilidad institucional, la bronca política nos lleva al bloqueo. En Andalucía tenemos un gobierno de coalición que funciona. España necesita el esfuerzo de todos”, manifestó Juanma Moreno. “A España hay que hacerle una PCR , los pilares constitucionales son sólidos, aunque nos gusta hacer política con los decibelios muy altos. Faltan liderazgos que sean capaces de gobernar las corrientes y sobran surfistas. Hemos estado más de acuerdo los presidentes autonómicos, hasta Torra, que la política nacional que debate en el Congreso”.

En su intervención, Sánchez ha tendido su mano para ofrecer “diálogo, unidad y estabilidad” a administraciones públicas y partidos frente a aquellos que promueven la “antipolítica” y que pretenden obtener algún rédito de “la división, el enfrentamiento y la polarización”. Una vez más, en su discurso ha pedido al resto de actores políticos actuar con “la máxima lealtad” y ha reiterado su oferta a todos los partidos para aprobar unos presupuestos generales para el próximo año que favorezcan la recuperación económica. “El virus es un enemigo que tiene muchas caras y una de ellas es la antipolítica”, ha advertido el jefe del Ejecutivo.

Desde su punto de vista, “del marasmo y la desesperanza de la antipolítica, el único beneficiario es la ultraderecha”. Una nueva llamada al PP para que se abra a negociar. “No nos vamos a cansar de repetirlo, aunque se autoexcluyan con otras formaciones”, ha señalado.