El sorteo de la Lotería Nacional ha llevado la suerte a un total de cinco provincias españolas, donde han tocado los principales premios que había en juego este sábado. 

El primer premio, dotado con 600.000 euros al número, se ha repartido entre cuatro localidades de cuatro provincias, informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, este premio se ha vendido en administraciones y despachos receptores de Huércal-Overa (Almería), Leganés (Madrid), Tortosa (Tarragona) y Talavera de la Reina (Toledo).

Por su parte, el segundo premio -de 120.000 euros al número- ha estado menos repartido al tocar únicamente en las provincias de Madrid y Sevilla.

Concretamente, los décimos agraciados se vendieron en la localidad sevillana de Carmona y en Madrid, a través del canal oficial en internet de Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio de la Lotería Nacional del sábado 29 de abril de 2023 ha correspondido al número 76.591, mientras que el segundo premio ha sido para el 28.862. Los tres reintegros premiados en este sorteo han sido el 1, 3 y 4. Puedes consultar todos los resultados en la web de 20minutos.es.

El sorteo de la Lotería Nacional tiene lugar, como todos los años desde 1814, gracias al compromiso de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Es uno de los juegos de azar que mejor acogida tienen en España.

Se puede conseguir un décimo por 3 euros en el sorteo del jueves. Los sábados ordinarios el precio se incrementa hasta los 6 euros; los sábados especiales se cobra a 12 euros y hasta 15 o 20 los sorteos extraordinarios.

En la sección de Loterías de 20minutos.es se pueden comprobar los números premiados en loterías de toda la semana.

La ley de vivienda y sus consecuencias se han colado de lleno en plena precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. La norma fue aprobada este viernes por el Congreso y, en las próximas semanas, recibirá la luz verde definitiva del Senado para entrar en vigor, y una de sus medidas estará muy presente en el debate público en las próximas semanas precisamente porque serán ayuntamientos y comunidades las que tendrán que decidir si la aplican o no: la regulación de los alquileres. 

Allí donde las administraciones entiendan que existe una zona de mercado tensionado y se establezcan límites de precios, los caseros que sean pequeños propietarios estarán obligados a congelar el coste de su arrendamiento cuando hagan nuevos contratos. La ley, no obstante, les permite elevar la cuota hasta un 10% si llevan a cabo actuaciones de mejora o rehabilitación de la vivienda. Pero la norma no deja a la libre interpretación del dueño lo que es una obra de mejora, sino que establece unos requisitos exigentes, entre ellos, que el coste total de la rehabilitación supere el 25% del valor del piso. 

Esta limitación busca evitar que el tope de precios en el caso de los pequeños propietarios -los grandes tenedores están obligados a bajar las cuotas hasta el tope que establezca el Gobierno- se convierta en un coladero por el cual se sigan subiendo precios llevando a cabo tan solo obras mínimas en la vivienda. De hecho, la ley marca que los nuevos contratos que realicen los pequeños propietarios de pisos en zonas tensionadas tendrán que mantener el mismo precio que en el alquiler anterior por norma general.

Los supuestos por los cuales el propietario podría elevar la cuota hasta un 10% son varios, y el más sencillo tiene que ver con la duración del nuevo contrato que se firme. Si ese acuerdo es por diez o más años -el mínimo legal son cinco años si el propietario es una persona física y siete años si es una empresa-, el casero podrá hacer la subida. Y lo mismo ocurrirá si el nuevo contrato establece un sistema de prórrogas que permita al inquilino vivir en el piso por el mismo precio (con las sucesivas actualizaciones anuales) durante una década.

La cuestión se complica si se hace un contrato estándar, de menos de diez años de duración. El propietario, entonces, únicamente podrá elevar la cuota un máximo de un 10% con respecto al anterior alquiler si hace obras de calado en la casa durante, como mucho, los dos años anteriores a la firma del nuevo contrato. Esas obra deben de ser entendidas como “actuaciones de rehabilitación” y, según establece la ley, deben tener “por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas”. 

El coste de la reforma, además, debe ser superior al “25 % del precio de adquisición” si la compra del inmueble “se hubiese efectuado durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación”. En caso contrario, la cifra a tener en cuenta para obtener ese 25% será la del valor de mercado que tuviera la vivienda cuando comenzó a ser reformada. “A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la vivienda la parte proporcional correspondiente al suelo”, señala la ley.

Eficiencia energética o accesibilidad

La norma establece otra vía que permite al casero subir los precios de un contrato a otro si hace obras: la mejora de la eficiencia energética del piso. En concreto, se permitirán subidas del 10% “cuando, en los dos años anteriores a la fecha de la celebración del nuevo contrato de arrendamiento, se hubieran finalizado actuaciones de rehabilitación o mejora de la vivienda en la que se haya acreditado un ahorro de energía primaria no renovable del 30%”. En este caso no se establece un coste mínimo de esas reformas, aunque sí se exigirán “sendos certificados de eficiencia energética de la vivienda, uno posterior a la actuación y otro anterior que se hubiese registrado como máximo dos años antes de la fecha de la referida actuación”.

La cuarta forma que tendrán los pequeños propietarios de subir el precio de sus alquileres en zonas tensionadas será reformar su piso para mejorar la “accesibilidad” de las personas con discapacidad. Este es el método más inconcreto de los que recoge la ley, ya que no se incluyen más detalles sobre el alcance que deben tener estas obras de mejora de la accesibilidad. No obstante, fuentes del Ministerio de Transportes explican que no será suficiente con instalar, por ejemplo, una rampa para personas en silla de ruedas: el espíritu de la norma, sostienen, busca promover obras de calado, como la instalación de ascensores o la adecuación de las zonas sanitarias, por ejemplo.

La sesión de control al Gobierno del miércoles día 26 es un buen ejemplo del descuido en que incurre la oposición al formular sus preguntas. Examinemos una de las que le fueron planteadas al presidente Pedro Sánchez. 

La primera, que correspondió a la diputada Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, fue registrada en el orden del día con la siguiente redacción: “¿Quién nombra y cesa a ministros en el Gobierno?”. Y en esos mismos términos la pronunció. Su laconismo parecía atenerse al artículo 188 del Reglamento y a la resolución núm. 18 de la Presidencia del Congreso de 10 de junio de 2008 relativa a preguntas para respuesta oral en el Pleno, que exigen que se interrogue “sobre una sola cuestión, un hecho, una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto, o si el Gobierno va a remitir al Congreso algún documento o a informarle acerca de algún tema”.

Sin que, como marca el Reglamento, sean susceptibles de ser admitidos aquellos escritos que pretendan incluir dos o más, ni los que incurran en los supuestos previstos en los artículos 186.2, que descarta las que sean de exclusivo interés personal de quien la formula o de cualquier otra persona singularizada. Tampoco la que suponga consulta de índole estrictamente jurídica o que la Mesa, oída la Junta Portavoces, pueda, conforme al artículo 192.2, declarar no admisibles a trámite porque incluyan palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad. 

El apartado 3 del artículo 188 y la norma núm. 18 indican que el tiempo de cinco minutos previsto será repartido a partes iguales entre el diputado que formule la pregunta y el miembro del Gobierno a quien se encomiende la respuesta.

Así que Cuca Gamarra quería saber “¿Quién nombra y cesa a ministros en el Gobierno?”. Su interrogación hubiera podido considerarse mera consulta de índole estrictamente jurídica y, en consecuencia, ser descartada porque basta leer el artículo 62 de la Constitución para observar que entre las facultades que corresponden al rey figura en la letra e) la de “nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su presidente”. 

Más adelante, en los artículos 97, 98 y 99 de la Carta Magna se detalla cómo es investido el presidente del Gobierno y, a continuación, el artículo 100 vuelve a decir que “los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el rey, a propuesta de su presidente”. Hubiera sido preferible, por más constitucional, que Cuca utilizara el verbo separar en vez de cesar. 

En cuanto a Pedro Sánchez, la respuesta a su alcance era obvia. Le bastaba referirse a esos artículos para presentarse como fidelísimo cumplidor de la promesa solemne que hizo en su toma de posesión de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Otros analistas estiman que, si nombrar y separar ministros son facultades del rey, deberíamos esperar que el presidente acudiera a Zarzuela para despachar.

Gamarra quería llevar al huerto a Sánchez poniendo de manifiesto las divisiones y fracturas que jalonan la trayectoria de un Gobierno tildado de roto, cuyos miembros desafían de modo insolente la autoridad del primer eslabón. A partir de ahí, Pedro Sánchez vio campo libre para volver a su letanía incesante elevando la oferta de viviendas y contrastando su buen hacer rebozado de estadísticas envidiables con la desgracia paralela en que nos sumieron los gestores neoliberales de la derecha. 

Cada miércoles se confirma el dictamen de lord Mancroft según el cual “un discurso es como una relación amorosa, cualquier imbécil puede comenzarla, pero hace falta un talento considerable para ponerle fin”.

Sumar ya tiene un esbozo de lo que será su programa electoral. Este jueves, la plataforma de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, presentó el documento de propuestas que han elaborado los 35 grupos de expertos desde el pasado verano, un documento con poca concreción pero que ahora se pondrá a disposición de todos los ciudadanos que se registren en la web de Sumar para que lo lean y puedan sugerir y aportar cambios o añadidos, un proceso que durará hasta el verano. Muchas de las iniciativas son bastante inespecíficas, aunque se plantean medidas como la cobertura dentro de la sanidad pública de los servicios de dentista y psicólogo o la puesta en marcha de una reforma fiscal para gravar más a las rentas altas.

El borrador del programa de Sumar fue presentado en un pequeño acto público celebrado este jueves en Madrid, al que no acudió Díaz por problemas de agenda. El texto, más allá de su imprecisión en ciertas materias, propone algunas medidas que ya están aprobadas o se encuentran en proceso de estarlo. Es el caso, por ejemplo, del tope a los precios del alquiler, que se encuentra incluido en la ley de vivienda a la que precisamente dio luz verde este jueves el Congreso: el documento plantea que “es fundamental reequilibrar el mercado de vivienda, regulando, excepcionalmente en el tiempo y el espacio, los precios de alquiler en zonas de mercado tensionado para estabilizarlos y contribuir a su asequibilidad”.

El esqueleto del programa de Yolanda Díaz plantea, en este sentido, la necesidad de aprobar “un marco regulatorio consensuado, estable y coherente” que regule la vivienda, pese a que la norma pasó este jueves ya al Senado para recibir la luz verde definitiva. Y señala que ese marco regulatorio debe ser “fruto del diálogo social y la negociación colectiva entre asociación de inquilinos, patronal de propietarios, proveedores de vivienda y el sector público”, algo que sí supone una novedad porque, al menos de manera expresa, ni los colectivos de inquilinos ni los lobbys de propietarios han participado en primera persona en las negociaciones de la ley de vivienda.

Lo mismo ocurre con algunas de las medidas incluidas en el apartado destinado a los cuidados en el borrador del programa de Sumar, en el que se propone “impulsar una prestación universal para la crianza, que sería un avance crucial en la lucha contra la pobreza infantil, complementada con otros programas públicos: servicios de educación infantil o fortalecimiento de los permisos por cuidados remunerados”. Tanto la prestación para la crianza de 100 euros hasta que el niño tenga tres años como la puesta en marcha de nuevos permisos para cuidar a familiares están incluidos en la ley de familias que se encuentra ahora mismo en plena tramitación parlamentaria.

Sanidad, educación o reforma fiscal

Por el contrario, sí es una novedad la propuesta relativa a la ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, que el Gobierno no ha abordado esta legislatura. En este sentido, Sumar considera necesario “incorporar progresivamente a la cartera básica de servicios cuidados relacionados con la salud con gran impacto en la población, como la salud bucodental, óptica, psicología, terapia ocupacional y fisioterapia”. Y, además, el borrador apuesta por incrementar “el poder, el presupuesto, el prestigio y el personal de la atención primaria y comunitaria”, aunque no ofrece detalles sobre la cuantía de este incremento.

En lo relativo a la educación hay algo más de concreción, ya que Sumar apuesta por ir elevando progresivamente el presupuesto destinado a esta materia hasta alcanzar el equivalente al 7% del PIB, y hacer lo propio en la financiación universitaria hasta destinar al menos el 1% de toda la renta bruta del país. Y, para la plataforma de Díaz, “es urgente eliminar los requisitos y criterios académicos en la obtención y reparto de becas para incluir los criterios socioeconómicos”, que ya se tienen en cuenta a la hora de determinar si un ciudadano tiene derecho a ser becado, aunque no como único requisito.

El borrador del programa de Sumar, asimismo, plantea reformar el ingreso mínimo vital, una de las medidas estrella puestas en marcha por el Gobierno durante esta legislatura pero que ha tenido muchos más problemas de los esperados por el Ejecutivo para desarrollarse. En este sentido, la plataforma de Díaz quiere reducir de 23 a 18 años la edad mínima para solicitar la ayuda, así como “eliminar los requisitos especiales para los y las menores de 30 años”.

Y todas esas medidas, ¿cómo se pagan? Pues, fundamentalmente, a partir de una reforma fiscal de la que el borrador del programa de Sumar da algunos detalles. Se aborda, por ejemplo, el IRPF, el impuesto que mayores ingresos genera al Estado y que Díaz quiere elevar para las rentas más altas agregando nuevos tramos por encima de los 60.000 euros de ingresos brutos anuales. O el impuesto de sociedades, para el cual se plantea reformar el tipo mínimo para que las grandes empresas paguen al menos el 15% de sus beneficios que aprobó hace un par de años el Ministerio de Hacienda, una medida que cuyas lagunas han provocado que tenga efectos muy limitados.

El geógrafo Jesús Vargas es el portavoz del Observatorio Ciudadano de la Sequía, una plataforma universitaria que genera conocimiento sobre las variables físicas de las sequías y la gestión del agua en España. Con las reservas hídricas a la mitad y poca lluvia importante en el horizonte, pide gestionar con suma cautela “cada gota de agua”.

“Tenemos que gestionar mejor las sequías (…) porque es la normalidad climática”

“En Cataluña y en Andalucía ya hay que gestionar cada gota de agua de manera super prudente”

“La solución de los trasvases ya no tiene ni sentido plantearla, porque estamos viendo que las sequías están afectando a toda España”

“Todavía tenemos unas perdidas del 32% del agua urbana por el mal estado de las tuberías de conducción”

El Ministerio de Transición Ecológica ultima una revisión de los objetivos de generación eléctrica de fuente renovable y de las distintas fuentes de energía -renovable y fósil- que deberán emplearse hasta 2030 para ello. Y en la recta final de este proceso, este jueves ha convocado a los distintos sectores implicados para escuchar sus demandas acerca de cuál debería ser el nuevo plan para 2030 que supere al actual, que se ha quedado obsoleto, entre otras cosas, por el excepcional despliegue de fotovoltaica y eólica de los últimos años. Así, ha escuchado la demanda de los productores de estos dos tipos de renovables para ampliar en miles de megavatios la potencia instalada, para lo que también reclaman “simplificar” la tramitación de las instalaciones. De la misma manera, el sector de la automoción intenta, en línea con Alemania, que el Gobierno acepte que la industria pueda cambiar la gasolina y el gasoil por ecocombustibles como alternativa a la prohibición total de vender coches de combustión a partir de 2035. 

Aunque el Ministerio ha intentado rebajar las expectativas, la cita ha alcanzado para algunas organizaciones el nivel de ‘cumbre” sobre la revisión del Plan Nacional Integrado de la Energía y el Clima (PNIEC) que se aprobó en 2020 con objetivos de aumento de renovables para la generación eléctrica hasta 2030. Sin embargo, las previsiones han sido superadas por la realidad y es necesaria una actualización, de la que el Ministerio espera tener un borrador definitivo en junio. Hasta entonces, está escuchando a los sectores interesados en reuniones como la de este jueves o en el par más que se prevén hasta junio, dada la “excepcional” acogida de todos los que quieren participar en el diseño de la generación eléctrica para los próximos años.

“Nuestra intención es incrementar la ambición en línea con el aumento de la ambición de la UE”, ha indicado a primera hora la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sobre la gran incógnita, en cuánto aumentará el gobierno los objetivos de renovables. “Hay algunos objetivos que nos marcamos en 2020 que han sido ampliamente superados o vemos que la proyección nos permite crecer por encima de lo que habíamos estimado. Y otros en los que se recibirá algún ajuste por otra vía porque vamos más despacio de lo que se pensaba”, ha añadido.

El mes pasado, la UE actualizó su Directiva de Renovables para elevar en 10 puntos el objetivo de consumo final de energía de origen verde en 2030, del 32% al 42,5%, aunque añadiendo que los Estados miembros “deberían esforzarse para llegar al 45%”.

En España, el sector desconoce qué objetivo fijará finalmente el Gobierno para la generación de electricidad con renovables, que también deberá actualizar qué porcentaje puede seguir produciéndose con gas o con energía nuclear. Hasta entonces, proliferan las peticiones para incrementar, en muchos miles de megavatios en algunos casos, la generación de energías renovables y también un marco regulatorio y una señal de precios que permitan el desarrollo de dos instrumentos que han ido ganando peso después de que que se aprobara el PNIEC que está vigente en 2020, el hidrógeno verde y el almacenamiento de electricidad producida con renovables.

La Asociación Empresarial Eólica (AAE) reclama a Ribera que en el PNIEC actualizado la potencia instalada de esta tecnología pase de los 50 gigavatios (GW) a 66, es decir 11.000 megavatios más. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) reclama un incremento todavía mayor para la tecnología solar, que según ha expuesto en el Ministerio, debería pasar de los 39 GW que figuran en el plan actual hasta los 65 GW. 

Estas dos tecnologías ya concentraban la mayor parte de la potencia instalada de electricidad que el Gobierno preveía para 2030 en el PNIEC que elaboró en 2020 y, de ser escuchadas sus reclamaciones, ampliarían  su posición con 42.000 megavatios más de potencia instalada.

Para que sea posible, el director general de la AAE, Juan Virgilio Márquez, ha reclamado también al Ministerio que, igual que piensa seguir la estela de aumentar el objetivo de consumo de electricidad de origen renovable, lo haga también en otro punto de la Directiva Renovable, relativo a acelerar la tramitación y la autorización de parques renovables. Según la norma europea que España tendrá que incorporar a su legislación nacional, no se podrán superar los 12 meses en zonas de prioridad para renovables y 24 meses para el resto y el proceso que incluirá el ‘silencio administrativo’, de modo que si en ese plazo la Administración correspondiente no se pronuncia serán por autorizados.

“Aun siendo la eólica una tecnología clave, no se está avanzando al ritmo necesario. El PNIEC actual establece 2,2 GW/año entre 2021 y 2030 y vamos a un ritmo medio de 1,2 GW anuales. Sería necesario incorporar 2,8GW/año de eólica”, ha afirmado Márquez, que ha incidido en que “el principal motivo del ritmo inadecuado ha sido el permitting”, es decir, los trámites de autorización. “Es preciso acelerar y simplificar la tramitación, mejorar la coordinación, incorporar la digitalización, transparencia y cumplimiento de la normativa europea”, ha dicho el representante del sector eólico, sobre una cuestión que, por el otro lado, enfrenta al Gobierno con técnicos medioambientales y plataformas de la España despoblada.

Autoconsumo y almacenamiento

La UNEF también ha defendido este jueves que la implantación de energía fotovoltaica debe apoyarse no solo en las plantas en suelo, sino también en auconsumo, una modalidad que ha experimentando un formidable crecimiento en los últimos años y que, según la propuesta de la UNEV, debería generar 15.000 megavatios/hora de potencia en 2030 -9.800 megavatios más de la potencia acumulada que había instalada en 2022-, lo que supondría instalar cada año 1,3 GW.

La UNEF cree también que es “fundamental” desarrollar el almacenamiento de energía, un aspecto cada vez más crucial en la UE a medida que el aumento del despliegue de renovables pone en evidencia la necesidad de poder reservar los excedentes que no se consumen al momento y hacerse así con una de las grandes ventajas, la disponibilidad permanente, que se atribuyen los generadores de energía con gas o con energía nuclear, un aspecto este en el calendario de cierre de centrales entre 2027 y 2035 deja más expedito el camino. 

Naiara Ortiz, secretaria general de la patronal del gas, Sedigás, ha destacado la capacidad de las centrales de ciclo combinado -que generan electricidad con gas- para mantener el suministro de forma continuada y ha pedido “ambición” en el nuevo PNIEC con respecto a la penetración de gases renovables, del hidrógeno renovable y, sobre todo, del biometano.

Hablando de disponibilidad, la UNEF espera que la nueva versión del PNIEC incremente el objetivo de almacenamiento de los 6 GW que refleja el actual hasta los 20 GW, incluyendo 10 GW de bombeo reversible, 8 GW de baterías en plantas en suelo y 2 GW de baterías detrás del contador (en instalaciones de autoconsumo).

Ecocombustibles en lugar de gasolina 

La fijación en el PNIEC del objetivo para generar electricidad con fuentes renovables y la potencia instalada de las distintas tecnologías tiene como objetivo final la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, con topes en sectores como el de la edificación, la industria y particularmente el del transporte.

Contra ello, la UE acaba de acordar prohibir a partir de 2035 la venta de coches de combustión después de un proceso que se vio abruptamente paralizado en el último momento por la oposición de Alemania, Italia y Polonia y que se logró salvar con el compromiso por parte de la Comisión Europea de que estudiaría la propuesta germana de sustituir los combustibles fósiles como la gasolina o el gasoil por los ecocombustibles.

El Gobierno español se tomó ese compromiso como una forma de avanzar pero sin mucha fe en el desarrollo de unos biocombustibles que considera que estén una etapa muy temprana y que son muy caros. Sin embargo, Ribera tendrá que pronunciarse sobre ellos también en la revisión del PNIEC, después de que la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles, una alianza formada por 27 asociaciones y empresas del sector del automóvil, del transporte marítimo y aéreo o la patronal de las gasolineras (CEEE), haya reclamado que el PNIEC también contemple los biocombustibles como “una solución más para lograr la reducción de emisiones de CO₂”.

Defienden que esta reducción debe hacerse desde la “neutralidad tecnológica” y integrando tecnologías que vayan más allá de las que parece tener “viento de cola” por parte del Ministerio, como la eólica o la fotovoltaica. “Si es caro y está poco desarrollado, [el biocombustible] tendrá que contar con más recursos”, defiende el director general de la CEEE, Nacho Rabadán. Recuerda que en el primer Consejo de Ministros de la legislatura el Gobierno declaró la “emergencia energética”, una alerta de que “el barco se hunde” tras lo que, indica, no se puede decir que “solo se puede achicar agua con cubos homologados, cualquiera debería valer”.

Horizonte 100% electricidad renovable

Precisamente el sector del transporte es uno de los que es más necesario descarbonizar, según Ecologistas en Acción, que este jueves ha incidido en lo poco ambicioso que es el PNIEC actual en este sector, así como en el de la eficiencia energética en los edificios o en el de la agricultura, “responsable del consumo del  80% de agua”. Según su responsable de Energía y Clima, Javier Andaluz, la actualización del Plan debería pasar también por reducir las hectáreas de regadíos, de modo que se reduciría el consumo de agua “y a lo mejor es posible tener un poco más de energía hidráulica”.

Ecologistas en Acción reclama también al Ministerio dar una mucho mayor participación a la sociedad civil, a la Alianza por el Clima, y sobre todo entrar en la reducción de las emisiones de CO2 a la atmosfera y el incremento de la generación eléctrica con renovables. 

“Reducción de las emisiones un 7,6% anual para llegar al menos a la reducción del 55% de gases de efecto invernadero en 2030, con respecto a 1990” y “disponer ya para 2030 de un horizonte de producción de electricidad 100% renovable”, incide Andaluz.

La jornada -la ‘cumbre’- en el Ministerio ha dado hasta para que hasta los más acostumbrados a este tipo de negociaciones se hayan visto sorprendidos por las oportunidades que los bosques pueden ofrecer a la descarbonización. El secretario del Foro de bosques y cambio climático, Álvaro Picardo, ha insistido en el papel no solo como capturadores de emisiones, también como productores de biomasa con residuos forestales cuya recogida, a su vez, reduce el riesgo de incendios.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado a Yolanda Díaz de “apuñalar” a Podemos a cambio del “aplauso” y de “financiación” para su proyecto electoral, Sumar.

“Entiendo que útil es pactar con [el presidente de la CEOE Antonio] Garamendi y con Ciudadanos una reforma laboral sin unos salarios de tramitación y una indemnización digna a cambio del aplauso y la financiación suficiente para apuñalar a quienes te pusieron donde estás”, ha escrito Rufián en su perfil de Twitter.

En febrero de 2022, Esquerra se opuso la reforma laboral impulsada por Díaz. La ministra, aunque sin mencionar expresamente a los republicanos catalanes, subrayó entonces “que la política útil no es votar en contra de una reforma laboral, junto al PP y Vox, por puro politiqueo”.

De ahí que Rufián, ahora, haya aprovechado para hacer esa velada mención a los acuerdos de Díaz con la patronal CEOE y con Ciudadanos, que dio su sí a la reforma.

De forma oficial, Yolanda Díaz ha anunciado este domingo, en un acto en el polideportivo Antonio Magariños (Madrid), que se presentará como candidata a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales. La ministra de Trabajo ha dado “este paso adelante” de forma pública y ha garantizado que estará “a la altura” del reto de responder a la “sed de cambio”, con un proyecto en el que “caben todos”.

[Yolanda Díaz ‘pasa el cepillo’ tras presentar Sumar: “No queremos depender de los bancos”]

Sin embargo, Podemos, como partido, no ha acudido a arropar a la también vicepresidenta. Aunque exdirigentes y figuras actuales del partido sí han asistido al evento.

“Quiero ser la primera presidenta de mi país, la primera presidenta de España”, ha proclamado Díaz. En plena pugna con Podemos, con quien no consiguió alcanzar un acuerdo para que se integrase en la plataforma, Yolanda ha reivindicado Sumar como una fuerza “sin tutelas”, aunque “donde caben todos”. “Las mujeres no somos de nadie. Yo tampoco soy de nadie”, ha subrayado.

Pese al enfrentamiento con Ione Belarra e Irene Montero, Díaz estuvo arropada este domingo por exdirigentes de Podemos, como Miguel Vila, Nacho Escartín, Eduardo Santos, Daniel Ripa, Tone Gómez-Reino, Lander Martínez y Óscar Urralburu. Y alguno actual, como los diputados Txema Guijarro y Antonio Gómez-Reino, presentes en las primeras filas del polideportivo.

Figuras de otros partidos también apoyaron a Díaz. Entre ellos, Mónica García, Rita Maestre o Eduardo Fernández Rubiño (los tres, de Más Madrid), Íñigo Errejón (diputado de Más País), Ada Colau (alcaldesa de Barcelona, de En Comú Podem) y Fátima Hamed (diputada en Ceuta, portavoz de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía).

El coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, quien fue destituido por Belarra como secretario de Estado de su ministerio, también asistieron a la presentación de Sumar.

Intervino en el acto —de hecho, dio paso al discurso de Yolanda— la exdiputada del PSOE Carla Antonelli, la primera mujer transexual en obtener un escaño en España. Precisamente, las discrepancias en el seno del Partido Socialista sobre la Ley Trans motivaron que Antonelli abandonase las siglas con las que se convirtió en 2011 diputada de la Asamblea de Madrid.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha querido acompañarse de voces corrientes en la presentación de su candidatura a las elecciones. Este domingo, durante la presentación de Sumar —así se llama la plataforma encabezada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo—, han arropado a Díaz el tiktoker pacense Helio Roque, la sindicalista murciana Teresa Fuentes, la exdiputada socialista Carla Antonelli —primera mujer trans en ocupar un escaño—, la poeta nicaragüense Gioconda Belli y Maite Navarro, que regenta una tienda de ultramarinos.

Roque, conocido por sus vídeos en la red social TikTok, ha reivindicado su procedencia extremeña. “Una región a la que sistemáticamente se ha abandonado”, ha dicho. “Lo del tren, ya ni me preocupa, y eso que tarda mal años en llegar de Badajoz a Madrid”, ha lamentado.

Ante Yolanda Díaz, el joven, micrófono en mano, ha criticado que “la carretera de un solo carril por sentido tiene un agujero y aún nadie lo ha arreglado”. Antes de criticar el excesivo precio de los alquileres, ha defendido a la juventud: “Por no querer que nos exploten laboralmente no somos unos quejicas, es que no queremos tragar”.

[Yolanda Díaz presenta la candidatura de Sumar sin Podemos: “Estamos cansadas de tutelas”]

A renglón seguido, ha intervenido Maite Navarro, quien regenta una tienda de ultramarinos en Valencia desde 1997, tras heredarla de sus padres. Ella y su marido Javi —al que ha dedicado un emotivo “te quiero”— pusieron en marcha una “cesta de productos básicos” para combatir la inflación, siguiendo la propuesta de Yolanda Díaz.

“Meses después, puedo deciros que ha sido todo un éxito. Muchas personas han venido, tanto del barrio como de pueblos cercanos”, ha señalado la tendera. 

Navarro ha reivindicado el pequeño comercio, “lugares de encuentro que crean comunidad”, apuestan por productos locales y contribuyen a la mejora de la seguridad.

Tras ella, ha intervenido la sindicalista murciana Teresa Fuentes, que ha reivindicado los ERTE puestos en marcha durante la pandemia de la Covid-19 y la lucha de Yolanda Díaz “contra la precariedad laboral”.

Fuentes ha abogado por “dejar atrás la reforma laboral del año 2012 de Mariano Rajoy”: “En ningún momento se logró acabar con la temporalidad y añadió mucho sufrimiento a la clase trabajadora de este país”.

Por su parte, la poeta, novelista nicaragüense y antigua luchadora sandinista Gioconda Belli ha dedicado un poema a Díaz. “Si eres una mujer fuerte / protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. / Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra: / se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. (…) Si eres una mujer fuerte / tienes que saber que el aire que te nutre / acarrea también parásitos, moscardones / menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre / y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti”.

Belli ha lamentado “no ser española”; “yo quisiera serlo para tener una líder como Yolanda Díaz”. La nicaragüense ha exigido a Sumar quebrar el techo de cristal y ha recomendado a la izquierda “escuchar primero los problemas, como ha hecho Yolanda” y “dejar de ser sabelotodos”.

Por último, antes de dar paso al discurso en el que Yolanda Díaz ha anunciado su candidatura a las elecciones generales, ha intervenido Carla Antonelli, exdiputada del PSOE y la primera mujer trans en ocupar un escaño.

“¡Yolanda, eres ilusión, la próxima presidenta del Gobierno de este país; ya toca que una mujer lo sea!”, ha manifestado Antonelli entre los aplausos de los cientos de asistentes al evento, celebrado en un polideportivo de Madrid.

La exdiputada socialista y activista LGTB ha exigido a Yolanda que evite que “la ultraderecha y todas sus marcas —la blanca, la verde y la de color naranja—” logre “arrebatarnos lo que tanto esfuerzo nos ha costado”. “No lo vamos a permitir”, ha indicado, en alusión a la Ley Trans y demás legislación en defensa del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Otros de los asistentes a la presentación de Sumar han sido los presentadores de televisión Jorge Javier Vázquez e Inés Hernand o los políticos Ada Colau (En Comú Podem), Rita Maestre (Más Madrid), Mónica García (Más Madrid).

También han asistido exdirigentes de Podemos como Miguel Vila, Nacho Escartín, Eduardo Santos, Daniel Ripa, Tone Gómez-Reino, Lander Martínez y Óscar Urralburu. Y alguno actual, como los diputados Txema Guijarro y Antonio Gómez-Reino, presentes en las primeras filas.

España se enfrenta en un recién estrenado mes de abril con más de un centenar de incendios. Lo que parecía una tragedia encapsulada entre Castellón y Teruel, ahora es un problema nacional. Varias Comunidades Autónomas -como Asturias, Galicia o Cataluña- también han sido pasto de las llamas ante el temor del aumento de las temperaturas y las rachas de aire cálido.

Así, en Asturias se han llegado a localizar 96 incendios que, según las autoridades, se han reducido y estabilizado. En Cantabria hay 38 en activo. En Galicia, dos. Y en Tarragona se lucha porque el provocado cerca de la sierra de Pàndols, un espacio natural protegido. Todos estos fuegos han puesto en alerta a la población y las autoridades. 

En Asturias, el Gobierno del Principado ha rebajado el nivel de alerta por incendios forestales ante la estabilización de la mayoría de los fuegos declarados en la comunidad y por la evolución favorable de las condiciones meteorológicas. El Ejecutivo regional ha decretado el paso del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFOPA) a situación de emergencia en fase 1, en la que los fuegos requieren para su extinción los medios, procedimientos y protocolos de uso habitual con la aplicación de operativos especiales.

Ahora, los alrededor de 70 incendios contabilizados en la Comunidad Autónoma están “controlados y estabilizados”, salvo un fuego registrado en Parres y otro en Belmonte de Miranda, por lo que se están empezando a retirar efectivos de apoyo que se han desplegado durante los últimos días en la comunidad, entre ellos los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Según ha asegurado este sábado el gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), Óscar Rodríguez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado del presidente del Principado, Adrián Barbón, para hacer balance de la oleada de incendios que han afectado con especial virulencia a la zona occidental y han obligado a evacuar a cerca de 400 personas. Las lluvias y el cambio de dirección del viento han contribuido a amainar la ola de incendios.

[Los incendios en Asturias se estabilizan mientras Barbón apunta que “han podido morir cientos”]

En estos momentos, solo dos incendios, en Aballe (Parres) y Cutiellos (Belmonte de Miranda), aún no están estabilizados, aunque se espera que con la llegada de lluvia se controlen. Ambos fuegos, según las autoridades, presentan una “evolución favorable” y han estimado que unas 11.000 hectáreas se han visto afectadas en la zona occidental y entre 30 y 40 hectáreas en el Monte Naranco, aunque aún está por evaluar con precisión los daños.

Los incendios registrados a lo largo de los últimos días en el Principado han obligado a la evacuación de 375 personas y al corte de carreteras -entre ellas la A-8 durante doce horas-, y han provocado la quema de construcciones, como hórreos y cuadras, si bien no se ha quemado ninguna casa habitada, ha precisado.

Castellón y Teruel también han apaciguado los problemas de los últimos días. Las llamas que devoraban la región y provocaron el desalojo de unas 200 personas y 4.000 hectáreas quemadas van extinguiéndose. Las fuerzas policiales y los efectivos de bomberos en la zona han logrado retenerlo, aunque sigue vivo: según fuentes de emergencias de la Generalitat, está controlado, pero no extinguido. 

Al respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó desde República Dominicana que este incendio forestal era “una advertencia muy seria” del cambio climático. Sánchez se refirió al incendio como una amenaza muy seria de los problemas futuros que se ciernen sobre el planeta y dijo que estaba dando prioridad a las políticas de mitigación del cambio climático. Sánchez aludió a la prevención y la anticipación como forma de evitar estos desastres. 

[El presidente de los regantes del Segura llama “payasos del medio” al Gobierno de Page]

En Galicia, la Consellería de Medio Rural ha informado de que ha quedado estabilizado el incendio que comenzó el pasado martes en Cubilledo, en Baleira, y que ha arrasado 1.400 hectáreas de ese ayuntamiento y de los municipios vecinos de A Fonsagrada y Ribeira de Piquín.

La propia consellería ya había desactivado esta mañana la situación 2 de alerta en el incendio forestal, al remitir el peligro para los núcleos de población. Según el alcalde de Baleira, Ángel Enrique Martínez-Puga, los medios de extinción tratan de enfriar las zonas arrasadas por el fuego, “enfriando” aquellos lugares donde las llamas pueden avivarse y “muy pendientes del viento”.

Con respecto a los otros tres fuegos que se iniciaron ayer en la provincia de Lugo, permanece estabilizado el que de la parroquia de Vieiro, en el municipio de Viveiro, en A Mariña lucense, tras arrasar unas 80 hectáreas. Ha quedado controlado otro incendio en el municipio de Taboada, en la parroquia de Xián, donde ardieron ocho hectáreas, mientras que, en Alfoz, en Lagoa, permanece estabilizado un fuego que ha quemado ya 90 hectáreas.

El incendio declarado el miércoles en el límite entre Puerto de Béjar (Salamanca) y Cáceres sigue quemando en la parte extremeña y fue provocado por una quema de restos de poda de castaño, según fuentes de la Junta de Castilla y León. En las labores de extinción colaboran las dos comunidades con medios terrestres y aéreos.

Los Bomberos de la Generalitat luchan desde este mediodía en la provincia de Tarragona contra el incendio forestal que se ha desatado en la sierra de Pàndols, un espacio natural protegido incluido en la Red Natura 2000, en una zona de barrancos y de difícil acceso.

Fuentes de este cuerpo han informado a Efe de que en este incendio trabajan en estos momentos un total de 32 dotaciones, de las que 28 son terrestres, otras dos hidroaviones y las dos restantes, helicópteros. El fuego, cuyo origen se desconoce, afecta a una zona de barrancos, “lo que hace difícil” acceder a la zona y combatir las llamas, según sus declaraciones. A media tarde, anotaron que ya estaba controlado.

Los incendios de Cantabria, controlados

En una de las comunidades limítrofes, Cantabria, el operativo contra el fuego ha extinguido todos los incendios forestales provocados en la región salvo dos focos controlados en Argüeñabes (Camaleño) y en Barrio (Vega de Liébana). Desde las 6:00 horas de este sábado no ha sido provocado ningún nuevo incendio y desde las 19:00 horas de ayer se han registrado cuatro, ha informado el Gobierno de Cantabria.

El consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha destacado que solo quedan “dos puntos calientes” gracias al cambio que se ha producido en las condiciones meteorológicas, que confía en que se mantengan, y al esfuerzo de los bomberos municipales. “Las lluvias de anoche, la menor intensidad del viento y, sobre todo, el trabajo del operativo de lucha contra los incendios forestales de Cantabria ha hecho que estos momentos tengamos unas condiciones mejores”, ha afirmado.

Emisiones de CO2 “relativamente altas”

Las emisiones de CO2 por incendios forestales en marzo han sido “relativamente altas” para este mes en España y, desde que existen registros sólo se han visto superadas por las de 2012 y 2009, según datos del Servicio de Vigilancia Atmosférica (CMAS) del sistema satelital europeo Copernicus.

Estas cifras se han visto impulsadas por las emisiones correspondientes al mayor incendio en lo que va de año en España, el declarado la semana pasada en Villanueva de Viver (Castellón) y que también ha afectado a la provincia de Teruel, arrasando unas 4.400 hectáreas.

Así, según el Sistema Global de Asimilación de Incendios (GFAS, por sus siglas en inglés) del CAMS, éste ha sido, con diferencia, el responsable de las mayores emisiones por incendio forestal en toda la Comunidad Valenciana, al menos desde 2003 (año de inicio de la serie).

Los datos de GFAS relativos al poder radiativo del fuego también muestran valores extremadamente altos para un mes de marzo, especialmente en lo que respecta al día 23, cuando se declaró el incendio.

Sequía y altas temperaturas

Por otra parte, los datos hidrológicos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) correspondientes a febrero y marzo muestran una estación invernal “muy seca” en 2023 en comparación con la media de 1991-2020, tanto para la península ibérica como para una amplia zona del sur de Europa.

Además, las temperaturas de los últimos días han sido inusualmente cálidas para la mayor parte de Europa Occidental, especialmente en la península ibérica, alcanzando los 30°C ya el 10 de marzo.

Así, el peligro de incendios según la Previsión Global de Incendios ECMWF (GEFF) fue “muy alto” o “extremo” en muchas zonas del este de España durante la semana del incendio forestal de Valencia, según recoge un artículo publicado este viernes por el CAMS.

En Asturias, con un centenar de incendios activos, los datos de GFAS también revelan unas elevadas emisiones de CO2, sólo superadas por las de 2012, año en el que marzo también estuvo marcado por temperaturas cálidas. Esta situación se repite en Galicia y Cantabria.