El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha acordado cerrar de nuevo la investigación del accidente ferroviario del Alvia que el 24 de julio de 2013 dejó 80 muertos y 144 heridos en las afueras de la capital gallega. La instrucción de esta causa ya se había cerrado en diciembre de 2018, pero en noviembre de 2019 se reabrió al haber aparecido nuevas informaciones relevantes aportadas por las víctimas del siniestro. Ahora, diez meses después, vuelve a cerrarse sin novedades con respecto a hace dos años, con los dos mismos investigados por su responsabilidad en lo ocurrido.

El juez instructor ha notificado un auto este martes por el que mantiene que la causa siga contra el maquinista del tren el día del accidente, Francisco José Garzón Amo, y el director de Seguridad en la Circulación de ADIF en el momento de puesta en funcionamiento de la línea en la se produjo el siniestro, Andrés Cortabitarte. A ambos se le atribuyen 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y 144 de lesiones por imprudencia grave profesional.

El auto notificado este martes da a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa un plazo de diez días para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. Este trámite ya se había realizado hace casi dos años y el juicio estaba próximo ya a señalarse cuando las víctimas tuvieron acceso a la información en la que el juez instructor indagó durante los últimos meses.

Pruebas de un mecánico

La Audiencia Provincial coruñesa había ordenado al juez instructor volver a investigar una serie de “datos sobrevenidos” después de que la Plataforma Víctimas Alvia 04155 aportase como prueba una declaración jurada de un mecánico de la empresa Talgo que aseguraba que horas antes de que el Alvia descarrilase a las afueras de Santiago había detectado diferentes averías, algunas de ellas “críticas” y que, media hora después del accidente, directivos Talgo dieron la “orden taxativa” de borrarlas del sistema de gestión de averías.

El tribunal provincial consideraba “ineludible” investigar esa declaración jurada del mecánico por la “supuesta destrucción de pruebas” y por su “posible relación con el accidente” y el juez instructor citó a declarar a diversos testigos de la empresa Talgo para aclarar estos hechos controvertidos. Tras las declaraciones, que se retrasaron por las restricciones derivadas de la pandemia de la Covid-19 y se realizaron finalmente el pasado 10 de julio, ha decidido volver a cerrar la causa al entender que no aportan datos relevantes que puedan cambiar las conclusiones a las que ya había llegado hace dos años.

En el auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el juez explica que, en su declaración en el juzgado, el técnico de Talgo describió fallos como enganches con roces fruto de la fricción, rótulas rotas y valonas con rozaduras a causa del uso y que, a su juicio, es “curioso” que, al preguntarle si esos defectos hubieran impedido la salida del tren o si pudieran tener incidencia en el accidente, su respuesta fue que se trata de elementos relacionados con el “confort” de los pasajeros, y que “las averías que encontraron en el foso quedaron subsanadas”.

“Ninguna relevancia”

En consecuencia, la conclusión del juez instructor es que su borrado informático no tendría “ninguna relevancia” en lo que se refiere al objeto de la investigación de las causas del accidente.

El juez también quería aclarar el presunto borrado en cuanto a que podría suponer un borrado de pruebas, pero en este auto aclara que todos los testigos a quienes se atribuye presuntamente tal cometido lo han negado tajantemente.

Para averiguar si esos supuestos defectos podrían tener alguna influencia en el accidente, el juez había pedido un informe al perito ingeniero industrial José Manuel Lamela, encargado del estudio del material rodante del Alvia durante la instrucción judicial de este accidente, y su resultado “no ha podido ser más tajante”.

Así, concluye que “no existe rastro alguno de la existencia de dichos defectos, ni de su borrado informático” y, de haber existido, “no han tenido incidencia causal en el siniestro”. El perito judicial concluyó que el tren Alvia salió a las 13:15 horas de las instalaciones de Talgo en Fuencarral “apto para ser utilizado”.

Tras casi un año de silencio, Albert Rivera hace autocrítica y habla abiertamente de su carrera política. De sus inicios, de su cénit, que rozó en abril de 2019 cuando rozó el sorpasso al PP, y de su “muerte política”, cuando en noviembre del año pasado su partido se hundió desde los 57 escaños que consiguió en las elecciones generales de abril hasta los 10 a los que cayó en los comicios del 10 de noviembre.

Rivera reflexiona sobre las razones de la debacle electoral de su partido, lo que él llama su “muerte política” ya que le llevó a dimitir, en el libro Un ciudadano libre, que publica la editorial Espasa y sale hoy a la venta. El dirigente liberal concluye que precisamente fue su oferta de pacto al PSOE para evitar las segundas elecciones, realizada en plena precampaña electoral, lo que le hizo perder 47 diputados.

“La mayoría de nuestros votantes de abril nos apoyaron para ganar a Pedro Sánchez, no para hacerle presidente”, relata en su libro, que se ha presentado este martes en la Casa de América de Madrid. En su opinión, “es evidente que levantar la bandera blanca del pacto con PSOE y PP en un país atrincherado me costó la muerte política”. Este fue su principal error, reflexiona, el que le llevó al derrumbe electoral: “Abrir la mano públicamente a negociar reformas de Estado” con el PSOE a cambio de desbloquear la situación tras el 10-N.

Durante la presentación y a preguntas de los periodistas, Rivera ha profundizado en esta reflexión. Y ha añadido que tendría que “haber desenmascarado a Pedro Sánchez antes”. En vez de hacer su oferta de reformas de Estado al PP y al PSOE en septiembre, cuando la convocatoria electoral era ya inminente, a posteriori considera que debería haber hecho de desbloqueo al ahora presidente del Gobierno con anterioridad: “es decir, en el momento en el que él rompe con Podemos, en julio y aunque no fuera para llegar a un acuerdo porque él no quería”.

Rivera ha explicado que de esa forma, por lo menos le habría “desenmascarado” y habría podido “explicar a los españoles que Sánchez en realidad no quería un acuerdo [con Cs]; quería un Gobierno con Podemos y los nacionalistas”.

Albert Rivera se reafirma de esta manera en su ‘no es no’ a Pedro Sánchez, que mantuvo desde febrero de 2019 y prácticamente hasta la convocatoria de las elecciones repetidas del 10 de noviembre. Este veto a negociar con el PSOE fue el que abocó a unas segundas elecciones, aunque Rivera asegura que el plan de Sánchez era ir a esos comicios desde el principio, con la intención de mejorar resultados.

Los principales beneficiados con la caída electoral de Cs el 10-N fueron el PP y Vox, aunque su subida fue insuficiente para cerrar el paso a un Gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos.

El abogado catalán ha puesto en valor precisamente su veto al PSOE, que la Ejecutiva de Cs decidió por unanimidad en febrero, porque eso supuso “el mayor éxito electoral de la historia de Cs” al haberse comprometido con claridad a no gobernar de ninguna manera con Sánchez, en el caso de que el PSOE ganara las elecciones, y a no apoyarlo para pasar a la oposición.

Según el análisis que hace en su libro, “en un contexto de polarización y sectarismo en aumento y con el populismo de Vox creciendo a la derecha”, cuando él habló de un posible acuerdo con Pedro Sánchez en septiembre “generó muchas dudas y recelo en buena parte del electorado” que había escogido la papeleta naranja en abril.

En el libro, el ex líder de Cs también señala otro error “evidente”. Y es no haberse dado cuenta en su momento de que “Sánchez y su entorno habían trazado una estrategia desde principios del verano para ir a segundas elecciones”. Ante esa situación, reflexiona el ahora abogado en ejercicio, Ciudadanos debería haber “dejado en evidencia” que el líder del PSOE no quería ningún acuerdo con Cs.

En el libro, Rivera relata que llevaba varios meses contemplando la opción de dimitir, como hizo el 11 de noviembre de 2019 tras convocar una Ejecutiva extraordinaria de Cs. En aquel cónclave celebrado a puerta cerrada, Rivera rompió a llorar al principio de su intervención y confesó que no podía más. Y que se iba. Toda la Ejecutiva se unión en un aplauso tras el anuncio de su dimisión que adelantó EL MUNDO.

Rivera asegura en el libro que no volverá a la política “ni ahora ni en el futuro”. Y en todo momento ha evitado pronunciarse sobre el giro estratégico que Inés Arrimadas ha imprimido a Cs, que ha alcanzado varios e importantes pactos con el Gobierno del PSOE y Podemos y ahora tiene la mano tendida para negociar los Presupuestos.

En el acto celebrado en la Casa de América, Albert Rivera ha defendido que “España necesita más pactos de Estado y menos trincheras”. Pero ha defendido a la vez como un acierto haber rechazado negociar un Gobierno con el PSOE cuando los dos partidos sumaban 180 diputados. Aquella decisión provocó la dimisión de varios miembros de la Ejecutiva de Cs, encabezados por Toni Roldán.

El ex líder de los liberales españoles ha sido preguntado en reiteradas ocasiones por el nuevo rumbo de Cs, por sus pactos con Sánchez y por la posible negociación de los Presupuestos. Pero él ha evitado en todo momento hacer la más mínima valoración: “La actual dirección debe tomar sus decisiones y su rumbo, sin ningún tipo de interferencia, ni de tutela”, ha defendido. Él ha explicado que soportó presiones de todo tipo, pero ahora no quiere ser él mismo el que presione a la actual dirección en un sentido o en otro con sus opiniones. “La dirección de Cs necesita libertad para tomar sus decisiones; y no quiero ser parte de esa libertad”, ha zanjado.

En plenos rebrotes de coronavirus y con toda la escuela preocupada por las incertidumbres de la vuelta al clase, la Mesa del Congreso ha rechazado este martes aprobar una nueva ampliación del plazo para enmendar el articulado de la Ley Orgánica de Modificación de la Loe, la Lomloe, más conocida como la Ley Celaá.

Después de una docena de prórrogas, la Mesa ha cerrado el plazo de la parcialidad, que concluye este miércoles. El proyecto de ley irá ahora con todas sus enmiendas a la ponencia y después se debatirá en la Comisión de Educación con la idea de PSOE y Unidas Podemos de que la norma esté aprobada en el Congreso a lo largo de este curso y pueda entrar en vigor a partir de 2021/2022.

Pero partidos como PP, Ciudadanos, Vox o UPN han pedido no tramitar la ley en estos momentos por la situación de “inestabilidad” en la que se encuentra la escuela por el Covid.

“Un Gobierno incapaz de asegurar una vuelta segura a las aulas bajo el pretexto de no tener competencias ante la crisis más importante que está viviendo la educación en nuestro país, sí que es capaz de tramitar una nueva ley aprovechando la situación de pandemia que estamos viviendo”, lamenta la diputada Sandra Moneo, responsable de Educación e Igualdad del PP, que va a presentar 189 folios de enmiendas parciales.

“Me parece una absoluta irresponsabilidad y una falta de empatía con la comunidad educativa el abrir el melón de la Lomloe en estos momentos: Con esta actitud, el Gobierno vuelve a demostrar lo que le importa la educación: nada”, expresa Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, que pidió a través de una proposición no de ley que no se abordara la modificación legal en plena pandemia y hasta que la crisis se solucione.

Considera que “tramitar una ley mala y sectaria, que no han consensuado, que va a generar polémica y a distraer la atención de lo importante ahora, sólo por el eslogan electoral de que derogarían la Lomce, es volver a politizar la educación y a mercadear con ella. Una profunda irresponsabilidad”.

También se oponen a la tramitación los representantes de la escuela concertada, donde estudia el 25% del alumnado, porque afirman que la ley es “ideológica” y supone “un ataque” a sus intereses, al eliminar, entre otras cosas, el concepto de demanda social que recogía la Lomce, que permite blindar jurídicamente a estos centros en el caso de que las autonomías quieran suprimirlos.

“Consideramos que el impulso definitivo que se quiere dar en estos momentos a la aprobación de la Lomloe es claramente negativo”, expresa Luis Centeno, secretario general de la patronal Escuelas Católicas, que expresa que “nos encontramos en un contexto de máxima complejidad en los colegios por el Covid, que necesitan el apoyo de la Administración, no una nueva ley sin consenso, que no contiene novedades pedagógicas, sino que es una vuelta a la LOE, con una serie de medidas que atacan la libertad de enseñanza”.

Durante meses, patronales, sindicatos y familias de la escuela concertada han hecho diversas campañas para pedir su paralización, además de reclamar a los políticos “unidad”, “apoyo”, “visión a largo plazo” y “no una reforma educativa ideológica”, pero Mari Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Congreso, ya mostró su disposición la semana pasada de que comenzara el trámite parlamentario.

“No tiene nada que ver el inicio del curso con la reforma de una ley que es necesaria porque hay un acuerdo de derogar la Lomce cuanto antes. Ya hemos atendido las peticiones de ampliación de plazo para presentar enmiendas por parte de los grupos políticos, pero estamos pensando en no hacerlo más allá de esta semana”, dijo a La Razón.

En una parte de la comunidad educativa se interpreta que este paso adelante es una forma del PSOE de “garantizar su propia supervivencia” y “unificar al bloque de la moción de censura”, después de que desde Unidas Podemos se cuestione su gestión de la crisis educativa, pues se le reprocha a la ministra Isabel Celaá que no haya bajado las ratios de alumnos por aula ni haya dado un uso finalista a los 2.000 millones de euros que ha repartido a las autonomías.

“Nos hemos reunido por miedo a que el Consejo de Ministros apruebe otra vez un decreto sin consenso”. Los alcaldes rebeldes se han conjurado este martes contra el nuevo decreto del Ministerio de Hacienda sobre los remanentes de los ayuntamientos, avanzado en exclusiva por este diario el lunes.

El borrador ni siquiera incluye el fondo de 5.000 millones de euros que contenía el anterior decreto, rechazado por el Congreso de los Diputados. Por eso una treintena de alcaldes ha suscrito hoy un acuerdo, a cuyo texto ha tenido acceso EL MUNDO, en el que exigen una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y gestionar el 14% de los fondos europeos que recibirá España. O sea, unos 20.000 millones.

“Después de conocer la nueva e insuficiente propuesta de real decreto formulada por el Ministerio de Hacienda solicitamos la apertura inmediata del proceso de diálogo” para establecer los criterios de reparto de los dos fondos que reclaman. Uno “incondicionado de 5.000 millones” para combatir la pandemia, y otro “de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público”, como pidió la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en su acuerdo ‘Pilares para la reconstrucción’.

“Estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica”, reza el texto del comunicado que van a presentar a las 12.00 los alcaldes.

La treintena de primeros ediles que han participado en la reunión representa a los principales partidos, excepto el PSOE: Madrid (PP), Barcelona (En Comú), Zaragoza (PP), Granada (Ciudadanos) Cádiz (Podemos), Murcia, Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria), Lérida (ERC), Reus (JxCAT), Pontevedra (BNG) o Rivas Vaciamadrid (Izquierda Unida).

No todos han firmado el manifiesto. La alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, ha preferido no suscribirlo, aunque ha participado en las deliberaciones. Tampoco el alcalde de Rivas, Pedro del Cura.

Durante las deliberaciones, todos han coincidido en que no se puede poner en el nuevo real decreto “una propuesta menor a lo que hizo en la tribuna del Congreso la ministra de Hacienda”. Es decir, que 3.000 de los 5.000 millones del fondo se concediesen sin condiciones. “Pero no nos conformaremos con 3.000”, alertan.

No está previsto que el Consejo de Ministros trate este martes el asunto, para evitar una doble derrota parlamentaria. “El problema es que la rectificación se demora”, apuntan

En esta ocasión han sido los alcaldes de Lérida (ERC) y de Reus (Junts per Catalunya) los que han convocado la reunión de urgencia -una tercera cumbre municipal telemática- para “presionar” al Gobierno.

Además, los alcaldes creen que es “indispensable garantizar en el futuro decreto que las Entidades Locales puedan participar como beneficiarias de los fondos europeos una vez concretadas las condiciones del Fondo de Recuperación aprobado en el seno de la Unión Europea”.

Y esa participación “debe ser al menos del 14,16%, que es el porcentaje del gasto local respecto del gasto público total en España”. Es decir, manejar casi 20.000 millones de euros.

Por último, expresan su “voluntad de seguir ejerciendo todas las iniciativas posibles en la defensa de los legítimos intereses de nuestros vecinos y para exigir las ayudas financieras que necesitan y se merecen para mantener los servicios municipales adecuados”.

Cuando Miguel Ángel Rodríguez ocupó despacho en La Moncloa como secretario de Estado de Comunicación y portavoz del primer Gobierno de Aznar en 1996, Iván Redondo era un adolescente. A los directores de Gabinete del presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer asistieron uno al lado del otro a la comparecencia en la Puerta del Sol, les separan casi dos décadas, pero les une un lazo más importante que la edad: el fervor por la comunicación política y el gusto por or

La reunión habrá sido útil, sobre todo si algún día un auditor independiente indagara en las razones por las que España ha protagonizado el mayor fracaso continental en la gestión de la pandemia. En las imágenes que precedieron al encuentro, podrá contemplar un esplendoroso aparato propagandístico al servicio de la nada, con una parafernalia similar a la que se desplegaría para dar la bienvenida a un mandatario extranjero a una cumbre por la paz entre dos naciones enemigas. El encuentro entre el

José Luis Ruiz Casado salía siempre a las 7.30 horas de su casa, en Sant Adrià de Besòs, en la periferia de Barcelona. «Comentó en alguna ocasión que, si atentaban en Sant Adrià, le tocaría a él, porque tenía unos horarios estrictos. Pero no le obsesionaba. No teníamos ningún temor», recuerda Salvador Aragall, íntimo de Ruiz Casado, ambos concejales del PP en la localidad el año 2000. Por entonces, hacía más de seis años que ETA no mataba en Cataluña.

Los terroristas José Ignacio Krutxaga, Fernando García Jodrá y Lierni Armendariz (ésta última perteneciente al grupo de cinco etarras que van a ser trasladados en breve a cárceles próximas a País Vasco) pusieron fin al paréntesis tras averiguar la rutina puntual de un padre de dos menores de edad y sin aspiración de prosperar en política. Fue el primero de los últimos cinco asesinados que la banda se cobró en Cataluña en un margen de seis meses, una ofensiva que resultaría ser el epílogo macabro de ETA en la comunidad. El preludio del fin fueron dos disparos contra un hombre sensible con las inquietudes de sus vecinos, huérfano de escolta y asaltado por la espalda, nada más salir para ir a trabajar a la hora de siempre. Hoy se cumplen 20 años.

«No nos lo podíamos imaginar. Sant Adrià casi no aparecía en el mapa, no teníamos ninguna relevancia política. Además, no se habían cometido atentados en Barcelona o Cataluña últimamente», recalca Aragall. Lo insospechado del homicidio se ceñía a la estrategia de «socialización del dolor» a la que ETA se aplicó tras quebrarse la tregua de 1999: 23 asesinados y 102 heridos en toda España en un año.

Situando en la diana a cualquier representante constitucionalista, la banda propagó una amenaza indiscriminada que complicaba resguardar todo posible blanco. «Nos enviaron unas recomendaciones de autoprotección básicas. Que no fuéramos siempre por el mismo sitio, que en restaurantes nos pusiéramos de cara a la puerta… No nos habíamos planteado escolta. La tuvimos después del atentado durante una temporada muy limitada», lamenta Aragall.

Dos meses más tarde, el reconstituido comando Barcelona perpetró el crimen por el que más se le recuerda, el asesinato del ex ministro socialista Ernest Lluch. Krutxaga y García Jodrá se aprovecharon de que carecía de guardaespaldas para abordarlo en un garaje y acallar una voz a favor de la negociación para que la banda depusiera las armas.

Rosa Lluch explica que su padre «pidió tener escolta 24 horas antes de que lo mataran», alarmado por la escalada tras el alto el fuego. «Lo vivía muy mal. Sentía que podía ser un objetivo de la banda. La tarde antes de que lo mataran se reunió con la delegada del Gobierno, Julia García Valdecasas, y se lo comentó. En nombre del Gobierno le dijo que no debía temer nada y que no debían ponerle escolta porque de ninguna manera era un objetivo». Lluch se lo reveló a su hija horas antes de ser tiroteado, mientras comían. «Me dijo que estuviera tranquila. Tenía la garantía del Estado. Hubiese estado bien que nos explicaran en qué se basaron para dársela», dice Rosa.

«Aunque la petición de diálogo ya venía de antes, Lluch emergió como un símbolo de que se tenía que hablar», interpreta Robert Manrique, por entonces delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Cataluña. La multitudinaria marcha en recuerdo del ex ministro se coronó con una improvisada petición de la periodista Gemma Nierga a favor de un diálogo con ETA, que disgustó al Gobierno de José María Aznar.

«Reflejó lo que mi padre hubiera hecho. Fue una figura incómoda que, como había dejado la política activa, se podía permitir decir cosas que otros lo tenían difícil», piensa su hija. «No entendí la crispación que se montó por aquello. Mayor Oreja había dicho meses antes que se sentaría con ETA. Pero me incomodó que el mensaje no se consultase antes con las víctimas. Podríamos haberlo consensuado», cree Manrique.

El clamor no apiadó a los etarras: en las semanas siguientes segaron la vida de Francisco Cano, concejal del PP en Viladecavalls, y del guardia Juan Miguel Gervilla. El comando cayó en enero de 2001. El alivio resultó efímero: ETA reapareció dos meses más tarde, con un coche bomba ante un hotel de Roses. La metralla alcanzó a un mosso d’esquadra, Santos Santamaría Avendaño. «No fue una masacre porque allí unos muchachos se jugaron la vida. El hotel estaba lleno de jubilados, y los chicos los sacaron casi a rastras. Murió mi hijo, pero podrían haber muerto muchos más», advierte su padre, Santos Santamaría, vicepresidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas.

«Era su último día en Roses, al día siguiente lo trasladaban a Barcelona. Estaba fuera de servicio y, con la alerta, se presentó. Era el día de mi cumpleaños. Las últimas palabras que tuvo conmigo fueron: ‘Papá, muchas felicidades. Mañana nos vemos’», rememora el padre.

La lista de 54 asesinados en Cataluña se cierra con el único mosso abatido por la banda. «No fue el último porque ETA no quisiera matar más», dice Santamaría, quien siente que nombres como el de su hijo han caído en el olvido: «En parte, consuela que fuera el último. Pero fue nuestro hijo y no estamos seguros de que haya servido para mucho».

De hecho, hoy, las relaciones entre el independentismo catalán y la formación heredera de Herri Batasuna, Bildu, son muy estrechas.

El homenaje a Ruiz Casado ha sido suspendido por la Covid. Ni el comando Barcelona ni los autores del ataque en Roses, Aitor Olaizola y Eider Pérez, han pedido perdón.

La pelota está en el tejado de Moncloa. Ya lo estaba, pero ahora más aún si cabe. Los primeros contactos de miembros del Gobierno con el resto de formaciones políticas dejan la sensación, sobre todo en el sector de Unidas Podemos, de que unos Presupuestos con el apoyo de los nacionalistas son más posibles. En los encuentros y contactos de los últimos días, ERC y EH Bildu han trasladado al Ejecutivo, según fuentes conocedoras de las conversaciones, su disposición a apoyar las cuentas públicas con

El presidente del PP, Pablo Casado, ha cargado este viernes contra Pedro Sánchez por su “deslealtad” hacia las autonomías gobernadas por el PP, a las que intenta poner bajo “el foco” de las críticas, en referencia, sobre todo, a la Comunidad de Madrid.

En el acto de clausura del campus de la fundación Faes -presidida por José María Aznar-, el jefe de la oposición ha asegurado que el Gobierno de coalición ha “derivado sus responsabilidades y su negligencia” hacia las regiones, especialmente las que tienen ejecutivos “de centroderecha”.

El presidente del PP ha hecho hincapié en que la pandemia se ceba más con los “gobiernos nacionales” que peor han gestionado. “Sí, digo gobiernos nacionales, porque las pandemias son de responsabilidad exclusiva de los gobiernos estatales, por mucho que la coalición de PSOE y Podemos pretenda derivar su responsabilidad y su negligencia a las autonomías, y por mucho que intenten que la opinión pública sólo ponga el foco en las que gobierna el centroderecha”, ha recalcado.

A su juicio, lo que estamos viendo en España desde el fin del estado de alarma “es todo un ejemplo de cobardía, irresponsabilidad y deslealtad que no se ha visto en ningún otro país”: pretender trasladar a las regiones la culpa de que la gestión de la pandemia no esté dando resultados, cuando la ley marca que la competencia sobre emergencias sanitarias es del Ministerio de Sanidad.

Para Casado, el Gobierno pretende enjugar en Europa sus “manipulaciones grotescas en el apartado doméstico”. Pero el sistema europeo de progreso “no es neutral” y “no todo cabe ni todo se puede hacer en su nombre”, ha insistido Casado.

Hay decisiones, a su juicio, que convierten a España “en un problema” para Europa. “Estamos ante una encrucijada”, ha dicho: o aportar a la UE o “ser irrelevantes y dependientes política y económicamente”.

“Tener que recibir ayuda masiva de la UE porque no se ha saneado la situación doméstica es un fracaso, no es un éxito”, y “esa debilidad con respecto a Europa no la produce España, la produce la izquierda, especialmente este socialismo que se ha puesto en manos de radicales, populistas y separatistas”, ha juzgado.

“Esa postura decadente y subordinada” no es sino un “europeísmo pasivo y de segunda fila” que el PP no comparte. Por eso ha pedido aprovechar la ayuda europea para “que nunca más se tenga que pedir ayuda”.

Las alertas de Aznar

En su breve introducción al discurso de Pablo Casado, Aznar ha alertado de que “la democracia liberal vuelve a estar en peligro”. “Las tendencias desintegradoras se expanden por el mundo y los populismos representan un grave peligro para nuestra democracia”, ha avisado el ex presidente.

A juicio del presidente de Faes, “en el tiempo inmediato va a haber ganadores y perdedores” de la pandemia. “Mi consideración es que aquellos países en los cuales sus problemas domésticos prevalezcan, perderán”, y España “hoy tiene todas las características para estar entre los perdedores”, ha juzgado.

El jurado del juicio del crimen de los tirantes ha emitido su veredicto considerado a Rodrigo Lanza culpable del asesinato de Víctor Laínez. Aunque no tuviera intención de causarle la muerte, ha dicho el portavoz del jurado, al menos era probable que esta se produjera por la contundencia de los golpes dados asumiendo dicha responsabilidad y que debe responder por ello.

Los nueve miembros del jurado, tras dos días de deliberaciones, han estimado que Lanza golpeó a Laínez por detrás, que Víctor Laínez no tuvo posibilidad de defenderse y que actuó por motivos ideológicos.

La causa más probable de la muerte de Laínez, para el jurado, fueron los severos traumatismos craneoencefálicos a consecuencia de la agresión y no del impacto que se produjo en la cabeza al caer al suelo, como estimó el primer jurado que juzgó el caso.

No han considerado acreditado que Lanza viera una navaja en las manos de Laínez ni que escuchara al amigo que lo acompañaba gritarle advirtiéndoles de la existencia de el arma blanca, lo que alegaba Lanza esgrimiendo legítima defensa. Tampoco ha considerado el jurado acreditada su versión de Lanza de que actuó movido por el pánico y que le dio el primer golpe de frente.

Sí ha estimado en favor de Lanza que actuó influenciado ligeramente por el acohol y que no hubo ensañamiento porque la víctima estaba semiconsciente cuando Lanza le dio primero una patada en la cabeza. luego puñetazos en la cara y una última patada “muy fuerte” antes de marcharse.

Entre las 45 cuestiones sobre las que han tenido que pronunciarse, también han considerado probado que, poco después de entrar al local, uno de los amigos de Pablo le dijo que la víctima “era de extrema derecha o neonazi y que en ocasiones llevaba tirantes con los colores de la bandera española”. Y también que en la convesación que mantuvieron en la barra antes de la agresión Lanza le dijo a Laínez que era un “facha y fascista, y que ese era un barrio antifascista, que no querían nazis en el barrio, y que no era bienvenido”.

Tras escuchar el veredicto del jurado, la Fiscalía ha mantenido su petición de asesinato con alevosía con el agravante de haber actuado de motivos ideológicos y el atenuante de haber actuado influido levemente por la ingesta de alcohol, como ha estimado el jurado, por lo que ha rebajado su petición inicial de 25 años de prisión a 20 años.

La acusación particular, que ejerce la familia de Laínez ha pedido 23 años de prisión, la misma pena que la acusación popular, que ejerce Vox.

La defensa de Rodrigo Lanza, que ejerce el abogado Endika Zulueta, ha solicitado una condena por “un delito de lesiones con resultado de muerte, cuyo marco de pena es de dos a cinco años, con la atenuante de la influencia del alcohol” y ha estimado que no se le puede condenar por asesinato.

Zulueta considera que no hay mayoría suficiente en la cuestión 27, en la que el jurado ha respondido que “no” por cinco votos a cuatro, pregunta que hace referencia a si Rodrigo Lanza escuchó al amigo que lo acompañaba advertirle de que Laínez se acercaba a él con una navaja. Exactamente, la pregunta dice lo siguiente: “Considera el Jurado probado que Rodrigo cuando se marchaba del local con sus amigos, al llegar a la primera puerta interior escuchó que Pablo gritó, al menos en dos ocasiones ‘Cuidado Rodrigo, detrás de ti que lleva una navaja. Los gritos de Pablo diciendo que llevaba una navaja fueron escuchados por B. y M”.

Citando al Supremo, según Zulueta, al ser este un hecho favorable al acusado, la mayoría de cinco a cuatro no es suficiente. “Tendría que haber sido de 7 votos a dos”, ha dicho. “El veredicto no es válido, señoría, y por lo tanto no se puede dictar sentencia”.

Y para el caso de que la magistrada sí lo considere válido, ha dicho Zulueta, tampoco desde su punto de vista se puede aplicar la agravante de alevosía porque la pregunta sobre si la víctima tuvo posibilidad de defenderse “está referida de forma genérica”.

Durante la intervención de Zulueta se han producido tensiones con los abogados de las acusaciones y con la propia magistrada. “Señoría, ruego que me ampare”, decía. “Es muy desagradable este juicio y estoy deseando que termine”, respondía la magistrada María José Gil Corredera.

“Por un lado estoy contento porque este asesino va a pagar por lo que hizo, pero por otro lado no estoy contento porque a mi hermano no lo voy a recuperar nunca”, decía a elmundo.es Javier Laínez, hermano de la víctima, tras conocer el veredicto. “Yo creo que esta vez el jurado ha hecho más caso a los chicos que estaban allí y que no lo conocían de nada [los 5 jóvenes que se encontraban aquella noche en el bar Tocadiscos] y a los peritos forenses, añadía antes de mostrar su descontento porque no se haya considerado probado el ensañamiento.

Es la segunda vez que se juzgan estos hechos puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anuló la sentencia anterior, que condenó a Lanza a cinco años de prisión por un delito de lesiones en concurso con homicidio doloso, al considerar que el jurado no había motivado suficientemente su veredicto.

El anterior jurado consideró que Lanza tenía intención de lesionar a Laínez pero no de matarlo y que la causa más probable de la muerte de la víctima no fueron los golpes que Lanza le propinó sino la lesión que se produjo Laínez en la cabeza al impactar esta contra el suelo en la caída.

Estimó que Lanza se abalanzó de forma sorpresiva sobre Laínez por la espalda y le asestó un golpe seco en la cabeza, sin que tuviera posibilidad alguna de defensa, y que la víctima ya estaba inconsciente cuando Laínez siguió golpeándolo una vez en el suelo.

No consideró probado que Lanza actuara bajo un miedo insuperable ni afectado por el alcohol. Sobre si el motivo de la agresión fue ideológico, aunque no consideraron acreditado que Lanza viera los tirantes con la bandera de España que llevaba la víctima, sí estimaron este agravante.

Los hechos sucedieron el 8 de diciembre de 2017 en el local Tocadiscos de Zaragoza y fueron juzgados por primera vez en noviembre de 2019.