Varias asociaciones de abogados del turno de oficio han solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid permiso para celebrar una concentración ante el Congreso de los Diputados el próximo 27 de abril.

“Queremos poner de manifiesto, de forma pacífica, que instamos a los diferentes partidos políticos que representan al pueblo español en las Cortes a que procedan a realizar los cambios legales a fin de dignificar nuestra labor”, señalan en un comunicado que harán público próximamente.

En el documento, las 14 asociaciones que convocan la concentración exigen al Poder Legislativo a que establezca “unos baremos suficientes” para retribuir sus actuaciones como letrados que prestan servicios de justicia gratuita.

[Convocan a la huelga a 45.000 funcionarios de Justicia tras la mejora de sueldo de los letrados]

El Ministerio de Justicia abona las retribuciones de los abogados de oficio en procedimientos ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Salvo algunas excepciones, que no tienen transferidas estas competencias,a las comunidades autónomas les corresponde pagar las retribuciones de las actuaciones ante los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias Provinciales y los Juzgados.

“Las pocas revisiones que ha habido de nuestras retribuciones han sido ridículas en comparación con el IPC”, indican a EL ESPAÑOL fuentes de estas asociaciones. También se quejan de la “falta de medidas de conciliación”.

Los abogados del turno de oficio, además, no descartan otras medidas de presión para tratar de mejorar su situación. Entre ellas, la renuncia a las guardias. Por el momento, tal y como consta en su solicitud enviada a la Delegación del Gobierno en Madrid, la concentración ante el Congreso está prevista desde las 11.45 hasta las 14.00 del 27 de abril.

Las asociaciones convocantes son las siguientes: AJAI, AJATO Jaén, AJUSTO Sevilla, Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), Ahora Abogacía, ASATO Toledo, ATOIB Baleares, Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio (CEAT), Defenda, Foro de Abogados Independientes de Granada, Iusta Causa Córdoba, Otrosí Albacete, Red de Abogados y Abogadas de España, Zaturno Zaragoza y el Sindicato de Abogacía Venia.

El de los abogados del turno de oficio no es el único sector profesional del ámbito de la Justicia en pie de guerra. Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, los sindicatos CSIF, STAJ, Comisiones Obreras (CCOO), UGT y CIG han convocado una huelga indefinida para un total de 45.000 funcionarios de Justicia, después de que los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) hayan acordado con el Ministerio una mejora salarial de hasta 450 euros mensuales.

Estos sindicatos exigen “una subida salarial digna, en línea con la aprobada para los LAJ”, para todos los funcionarios del departamento que encabeza la ministra Pilar Llop. También solicitan “la paralización” de la Ley de Eficiencia Organizativa, hasta que no se negocien las nuevas condiciones laborales que esta norma trae consigo.

A este conflicto hay que sumar que las cuatro principales asociaciones judiciales de España anunciaron este viernes que ya ultiman un “calendario de medidas de presión” para tratar de conseguir la convocatoria de la mesa de retribuciones de la Judicatura y de la Fiscalía y una actualización de sus salarios.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la rebaja de la pena de seis a cuatro años de prisión a un hombre acusado de violación en aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’.

La acusación particular había presentado un recurso contra la decisión de la Audiencia Provincial de León, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, y que ahora el tribunal autonómico ha desestimado, aunque queda abierta todavía la vía de presentar un recurso de casación.

La condena se había fijado en su momento en seis años de prisión para el acusado como “autor de un delito de agresión sexual con violencia e intimidación y penetración vaginal (violación)”.

En el auto ahora confirmado la Audiencia establecía que siendo la condena firme y anterior a la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, la nueva redacción de los artículos 178 y 179 del Código Penal (que serían los ahora aplicables al hecho enjuiciado) resulta más benigna en cuanto a la pena, por lo que procedía su revisión y rebaja.

El procesado fue condenado por sentencia de 1 de septiembre de 2020 por unos hechos ocurridos en marzo de 2019, cuando el encausado —de nacionalidad búlgara— y una mujer rusa quedaron para acudir en Valencia de Don Juan (León) al domicilio de una pareja. La recogió en su coche, según los hechos considerados como probados, estuvieron allí una hora y la llevó de nuevo a su domicilio.

Después la llamó para que le acompañara a llevar a su hermana desde Valencia de Don Juan a Laguna de Negrillos y, al regreso, en torno a las once de la noche, al ver un control de la Guardia Civil, abandonaron la vía por la que circulaban.

Ya en un descampado, y “dispuesto a satisfacer sus apetencias sexuales”, cogió por el cuello a la mujer mientras le repetía “vas a ser mía, vas a ser mía”, abrió la puerta del vehículo por el lado del acompañante, echó el asiento hacia atrás y le quitó la ropa sin que ella “deseara mantener relaciones sexuales con él”.

El calor también ha pillado por sorpresa a los centros educativos, muchos de los cuales no cuentan con las infraestructuras necesarias para poder mantener una temperatura estable en el interior y exterior de las aulas. Este episodio inusual de altas temperaturas para un mes de abril ha reactivado una reivindicación que la comunidad educativa viene exigiendo en los últimos años: un acuerdo estatal de adaptación climatológica de las escuelas que involucre a todas las administraciones. 

Profesores y familias denuncian que el reparto de las competencias en esta materia imposibilita una acción coordinada y estudiada de las necesidades de cada centro, e impide, por tanto, un correcto desarrollo de las clases cuando se dan temperaturas extremas. Una problemática a la que urge poner una solución cuanto antes pues, alertan, irá a más con el cambio climático. “Hay que hacer un pacto que englobe a todas las administraciones con responsabilidad en la educación para abordar un tema que se está agravando año a año”, comenta a 20minutos Maribel Loranca, secretaria de Enseñanza de UGT. 

El Ministerio de Educación anunció el pasado verano un plan de adaptación climatológica dotado con 200 millones a repartir entre las comunidades autónomas, con especial incidencia en aquellas escuelas españolas con edades medias más altas (algunas llegan a sobrepasar los cien años). Ocho meses después, sin embargo, la comunidad educativa dice no tener constancia de que se hayan implantado las medidas de ese plan. 

Desde el departamento de Pilar Alegría explican que, pese a que esa partida se iba a incluir en los Presupuestos de 2023, finalmente se decidió incorporar en los fondos europeos del Ministerio de Transportes, a través de dos planes: uno para comunidades y otro para municipios. “Es un plan de rehabilitación de edificios públicos y se pueden pedir fondos para educación, sanidad, etc. Pero la ejecución del dinero corresponde a las autonomías y ayuntamientos, que son los titulares de los colegios”, detallan fuentes de Educación. “En breve”, añaden, darán a conocer el dinero que ha solicitado cada administración.

Para la comunidad educativa, sin embargo, las medidas impulsadas hasta ahora son, cuando menos, insuficientes. “Se está incumpliendo la ley de riesgos laborales”, denuncia la vicepresidenta nacional de ANPE, Sonia García. En España, recuerda, hay un real decreto de los años noventa por el que se obliga a todos los locales en los que se realicen trabajos “sedentarios” (entre ellos, las escuelas) a mantener temperaturas que no bajen de los 17 °C ni suban de los 27 °C. 

“Teniendo en cuenta que en las aulas de nuestro país se han impartido clases por debajo de los 15 grados en invierno, y los 30 °C y hasta 35 °C en primavera y verano, se hace urgente una respuesta rápida, ágil y clara”, reivindican en CC OO. 

Centros sin infraestructuras

Para exigir esa respuesta se ha formado el movimiento Escuelas Renovadas, que, con el apoyo de entidades como Ecodes, Aldeas Infantiles, Revuelta escolar o Teachers for Future, ha llevado a cabo un estudio sobre las condiciones en las que imparten las clases en las escuelas públicas españolas. La investigación —resultante de una encuesta a más de 200 profesores y directores y a mil familias— revela que el 85% de los alumnos ha necesitado refrescarse con ventiladores, abanicos o aerosoles de agua durante las clases. 

Un dato que se explica teniendo en cuenta que 9 de cada 10 profesores y directores asegura que el aislamiento térmico del edificio es mejorable, y a que el 65% señala que trabaja en centros donde no disponen de sistemas de refrigeración o aire acondicionado. 

“Nos ha vuelto a pillar el toro con esta ola de calor inesperada. Y nos da la sensación de que es algo que no se toma verdaderamente en serio y que vamos poniendo parches”, asevera Yetta Aguado, de Revuelta Escolar. El problema, subraya, es que “se van pasando la pelota de las comunidades a los ayuntamientos, y en esa dualidad hay competencias que se quedan en el limbo”. La solución, para profesores y familias, pasa por impulsar medidas a corto y largo plazo, coordinando a todas las administraciones para que haya un marco de trabajo común. 

A corto plazo: flexibilidad horaria y más sombras

“Habría que tomar medidas organizativas. Por ejemplo, es imposible dar clases de Educación Física en estas condiciones a las 13 o 14 horas de la tarde. O estar en el recreo del comedor después de comer”, detalla a 20minutos Nani Pizarro, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC OO. En esa línea, el sindicato propone adelantar y organizar los horarios según las necesidades de cada momento y de cada territorio.

“Igual que si ahora tenemos una ola de frío como la de Filomena, suspendemos las clases, hay determinados territorios en los que habría que hacer lo mismo por el calor. Porque en las escuelas, institutos y universidades, sí que hay fuentes de calefacción para el invierno, pero cuando hablamos de refrigeración parece que estamos hablando de un lujo”, sostiene. 

Más allá de las medidas organizativas, el sindicato sugiere acciones concretas en los propios centros, como crear zonas de sombras en los patios. “Ahora mismo, los patios son solaneras. La mayoría tienen quizás un pequeño porche, pero insuficiente para albergar toda la población de un centro. Habría que hacer techados más estables, instalar toldos y velas en verano, y poner más vegetación dentro de los centros. Evidentemente, un árbol no va a ser para ahora, pero hay casos en los que se ha optado por poner arbustos en jardineras que hacen que baje la temperatura y que el ambiente esté más húmedo”, explica Pizarro. 

A largo plazo: rehabilitación de los centros

Ya a largo plazo, las familias exigen que se destine parte de los fondos de Educación a programas de rehabilitación de los centros educativos para mejorar el aislamiento de las paredes, crear corrientes naturales y, en definitiva, garantizar el confort térmico de los profesores y alumnos que pasan horas en los colegios.

Medidas que, sostienen, tendrían que tomarse habiendo hecho un estudio previo de las necesidades concretas que tiene cada centro. “No consiste en poner aire acondicionado en todos los colegios. Es diferente, por ejemplo, un centro de Asturias que uno de Andalucía. Y no es lo mismo un centro en una zona plana que otro en una sierra”, incide Sonia García, de ANPE. 

Así, para abordar este asunto, la comunidad educativa exige un “gran acuerdo estatal” que implique a todas las administraciones y que, habiendo analizado cada ubicación geográfica, la orientación de cada centro, su grado de exposición al sol, el año en el que se construyó, qué sistema de aislamiento tiene… sea posible planificar, poco a poco, lo que necesitan de forma concreta. “Falta más concienciación del problema para la salud que supone esto. Si ya estamos así en abril, no me quiero imaginar a finales de mayo”, concluye Pizarro. 

En el sorteo de la Bonoloto de este lunes no ha habido acertantes de la primera categoría, por lo que se ha generado un bote con el que en el próximo juego un único ganador podría obtener 5 millones de euros.

Combinación ganadora ha sido: 40 26 43 1 42 7. El complementario es el 13 y el reintegro: 2.

En cuanto al escrutinio, estos han sido los acertantes y sus categorías:

Los resultados de la ONCE del lunes 1 de mayo de 2023 son 59214 y la serie 006. Puedes consultar todos los resultados en la web de 20minutos.es.

La huelga convocada por los pilotos de Air Europa ha arrancado este lunes 1 de mayo y se extenderá durante los días 2, 4 y 5 de mayo, en pleno puente de mayo. El paro, convocado por el sindicato SEPLA, responde “a la tensión y al conflicto laboral generados por los directivos de Air Europa jugando con los derechos de los trabajadores, disfrazando como propuestas lo que supone una pérdida real de los derechos laborales adquiridos en el IV Convenio Colectivo”, según recoge el sindicato en su página web. 

Aquellas personas que hayan viajado o vayan a viajar con motivo de este puente de mayo en un vuelo de Air Europa pueden consultar el estado de su vuelo en la propia web de la aerolínea, que mantiene un listado actualizado de los vuelos afectados por la convocatoria de huelga. A los 18 vuelos afectados este lunes se sumarán, en principio 18 más en la jornada de mañana, 16 el día 4 y 16 para el día 5 de mayo. 

Vuelos de Air Europa afectados por la huelga 
1 de mayo

2 de mayo

4 de mayo

5 de mayo

El juzgado número 11 de lo Social de Sevilla ha adelantado casi dos años la celebración del juicio sobre cuyo retraso tenía previsto pronunciarse en los próximos meses el Tribunal Constitucional. Así lo la comunicado este lunes el abogado que lleva el asunto, Daniel Sánchez Bernal.

El junio del año pasado, el letrado presentó una reclamación de indemnización contra la Universidad de Sevilla por no formalizar un contrato posdoctoral. En julio, el juzgado comunicó que el asunto se estudiaría el 7 de noviembre de 2024, es decir, pasados tres años y cuatro meses después de la admisión a trámite de la demanda.

Los intentos de que el juzgado adelantara la fecha no surtieron efecto, y el abogado presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El 97% de este tipo de recursos no llega siquiera a estudiarse, pero en este caso el TC resolvió admitirlo a trámite para comprobar si su doctrina sobre el derecho a una tutela judicial efectiva «podría estar siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria».

Según el abogado, ha podido comprobar a través de “Consulta de Estado de Procedimiento Judicial Profesionales” que ofrece la Sede Judicial Electrónica que hace unos días se actualizó la fecha de juicio, fijándola para el próximo 1 de diciembre. Un adelanto de casi dos años.

Lentitud de la Justicia

Es posible que el adelanto suponga que el Constitucional acabe por no abordar a fondo este caso concreto, pero otros no faltarán. Juzgados de lo Social de Sevilla, saturados de procedimientos, están señalando juicios para marzo de 2026. Eso sucedió recientemente en el juzgado número 2 de la ciudad con el caso de un trabajador que reclamaba a su empresa algo más de 8.000 euros.

Precisamente los asuntos de reclamación de cantidades en el ámbito laboral son una de las categorías en las que la justicia es más lenta de lo habitual, según los datos sobre estimación de la duración de procedimientos que ofrece anualmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El mismo órgano de gobierno de los jueces ofreció el año pasado una encuesta en la que el 75% de los españoles suscribía la afirmación de que «la administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella». En la primera encuesta en democracia sobre la materia, en 1982, la cifra obtenida por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) era muy similar.

Noticias relacionadas

• Las enfermeras valencianas alertan de “un suplicio” con la vacunación y reclaman mejoras laborales

• El vallisoletano que ficha a 600 enfermeras para trabajar en los hospitales de Cataluña

• Pacientes por enfermera: de los 1.996 de Arroyo a los 106 de Valle de Losa en Burgos

La mesa del Congreso de los Diputados ha vuelto a negarse a continuar con el trámite legislativo de la Ley de Seguridad del Paciente (conocida como ley de ratios enfermeros). Van ya 30 sesiones de este órgano de la Cámara Baja en las que la normativa, pensada para ampliar el número de enfermeras en el sistema público de salud, cae en el olvido político. En este caso, por culpa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 

Así lo ha denunciado este mismo martes el Sindicato de Enfermería, SATSE, propulsores de la ley mediante una iniciativa legislativa popular y que salieron a la calle hace dos semanas para reclamar su reactivación. El sindicato asegura que “el PSOE es el único partido responsable de que continúe el bloqueo que sufre la tramitación de la Ley”.

Alegan que el partido del Gobierno está “impidiendo en la Mesa del Parlamento que se ponga fin a los reiterados plazos de prórroga a la presentación de enmiendas parciales y se pueda iniciar su debate en la Comisión de Sanidad para la aprobación definitiva de la norma”.

El sindicato enfermero acusa al partido de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de estar “oponiéndose dentro de la Mesa del Congreso de los Diputados” a que se den por finalizadas las prórrogas. “Lo que supone un claro e intencionado bloqueo a una norma que solo pretende ofrecer una atención más segura y de mayor calidad en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios del conjunto del país”, denuncian.

Las declaraciones del sindicato llegan después de que Unidas Podemos (socio del Gobierno de coalición) apoyara a los enfermeros a las puertas del Congreso. Este órgado de los morados refleja que, si el PSOE quisiera, podría desbloquear la ley en la mesa. Explican desde el Congreso que “presente quién presente la petición de prórroga al trámite de enmiendas”, el PSOE y Unidas Podemos sumarían los suficientes apoyos para negarse a alargar el proceso. ¿El problema? Que Unidas Podemos se queda sólo en ese punto. 

Hay que resaltar que no sólo Podemos ha mostrado su reiterado apoyo a la ley. Vox, polo opuesto de los de Ione Belarra, también han asegurado que votarán a favor de que la normativa continúe en la Comisión de Sanidad. Aun así, los de Abascal y lo de Belarra no suman los suficientes votos como para sacarla adelante. 

“Desprecio” a la sanidad pública

“Se trata de un absoluto desprecio a la seguridad asistencial de más de 47 millones de personas, además de a las más de 300.000 enfermeras y enfermeros de nuestro país, por parte de un partido que se autoproclama como el abanderado de la defensa de la sanidad pública y sus profesionales”, señala SATSE en un comunicado remitido a los medios.

Hay que recordar que los partidos que inicialmente estaban dificultando el avance de la Ley (Ciudadanos o el PP) llevan semanas sin hacerlo. “En un claro ejercicio de responsabilidad política al priorizar la seguridad de los pacientes sobre otras cuestiones partidistas y de difícil justificación pública”, apuntan desde el sindicato.

Por todo ello, piden al partido de Pedro Sánchez que reconsidere su actual posicionamiento de rechazo a la Ley de Seguridad del Paciente y que trabaje “junto al resto de partidos políticos” para que del debate de las distintas enmiendas parciales salga la mejor ley para el conjunto de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios.

“El PSOE sigue sin escuchar a la sociedad, a los pacientes y tampoco a los profesionales sanitarios que demandan y necesitan una atención segura, digna y de calidad, independientemente del lugar en el que residan”.

Noticias relacionadas

• Pedro Sánchez acepta en 2022 su primer debate sobre el estado de la Nación: no hay desde 2015

• Rajoy niega los SMS con Villarejo: “No me consta ni un mensaje suyo; yo jamás le he enviado uno”

Con ecos a canción de Sabina, Mariano Rajoy lo negó todo. Aquellos polvos y estos lodos. Como un San Pedro de corbata azul marino, renegando por tres veces de la caja B del PP.

Noticias relacionadas

• Ayuso sí celebraría la cena del PP de Madrid: “Hace falta una dirección que evite contradicciones”

• Génova y los barones del PP estallan contra Ayuso por “difamar” a la Gestora del partido en Madrid

• Madrid confirma un cuarto positivo de Covid por ómicron, el primero por reinfección

La decisión de la dirección nacional del PP de suspender todos los actos previstos para esta Navidad con militantes del partido, como una medida de precaución ante el avance de la sexta ola de Covid, ha desatado este lunes el enésimo episodio en la guerra sin cuartel entre los equipos de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso.