“Nosotros trabajamos, ellos cobran”. El texto, recogido en una de las pancartas de la concentración celebrada este jueves frente al Ministerio de Pilar Llop, resume con acierto el sentir mayoritario de los funcionarios de la Administración de Justicia en huelga. A punto de concluir la tercera semana de protestas, los sindicatos representantes de estos trabajadores no han conseguido avanzar una micra en la negociación para conseguir una subida salarial. Mientras tanto, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa una oferta de 44,5 millones de euros para los jueces y fiscales, que negocian activamente en la Mesa de Retribuciones y han anunciado una huelga para el 16 de mayo en caso de que las conversaciones fracasen. 

La situación es de tensión máxima entre los 45.000 funcionarios que conforman el 93% de la oficina judicial y han decidido endurecer sus protestas y mostrar fuerza frente a la sede de Justicia en la calle San Bernardo. Si la oferta sigue sin llegar, los paros -que en estos momentos se realizan de 10.00 a 13.00 horas- durarán toda la jornada los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. Durante las últimas horas, tras conocerse la oferta que el Ministerio ha trasladado a las carreras judicial y fiscal, los sindicatos de funcionarios han recibido “miles de mensajes” de compañeros que se sienten “funcionarios de segunda”, según ha asegurado el Javier Jordán, responsable del sector de Justicia de CSIF. 

“El parón en la Justicia es total, el seguimiento de nuestra huelga se eleva al 90%”, apunta Jordán. Y sin embargo, la ministra Pilar Llop no se ha reunido en ningún momento con los sindicatos, como sí ha hecho con jueces y fiscales. En consecuencia, según relata Luis Calero, de Comisiones Obreras, la sensación de estos trabajadores es que “se suben las retribuciones a los colectivos más privilegiados mientras se ignora al grueso de los trabajadores de la Justicia”. “Esperamos que de inmediato nos convoquen los ministerios de Justicia y Hacienda para solucionar este desaguisado, no se puede entender que aumenten la retribución a una pequeña parte y dejen de lado al 93%”, ha señalado. 

Frente a las reivindicaciones de estos trabajadores, el ministerio no tiene nada que decir por el momento. La ministra Llop ha reiterado durante las últimas semanas que su mano está “tendida”, pero no hay ninguna reunión con los sindicatos apuntada en el calendario. Y por cada día de huelga se agrava un poco más la acumulación de trabajo en los tribunales de toda España, que ya quedaron en una difícil situación tras dos meses de huelga de los letrados de la Administración de Justicia que paralizaron más de 400.000 juicios. 

Las reclamaciones de los funcionarios se basan en la subida de entre 430 y 450 euros mensuales que el Gobierno concedió a los 4.462 letrados judiciales que hay en España. De esta forma, los funcionarios exigen una subida “acorde a las funciones que realizan a diario”, concretamente un abanico de entre 350 y 430 euros que se añadirían a sus nóminas a través del concepto ‘complemento general del puesto’. 

Teniendo en cuenta que el cuerpo de funcionarios de la Justicia está integrado por unos 45.000 trabajadores, la subida que exigen supondría un desembolso anual de hasta 200 millones de euros. Además, los sindicatos reclaman que el Gobierno les incluya en la elaboración de la ley de eficiencia organizativa que actualmente se está tramitando en el Parlamento. 

Para más inri, los equipos técnicos de los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses se han sumado al carro de las protestas al no recibir ninguna respuesta al mensaje remitido el 20 de abril al ministerio solicitando una reunión para negociar. Estos equipos, formados por psicólogos y trabajadores y educadores sociales, han expresado su malestar ante la falta de reconocimientos “a nivel profesional y económico”. 

Ahora contemplan adoptar una serie medidas de presión, desde paros parciales hasta jornadas de huelga que afectarían especialmente a menores y víctimas de violencia de género. Estos profesionales exigen una regulación acorde a la especialidad y responsabilidad de su labor y buscan pasar por un proceso de funcionarización que les lleve a depender directamente del Ministerio de Justicia. 

El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado ‘yonki del dinero’, se ha desvinculado por completo de la contratación y gestión del servicio de ‘Call center’ de la empresa pública sobre la que se ha apuntado a un presunto amaño y ha aseverado que su exsuegro Mariano López, que colaboraba en el desarrollo de este servicio. 

Benavent se ha pronunciado así en el juicio que se sigue contra él y otras seis personas más, entre ellas el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, por la pieza D del caso Imelsa, relativa al ‘Call center’. 

Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus en esta ocasión de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión; por su parte, al ‘yonki del dinero’ le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y le pide cuatro años y medio de cárcel. 

Los otros cinco acusados en esta pieza -bien como autores directos o como cooperadores necesarios- están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Entre ellos está el exsuegro de Benavent, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión. 

“No tengo nada que ver con la contratación”

Benavent, en su testificación, ha recordado que el ‘Call center’ surgió tras una encomienda de gestión aprobada en el pleno de la Diputación por todos los partidos políticos con la oposición de la entonces diputada y ahora consellera Rosa Pérez. 

Ante la misma, Imelsa “tenía que ponerse a trabajar”, ha dicho, y él, como gerente de la empresa pública, debía poner los medios para que sucediera “de la mejor manera posible”, ha aseverado.

Sobre el contrato en sí que se adjudicó a la empresa Servimun S.L., para la que su exsuegro colaboró, ha dicho que no intervino: “No tengo nada que ver con la contratación ni con la adjudicación. No sé nada más”, ha señalado. También ha advertido de que no recibió ninguna orden de Rus para adjudicar el ‘Call center’ a Servimun. 

Ha apuntado al consejero delegado de Imelsa como la persona encargada de nombrar la mesa de contratación y de encargarse de la adjudicación “y todo lo demás”. También ha dicho que no fue a ninguna mesa de contratación y que su labor se circunscribió a la ejecución del contrato. 

Al respecto, ha comentado que se encargaba de supervisar que el servicio funcionase bien, que estaba en forma y plazo. “Nos encargamos varias personas de esto. Primero Salvador Deusa -exjefe de servicio de Diputación-, también María Escrihuela -exdirectora de Gestión de Personas- o el departamento de informática”, ha descrito. 

En un momento dado, ha explicado que Escrihuela le trasladó que había deficiencias en el servicio que había que subsanar. Así, se pidieron informes externos. 

Tras ello, se generó “tensión” porque Rosa Pérez les pedía explicaciones por el servicio: “Se creó tensión y luego vino todo lo que vino. López fue y para amortiguar la tensión llevó las cintas y lo demás” -en relación con las grabaciones que dieron origen a este procedimiento-.

“A López no sé lo que le pasó pero al tensionarse el servicio y ver que se le podía desmontar lo que tuviera montado, que yo desconocía, tiró por la calle de en medio. Ese señor se volvió loco. Llegamos incluso a plantear la rescisión del contrato porque no veíamos que ellos -Servimun y Mariano López- quisieran subsanarlo”. 

“López se lo tomó como un tema personal cuando solo queríamos que el servicio funcionara bien. Sin mi permiso ni consentimiento cogió mi disco duro con las grabaciones -estaba en casa de su exmujer- y se lo llevó a Rosa Pérez. Y así estamos”, ha apostillado.

Sin amaño

En la sesión de este jueves también ha prestado declaración otro acusado, Ricardo Francisco de Ángel, quien trabajó en la Diputación durante 40 años. Ha matizado que nunca ha sido empleado de Imelsa y se ha desvinculado del contrato del ‘Call center’. 

El acusado, tras incidir en que no tenía amistad ni enemistad con Rus, Benavent o su exsuegro, Mariano López, ha indicado que estaba destinado al servicio de gestión tributaria y firmaba las facturas que le llegaban porque era receptor del servicio. En relación con las del ‘Call center’, las firmaba y las devolvía a Imelsa. 

Sobre el contrato del ‘Call center’, ha aseverado que no tuvo ninguna participación con el expediente porque era competencia de Imelsa y tampoco formó parte de la mesa de contratación ni intervino en la redacción del pliego técnico ni valoró las ofertas de las empresas licitadoras. 

Así mismo, ha manifestado que lo que sí hizo fue firmar el informe de valoración de la oferta técnica y económica porque era el “receptor del servicio” y confiaba en el trabajo de los técnicos, que eran los “expertos”. 

Además, ha justificado que figuraba como responsable del contrato del ‘Call center’ porque se lo indicó el consejero delegado, pero realmente no ejerció como tal: “Me dijo que me iba a nombrar responsable porque la persona anterior había renunciado y yo dije que no. Aún así, me encontré con la sorpresa de una resolución en la que figuraba como responsable y redacté un escrito para quejarme. No obtuve respuesta. En ese momento me dijo el consejero que era una “orden de arriba”, de Emilio Llopis. 

Ha insistido en que “en ningún momento” percibió que se pretendiera amañar el contrato del ‘Call center’ a Servimun ni vio nada que le llamase la atención: “La verdad es que no. Ni aprecié ni vi nada que me hiciera pensar lo que me está diciendo el amaño. Si lo hubiera apreciado, lo habría manifestado”, ha explicado. 

El acuerdo firmado el pasado año entre España y Marruecos parece funcionar a la hora de contener la llegada de la inmigración irregular a la Península. Según los datos del último balance registrado por el Ministerio del Interior, la entrada de personas en territorio nacional ha descendido un 36,38% en estos cuatro primeros meses de 2023 con respecto al pasado año.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha lanzado un comunicado alertando de la probabilidad de que llegue antes de septiembre un episodio de El Niño, un fenómeno natural relacionado por un aumento de la temperatura global. Según el comunicado, la probabilidad de que se desarrolle este episodio entre mayo y julio es de aproximadamente el 60%. Un porcentaje que aumenta al 70-80% de julio a septiembre.

“El mundo debe prepararse para la formación de un episodio de El Niño, que suele asociarse a un aumento del calor, las sequías o las precipitaciones en distintas partes del mundo”, alertan. Pero, ¿cómo afectaría este fenómeno a España? 

En qué consiste el fenómeno de El Niño

El Niño es un episodio natural que se caracteriza por “la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera”, detalla la OMM. Por esta razón, los expertos han asegurado que todos los países deben prepararse para la formación de este fenómeno climático, asociado “a un aumento del calor, las sequías o las precipitaciones en distintas partes del mundo”.

Este patrón climático ocurre cada pocos años. “Las variaciones de la temperatura del agua generan cambios en el régimen de temperaturas y precipitaciones en muchas partes del mundo. Cuando las aguas marítimas en esta zona del planeta están más calientes de lo normal hablamos de El Niño y cuando están más frías, La Niña. Se trata, por tanto, de un continuo ciclo de calentamiento y enfriamiento”, explican los expertos del portal meteorológico Meteored.

Los riesgos de El Niño, ¿cuáles son?

La instalación de El Niño podría suponer un aumento de la temperatura en todo el planeta, que se sumaría a los efectos de la crisis climática que ya estamos experimentando. En el caso de España, analizar la influencia de este episodio resulta “complicado”, puesto que no se puede aislar este factor de otros, como “la diversidad climática, estación del año, o variabilidad atmosférica”, añaden. 

En todo caso, las diversas investigaciones concluyen que “la influencia de El Niño en el clima de Europa a priori es pequeña”. La gran parte de estudios han demostrado que cuando ocurre este fenómeno, la temperatura global aumenta. “A nivel europeo parece que hay cierta relación entre El Niño y una mayor probabilidad de tener temperaturas superiores a las normales o una mayor presencia anticiclónica en invierno”.

Aunque puede que solo sea un factor más, “los dos grandes modelos globales auguran que este próximo verano podría ser muy cálido en España, con anomalías importantes de temperatura en buena parte de Europa”, apuntan los expertos en meteorología.

¿Puede El Niño afectar a España?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también señala que es complejo conocer los posibles efectos que podría tener en España, aunque a nivel mundial se prevé que de lugar a temperaturas más elevadas. “En general, pero no necesariamente, en nuestro país, tiende a haber correlación positiva (más precipitación con El Niño) en otoño y negativa (menos precipitación con El Niño) en el final del invierno-primavera”. 

Con la llegada del buen tiempo, es habitual que se aprovechen los días libres para realizar una escapada al campo y disfrutar de una jornada al aire libre en plena naturaleza y sin preocupaciones. Sin embargo, estas actividades pueden suponer un peligro, y por ello la Guardia Civil alerta año tras año de que es necesario tener cuidado al salir al campo con la llegada del buen tiempo. 

El cuidado del campo, clave contra los incendios

Y es que la actividad humana en el campo puede suponer un riesgo muy alto para la generación de incendios, especialmente en la situación actual de sequía y de temperaturas anómalas. Es por eso que en un post, la Guardia Civil ha pedido cooperación a la ciudadanía y ha emitido una serie de alertas y de avisos a este respecto.

En concreto, la Guardia Civil ha llamado la atención sobre tres aspectos clave:

Hoy es el Día del Bombero

Precisamente con este aviso, y tras un 2022 fatídico en el plano de los incendios forestales, la Guardia Civil ha publicado en sus redes sociales un post por el Día del Bombero para conmemorar la figura de estos agentes que “siempre están al pie del cañón” en su labor como “servicio público de auxilio y apoyo en momentos de alto riesgo”, tal y como apuntan desde la Guardia Civil. 

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado este jueves que como afectada no conoce todavía la resolución en relación con la apertura de expediente sancionador tras dos avisos por atacar al PP desde Moncloa.

No obstante, ha manifestado el “respeto más absoluto siempre a las mismas”, al tiempo que ha dejado claro a los medios que su labor “como portavoz del Gobierno lo que trato siempre es de atender a sus preguntas” y, en cualquier caso, ha dicho, “cuando se me interpela sobre un asunto concreto, atender en esa concreción”.

Así lo ha señalado antes de presentar en Málaga la intervención del candidato del PSOE a la Alcaldía de la capital, Daniel Pérez, en un desayuno informativo de ‘Fórum Europa. Tribuna Andalucía’ y al ser cuestionada por el hecho de que la Junta Electoral Central (JEC) le comunicara la apertura de un expediente sancionador por vulnerar desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros su deber de neutralidad en periodo electoral.

Ha insistido, además, que “estamos en un periodo electoral que siempre es apasionante, pero sin duda para la ciudadanía lo más importante en un periodo electoral es saber qué proponemos” cada una de las formaciones políticas.

Gamarra: “Que se dediquen a gobernar”

Por su parte, el Partido Popular ha reclamado al Gobierno que “deje de hacer oposición desde la mesa del Consejo de Ministros”, que pronto harán oposición, pero que mientras tanto “se dediquen a gobernar”. En palabras de su portavoz, Cuca Gamarra, el PP espera que este aviso de la JEC, que ha calificado de “una llamada de atención”, disuada al PSOE de usar “las instituciones” como la Moncloa “para hacer oposición”.

El número premiado en el sorteo de la ONCE de este 3 de mayo de 2023 es el 62045. La serie corresponde a la 38. Puedes consultar todos los resultados en la web de 20minutos.es.

El Gobierno ha aprobado este miércoles tras la reunión ordinaria del Consejo de Ministros la convocatoria de 2.141 plazas para acceso a los centros docentes militares de formación de las Fuerzas Armadas, de las que 1.185 son de promoción interna y, entre ellas, 960 plazas para promoción de militares de tropa y marinería para acceder a militares de carrera.

En concreto, de las 2.141 plazas de ingreso en centros docentes militares de formación, 956 son plazas de acceso directo, lo que supone un incremento de 114 plazas respecto al año 2022; 635 para el acceso a las escalas de oficiales; 244 para acceder a las escalas de suboficiales; 77 para militar de complemento a las escalas de oficiales.

Por otro lado, para promoción interna se convocan 1.185 plazas, lo que supone un incremento de 76 plazas respecto al año pasado distribuidas en 192 para promoción de militares de carrera a la escala de oficiales; 16 para acceso a las escalas técnicas; 17 para acceso a la escala de oficiales enfermeros y 960 para promoción de militares de tropa y marinería para acceder a militares de carrera.

Además se ofertan 1.000 plazas para que militares de tropa y marinería accedan a una relación de servicios de carácter permanente desde el compromiso temporal, el mismo número de plazas que el año anterior.

También se ofertan 36 plazas para que militares de complemento accedan a una relación de servicios de carácter permanente, la mitad de plazas que el año anterior. También se fija una oferta de un máximo de 300 plazas para acceder a la condición de reservista voluntario, 50 plazas más que el año anterior.

Finalmente, se autoriza la convocatoria de 75 plazas de ingreso directo en el centro docente militar de formación para el acceso a la escala de oficiales de la Guardia Civil, lo que supone un incremento de 10 plazas respecto del año 2022.

El Gobierno destinará 23,8 millones de euros al año a garantizar que todas las investigaciones científicas financiadas con dinero público estén completamente abiertas a la ciudadanía para su consulta. Lo hará a través de la primera Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, aprobada este miércoles en Consejo de Ministros para el periodo 2023-2027, con el objetivo de cambiar hacia un modelo que asegure que la ciencia es “accesible” y “abierta para todos”, tal y como ha subrayado la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

El plan, elaborado por el Ministerio de Ciencia y el de Universidades, da cumplimiento a la nueva ley de ciencia aprobada en agosto de 2022, y aspira a establecer el acceso abierto a los resultados de la investigación financiados con fondos públicos. “Es una evolución en la forma de financiar y evaluar el conocimiento, es una estrategia pionera en nuestro país que se alinea con las estrategias de la Unión Europea”, ha resaltado Rodríguez. 

Las medidas contempladas en esta Estrategia —para la que se van a movilizar 23,8 millones en 2023, que el Gobierno pretende mantener anualmente hasta 2027— irán enfocadas a cuatro objetivos estratégicos para “fortalecer la calidad, la transparencia y la reproducibilidad de la actividad científica en España”. 

En primer lugar, el Ejecutivo busca garantizar que haya “infraestructuras digitales interoperables suficientemente robustas y bien articuladas” para facilitar la integración de la ciencia en la European Open Sciencie Cloud (EOSC), una iniciativa de la Comisión Europea que tiene como objetivo desarrollar una infraestructura que proporcione a sus usuarios servicios que promuevan prácticas de ciencia abierta.

Busca también fomentar la “adecuada gestión” de los datos de las investigaciones para aumentar su localización, accesibilidad y reusabilidad. En tercer lugar, pretende virar hacia un “cambio de modelo”, implementando el acceso abierto y gratuito de las publicaciones y resultados científicos que hayan sido financiados —de forma directa o indirecta— con fondos públicos. Por último, establece nuevos mecanismos de evaluación y un sistema de incentivos y reconocimientos para impulsar prácticas de ciencia abierta y formarlo en base a ese principio. 

25 millones para atraer a talento del extranjero

También este miércoles se ha dado luz verde al programa ATRAE, ya anunciado por la ministra de Ciencia, Diana Morant, el pasado marzo. Dotado con 25 millones, el Ejecutivo pretende atraer al talento investigador del extranjero, contratando a un mínimo de 25 doctores con más de siete años de experiencia postdoctoral para que desarrollen su línea de investigación en España. 

Se trata, además, de la primera iniciativa a nivel nacional dirigida específicamente a atraer a los investigadores R4, “el escalafón más alto de una trayectoria científica consolidada”, a las universidades y organismos públicos de investigación españoles, según destacan desde el Ministerio de Ciencia. Por ahora la línea presupuestaria se mantendrá en esos 25 millones, pero el departamento de Morant espera que se pueda aumentar “en 5 millones más”, hasta los 30 millones, “si hubiera disponibilidad presupuestaria.

Más allá de contar con más de siete años de experiencia postdoctoral, el personal que quiera optar a estas ayudas tendrá también que haber desarrollado su actividad en el extranjero al menos cinco de esos siete años. De ser seleccionados, recibirán una ayuda de hasta un millón de euros para que puedan desarrollar su investigación en España. 

La inversión, subrayan desde el departamento de Diana Morant, servirá para que hacer que el sistema público de financiación sea “más competitivo” a la hora de pagar el sueldo a los investigadores —que recibirán un mínimo de 80.000 euros anuales— y que puedan contratar al personal que requieran para formar su grupo de investigación y adquirir el equipamiento y los espacios necesarios. El contrato tendrá una duración inicial de tres a cuatro años y el beneficiario será la institución de acogida.

“España necesita que sus científicos quieran y puedan volver aquí y también atraer talento de fuera. Y eso pasa por convocatorias como esta, que dan oportunidades atractivas para venir a España a los líderes mundiales en investigación que hacen avanzar las fronteras del conocimiento”, ha subrayado la ministra de Ciencia en una nota de prensa remitida por su departamento. 

El Partido Popular no da su brazo a torcer en la polémica que protagonizó este miércoles el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al intentar participar en los actos oficiales del Dos de Mayo. Un día después del desencuentro televisado entre el miembro del Gobierno y la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid, la dirección nacional del PP ha acusado a Bolaños de “buscar” la polémica.

Además de apoyar a la presidencia madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fuentes de la dirección han aprovechado para subrayar que su líder no habría actuado como lo hizo el socialista: “Alberto Núñez Feijóo no acudió a la cumbre de la OTAN -en junio de 2022- porque no fue invitado”. Así, desde Génova niegan que el choque mediático entre PP y PSOE a las puertas de la campaña electoral pueda dañar la imagen presidencial de su líder.

Varios dirigentes populares han coincidido en calificar la asistencia de Bolaños de “provocación”. El número tres de Feijóo, Elías Bendodo ha asegurado que el ministro acudió al evento para “provocar” al Gobierno de la Comunidad, pues el Gobierno ya “estaba representado” por la ministra de Defensa, Margarita Robles. De ahí, que el coordinador general del PP haya defendido que el protocolo “se cumplió” y que “ayer era el día de Madrid y no el día de Bolaños”. 

Así, Bendodo ha reprochado al ministro por querer “buscar” la polémica y “tratar de quitar el protagonismo a Madrid”. En todo caso, ha tratado de zanjar el asunto ante las preguntas de los periodistas: “No tiene más recorrido”.

También la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, y la propia presidencia madrileña han empleado el mismo calificativo contra Bolaños. La primera cree que fue una “absoluta provocación” que el ministro intentara subir a la tribuna de autoridades en el acto con motivo de la celebración del Dos de Mayo. A lo que Ayuso ha añadido que el objetivo de Bolaños fue “reventar” el evento. “Nos exige que tengamos que rendirnos y ni siquiera ser escuchados, y no atender ni al protocolo ni a las invitaciones que nosotros consideramos”, ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.