La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley para pedir al Gobierno una mejora de las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas que se refleje ya en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de Vox (el proponente) y los votos de PP y Ciudadanos; además de la abstención de Unidas Podemos y del PSOE, que ha asegurado que la situación de los militares es “prioridad” para el Gobierno pero ha acusado al partido de Santiago Abascal de intentar “patrimonializar” las Fuerzas Armadas.

El debate sobre los sueldos de los militares ha llegado al Congreso poco más de una semana después de la manifestación convocada por las asociaciones ATME y UMT que reunió a dos centenares de personas frente al Parlamento en defensa de unas retribuciones “justas”.

El acuerdo alcanzado entre Vox, PP y Ciudadanos pide al Gobierno un avance hacia la equiparación salarial de las Fuerzas Armadas con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y compromisos claros como la eliminación de la pérdida retributiva del personal en la reserva o un aumento de los complementos, además de incluir ya un aumento de las retribuciones en el próximo proyecto de Presupuestos.

Por su parte, la diputada del PSOE Ana Botella ha asegurado que el compromiso de su grupo parlamentario con los militares es “inequívoco”, pero cree que el “único objetivo” de Vox es “sembrar la semilla den enfrentamiento” entre militares y fuerzas de seguridad y también con el Gobierno.

Enfermos o fallecidos en la operación Balmis

La Comisión de Defensa también ha dado el visto bueno a una proposición de Ciudadanos para que los militares que participaron en actividades de lucha contra el coronavirus y enfermaron o fallecieron como consecuencia de la pandemia sean reconocidos como acto de servicio.

Además, ha obtenido apoyo de la Cámara un iniciativa de Unidas Podemos para “mejorar la capacitación” de los miembros de las Fuerzas Armadas para mejorar su intervención en situaciones como la provocada por el Covid-19, “a la vista de los resultados obtenidos y de las lecciones aprendidas en la operación Balmis”.

Rechazada una prórroga de los 45 años

La proposición no de ley que no ha logrado salir adelante ha sido una presentada por el PP para prorrogar la salida de militares de tropa y marinería que deben dejar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años. Su propuesta buscaba alargar durante dos años su estancia en los Ejércitos o la Armada hasta que el Ministerio de Defensa ponga en marcha las medidas de formación y salida al mercado laboral civil que contempla la ley.

El resto de grupos parlamentarios han acusado sin embargo a los ‘populares’ de proponer un “parche” que no soluciona el problema. “Tiene que proponer una ley nueva, el problema es que la ley no funciona”, ha respondido el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, a la vez que el representante de Vox, Agustín Rosety, ha acusado al PP de intentar “contentar a todos” sin resolver el problema de fondo.

Por su parte, la diputada del PSOE Zaida Cantera ha advertido de que la medida del PP conllevaría un gasto de 15 millones de euros durante su primer año de aplicación y 40 millones el segundo, por lo que los socialistas apuestan por seguir trabajando en las estrategias de formación y orientación laboral. “Es un asunto que nos seguirá ocupando y preocupando”, ha asegurado.

Las cinco comunidades autónomas presididas por el PP -Castilla y León, Murcia, Galicia, Andalucía y Madrid- consensuaron ayer una postura común para el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud de España que se celebrará hoy. Y ese frente común es el que acabó convenciendo al Gobierno de que tiene que «homogeneizar» los criterios para demandar la restricción de la movilidad en una ciudad, ya que dio más poder de negociación al consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, en su reunió

La Comisión Europea ve con preocupación la cercana “relación” entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de España. No hay nombres y apellidos, no hay referencias a Dolores Delgado ni desde luego a situaciones como la creadas por el fiscal Luis Navajas, pero en Bruselas observan con reticencias la forma en la que en nuestro país es nombrada la dirección de la Fiscalía General, la coincidencia de su mandato con las legislaturas políticas y la falta de transparencia.

Los técnicos comunitarios, siguiendo muchas pautas marcadas en el pasado por el Consejo de Europa (que tiene sede en Estrasburgo pero no forma parte de la UE) señalan en concreto que el hecho de que el nombramiento salga de Moncloa y que el mandato de la Fiscal sea el mismo que el de la legislatura afectan a la “percepción de independencia” de la institución. Y piden por ella muchísima más transparencia sobre las relaciones y comunicaciones entre el puesto que ahora ocupa la ex ministra Dolores Delgado y el Ministerio de Justicia.

“El Consejo de Europa ha destacado que, para la confianza pública, no sólo es fundamental que la labor de la Fiscalía sea, sino que también parezca imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia, en particular de naturaleza política”, dice el documento. Algo complicado cuando se pasa del Consejo de Ministros al despacho.

Igualmente, el equipo de Ursula von der Leyen, encabezado por la comisaria Vera Jourova y el comisario Didier Reynders, apuntan a los problemas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que califica de “desafío” tras llevar atascada desde finales de 2018. Así constan ambas cosas en el primer informe sobre el Estado de Derecho en los 27 Estados miembros, publicado hoy tras la reunión del Colegio de Comisarios.

Los técnicos hacen un repaso a lo ocurrido en estos dos años y sin pronunciarse directamente, y usando las críticas de otros, resucitan una idea clave: “La importancia de asegurar que el CGPJ no sea percibido como vulnerable a la politización”. Algo que, a estas alturas, parece complicado.

En la capital comunitaria el informe se esperaba con ganas por dos países, Polonia y Hungría. Y sin tener siquiera el resultado oficialmente, el primer ministro magiar, Viktor Orban, pidió ayer la dimisión de Jourova, con ataques muy fuertes. Pero además de esas polémicas generales, el documento sirve para ver qué elementos de cada miembro generan dudas.

La valoración general de España es positiva y quizás uno de los elementos más destacados es que en todo el texto no hay una referencia a la situación de Cataluña, el juicio del procés o los incontables casos derivados, incluyendo los problemas con las euroórdenes para Carles Puigdemont y su equipo, que siguen en Bélgica. Y no hay tampoco crítica u observación sobre la declaración del estado de alarma. Hace unos meses, el Partido Popular remitió a Reynders un informe detallando lo que para ellos suponía una deriva poco democrática en España a raíz de las medidas restrictivas y la falta de control parlamentario, pero el informe publicado hoy pasa por encima señalando que las prórrogas aprobadas recibieron el respaldo del Congreso de los Diputados y que el Tribunal Constitucional tiene poderes para garantizar que el Ejecutivo no se extralimite en sus funciones.

El Informe llega en un momento especialmente delicado en España, con varias batallas simultáneas, sentencias muy calientes (como la de Bankia o la inhabilitación de Quim Torra) y con un fuerte descrédito del Poder Judicial. Y justo el día en el que se producen los primeros nombramientos del Pleno del CGPJ.

Ha sido un trabajo de muchos meses, con intercambios constantes con las capitales, cientos de preguntas, peticiones de información y datos y de aclaraciones. También de labor de lobby y relaciones públicas a todos los niveles, para intentar aclarar los aspectos más polémicos o que podría generar polémica y para evitar lo que fuentes diplomáticas llaman “malentendidos del pasado”.

El documento, de 18 páginas, apunta a que “el sistema judicial español se enfrenta a desafíos sobre su eficiencia y la creciente duración de los procesos en los tribunales”. Y lamenta los problemas de interoperatividad entre los sistemas electrónicos usados en las diferencias comunidades autónomas. Igualmente, insiste en la lentitud de los procedimientos, que en algunos casos se van por encima de los 600 días, y en el hecho de que la resolución de casos está disminuyendo.

El Gobierno ha vuelto a rebajar el nivel y los requisitos para aprobar, promocionar y titular en este año académico marcado por el Covid. A diferencia del curso pasado, los colegios e institutos ya están abiertos y la enseñanza es presencial o semipresencial, pero la exigencia es aún menor. Se podrá obtener el título de Bachillerato con suspensos y para aprobar no sólo se valorarán las notas sino especialmente «la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo». Adem

El pasado febrero, un vídeo en el que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, disparaba con un fusil en una base militar murciana se convirtió en viral. “Este es un hijo puta del Daesh, había que cargárselo”, dijo en referencia a la diana contra la que afinaba su puntería. Este martes se ha sabido que la difusión de aquel vídeo, que generó polémica cuando vio la luz, supuso el cese de un coronel y la modificación del reglamento de un curso del Ministerio de Defensa.

Así lo ha confirmado este martes la diputada socialista Begoña Nasarre durante la comisión parlamentaria de Defensa en la que, entre otros puntos, estaba previsto reprobar la actitud de Ortega Smith en aquel episodio a raíz de una petición de ERC.

Tal y como ha detallado Nasarre, los hechos se produjeron en la base de la Brigada Paracaidista en Murcia, en el marco de un curso que impartía el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y que la propia diputada realizó en una edición anterior a la que participó Ortega Smith. Tras la difusión del vídeo, Defensa abrió una investigación para analizar en qué contexto se habían producido los hechos.

Como consecuencia se decidió relevar en el cargo al coronel director del curso. Además, se modificó la normativa del mismo para impedir “de forma genérica” el uso de armas de fuego por alumnos. De este modo, se prohibieron las prácticas de tiro en estos ejercicios.

Cumplió la normativa

Desde Vox han asegurado que Ortega Smith cumplió en todo momento la normativa de seguridad en dichas prácticas de tiro, tal y como ha apuntado el diputado Agustín Rosety, quien ha lamentado que ERC pretenda “desacreditar” al secretario general de Vox “por llevar a sus correlegionarios golpistas ante la justicia”, en referencia a la acusación popular que encabezó el propio Ortega Smith en el juicio del Procés.

Desde otros grupos parlamentarios también se ha criticado que ERC haya llevado hasta el Congreso aquel episodio. Desde la bancada popular, Juan Antonio Callejas ha considerado que la estrategia de los republicanos es generar “enfrentamiento” con las Fuerzas Armadas.

Por su parte, Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, ha señalado que corresponde a la cadena de mandos y no al Congreso debatir sobre si se vulneró algún protocolo en aquella situación.

A la crisis de la pandemia, focalizada ahora en Madrid, y al enfrentamiento institucional entre el Gobierno, la Jefatura del Estado y el Poder Judicial, se suma ahora la moción de censura contra Pedro Sánchez protagonizada por Vox. La tercera fuerza del Congreso registrará este martes por escrito, debidamente motivada y con la firma de sus 52 diputados, la propuesta de demolición del Ejecutivo de coalición y su sustitución por otro encabezado por Santiago Abascal.

Vox promete conformar un Gobierno de transición, con el objetivo de convocar elecciones en el plazo más breve posible, sin embargo su plan está llamado al fracaso porque no reunirá ni de lejos la mayoría absoluta -176 votos- que necesita para prosperar. Las fuentes parlamentarias consultadas calculan que, de acuerdo con los plazos ordinarios establecidos en la Constitución y en el Reglamento del Congreso, la moción podría debatirse y votarse en la Cámara justo después de la Fiesta Nacional, en la semana del 12 de octubre. Una coincidencia que complace especialmente a los de Abascal.

Sin embargo, la decisión última respecto a la convocatoria del Pleno que debe sentenciar la moción será tomada por la presidenta del Congreso. Meritxell Batet tiene en su mano ajustar al máximo los tiempos a fin de que la moción se sustancie la próxima semana aprovechando que la misma no tiene establecida actividad plenaria.

La iniciativa será registrada hoy y empezará a correr el plazo mínimo de cinco días antes de que la moción pueda ser votada. Es este un plazo mínimo que incluye la posibilidad de que antes del viernes puedan presentarse mociones alternativas.

De mantenerse el plan ordinario de trabajo de la Mesa del Congreso, la moción sería calificada y admitida a trámite la próxima semana y el pleno para debatirla y aprobarla se celebraría en circunstancias normales, la siguiente, esto es tras el lunes 12 de octubre.

Sin embargo, nada impide que la presidenta del Congreso convoque de manera inmediata a la Mesa de la Cámara, bien presencialmente bien mediante ronda telefónica, para calificar cuanto antes la iniciativa y celebrar así su debate y votación nada más cumplirse el plazo de cinco días preceptivo que marca la ley. De esta forma, el Pleno podría pronunciarse sobre la censura al Gobierno de Pedro Sánchez, la próxima semana.

Será esta la quinta moción de censura de la democracia. Ni las presentadas contra Adolfo Suárez (1980); ni contra Felipe González (1987); ni la primera contra Mariano Rajoy (2017), consiguieron prosperar. Hubo que esperar hasta junio de 2018 para que triunfara la primera reprobación a un Gobierno, el de Rajoy, y accediera a la presidencia Pedro Sánchez, un candidato sin escaño de diputado.

La moción que presenta Vox no tiene posibilidades de salir adelante. Se enfrentará a un bloque de rechazo que, a falta de que el PP aclare el sentido de su voto, será como mínimo de 200 diputados. De hecho, hay muchas probabilidades de que finalmente sólo cuente con el respaldo de los mismos 52 escaños que la firman.

La formación de Abascal cuenta con ello pero no se siente incómoda. Su pretensión principal pasa por tomar la iniciativa forzando al PP a retratarse frente a un Gobierno atenazado por las fricciones internas, abocado a una complicadísima negociación presupuestaria, enfrentado a una pandemia que se desboca y arrastrado por su socio menor al choque institucional. Vox tiene como objetivo presentarse como único ariete contra Sánchez evidenciando que la superioridad numérica del PP en el Congreso no avala en la práctica su título de líder de la oposición.

La dirección nacional de Vox ha reclamado “limpieza, respeto y democracia” a las candidaturas que se presentan de nuevo a las primarias del partido en las provincias de Alicante, Málaga y Jaén, anuladas la semana pasada por “infracciones” durante el proceso.

Tal y como ha defendido este lunes la vicesecretaria de Portavocía de Vox, Patricia Rueda, el partido busca “procesos electorales libres, limpios y democráticos”, tanto dentro como fuera de la formación. Es por este motivo por el que ha exigido “dar un buen ejemplo” y “respeto entre todos los candidatos” en los comicios regionales que en las próximas semanas se repetirán.

Si bien Rueda ha evitado especificar qué tipo de irregularidades se cometieron en cada provincia, fuentes del partido han confirmado a EL MUNDO que el motivo de la anulación de los resultados en dichos territorios responde a que todas las candidaturas aspirantes incumplieron alguna de las normas del Reglamento interno de Procesos Electorales (RIPE) de Vox. Si se tratara de un único candidato el que hubiera cometido algún tipo de irregularidad, quedaría descalificado su equipo, señalan las mismas fuentes.

La vicesecretaria de Portavocía de Vox ha recordado que en el artículo 4 del RIPE se pide “respeto” a todos los candidatos: “Vox ha venido a hacer las cosas de manera diferente”. Rueda ha querido distanciarse “de otros partidos que sí que libran batallas que no tienen nada que ver con el respeto” y ha animado a los aspirantes “a que aprovechen esta nueva oportunidad”.

Nuevo calendario

Según ha detallado Rueda, durante las próximas semanas se repetirán los comicios internos en Alicante, Málaga y Jaén. El 30 de septiembre se presentarán de nuevo las candidaturas y el 9 de octubre se abrirá el periodo de votación, de manera telemática o por correo.

Este proceso finalizará el 13 de octubre. El día 23 se darán a conocer los resultados definitivos.

El veto al Rey en Barcelona, al prohibir el Gobierno su asistencia a la entrega de despachos ha traído cola. Ha servido en primer lugar para mostrar la nula transparencia del sanchismo respecto a sus decisiones. “Ha estado muy bien tomada esa decisión, tomada por quien correspondía tomarla”, dijo la viceprimera, sin decir las razones que la aconsejaban ni a quién correspondía tomarla. En términos idénticos se expresó el ministro Juan Carlos Campo, que tampoco aclaró el porqué ni el quién. El pr

La excepcionalidad es la única constante que existe en el mandato de Pedro Sánchez. El motor de su acción de Gobierno no es el izquierdismo o el nacionalismo, variables que modula o abandona según le convenga, sino la inestabilidad. Sólo en la zozobra política que ésta genera puede justificar decisiones extraordinarias, que desborden los límites de sus competencias, amenacen las de otros poderes del Estado o agrieten las instituciones.
“Soberano es quien decide sobre el estado de excepción”, re

El Juzgado número 3 de Arucas (Gran Canaria) ha dejado esta madrugada en libertad provisional, aunque con cargos de homicidio, a las cuatro personas presuntamente implicadas en la desaparición de un taxista de Teror: su mujer, su hijastro, su suegra y un cuñado.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Fiscalía no solicitó que se les impusiera prisión preventiva.

Los cuatro investigados, que niegan tener nada que ver con la desaparición de José Delgado, tendrán que comparecer todos los lunes en el Juzgado encargado del caso.

La mujer del taxista y el hijo y el hermano de ella fueron detenidos el miércoles por la Guardia Civil, tras los registros efectuados en los domicilios de la familia en Teror.

En paralelo, se han iniciado excavaciones en fincas de la familia en busca del cuerpo de José Delgado, de 57 años, del que no se tienen noticias desde el 8 de diciembre.

La Guardia Civil ha informado de que existen indicios de que la desaparición de José Delgado pudo ser forzada o violenta, aunque sin precisar más detalles al respecto, ya que existe secreto de sumario.

Los tres primeros detenidos, más la suegra del taxista, estuvieron declarando ante el juez de Instrucción durante todo el viernes.