Las compañías que se dedican al suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos son las que se han beneficiado de un mayor incremento de su facturación en términos interanuales, del 63,6% hasta septiembre, según la cifra de negocios empresarial publicada este viernes por el INE.

La subida en los ingresos es muy superior a la que se ha registrado de media en todos los sectores, del 17,1%, según el índice una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario, que es el que utiliza el INE como principal indicador.

Así, mientras las empresas en España han incrementado su cifra de negocios de media un 17,1% en comparación con septiembre de 2020, los ingresos de las distribuidoras suben a cierre de septiembre un 63,6%, con lo que se ha acelerado el crecimiento de la facturación respecto a meses anteriores: en agosto subían un 46,3%; en julio, un 32,7%, y en junio, un 32,7%.

Son las compañías que más crecimiento han experimentado en su facturación, lo que se puede explicar por las fuertes subidas de precios de la electricidad que se han producido en los últimos meses.

Ahora mismo, el coste del megavatio hora en España lleva varios días consecutivos por encima de los 200 euros, mientras que hace un año, el mismo megavatio hora no superaba los 50 euros.

Comercios y empresas industriales, las que menos ganancia tienen

Crecen también por encima de la media los ingresos de las compañías que ofrecen servicios no financieros de mercado, con un aumento de la cifra de negocios del 22,1%.

En el lado opuesto se sitúan las empresas dedicadas al comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor, cuya facturación ha aumentado un 13,3%; y las industrias extractivas y manufactureras, cuyos ingresos han crecido un 11,3%.

Estas últimas han estado duramente golpeadas por la falta de suministros y el encarecimiento de costes productivos. Los precios industriales -lo que tienen que pagar por la energía y los bienes intermedios que necesitan para producir- acumulan a cierre de octubre una subida del 31,9%, lo que supone que estas compañías se ven ahogadas, ya que no pueden trasladar íntegramente esa subida de costes a sus tarifas.

A medida que estos problemas empeoraban, la facturación de estas empresas industriales ha ido desinflándose: se situó un 67,6% por encima de la de 2020 en abril -el mes más duro del confinamiento el año pasado-, pero ha ido bajando poco a poco hasta situarse un 19% por encima en mayo, un 14,1% en julio, y hasta ser sólo un 11,3% superior en septiembre.

Las bolsas han vuelto a revivir esta sesión los peores fantasmas de la crisis del coronavirus y han protagonizado otro Viernes Negro -y no precisamente por el Black Friday- ante la aparición de una nueva variante del virus identificada en Sudáfrica y bautizada como Omicron por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las primeras investigaciones muestran que se trata de una variante más impredecible y resistente a los efectos de las vacunas, lo que ha llevado a la propia OMS a definirla como una variante “de preocupación”. Y eso es precisamente lo que asusta a los mercados, que temen que el aumento de los contagios y la propagación conlleve nuevas restricciones y ponga en riesgo la reapertura y la reactivación económica en marcha.

De hecho, la Unión Europea ha confirmado esta tarde su decisión de prohibir los desplazamientos aéreos procedentes del sur de África para intentar frenar la llegada de la variante Omicron, que ya ha sido detectada en Bélgica. La medida se suma a las restricciones que ya han anunciado en países como Austria o Portugal, y todo eso ha agitado durante la sesión los peores temores de los inversores, que han extendido las pérdidas por los principales parqués de todo el mundo, desde Asia hasta Estados Unidos, pasando por una Europa donde se dieron los mayores retrocesos.

Empezando por el Ibex 35, que se ha convertido de nuevo en el peor índice de todo el Viejo Continente. El selectivo español ha sufrido un batacazo del 4,96%, el mayor desde junio de 2020, y ha perdido definitivamente el nivel de los 8.500 puntos para terminar en 8.402 enteros. Los valores turísticos han sido su principal lastre: “El mercado español, que es de los pocos que no había recuperado los niveles previos a la pandemia, muestra la debilidad específica del sector colocado en el epicentro de la pandemia”, explica Javier Molina, portavoz de eToro en España.

Al igual que ocurriera en los peores momentos del confinamiento, los inversores tienen miedo a que el aumento de los contagios y la incertidumbre supongan nuevos confinamientos y nuevas restricciones a los viajes, por lo que de nuevo las aerolíneas y las compañías relacionadas con el turismo han sido las más castigadas. El conglomerado aéreo IAG ha borrado todas las ganancias del año y se ha desplomado un 15,6% hasta situar sus acciones en 1,55 euros. Aena se ha dejado un 8,77%; Amadeus, un 7,5% y la cadena hotelera Meliá, un 7,7%.

“La aparición de la nueva variante llega justo cuando en algunos países europeos han impuesto nuevos confinamientos, como es el caso de Austria, aunque el disparo de contagios en Alemania ha provocado que el gobierno germano medite imponer restricciones. De esta manera, las previsiones de crecimiento podrían estancarse junto con una inflación que continúa en aumento, una presión añadida para los bancos centrales”, explica Diego Morín, analista de IG Markets.

El rojo se ha extendido también a casi todos los valores del índice, aunque los retrocesos han sido especialmente llamativos en el sector bancario y en aquellas compañías relacionadas con las materias primas, las infraestructuras y el petróleo. Santander (-8,9%) ha comandado los descensos de las entidades financieras, seguido de BBVA (-7,3%), Banco Sabadell (-6,1%), Bankinter (-5,3%) y CaixaBank (-5%). Ferrovial, por su parte, ha encajado una caída del 8,7%, mientras que la de ArcelorMittal ha superado el -7,1%.

Muy significativa ha sido también la bajada de Repsol, que ha sufrido durante toda la sesión el descenso en los precios del crudo. Las acciones de la petrolera española han terminado el día a 9,69 euros, un 7,35% por debajo del precio al que cerraron el jueves, al compás de una caída del 5,59% en el precio del barril de Brent -de referencia en Europa- y del 13,06% que perdió el barril de Texas (hasta 68,15 dólares).

En el resto de Europa las caídas han sido algo menores. El Cac 40 de París ha terminado la jornada con un descenso del 4,75%, por delante del Dax de Fráncfort (-4,15%) y del Ftse Mib de Milán (-4,6%).

Caídas en Wall Street

El rojo ha sido también la tónica en EEUU. Wall Street cerró con un importante retroceso en su principal índice de referencia, el Dow Jones de Industriales, que cayó un 2,53% en su peor descenso del año.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, más corta de lo normal por ser el día posterior a Acción de Gracias, el Dow Jones de Industriales ha recortado 905 puntos, hasta 34.899 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 ha bajado un 2,27%, hasta los 4.594 puntos. Por su parte, el índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, ha descendido un 2,23%.

Entre los valores más castigados se encuentran las empresas de cruceros Carnival Corp o Royal Carribean, que bajaron un 13,5% y un 11,9% respectivamente, o la aerolínea United, que ha perdido un 13% y ha eliminado también las ganancias registradas en todo el año.

Las empresas españolas intentan reaccionar a la mayor subida de los precios industriales de -al menos- los últimos 45 años, momento en que el Instituto Nacional de Estadística (INE) empezó a registrar la evolución de los precios de las materias primas y los productos intermedios que necesita la industria para su producción.

La subida es del 31,9% interanual en octubre y, si se descuenta el incremento de precio de la energía, los precios industriales han crecido un 9,7% en el último año, de ahí que las compañías del sector industrial en el país afronten un momento complicado. Aunque el problema es común a todos los sectores, cada empresa intenta capear el problema según sus posibilidades.

En la construcción, la subida de precios ha encarecido las obras de media en un 22,2% en los últimos tres meses, según datos de la Confederación Nacional de la Construcción. Su presidente, Pedro Fernández-Alen, explica a EL MUNDO que “el 95% de las empresas ha notado un incremento inusual del precio de los materiales, especialmente de la madera, que se ha encarecido un 125%, del acero, el aluminio y el hierro”. A lo que se suma la subida de la electricidad.

“Esto ha provocado que más del 60% de las empresas se han visto obligadas a cancelar contratos o paralizar obras y, además, ya hay concursos públicos desiertos, porque a las empresas no le sale rentable. Ha habido ya varios casos en los que, por el precio de la licitación, no se presenta nadie a la obra. La Administración tiene que actualizar los precios. Esto es un tema que nos está preocupando”, subraya.

Pone como ejemplo la obra para el trasvase del Júcar-Vinalopó en Alicante, la obra del Hospital Universitario de Cabueñes en Gijón o la unión de las carreteras S-10 y S-30 en Santander. Todas ellas han quedado desiertas porque a las constructoras no les compensaba presentarse a la licitación por los precios.

Dentro de las ramas más industriales, el sector del automóvil es el más afectado, ya que tiene que hacer frente además a la falta de suministros, especialmente semiconductores y chips.

“La subida impacta en toda la cadena de suministro del sector de automoción, incluyendo los componentes, donde los márgenes son muy estrechos. Por ello, la única forma de mantener una rentabilidad que garantice la continuidad del negocio es transferir esas subidas de precio que estamos experimentando a los clientes, lo que finalmente repercutirá en el precio final del vehículo”, reconocen fuentes de Teknia, fabricante de componentes.

Algunas de las materias primas que utilizan, como el plástico, el aluminio o el acero cuestan ahora hasta dos o tres veces más de lo que valían en enero, mientras que el rodio, empleado para hacer los catalizadores de los vehículos, ha subido un 24%.

“El coste eléctrico en nuestras veintiún plantas en algunos casos ha subido al doble. Vemos que es una tendencia general en todas nuestras plantas de Europa y que, aunque de manera más moderada, también impacta en el resto de regiones”, apuntan.

Desde SEAT, subrayan que “la energía es un factor básico de competitividad para la industria española del automóvil. Somos el segundo país productor de automóviles en Europa y generamos el 11% del PIB y el 9% del empleo. Para mantener esta aportación a la economía española, necesitamos unos precios competitivos que nos equiparen a los de otros países europeos”.

Esta competitividad se ve lastrada por la caída de márgenes. “A los problemas de producción mundial por la escasez de semiconductores, se une el alza generalizada de los precios de las materias primas y los altos costes energéticos, lo que está afectando a los márgenes del sector”, apunta por su parte Grupo Antolín.

Trasladar los costes al cliente, clave para la industria

La industria química es otra de las grandes afectadas, sobre todo la de la química básica -que utiliza materias primeras para su producción-. En este segmento, los fertilizantes son los que más se han disparado por el uso del gas.

“Dentro del sector de la industria química se fabrican unos 30.000 productos distintos, pero los más afectados por los precios de la electricidad son los de la química básica. Un ejemplo claro son los fertilizantes, de hecho Fertiberia, la empresa líder del sector en España, tiene varias plantas cerradas hasta fin de año porque no le sale rentable producir por el precio del gas”, admite Juan Antonio Labat, director general de la Federación Empresarial de la Industria Química.

Otros segmentos de la industria química, como la farmacéutica, que utilizan a su vez otros productos químicos para producir los suyos, tienen más capacidad para trasladar la subida de costes a los precios, con lo que sufren menos estas subidas.

Hay empresas que tienen complicado trasladar al consumidor esta subida de los precios, como las grandes aeronáuticas.

“En el sector aeroespacial es diferente. Airbus, por ejemplo, es una compañía que tiene una cartera de pedidos de más de 7.000 aviones y que lo que produce hoy no lo vende mañana, todo lo que está produciendo ahora está firmado ya a un precio pactado. Hay una competencia a nivel internacional que impide subir los precios, con lo que Airbus está comprando suministros más caros y pagando la energía al precio al que está, sin trasladarlo a precios”, lo que se traduce en un estrechamiento de los márgenes de beneficio, explica Juan Antonio Vázquez, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT y trabajador de Airbus.

Como representante de industria de este sindicato, advierte de que “algunas compañías están pensando en paralizar la actividad productiva algunas semanas, no sólo por la subida de precios sino también por la falta de suministros, que puede poner en riesgo la viabilidad de su negocio”.

Un reto para las pymes

El problema de la subida de los precios se hace especialmente patente en las pequeñas y medianas empresas, que en España suponen un 99,2% del tejido productivo, según los últimos datos del INE.

“Lo estamos viviendo con preocupación porque aparte de aumento de precios hay falta de productos, estamos buscando lo que no hay y sabiendo que nos cobrarán mucho más por ello. Nosotros tenemos una lista de precios que no podemos tocar de momento, pero lo haremos en enero porque lo que no podemos hacer es entrar en pérdidas. No es cuestión de tener menos beneficio, es de entrar en pérdidas”, lamenta en conversación con este medio Jordi Morera, director general de Canaletas.

Esta compañía, una pyme afincada desde 1965 en el Prat de Llobregat (Barcelona), se dedica a fabricar y distribuir por todo el territorio nacional y en el extranjero fuentes de agua refrigerada para beber. “Lo que más nos ha subido es el acero inoxidable, el cobre, los embalajes, el cartón y los componentes eléctricos que llevan las fuentes: los motores ventiladores y los comprensores, aunque estos un poco menos”, explica su director general, que reconoce que en enero mirará producto a producto para ver cómo pueden subir los precios. “Creo que la subida será de en torno al 10%, pero es que la subida de los costes será superior”.

En situación parecida se encuentra BeGas, una empresa que fabrica motores propulsados por energía alternativa -biogás licuado- y cuyos clientes son empresas de recogida de residuos urbanos, servicios municipales y transporte de pasajeros urbanos. Ésta ya ha trasladado en un 20% la subida de precios a sus tarifas, asumiendo un 80% del aumento de costes.

“Estamos intentando que los clientes asuman lo menos posible el sobrecoste que nos repercuten a nosotros los proveedores. Parte sí tenemos que repercutirla, pero sin salirnos de lo que el cliente puede asumir, porque podemos provocar que el cliente decida retrasar las compras”, señala Pedro Silva, consejero delegado de la compañía.

La huelga del metal en Cádiz ya es historia. El preacuerdo que los sindicatos UGT y CCOO alcanzaron a última hora del miércoles ha quedado ratificado por una amplia mayoría de los 20.000 trabajadores que concentra el sector en la provincia gaditana después de que a lo largo de la mañana de hoy hayan votado el texto empresa por empresa. Las dos centrales sindicales han confirmado que el respaldo ha sido abrumador y que el rechazo en las votaciones ha rondado el 10% como mucho.

La aprobación definitiva del acuerdo supone la desconvocatoria de la huelga, que hoy alcanzaba su décimo día y que seguía aún vigente a la espera de las votaciones por parte de los trabajadores. Esa era, además, la pretensión de los empresarios, que esperan que el turno de tarde pueda incorporarse con normalidad a las factorías de modo de que la actividad pueda reanudarse de forma inmediata.

El acuerdo satisface una de las reclamaciones de la patronal, agrupada en torno a la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), puesto que el nuevo convenio que debe ahora firmarse tendrá una vigencia de tres años, desde este 2021 hasta 2023, lo que garantiza que no habrá que volver a negociar a corto plazo y habrá un periodo de paz laboral en el sector.

Pero, además, como exigían los sindicatos, se ha pactado que la diferencia entre la inflación real de cada ejercicio y la subida salarial acordada (un 2% anual) se consolide, en un 80%, en las tablas salariales. Asimismo, al final de la vigencia del convenio, si existiera diferencia entre las subidas totales y el IPC real de estos tres años, se incluirá también en las tablas salariales desde el 1 de enero de 2024.

Se ha salvado así el principal escollo en la negociación que se ha prolongado durante más de una semana, la inflación. Aunque la duración del convenio separaba inicialmente a las dos partes, la auténtica barricada ha estado en cómo aplicar la subida real del IPC a los salarios. En este punto las distancias era notables, pero se han ido acortando en los últimos días hasta llegar al punto de encuentro alcanzado ayer.

La reunión definitiva de los 27 negociadores tuvo lugar en la sede en Sevilla del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) y bajo la mediación, pedida por las dos partes, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Desde los sindicatos se ha mostrado su satisfacción por el acuerdo que, a juicio de CCOO, ha sido un “freno” a las pretensiones de los empresarios de recortar “derechos conquistados” al tiempo que se ha logrado garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde la patronal, el presidente de Femca, Diego Sánchez, se ha mostrado igualmente satisfecho y ha destacado lo positivo que es haber llego a un entendimiento que pone fin a la huelga. “Era necesario para la Bahía de Cádiz y para toda la provincia”, ha dicho a este periódico, destacando que el sector del metal gaditano seguirá teniendo el segundo mejor convenio del país y que “lo que toca ahora es volver a echar a andar”.

De hecho, ha señalado, en algunas empresas ya se ha vuelto a la normalidad después de celebrar las asambleas en las que se ha ratificado el acuerdo. Con respecto a los perjuicios causados por estos diez días de huelga indefinida -más dos jornadas de paro anteriores- se ha mostrado confiado en que “los daños sean curables y no haya quedado ninguna empresa herida de muerte”.

15.000 viticultores, casi 600 bodegas y miles de ciudadanos de La Rioja, Álava y Navarra temen que la primera marca de calidad creada en España en 1925 se rompa en otra batalla política. Una «marca de éxito», como lo califica Iñigo Torres director general del Grupo Rioja, que mostró su extraordinaria fortaleza en 2020, el año que la pandemia examinó a toda la economía mundial.

La Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja aumentó en un 8,3% sus exportaciones con las que pudo minimizar la hecatombe de la caída en ventas de hasta el 40% del producto dirigido a la hostelería española. Con un ambicioso plan de recuperación en marcha, el Consejo Regulador se opone a la «amenaza» de una subdivisión del Rioja auspiciada por el PNV para crear un órgano de control propio en la Rioja Alavesa.

El PNV ha reactivado su objetivo de controlar desde el País Vasco la producción de uno de los vinos más afamados del mundo. El próximo martes el Congreso debatirá la admisión a trámite de un cambio normativa sobre las condiciones de las denominaciones de origen que afectan a territorios pertenecientes a más de una comunidad autónoma.

Un cambio normativo que el partido de Andoni Ortuzar encargó a Mikel Legarda, su diputado y jurista más brillante y al que los nacionalistas le encomendaron cepillar el acuerdo previo con EH Bildu sobre un nuevo estatuto vasco soberanista. «Es un órdago a la grande», advierten desde el Consejo Regulador, el órgano conformado por viticultores y bodegueros y que desde julio de 2020 ha movido Roma con Santiago para impedir que la reforma que pretende el PNV siga adelante.

«Rioja es un valor en la que las tres zonas que la integran son indispensables para comprender un proyecto centenario que se guio desde su nacimiento por la búsqueda de la calidad», asegura Torres que es también consejero del Consejo Regulador y miembro de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja, los dos órganos que velan por la calidad del vino y en su comercialización dentro de un mercado internacional muy competitivo.

Casi 350.000 habitantes del sur de Álava, de La Rioja y del suroeste de Navarra viven de un producto que sólo en venta directa del vino supera los 1.300 millones de euros pero que multiplica su influencia en el Producto Interior Bruto (PIB) con apuestas muy firmes como el enoturismo (166 millones de ingresos en 2019) y todo el sector industrial que va desde la fabricación de los corchos, las botellas y la maquinaria y vehículos que requieren tanto miles de viticultores como las 600 bodegas.

Viticultores y bodegueros habían recibido con esperanza los primeros datos de 2021 con un crecimiento ya del 6% respecto a 2020 cuando se vieron sorprendidos por la reactivación de una reivindicación «política» en la que el PNV demanda la creación de una subdenominación dentro del DOC Rioja para los vinos de Rioja Alavesa pero que incluye la creación de un consejo regulador propio que establecería todas las condiciones sobre el cultivo de la uva, su control en la entrega a las bodegas y la elaboración y comercialización de estos vinos.

El peso territorial del País Vasco, La Rioja y Navarra no es homogéneo ni tampoco el posicionamiento institucional respecto a la polémica provocada por la iniciativa del PNV. Según los datos del Consejo Regulador de 2020, las bodegas ubicadas en la comunidad de La Rioja produjeron 186 millones de litros frente a los 66 millones de litros elaborados por bodegas alavesas y los 16 millones de bodegas navarras. Un liderazgo de La Rioja que también se visualiza en la uva aportada para generar estos vinos ya que se produjeron 288.000 toneladas frente a las 75.000 toneladas en viñedos vascos y las 46.000 toneladas de uvas navarras.

El modelo de producción y fabricación del vino Rioja se encuentra minuciosamente controlado por el Consejo Regulador que con hasta 200 inspectores vigila la vendimia, está presente en la entrega de la uva por parte de los productores a los bodegueros y vigila tanto el proceso de elaboración como el embotellado del producto con esta certificación. Fuentes del sector advierten que es habitual que bodegas alavesas reciban uva procedente tanto de la Rioja Alta como de la Rioja Oriental.

«La reforma que propone el PNV no tiene ningún sentido, no es una petición del sector y hemos trasladado a partidos e instituciones que deben respetar el criterio de los legítimos propietarios de la marca Rioja que son los viticultores y los bodegueros», advierte Torres, que también respaldó el pasado mes de julio la contundente declaración del Consejo Regulador presidido por Fernando Ezquerro contra el ardid activado por los nacionalistas para hacerse con el control del futuro consejo regulador vasco.

Una iniciativa reactivada en plena negociación presupuestaria con el Gobierno de Pedro Sánchez y tras comprobar la importancia de la marca Rioja tras el test de estrés que supuso un 2020 marcado por la pandemia. Un ejercicio «negativo», como reconoce el director general del Consejo Regulador José Luis Lapuente pero que visualizó la importancia de la exportación (44% de las ventas) con países como el Reino Unido (una de cada tres botellas que se venden fuera de España), Alemania y Estados Unidos como los principales mercados.

Lapuente, con 23 años de experiencia en el órgano regulador, defiende con datos la virtualidad del gran «paraguas» que es Rioja para

miles de viticultores y bodegueros y su potencial de crecimiento incluso en mercados europeos maduros. Según el consultor Wine Intelligence, le ha convertido en la sexta marca mundial de conocimiento y fidelidad en el mercado mundial y aún el 50% de los consumidores alemanes no la ha descubierto.

El año 2022 será de transición. Los problemas para España, y la presión desde Bruselas, llegarán de cara a 2023 y no van a ser pequeños. La Comisión Europea cree que el crecimiento de nuestro país será inferior a lo estimado por el Gobierno (un 4,6% y un 5,3% este año y el que viene frente al 6,5 y el 7% que defiende Moncloa), y tiene algunas discrepancias sobre el déficit o la deuda, pero los números del próximo curso no parecen inquietar demasiado. Así se desprende de la evaluación sobre el borrador presupuestario de 2022 que las instituciones comunitarias han publicado este mediodía, y en el que no hay preocupaciones concretas, alertas ni lenguaje agresivo, como era habitual en el pasado. Un aprobado en el que, de hecho, se apunta a un factor inusual para un país en apuros y rezagado: que la posición fiscal no sea expansiva.

Las razones para un análisis positivo en general, a pesar de una situación económica más que delicada y al hecho de que España es el país más lento en la carrera de la recuperación, son al menos tres. Una, el Presupuesto en sí, pues los técnicos consideran que el Ejecutivo español ha seguido razonablemente bien la consigna de impulsar la recuperación preferente mediante las transferencias del fondo europeo anticrisis, que no computan para el déficit, y con inversión pública pura (aunque en menor medida), y no através del gasto corriente, que es lo que hace Italia recibiendo un tirón de orejas fuerte.

La vicepresidenta Nadia Calviño, paradigma de la prudencia, ha sido criticada en el pasado por no lanzar estímulos equivalentes a los de nuestros vecinos. Así, mientras para 2022 la Comisión estima un fiscal stance, una posición fiscal contractiva de entorno a 0,5 puntos (la única negativa junto a Eslovaquia), en Roma superan el 3% y Grecia roza el 2%. Bélgica y Francia, los otros países de alta deuda, también se sitúan en la zona del 0,5% expansivo. “El menor gasto financiado nacionalmente está relacionado, parcialmente al menos, con el hecho de que España tomó importantes medidas fiscales en 2020 y 2021, por encima de la media de la UE. Así que la posición fiscal de 2022 es en parte por el calendario”, ha apuntado este miércoles un alto funcionario europeo. “Lo que es muy positivo en España es el aporte de la financiación europea. Es el primer país que ha solicitado un pago de los fondos”, indicó la misma fuente aplaudiendo las decisiones de Calviño, alumna aplicada de la Comisión.

Bruselas pide prudencia

La segunda razón de que el próximo ejercicio no se esperen sobresaltos es que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está congelado, y aunque nuestra economía vaya a estar muy por encima de los umbrales de referencia (un déficit del 3% y una deuda del 60% del PIB), ahora ‘no pasa nada’. La tercera, que con la pandemia aún presente no está claro cuándo se irán eliminando de verdad medidas de apoyo y que los fondos comunitarios han empezado a llegar, pero queda la amplia mayoría por desembolsarse, con efectos todavía difíciles de calcular. “Según las previsiones de la Comisión, las medidas de emergencia temporales relacionadas con la crisis se reducirán del 2,4% del PIB en 2020 al 0,9% en 2021 y al 0,2% en 2022”, se puede leer.

Bruselas pide prudencia a España como país muy endeudado, pero al mismo tiempo sabe que, a diferencia de Italia, la posición fiscal de nuestro país va a ser conservadora. “Dado el nivel de la deuda pública de España, y los importantes desafíos para la sostenibilidad en el medio plazo antes de la pandemia de Covid-19, al adoptar medidas presupuestarias de apoyo es importante mantener una política fiscal prudente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo”, dice el documento en una recomendación general que se aplica también a Bélgica, Francia, Grecia e Italia, los países con la deuda pública más alta.

En 2022 el gasto corriente estará más controlado que en muchos de sus socios, también porque los números en 2020 y 2021 fueron altos. Y habrá mucha inversión, pero sobre todo financiada por los fondos comunitarios, pues las medidas costeadas nacionalmente en nuestro país son las más bajas de toda la Unión, sólo por detrás de Finlandia. Dicho eso, el informe del Presupuesto reitera que España forma parte del grupo de economías con claros desequilibrios macroeconómicos, destacando más allá de los ya mencionados el paro, el endeudamiento privado o los activos tóxicos en el sector bancario. Cuestiones que no ocupan ahora la primera línea de preocupaciones, pero que desde 2023 en adelante, cuando vuelva el Pacto de Estabilidad y los países más ortodoxos aprieten como antaño, será un problema.

El Gobierno tendrá que aumentar esfuerzos para formar a los empleados públicos que se ocupan de la ejecución de los fondos europeos Next Generation, con el objetivo de poder mejorar las ratios de ejecución y de garantizar que los fondos se utilizan de manera correcta.

Así se lo ha encomendado la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Senado, que ha aprobado este martes una moción con 24 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, a iniciativa de la senadora Ruth Goñi Sarriés, del partido Navarra Suma (UPN, Ciudadanos y PP), incluido en el Grupo Parlamentario Mixto.

En concreto, se ha encomendado al Ejecutivo que “incremente la capacitación” de los empleados públicos, porque “todo el proceso de valorar, seleccionar, adjudicar, verificar y evaluar proyectos implica que varias decenas de empleados públicos estén involucrados en esta labor”.

“Es necesario además garantizar una mayor estabilidad (interinos), favorecer la especialización de los empleados públicos en un tema tan importante y exigente como la gestión de fondos europeos”, ha apuntado.

El Senado ha pedido que se simplifique la burocracia de forma que sea la Administración la que verifique si un solicitante cumple los requisitos; que se ayude a las pymes y micropymes en el proceso de solicitud -ya que cumplir algunos criterios como el desempeño medioambiental puede ser demasiado costoso-, y que se incremente la coordinación entre niveles administrativos.

El Partido Popular ha introducido tres enmiendas para que el Consejo Estatal de Responsabilidad Empresarial (CERSE) juzgue si los proyectos cumplen los objetivos de sostenibilidad; para que se alivie a las pymes de cumplir los requisitos medioambientales, y para que las pymes puedan acceder en igualdad de condiciones que las empresas grandes a las ayudas.

El PSOE, por su parte, ha presentado una enmienda de sustitución que cambia la forma pero no el fondo de la moción del Grupo Mixto, suavizando los términos para que sean menos críticos con el Ejecutivo. Un texto transaccional que integra esta enmienda y las del PP es el que ha salido adelante.

Gastar “poco y mal”

“No podemos dejar que la opacidad y el sectarismo del Gobierno afecten a la mayor oportunidad en la historia de España para transformar este país, reformarlo y colocarlo en posición competitiva para el futuro”, exponía el texto inicial de la moción.

La senadora que ha auspiciado la iniciativa ha explicado que de los 27.000 millones que el Gobierno tenía previsto ejecutar de los fondos NGEU en 2021, el Banco de España calcula que como mucho se ejecutarán 11.000 millones en este ejercicio.

“Según Funcas, las convocatorias cerradas o aprobadas ascienden a 850 millones y si se suman las que están en curso o tramitación la suma asciende a 5.700 millones”, lejos también del objetivo de 27.000 millones. “En España gastamos poco y mal”, ha lamentado la portavoz de Navarra Suma.

De hecho, “Hacienda sólo ha reconocido obligaciones por cerca del 35% de esos fondos, es decir, 9.500 millones”, menos también de lo presupuestado, lo que a su vez impactará en el crecimiento económico.

Además de la lenta ejecución, a los senadores les preocupa el destino de esos fondos. “Somos conscientes de que existe el riesgo de que se dé un uso inapropiado de los fondos, se aumente el gasto corriente, pero no se transforme la economía nacional”, ha apuntado.

Los votos en contra a la moción han venido del senador del grupo parlamentario Nacionalista (Junts per Catalunya y Coalición Canaria) y de los dos del grupo Esquerra Republicana – Euskal Herria Bildu, que lo que quieren es poder ejecutar los fondos a nivel autonómico; mientras que los dos senadores del grupo parlamentario vasco (EAJ-PNV) se ha abstenido en la votación por la misma razón.

El sector de la hostelería ha rechazado la posibilidad de que, como planea el Ministerio de Sanidad, vuelva a restringirse la actividad de bares y restaurantes ante el aumento de los contagios de Covid en nuestro país. “No es entendible un semáforo sanitario mucho más restrictivo que el existente hace un año”, señala Hostelería de España, asociación que agrupaba a los más de 300.000 locales del sector que había antes de la pandemia.

La Comisión de Salud Pública discute este martes los matices de un nuevo documento de guía de medidas para controlar el Covid en esta nueva etapa, el llamado semáforo Covid.

El documento establece, por ejemplo, limitaciones de aforo en hostelería y restauración en los niveles 1 y 2, y también para el ocio nocturno e incluso volver a limitaciones en mesas y de horario en zonas con más incidencia de contagios.

Los hosteleros no quieren volver a una situación ni parecida a la del año pasado, sobre todo a las puertas de una campaña de Navidad que prometía ser buena. Hay que recordar que las pasadas fiestas estuvieron marcadas por las limitaciones de aforo y prácticamente no se pudieron celebrar cenas de Navidad en establecimientos, pues las mesas estaban limitadas a seis personas.

Ahora, sin embargo, con más de un 89% de la población vacunada, el sector cree que estas medidas suponen “volver a situar la hostelería como el foco de los contagios” y “criminalizar” a los empresarios. Dicen, además, que la experiencia del año pasado “demostró que la restricción en los establecimientos hosteleros avoca a un aumento de consumo en espacios privados”, con más riesgo de contagio, según denuncian.

Pasaporte Covid

“Si estas restricciones acaban poniéndose en marcha, serán necesarias indemnizaciones para los hosteleros que vienen encadenando pérdidas irreparables que afectan a sus ingresos y pone en riesgo puestos de trabajo”, lamentan en un comunicado.

Para el ocio nocturno es peor, pues los negocios han estado cerrados prácticamente lo que llevamos de pandemia y abrieron a finales de verano.

El sector no ve viable la implantación generalizada del pasaporte Covid para poder entrar en los locales, como hacen otros países como Francia, por las dificultades que habría para poner control en las puertas de los establecimentos (en Francia lo hace el propio camarero) y la brecha digital a determinadas edades.

Además, denuncian que aún no se ha regulado su uso en este sentido. En teoría, el pasaporte Covid (documento que acredita que el usuario está vacunado o tiene un test PCR negativo) se creó para facilitar la movilidad entre países dentro de la UE. Era, por tanto, una herramienta para viajar, para agilizar los controles en puertos y aeropuertos.

Algunos países, como Francia, lo empezaron a usar en otros ámbitos para obligar a la gente a vacunarse, y también lo hacen algunas comunidades autónomas, pero el sector turístico (hoteles, hosteleros…) han descartado siempre exigirlo de manera generalizada argumentando que España es uno de los países con la tasa de vacunación más alta.

“El futuro dirá si hemos aprendido algo de esta pandemia”, ha manifestado este martes María Neira, directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante su intervención en el ciclo ‘Desafíos del siglo XXI’, organizado por Fundación ‘la Caixa’, El Mundo y Actualidad Económica en la sede madrileña de Caixa Fórum.

Neira ha explicado que el covid ha puesto de manifiesto la “importancia de la cobertura sanitaria universal” y de la investigación médica y ha recordado que aunque todos nos hemos sorprendido por la rapidez con la que se inventaron y comercializaron las vacunas, ese desarrollo ha sido posible porque “ha habido un trabajo anterior científico y de investigación” sin el cual no habría sido posible este éxito mundial. La necesidad de tener esos los necesarios recursos materiales es otra lección de esta crisis, ha añadido.

“Este virus va a ser endémico”, ha proseguido la directora de Salud Pública, por eso hay que mantener todas las precauciones y, sobre, todo seguir con las campañas de vacunación. “Que la vacunación sea obligatoria o no es una cuestión soberana de cada gobierno, pero si nos preguntan a nosotros, decimos: ‘vacúnense’. Respecto a la necesidad de una tercera dosis, Neira ha afirmado que hay que estudiar la vulnerabilidad cada persona o la reducción en el tiempo de la inmunización, entre otras cosas, para tomar decisiones.

“Van a llegar más pandemias”, ha señalado y para ello, ha animado a luchar por la preservación del medio ambiente como arma fundamental. “Todo lo que hagamos con el medio ambiente tendrá que ver con esas pandemias.” Evitar la destrucción de los ecosistemas, de la biodiversidad, etc. debería ser “el primer muro de contención” frente a nuevos virus.

Por eso, la doctora asturiana ha animado a luchar contra el cambio climático “porque es beneficioso para la salud”. Y ha señalado tres transiciones que debe plantearse la sociedad, como lección de esta pandemia: la transición energética, en busca de fuentes no contaminantes que, por ejemplo, contribuyan a mantener limpio el aire; la transición urbana, para hacer “ciudades pensadas para el hombre y no para el coche, y la transición alimentaria, que lleve a replantearse todos los procesos, desde la producción de alimentos, su comercialización y, por supuesto, el desarrollo de dietas saludables.

Neira ha resaltado que esta crisis sanitaria ha aumentado la desigualdad entre los países -“por ejemplo, entre los que tienen una cobertura sanitaria universal y los que no”- por lo que hace falta también una “transición justa” hacia la sociedad postcovid: “Considero que es posible una recuperación saludable, verde y económicamente rentable”, ha concretado.

El Ministerio de Seguridad Social lanzará antes del próximo mes de junio un fondo público dirigido a todos los trabajadores asalariados y autónomos con el que asegura que ofrecerá una opción de ahorro complementaria a las pensiones, “barata y que supondrá un salario en diferido”.

En opinión del ministro José Luis Escrivá, el potencial de este producto para expandirse es extraordinario. El límite máximo de aportaciones será de 8.500 euros al año, que sumados al límite de 1.500 euros de los planes individuales dan un tope de 10.000 euros anuales.

Escrivá ha señalado que los planes de empleo como el que se aprobará no han crecido en España en los últimos años debido, entre otras razones, a que los beneficios fiscales de esta fórmula de ahorro estaban orientados a los planes individuales de pensiones, “dirigidos a rentas altas o muy altas”. De la mano de Escrivá y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las aportaciones máximas que se pueden acoger a beneficios fiscales en estos planes individuales se han reducido a 1.500 euros.

El nuevo fondo estará gobernado por un consejo en el que participarán miembros de la Administración, empresarios y sindicatos. Su política de inversiones se centrará en opciones “financieramente sostenibles”, sin más detalles. Escrivá tampoco ha detallado qué evolución proyecta para el patrimonio de este fondo ni qué número de partícipes prevé.