El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se encuentra ingresado en un hospital público en Madrid por una afección en la vesícula que ha venido sufriendo desde el pasado 29 de abril y que se ha diagnosticado finalmente como cólicos biliares y colecistitis, provocados por piedras en la vesícula.

Según han informado fuentes gubernamentales, el equipo médico del hospital ha recomendado una intervención quirúrgica que se producirá esta tarde.

Por esta razón, se cancelará toda su agenda durante los próximos días e irá reincorporándose a ella, según las indicaciones de los facultativos médicos

El Parlamento Europeo ya tiene una primera conclusión tras su visita al país para analizar las políticas desarrolladas en materia de igualdad: España es un país a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género, pero era “necesaria” una reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ ante la “alarma social que generaron las rebajas de condenas a agresores sexuales, que superan ya el millar según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A finales de febrero, poco después de que el PSOE registrase su iniciativa para modificar la ley de libertad sexual —la del ‘solo sí es sí’—, siete miembros de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo viajaron hasta Madrid para evaluar las políticas de igualdad de género en España, así como recabar información sobre la polémica ley del ‘sí es sí’, las iniciativas sobre cuidados y dependencia, y la lucha contra la trata y la explotación sexual. 

Pero el foco se lo llevó la ley impulsada por el ministerio de Irene Montero. La conclusión, entonces, fue clara respecto a la norma que finalmente sí acabó modificándose con el rechazo del ala morada del Ejecutivo a finales de abril: había que abordar las “posibles lagunas” que se pudieran generar con su entrada en vigor en septiembre, “cuanto antes”. Y así lo ha reafirmado la comitiva europea en el borrador del informe de la misión, al que ha tenido acceso 20minutos. 

“Se necesita un cambio urgente de la ley del ‘sí es sí’ debido a sus efectos no deseados y a la alarma social que generó en España”, reza el documento que todavía no es definitivo, pues está abierto a comentarios hasta el próximo 12 de mayo para que pueda votarse en su conjunto en la comisión del 24 del mismo mes. 

Con todo, el informe preeliminar, que aglutina una veintena de páginas con comentarios sobre otras iniciativas, asegura que la propia titular de Igualdad, Irene Montero, “reconoció” durante la reunión “su preocupación por la reducción de las penas”, pero también alertó del “riesgo de volver al sistema que existía antes de la aprobación de la ley”. Se refería entonces Montero a la reforma socialista que arrancaba su tramitación en el Senado, y que, ya en vigor, ha vuelto a introducir la violencia y la intimidación como subtipos agravados para computar penas de hasta dos años más de prisión cuando concurran.

El documento recuerda igualmente que la jefa de la misión ya afirmó durante su visita en la que se reunió con miembros del Gobierno, parlamentarios, jueces y otras organizaciones que, en todo caso “atacar a los jueces no es el camino” para enmendar las rebajas de condena a agresores sexuales en aplicación de la ley más favorable para el reo. “Otras diputadas consideraron que esto es un posible ataque a la democracia”, resalta, el texto, que añade que otros miembros destacaron, sin embargo, que la ley supone “un punto de referencia con su reconocimiento de la indispensabilidad del consentimiento”.

“También se expresaron preocupaciones sobre los efectos de la aplicación de la ley trans”, añade en sus conclusiones. El informe, elaborado por la presidenta de la delegación, Elzbieta Lukacijewska, recibirá en la próxima semana enmiendas de las europarlamentarias de distintos partidos políticos, por lo que en ningún caso es vinculante. 

No solo el ‘sí es sí’

Encabezada por Lukaciejewska, la misión estuvo compuesta por las españolas Rosa Estaràs (PP), Lina Gálvez (PSOE) y Soraya Rodríguez (Ciudadanos), junto a la popular chipriota Eleni Stavrou, la socialdemócrata sueca Carina Ohlsson y la sueca de los Verdes Alice Bah Kuhnke. También participaron, aunque como acompañantes, las españolas Margarita de la Pisa (Vox) y María Eugenia Rodríguez Palop (Podemos). 

Las cinco españolas redundaron entonces en la polémica en torno a la ley a raíz de las revisiones de condenas a agresores sexuales, pese a que, tanto la del PSOE como la de Podemos insistieron en que la ley del ‘solo sí es sí’ no fue el único asunto debatido en esos tres días. Así lo aseveró la eurodiputada socialista Lina Gálvez, quien recalcó que la norma responde a “las obligaciones que tenemos como país con el Convenio de Estambul” y con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “Es verdad que la misión llega en un momento en el que hay una alarma social, y se ha derivado o ha tenido mayor importancia de la que podría haber tenido en otros momentos”, precisó en declaraciones a los medios. 

“Que la ley del ‘solo sí es sí’ haya ocupado la centralidad de buena parte, ya no de las reuniones, sino de las preguntas formuladas por las personas que formaban parte de la misión, no quita que el objetivo no era ese”, recalcó también Eugenia Rodríguez, la eurodiputada de Podemos. 

Comisiones Obreras denuncia que el ingreso mínimo vital (IMV) adolece de “problemas importantes de diseño y gestión” que están limitando su eficacia e imposibilitan que la ayuda llegue a todos los beneficiarios potenciales. De igual manera, el sindicato capitaneado por Unai Sordo aboga por una reforma “en profundidad” del sistema de prestaciones por desempleo, para que ningún hogar quede en situaciones de vulnerabilidad en un país en el que un tercio de los parados no recibe ningún tipo de prestación. 

Así lo expresa el sindicato en su informe anual dedicado al mercado de trabajo y la protección por desempleo publicado este miércoles. El documento ha sido presentado en la sede de CC OO en Madrid por su autora, Hortensia García, técnico en el área de Políticas Públicas y Protección Social, y el secretario confederal, Carlos Bravo. 

Desde CC OO señalan que aunque el IMV ya supera en número de beneficiarios a las rentas mínimas de inserción que proporcionan las comunidades autónomas, las concesiones de ayudas están “aún claramente por debajo de los objetivos establecidos por el propio Gobierno”. En concreto, los últimos datos disponibles publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones situaban el número de beneficiarios en 1,7 millones, frente a los 2,3 millones que el Ejecutivo se marcó como meta cuando lanzó esta ayuda en 2020.

Entre los factores que están limitando el despliegue del IMV, Comisiones señala los umbrales máximos de recursos económicos exigidos para poder acceder a esta renta garantizada que perciben los hogares más vulnerables. Para el sindicato, existe un decalaje entre la situación económica real de los hogares y las cifras de ingresos que analiza la Seguridad Social, que corresponden al año anterior a la petición de la ayuda. Esto estaría provocando que familias que caen en la vulnerabilidad no puedan acogerse con rapidez al ingreso mínimo.

Además, desde CC OO denuncian que la mayoría de las comunidades han recortado sus programas de rentas de inserción autonómicas desde que el IMV hizo acto de presencia. Según ha explicado Carlos Bravo, solo Cataluña, Canarias y Baleares aumentaron su gasto en sus rentas mínimas, mientras que en el resto de territorios, las han recortado. Algo que, para Bravo, ha ocurrido de manera “muy notable” en Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha.

Por todo ello, el sindicato exige “una revisión a fondo” tanto del IMV como del sistema de prestaciones por desempleo que permita que “ninguna familia o persona llegue a situaciones extremas de necesidad y exclusión social”. En este sentido, señalan que “hay personas que no entran en la red del IMV y no están cubiertas en la red de protección asistencial por desempleo”. 

Mejorar la protección por desempleo

El rediseño del ingreso mínimo vital, defienden en CC OO, tendría que venir de la mano de una reforma del sistema de prestaciones por desempleo que debería conducir a un sistema de prestaciones más claro y accesible. El Gobierno se comprometió a esta reforma con Bruselas en el plan de recuperación y así lo plasmó en el componente 23 del programa de reformas presentado a la Comisión Europea.

El calendario del plan de recuperación exige que esta reforma quede cerrada antes de que concluya el año. Un elemento que, junto a los mensajes que llegan desde el Ministerio de Trabajo, hace temer a CC OO que la reforma que se presentará será superficial. 

Desde el sindicato ponen el foco en las prestaciones asistenciales por desempleo (es decir, las que se perciben sin cumplir los requisitos de cotización). En CC OO conceden que en los últimos años se han logrado varios avances en esta materia. Entre ellos señalan el reconocimiento del paro a las empleadas del hogar, la homologación de las prestaciones de los fijos discontinuos a la del resto de trabajadores o el paro del artista. Sin embargo, estas actuaciones han sido “parciales” y centradas en “colectivos concretos”, sostiene Carlos Bravo.

Para Bravo, es necesario simplificar el amplio abanico de subsidios asistenciales que existen hoy día (entre ellos, el paro a mayores de 52 años o el subsidio agrario) y flexibilizar los requisitos para acceder a ellos. Además, Bravo señala que las reformas que se han ido acometiendo en este ámbito en las dos décadas pasadas han dificultado el acceso y recortado la duración y cuantía de estos programas de ayudas.

En concreto, CC OO reclama mejorar las cuantías del paro asistencial para los desempleados que trabajaron a tiempo parcial (actualmente asciende al 80% del Iprem, es decir, 480 euros al mes) o reforzar el régimen especial agrario para que todos los desempleados en el sector puedan disfrutar del subsidio.

En España hay alrededor de 2 millones de personas que reciben prestaciones por desempleo, de los cuales el 56% se benefician de una ayuda asistencial. No obstante, entre los parados de más de 50 años, la tasa de prestaciones asistenciales supera el 71%. Una cifra que refleja la fuerte presencia de los mayores de 50 años en el grupo de parados de larga duración. En este sentido, desde CC OO señalan que una parte importante de los mayores de 50 años supera períodos de desempleo que les dejan fuera de cualquier prestación y con pocas opciones de volver al mercado laboral.

El Ministerio de Trabajo está ultimando los detalles del denominado Estatuto del Becario con el objetivo de presentar a los agentes sociales un texto que permita cerrar un acuerdo sobre la regulación de este colectivo, que comenzará a cotizar a la Seguridad Social desde este mes de octubre.

Las negociaciones de esta norma, que arrancaron en abril del año pasado y con la que se busca regular los derechos de las personas en prácticas, se han extendido más de lo inicialmente previsto en aras de consensuar un acuerdo de todas las partes.

La aprobación de esta regulación busca acabar con el fraude detrás de prácticas y becas, especialmente en las extracurriculares (las que no están ligadas a ninguna formación reglada), uno de los principales puntos de escollo para el acuerdo.

De hecho, el Gobierno logró cerrar en octubre del año pasado un principio de acuerdo con los sindicatos sobre un texto que después se modificó en ese punto de las extracurriculares para intentar atraer a la patronal.

En ese pacto con los sindicatos se estableció que solo serían posibles cuando formasen parte de los contenidos curriculares para la obtención de títulos oficiales.

Para el resto de prácticas deberían usarse los contratos formativos regulados en la reforma laboral (artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores), que son el de formación en alternancia o el de adquisición de práctica profesional.

La nueva propuesta del Gobierno daría una cierta flexibilización a esa prohibición de las prácticas no curriculares, según fuentes de la negociación.

Los sindicatos expresaron sus dudas sobre el cambio y, tras la última reunión del 30 de marzo pasado, las partes siguen esperando la versión de Trabajo en una negociación que ha terminado entrando en el arranque del ciclo electoral con las autonómicas y municipales del 28 de mayo.

“Estamos (…) intentando reorganizar los detalles de una norma compleja”, reconocía esta semana el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquin Pérez Rey, que recordaba que también están implicadas en su elaboración las universidades, el sistema de Formación Profesional y los servicios de empleo.

“La intención clara es que se apruebe esta legislatura y de la mano de los interlocutores sociales”

“La intención clara es que se apruebe esta legislatura y de la mano de los interlocutores sociales”, incidió Pérez Rey.

Desde los sindicatos confirman que siguen sin novedades y a la espera de que el Gobierno envíe el texto con las últimas modificaciones.

El estatuto del becario también establecerá, entre otros aspectos, límites para el número de personas en formación práctica en una empresa, así como el derecho a la compensación de gastos, vacaciones, días festivos o al uso de los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras en el centro de trabajo en las mismas condiciones.

Los becarios comienzan a cotizar en octubre

En paralelo a esta negociación, el Ministerio de Inclusión ya dejó fijado el pasado mes de marzo en el real decreto ley de la reforma de pensiones la inclusión en la Seguridad Social de los becarios.

Así, los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación, donde entran alumnos universitarios y de formación profesional, comenzarán a cotizar desde este próximo mes de octubre.

Según la norma, a las cuotas por contingencias comunes de estas cotizaciones se les aplicará una reducción del 95 %.

Asimismo, la norma contempla la posibilidad de que los becarios puedan computar, a través de un convenio especial con la Seguridad Social, hasta dos años de prácticas que hubieran realizado antes de la fecha de entrada en vigor de la ley. 

España arrastra desde hace una década una penosa herencia, en forma de demandas de inversores extranjeros en energías renovables, que no logra frenar y en la que se juega tener que pagar hasta 10.000 millones en indemnizaciones. El origen es la ley que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 para imponer el pago de cargos y peajes a los proyectos de autoconsumo -el que se denominó ‘impuesto al sol’- que también incluyó una rebaja de la rentabilidad que habían previsto numerosas compañías que se habían lanzado a crear miles proyectos de renovables en España. Esto provocó un aluvión de demandas que el actual Gobierno no logró frenar en 2019 con una ley para intentar compensarles ni, según pasan los años, en los tribunales internacionales. La última condena llegó el pasado miércoles y obliga a España a pagar 24,5 millones de euros más el 60% de los costes e intereses a la empresa británica Infracapital Solar.

Este es el último litigio que ha perdido España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, especializado en el arreglo de diferencias entre Estados e inversionistas extranjeros y la instancia a la que fueron a parar la mayoría del más de medio centenar de demandas que inversores extranjeros interpusieron contra España por el cambio legal que en 2013 redujo sus expectativas financieras cuando invirtieron en proyectos de renovables. 

Hasta ahora, el CIADI ha tramitado o sigue tramitando 40 casos contra España por este motivo, de los que 16 han terminado y 24 quedan todavía pendientes. Veintitrés, si se descuenta la última condena, al pago de una indemnización de 24,5 millones en un proceso que ha contado con asesoría legal también desde España, desde la oficina en Madrid del bufete Allen & Overy. También hay letrados españoles en otros casos, como el todavía pendiente de la empresa alemana WOC Photovoltaik asesorada por Claros Abogados. En otro de los litigios, planteado por la japonesa Itochu Corporation, está involucrado hasta un exministro de Asuntos Exteriores de Portugal, André Gonçalves, hoy socio de Cuatrecasas.

Los 24,5 millones para Infracapital Solar es la última cantidad que adeuda España en un cúmulo de pleitos internacionales en los que el Gobierno llegó a calcular que se arriesgaría a pagar hasta 10.000 millones de euros. Antes que este caso, a lo largo de los años, el CIADI y otras cortes también se han decantado a favor de los demandantes y en contra de España. Por ejemplo, en 2018 esta misma instancia determinó que España tenía que pagar 64,5 millones a un fondo de Abu Dabi y 48 millones, más costas e intereses millonarios, a la danesa Athena Investments.

En los últimos años, algunas compañías decidieron retirar sus demandas y acogerse a una rentabilidad ventajosa del 7,39% hasta 2031 que les ofreció el recién llegado Gobierno de Pedro Sánchez en 2019 como una forma de compensar la caída de sus retribuciones de la ley de 2013. Mientras que en el Ejecutivo afirman que esta norma “frenó radicalmente” las demandas, fuentes jurídicas afirman que no fue más que “un parche” que empresas como Infracapital, la última en ver reconocida su compensación, consideraron insuficiente. Por otra parte, la realidad es que las indemnizaciones que finalmente impone el CIADI en los pleitos que siguen vivos suelen distar bastante de las pretensiones de los demandantes. “Hay veces que se piden 100 millones y se consiguen 50”, dicen en otro despacho que ha asesorado casos contra España por las inversiones en renovables.

De 10.000 a 1.500 millones

Por estos dos motivos, los cálculos en el Gobierno son que esos 10.000 millones de euros en indemnizaciones que se temieron en un principio podrían quedar reducidos al 15%, es decir, a 1.500 millones, una cifra que un abogado experto en Derecho Internacional, asesor de alguno de los casos pendientes y que pide anonimato, califica de “propaganda de Gobierno” para hacer ver que los procesos van mejor de lo que realmente van. Sí admite que “es normal” que la indemnización que fijan estos laudos son inferiores a las reclamaciones iniciales pero la cuestión, añade, es saber “cuántas veces van a condenar a España y se van a pedir  indemnizaciones”. 

La existencia de estos pleitos a escala internacional es algo que resurge de forma intermitente, cuando hay una condena o cuando es motivo de  refriega política, como ocurre últimamente entre la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y el PP a cuenta de quién hizo más por desplegar las renovables. Esto es algo que se atribuyen los populares últimamente, alegando que la mayoría de la potencia instalada de los últimos años viene de subastas de renovables organizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Frente a ello, Ribera y el PSOE han afeado al PP tener que hacer ahora frente a contenciosos millonarios con empresas extranjeras debido al “hachazo” a las renovables por una ley popular. “Éramos unos apestados en el mundo internacional de inversión en energías renovables y estábamos en el top tres de los países con más demandas ante la CIADI”, espetó Ribera hace unas semanas en el Congreso al diputado del PP Guillermo Mariscal.

Estos contenciosos por la defensa de las inversiones internacionales no tienen en cuenta de qué signo político es el gobierno de un país infractor ni si uno u otro modifica la ley, tal y como señala un experto en Derecho Internacional. Independientemente de las circunstancias políticas del momento, es algo que compete al Estado y en el caso de España es la Abogacía General del Estado la que lleva las riendas de la defensa de los intereses españoles.

España se resiste a pagar

A pesar de que se suceden las condenas, España todavía no ha desembolsado ni un euro, como subraya el propio Gobierno. “Ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar”, subrayan en el Ministerio de Transición Ecológica. El motivo que esgrime la Abogacía del Estado es que estos pagos pueden ser contrarios al Derecho de la UE, porque pueden ser considerados ayudas de Estado, que deben ser aprobadas por la Comisión Europea. Así, cada vez que España es condenada al pago de una multa, se lo comunica a Bruselas y espera a que se pronuncie, algo que todavía no ha ocurrido. 

Estos argumentos tampoco suelen convencer al tribunal del CIADI. En su última resolución sobre el caso Infracapital rechazó esta objeción española relativa a la legislación europea en materia de ayudas de Estado y determinó que España había incumplido el estándar de Trato Justo y Equitativo porque la ley de 2019, que ofrecía blindar durante doce años una rentabilidad del 7,34, no proporcionó a las instalaciones de energía renovable de Infracapital un “rendimiento razonable”.

Además, la negativa del Gobierno a desembolsar las indemnizaciones  ha provocado situaciones tan kafkianas como que el mes pasado el Tribunal Superior de Londres dictara tres órdenes de pago que podrían llevar a embargar la sede londinense del Instituto Cervantes y congelar sus cuentas, así como la oficina comercial de la Generalitat catalana en la capital británica como garantía de ejecución de la multa que se le impuso a España en la demanda de 120 millones de inversores de Luxemburgo y Alemania por el mismo motivo.

“España se está situando en rebeldía internacional en términos del Derecho Público Internacional y no está cumpliendo con los laudos confirmados que le condenan a pagar a inversores extranjeros”, denuncia un abogado que asesora a varias empresas en el CIADI. “Significa que España se está convirtiendo en un Estado que no cumple laudos internacionales al nivel de Venezuela y de lo que pasó en Argentina”, que añade que han terminado pagando sus laudos. 

Sin embargo, no todo el mundo piensa así. El mes pasado, coincidiendo con la provisión para embargar el Instituto Cervantes en Londres, un tribunal de Washington rechazó por primera vez la solicitud de ejecución del laudo de  26,5 millones a las dos compañías holandesas al considerar que, como alega la Abogacía del Estado, España carecía de capacidad jurídica para aceptar el arbitraje con arreglo a la legislación de la Unión Europea.

El sorteo de la Primitiva celebrado este sábado ha dejado un total de cinco acertantes de segunda categoría (5 aciertos + complementario), que se han llevado un premio de 38.120,19 euros cada uno.

En concreto, los cinco boletos agraciados han sido validados en administraciones y despachos de Loterías de las localidades de Toledo, Valencia, Pontevedra, Ca’n Picafort (Baleares) y Benavente (Zamora).

Este sábado no ha habido boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro) ni de primera categoría (6 aciertos), por lo que se incrementa el bote que se pondrá en juego en el próximo sorteo.

De este modo, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar el próximo lunes un premio de 2,6 millones de euros, informa Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado.

La recaudación del sorteo celebrado este sábado ha ascendido a un total de 10.067.703 euros.

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, apostó este sábado por ampliar la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años, como está haciendo Portugal y como han hecho Bélgica y Alemania, para atajar el abandono escolar y la falta de oportunidades laborales de jóvenes españoles. 

Así lo indicó Guasp en rueda de prensa durante la celebración del acto ‘Por una educación transformadora, por los tuyos’, celebrado en Madrid, donde estuvo acompañada por los candidatos de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y del Principado de Asturias, Aruca Gómez y Manuel Iñarra, respectivamente.

En esta rueda, Guasp adelantó un paquete de medidas que es una “revolución liberal de la educación” que también quiere “garantizar la equidad de nuestros docentes”. Por ello, propone que tengan equiparación y dignidad salarial acabando con las diferencias entre comunidades autónomas y entre la pública y la concertada.

Es decir, continuó, que los docentes “cobren lo mismo en el País Vasco, que en Murcia, que en Madrid que en Baleares”. “No puede ser que haya una diferencia de más de 500 euros al mes” entre diferentes comunidades, destacó Guasp, quien apuntó que Ciudadanos dice “sí” a la “igualdad en la educación”.

“Los docentes cobren lo mismo en el País Vasco, que en Murcia, que en Madrid que en Baleares”

Otras medidas de este paquete contemplan un préstamo universitario para estudios superiores de alta calidad a interés 0 durante dos años para aquellos estudiantes que no puedan costearse estudios de grado, posgrado o formación continua, que el beneficiario podrá devolver en 15 años, cuando sus retribuciones superen los 26.000 euros anuales.

“Coordinador del bienestar”

Asimismo, otra medida, según explicó Guasp, es implantar un enfermero escolar, un profesional de la salud mental y un “coordinador del bienestar” en cada centro educativo porque eso “lo tienen que hacer los especialistas, no los docentes”. “Queremos que vuelva la dignidad del docente a las aulas en nuestro país”, añadió.

Guasp también criticó que el PP y el PSOE tienen “modelos educativos del siglo XX” y apuntó que la “asignatura pendiente” en España es “una revolución educativa” que garantice la calidad educativa en las escuelas públicas, que las familias puedan llevar a sus hijos a las escuelas concertadas que deseen y luchar contra el abandono escolar.

Además, subrayó que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aparte de ser “un repetidor” y estar “en el pupitre del conformismo”, es “el alumno que copia, pero que copia mal al PSOE” de Cataluña y Baleares que “ha impuesto un monolingüismo” en las aulas. Por ello, esperó que “no lo imponga en el resto de España”.

El Ministerio de Igualdad ha explicado que no entra a valorar el vídeo en el que su secretaria del Estado, Ángela Rodríguez ‘Pam’ publicó durante la manifestación del 8M en el que se lamentaba que la madre del presidente de Vox, Santiago Abascal, no hubiera abortado, por el contexto en que se ha producido.

En una respuesta escrita a una pregunta formulada por Vox en el Congreso, el departamento que dirige Irene Montero ha señalado que los hechos a los que se refiere Vox se produjeron “en el marco de los actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con asistencia de aproximadamente 700.000 personas”.

Y, en este sentido, apunta: “El Ministerio de Igualdad no entra a valorar las declaraciones, cánticos o manifestaciones verbales que puedan hacerse en este contexto”.

El video en cuestión fue grabado por la propia secretaria de Estado de Igualdad durante su participación en la manifestación del 8M. En las imágenes se graba junto a unas participantes de la marcha que cantan ‘Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar’, ante las que ella sonríe.

Vox pide su cese

La formación ha reclamado el cese de la ‘número dos’ de Montero por estos hechos y en su pregunta registrada en el Congreso cuestiona al Gobierno sobre sus intenciones sobre esta cuestión. Según recoge en el texto, la secretaria de Estado ha contribuido con esta actitud a “fomentar discursos de odio y ataques personales contra representantes políticos que disienten de su ideología”.

El propio Abascal se ha referido a este episodio durante una de sus intervenciones en la tribuna de la Cámara baja en la moción de censura que su partido impulsó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Dice que odio a las mujeres, esto es increíble, y que retire no sé qué insulto. ¿A quién se refiere? ¿A las que el otro día me deseaban la muerte? ¿Se refiere a esas que tiene en el Gobierno que el otro día me deseaban la muerte? ¿Se refiere a esas?”, preguntó el presidente de Vox a Sánchez.

“Por cierto, me llamó mi madre que me hizo un piropo, me vino muy bien lo que dijeron porque me dijo: ‘Qué pena hijo, que no he tenido dos gemelos iguales”, continuó el diputado.

Tras las críticas de Vox, Rodríguez consideró que la formación “está teatralizando un poco”. A su juicio porque “no entienden el feminismo”.

El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones autonómicas y municipales, donde la gran mayoría de ciudadanos podrá votar a los representantes que se encargarán de tomar las decisiones que le correspondan en cada región y localidad.

Estos casos se basan en una democracia representativa, sin embargo, en España quedan lugares en los que el sistema de gobierno no funciona de la misma manera, sino que son los vecinos los que toman las decisiones en lo que se denomina una democracia auténtica.

Ahora bien, esto solo es posible en aldeas con pocos habitantes, como Santiuste, un pueblo ubicado en la sierra norte de Guadalajara. Aquí se practica una forma auténtica de democracia conocida como régimen de concejo abierto. 

Este tipo de gobierno asambleario se originó en la Edad Media y tiene una larga tradición en España, especialmente en pequeñas comunidades rurales. 

En el país se llegó a contabilizar más de mil concejos abiertos en pueblos con menos de 100 habitantes que así lo habían decidido, pero con la reforma de la ley electoral de 2011 se redujeron a 110, principalmente en las dos regiones de Castilla y Aragón.

En el caso de Santiuste, el Estatuto Municipal de 1924 lo consideraba la forma más completa de democracia pura, en coherencia con su inspiración romántica del municipio. “Es un movimiento que fomenta mucho la participación, porque si tienes que votar un presupuesto te vas a informar sobre el presupuesto”, indica la alcaldesa, Victoria Cuervo.

Victoria explica que en las próximas elecciones municipales, los 16 residentes empadronados en el pueblo serán concejales y votarán al alcalde: “El día de las elecciones votamos como todos, pero solo vamos a elegir a un alcalde, el resto de los concejales serán los vecinos censados”.

Y es que en el pleno municipal, donde se toman las decisiones que afectan a la localidad, pueden participar todos los vecinos, pero solo es válido el voto de los que están censados. Así, el regidor lleva unas propuestas a pleno y son los empadronados los que tienen que decidir.

Con esta fórmula el gobierno local resulta más transparente, puesto que todos los ciudadanos saben cómo y en qué se gasta el dinero. Por ello, a la mayoría de vecinos les gusta esta manera de autogobierno porque les permite ser parte directa de los acuerdos y resoluciones.

La actual alcaldesa está empadronada en Madrid, pero las elecciones municipales permiten que los candidatos a alcaldes no están obligados a residir en el pueblo donde se presentan debido a una excepción que se creó en 1991 para proteger a los políticos del terrorismo de ETA. 

El habitual sorteo de Lotería Nacional que tiene lugar todos los sábados de cada mes no se celebrará este 6 de mayo de 2023 y se pasará a este domingo con motivo de la festividad del Día de la Madre.

“Desde que tu madre es madre es extraordinaria: tiene respuesta a todo, encuentra cosas que ‘no estaban’… Porque lo de tu madre es extraordinario”. De esta manera el organismo anuncia este sorteo especial, que en total pondrá en juego 105 millones de euros.

El sorteo tendrá un premio extraordinario de 15 millones de euros a un solo décimo. Asimismo, se reparte un primer premio de 1.300.000 euros por serie (130.000 al décimo) y un segundo premio de 250.000 euros por serie (25.000 al décimo).

También se realizarán extracciones de dos, tres y cuatro cifras: para las extracciones de cuatro cifras, el premio será de 375 euros al décimo; en el caso de acertar tres cifras, serán 75 euros al décimo y si se aciertan dos cifras, son 30 euros al décimo.

De igual forma, los poseedores de aproximaciones de algún décimo con el número anterior y/o posterior al primer premio serán premiados con 24.000 euros (2.400 al décimo) y las del segundo con 15.325 euros (1.532,5 al décimo).

Como en otros sorteos, este contará con reintegros cuando la última cifra de un décimo coincida con la del primer premio, recuperando así el dinero invertido. 

Las personas que posean un décimo cuyos últimos dos o tres números coincidan con los del primer premio, serán agraciados con 75 euros.  Otros décimos que estarán recompensados con la misma cantidad son los que pertenezcan a la centena tanto del primer como del segundo premio.

El precio de cada décimo es de 15 euros y el sorteo se celebra a las 21:00 horas de la noche de este domingo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.