La convocatoria era ante el centro de salud Ángela Uriarte, en el distrito Puente de Vallecas, como se realizó ante otros centros de salud de Madrid, bajo el llamamiento de reclamar una sanidad pública de calidad, contra las medidas restrictivas de Isabel Díaz Ayuso y pidiendo su dimisión. Pero tras la concentración, más de un centenar de personas trasladaron su protesta ante la sede de la Asamblea de Madrid. La Policía intervino para desalojarlos, produciéndose cargas. Desde Podemos han arremetido contra esta actuación, calificándola de “vergüenza”.

La actuación policial es objeto de crítica y censura, que actuó porque la concentración frente a la Asamblea de Madrid, que implicó cortes de vías, no contaba con autorización. El saldo de la actuación fue de tres personas detenidas y seis personas heridas, entre agentes y manifestantes. En Podemos claman contra estas cargas y las contraponen frente a lo que, consideran, permisibilidad que se produjeron en la zona madrileña de Núñez de Balboa contra el estado de alarma.

“Lo sucedido es una vergüenza”, ha censurado Isa Serra, líder de Podemos en la Asamblea de Madrid, y portavoz nacional de esta formación. “La lealtad institucional no impide decir que siento vergüenza e indignación ante actos de violencia policial injustificada y desproporcionada”, ha censura Victoria Rosell, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. “La ciudadanía le pide a Ayuso que no deje a los barrios más golpeados a la deriva. La respuesta son palos. Lo ocurrido es una vergüenza”, es la denuncia vertida desde Podemos Madrid.

Podemos, a través de sus portavoces nacionales, Isa Serra y Rafael Mayoral, ha avanzado que han pedido al delegado del Gobierno y al Ministro del Interior que abran una investigación y activen las sanciones oportunas, aunque sin concretar cómo han articulado esa petición. Consideran que la actuación policial fue inapropiada y abusiva. “Golpear en la cabeza a una joven de 17 años, dar un rodillazo en la cara a un detenido, propinar un cabezazo con el casco puesto a un joven ya esposado, son agresiones manifiestamente ilegales e inaceptables en democracia”.

Los dirigentes de Podemos han cargado contra la Policía, fundamentalmente en las redes sociales, poniendo imágenes de la concentración frente a la Asamblea de Madrid y de las de Núñez de Balboa para denunciar lo que a su juicio es un trato discriminatorio. “Cuando a los señoritos de Núñez de Balboa y a los negacionistas terraplanistas de Colón no se les toca ni un pelo al tiempo que se carga violentamente contra la gente trabajadora de Vallecas, algo importante está roto en nuestra democracia y alguien ha hecho muy mal su trabajo”, es la denuncia de Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos. “La policía está para defender los derechos y libertades”, ha añadido Rosell, alto cargo del Gobierno.

“No verás a los antidisturbios cargar en Núñez de Balboa. Pero en Vallekas (sic) sí. Es una maldita vergüenza. Gobernamos para que no se repita la historia. El PSOE vuelve a equivocarse en Madrid. Menos banderas y más servicios públicos”, ha expuesto Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos.

Críticas que también lanza Izquierda Unida. “El confinamiento va por barrios. Y la violencia policial, también. “Desde Izquierda Unida condenamos las cargas injustificadas con seis personas heridas hoy en el barrio madrileño de Vallekas (sic) y exigimos la puesta en libertad de los tres detenidos por defender la sanidad pública y denunciar el clasismo del Gobierno regional de Díaz Ayuso”.

El Gobierno ha decidido cambiar al embajador de España en Caracas en plena polémica por la convocatoria de elecciones del régimen de Nicolás Maduro. Fuentes de Exteriores, sin embargo, desvinculan completamente este relevo diplomático de la crisis abierta en el país latinoamericano y lo encuadran en un cambio natural que se está llevando a cabo en las embajadas de todo el mundo.
De hecho, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores explican que son ocho las legaciones diplomáticas en Latinoamlt;div class=’hidden-content signwall’>

Mensajes continuos de apoyo junto a la misma fotografía de un retrato oficial de Felipe VI. Los perfiles de jueces, magistrados y fiscales en la red social Twitter se llenaron ayer de muestras de respeto y admiración por la figura del Rey, así como de tuits mostrándose también en contra del veto del Gobierno al Monarca, quien por primera vez hoy no asistirá a la entrega de despachos de los nuevos jueces en Barcelona.
Una campaña improvisada en defensa del Jefe del Estado donde se plasmó el mal

La Abogacía del Estado ha dictaminado que el riesgo de contagio por coronavirus no basta para eximir a los padres de llevar a sus hijos al colegio. Pero al mismo tiempo abre la puerta a que los alumnos puedan no asistir a clase al considerar como «una causa de justificación del absentismo» que el niño conviva «con personas mayores o con patologías previas».
En un informe de 24 páginas realizado a petición del Ministerio de Educación, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la Abogacía parte de que la

La Delegación del Gobierno en Madrid ha decidido hoy prohibir la concentración que los negacionistas de la pandemia, los conocidos como antimascarillas, habían convocado de nuevo para este sábado 26 de septiembre en el mismo escenario, la plaza de Colón en Madrid.

Según la Delegación del Gobierno, la decisión se ha tomado por “razones de salud pública” tras consultar a los servicios jurídicos, el área de seguridad ciudadana, la Policía y la consejería de Sanidad y en el contexto de los sucedido en la anterior concentración .

Los antimascarillas pretendían repetir la convocatoria del 16 de agosto pasado, cuando entre 2.500 y 3.000 personas se dieron cita en Colón, sin mantener la distancia de seguridad y mayoritariamente sin mascarillas, para protestar contra el uso obligatorio de éstas y contra las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra el coronavirus. Su argumento es que el virus no existe y que la pandemia, a la que llaman plandemia, es una farsa.

Tras esta polémica convocatoria, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, anunció que se sancionaría “con la máxima dureza” permitida por la ley el incumplimiento de las medidas de protección con que se desarrolló la protesta.

Franco explicó que en el escrito en el que los organizadores comunicaron la concentración a la Delegación del Gobierno no incluía su oposición a las mascarillas. Los convocantes aseguraron que la protesta era contra el estado de alarma, su aplicación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por la censura de la prensa.

En el escrito se comprometieron además a organizar “un equipo humano para recordar la obligación de respetar la distancia social” y a disponer “carteles indicativos de tal necesidad”, pero ninguna de estas condiciones se cumplieron.

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid aseguran a EL MUNDO que la investigación sobre estos hechos sigue su curso y que se procederá con todo el peso que permita la ley. “Podrían ser sancionados no ya por la ley de seguridad ciudadana sino por la ley de salud pública, que es más dura”, explican.

La decisión de prohibir la convocatoria de este sábado ha sido comunicada hoy mismo a sus responsables. Tras conocer esta decisión, Fernando Vizcaíno, el profesor de yoga valenciano que organizó la primera concentración, se ha dirigido a sus seguidores a través de un vídeo en el que anuncia la suspensión de la cita: “Vamos a desconvocar la concentración de este 26 de septiembre. No podemos extendernos mucho pero la razón es que no podemos garantizar la seguridad de las personas que van a asistir. No puedo aportar mucho más a este respecto por razones de seguridad interna”, les dice.

“La realidad es que no nos iban a dejar hacer otro 16-A, no nos lo iban a permitir,. Ahora lo sabemos y nos vemos en la obligación de desconvocar. Vamos a seguir en la lucha, simplemente tenemos que adaptarnos, igual que el enemigo se ha adaptado a nosotros, y crear una nueva forma de organización y estrategia”.

El PSOE y Unidas Podemos han pactado que no se darán conciertos a los centros que separen a sus alumnos por sexos. Los socialistas se resistían, pero, tras semanas de negociaciones entre ambos partidos, han cedido a las demandas de los morados y han acordado cambiar la ley Celaá para que no se pueda conceder financiación pública a este modelo que ha avalado el Tribunal Constitucional.
«Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en

El Ejecutivo confirmó hoy la disposición de PNV y EH Bildu a negociar los Presupuestos de 2021, que los dos grupos ya habían avanzado, y su voluntad también de ayudar al Gobierno en el plan de reformas que pretende impulsar durante este curso político. Antes del verano daba la impresión de que toda la acción de Moncloa se volcaría en iniciativas para paliar el impacto económico y social de las crisis del coronavirus. Pero la aprobación del calendario legislativo de este periodo ha evidenciado que el Ejecutivo no orilla totalmente su proyecto político. Como ejemplo la ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto el Consejo de Ministros ya ha aprobado en primera lectura, o el impulso a la reforma del Código Penal para modificar la el delito de sedición.

Con el propósito de testar el grado de interés de los grupos por negociar los Presupuestos, pero también el resto de asuntos, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, mantiene reuniones con todos los partidos, a excepción de Vox, que no atiende ninguna llamada del Gobierno. Hoy fue el turno de los dos grupos vascos.

Con el PNV el Ejecutivo sabe que no existen problemas. La relación es muy fluida y, tanto en Bilbao como en el Congreso, los nacionalistas vascos siempre tienen muy buena información de los pasos que da el Ejecutivo de coalición. De hecho, su portavoz, Aitor Esteban, ratificó «la predisposición» del PNV «al diálogo y al entendimiento».

Hoy, según las fuentes consultadas, entre los temas abordados figuró el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el PP se niega a negociar con el Gobierno por el rechazo de Unidas Podemos a la Monarquía. Y que se trate con el PNV puede tener su importancia porque la vía del acuerdo con el PP está cegada pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevistara en TVE, anunció su intención de «articular mayorías parlamentarias que permitan el desbloqueo de las instituciones». Matemáticamente sería posible porque los tres quintos de la Cámara que se necesitan para renovar el CGPJ se logran con los votos de todos los grupos, menos PP y Vox. Pero por citar algunos inconvenientes, Ciudadanos está radicalmente en contra de este sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces y además habría que sumar a grupos tan dispares como UPN y la CUP.

Con Bildu la reunión fue igual de bien. Desde que a raíz de las negociaciones para la investidura el PSOE normalizó la interlocución con el partido que dirige Arnaldo Otegi, el canal está abierto y los abertzales se muestran dispuestos a dialogar.

El PP ha hecho de la lucha contra la okupación ilegal de viviendas una de sus banderas para la legislatura. Para redoblar su compromiso contra el «vacío legal» que permite que en España haya «mafias que han hecho de la okupación ilegal su negocio», la formación que capitanea Pablo Casado va a presentar una moción en cada uno de los ayuntamientos en los que tiene presencia -más de 7.000, entre los que ostenta 2.860 Alcaldías- y en las 17 comunidades autónomas.
La moción, a la que ha accedido EL

La UCO y el equipo de criminalística de la Guardia Civil encargados de la investigación sobre la desaparición y muerte de Manuela Chavero (42 años) en la madrugada del 5 de julio de 2016 en Monesterio (Badajoz), se han incautado hoy de un segundo automóvil de Eugenio Delgado (28 años), acusado de la detención ilegal y el homicidio de su vecina. Lo ha hecho en otra de las fincas del detenido, denominada La Torrona, ubicada a unos 11 kilómetros del casco urbano de esta localidad pacense, y que se encuentra, como las otras dos de su propiedad, custodiada por la Guardia Civil desde el pasado jueves, cuando se produjo la detención del acusado.

Durante cinco horas, los agentes, acompañados siempre por el acusado, han buscad pistas en un tractor y en una pala-cargadora con las que aseguró haber enterrado y posteriormente ocultado con piedras el cuerpo a Manoli, y donde el pasado viernes se encontraron restos óseos en el lugar donde les indicó el propio Eugenio Delgado, en la finca Las Dehesas. Además, durante esta inspección de hoy, se han incautado de un Nissan Terrano, segundo vehículo que es intervenido por los agentes después de que el pasado domingo también hicieran lo propio con un Land Rover Discovery 4×4, que se encontraba aparcado en la vivienda del detenido, en la calle El Cerezo, nº 29.

De esta manera, y después de cinco días desde la detención, la investigación se ha trasladado desde el interior de la vivienda del detenido -donde supuestamente se produjo la muerte de su vecina-, donde se ha estado realizando inspecciones oculares y con dos perros especializados en el hallazgo de restos biológicos, a otra de las propiedades del acusado, todas ellas heredadas de su padre, que falleció hace unos años.

Los agentes intentar encontrar nuevos indicios del caso, entre ellos huellas que aporten las pruebas en las que cree firmemente la UCO: que la muerte de la mujer se produjo por un intento de agresión sexual y no accidentalmente, como mantiene el acusado, que aseguró que Manoli se golpeó la cabeza en el pasillo de forma fortuita. Así lo ha relatado en las dos ocasiones en las que ha sido interrogado desde su detención, una ante los agentes y el domingo ante el juez, cuando pasó a disposición judicial.

Restos de sangre

Según ha trascendido por fuentes de la investigación, el acusado ha contado que acudió a la vivienda de su vecina, dos casas más abajo, con la intención de devolverle una cuna que Manoli le había prestado tiempo atrás. Al regresar al inmueble de Eugenio, la mujer comprobó que la cuna estaba rota y entonces se produjo una fuerte discusión, con un posterior forcejeo, que terminó -según la versión del detenido- con la muerte accidental de Manoli. Seguidamente, se puso nervioso, porque nadie iba a creer su versión, y la trasladó a una de sus fincas, donde la enterró. Sin embargo, fuentes de la investigación aseguran que esta versión es falsa y consideran se produjo un intento de agresión sexual. Éste, por tanto, sería el móvil del caso y que por eso, se las ingenió para que Manoli abandonara su vivienda de madrugada -con ropa cómoda, tipo pijama, pantalón corto y camiseta de casa- y le acompañara hasta su casa, dejando las luces y la televisión encendidas, además de todos sus enseres personales en el interior, incluido su móvil.

Como publicó ayer EL MUNDO, los agentes han encontrado en los últimos días restos de sangre en el interior de la vivienda del acusado, por lo que se está a la espera del análisis de los mismos para comprobar la identidad. Mientras, el acusado aún no ha sido trasladado a la prisión de Badajoz porque la investigación sigue abierta y, por sexto día consecutivo, ha pasado la noche en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra. Desde allí, ha sido trasladado cada día a las tres zonas donde se centra ahora la investigación: primero a la finca -que tiene en parte alquilada- donde enterró a Manoli; posteriormente, y durante cuatro días, al interior de su vivienda para la reconstrucción de los hechos; y esta mañana, desde las 00.45 horas y hasta aproximadamente las 15.00, a otra de sus tres fincas, donde se hallaban el tractor y la pala-cargadora, además del vehículo incautado.

El presidente de las Juventudes Socialistas de Euskadi, Víctor Trimiño, tomaba posesión el domingo con una intervención que podríamos calificar de inusual, alejada de la tradición socialista: «Debemos estar enfrente de cualquier intento de normalizar o blanquear a una fuerza política que sigue siendo incapaz de condenar más de 850 asesinatos y que sigue ensalzando a los terroristas que los cometieron».
La Ejecutiva del PSE le ha pedido que evite opiniones personales cuando ejerza de portavoz