Las pesquisas iniciadas por la Policía tras la denuncia del juez García Castellón por las amenazas en redes siguen vivas. Desde la Comisaría General de Información han dado prioridad a este asunto y sus unidades tecnológicas están rastreando redes, localizando mensajes intimidatorios, y tratando de ubicar a los autores.

Según explican fuentes cercanas al caso, pese a la gravedad que se detectó inicialmente tras la denuncia del juez, los avances policiales, de momento, sólo acreditan calumnias e injurias, aunque se sigue trabajando en ello. Los agentes especializados en el seguimiento de actuaciones ilegales por redes han localizado ya varias identidades de los que se presumen que podían estar detrás de los ataques al magistrado, de la campaña de acoso. Y están siguiendo la pista de sus cuentas en redes sociales.

Además, estas mismas fuentes explican que, por el momento, de lo que han detectado, el origen de las amenazas procede de cuentas que nada tienen que ver directamente con ninguna formación política. Sí sitúan a los identificados en una órbita política muy alejada de la formación Vox, liderada por Santiago Abascal. No obstante, aclaran que las pesquisas están en plena explotación y que hay mucho camino por recorrer. En caso de detectar actuaciones delictivas, los agentes procederán a judicializar el caso y a adoptar las medidas pertinentes contra los autores de las amenazas.

El pasado día 8, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional comunicó a la Policía Nacional que estaba recibiendo «amenazas de muerte» en las redes sociales tras haber elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el llamado caso Dina.

Los investigadores monitorizan cuentas desde las que se produjeron ataques

El juez alertó de que estaba siendo víctima de una campaña de acoso en redes sociales. A continuación, la Policía decidió abrir una investigación con el objetivo de esclarecer el origen de las amenazas.

Los agentes encargados de las pesquisas están teniendo también en cuenta las revelaciones judiciales del ex coordinador legal de Podemos, José Manuel Calvente, cuando aseguró que la formación morada tenía «un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que le atacan», calificando a este grupo como «kale borroka».

De hecho, tras tomar declaración a Calvente, el instructor decidió poner estos hechos denunciados por el abogado en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción con el objeto de que investigue a ese grupo vinculado a Podemos que trata de amedrentar a jueces incómodos para el partido.

Calvente afirmó que en Podemos hay un equipo a sueldo para cargarse a los jueces

La campaña de acoso al juez, ya iniciada desde que puso en marcha las pesquisas contra Pablo Iglesias por el caso Dina, se aceleró después de que decidiera pedir al Supremo que investigue al líder de Podemos por delitos de denuncia falsa y/o simulación delito, descubrimiento y revelación de secretos -con agravante de género- y delitos de daños informáticos.

El vicepresidente Iglesias vinculó en el Congreso las amenazas con la formación Vox. Aseguró que varios analistas de redes sociales han demostrado ya que las denunciadas por el juez García Castellón provienen de cuentas vinculadas a la extrema derecha y a Vox. «Y el Ministerio del Interior lo está investigando ya».

La Policía ha asentado un importante golpe a las tramas yihadistas asentadas en España. En concreto, a una célula que cometía actuaciones, novedosas para los investigadores. En el operativa se han detenido a dos personas en Melilla y Canarias se dedicaban a reclutar mujeres en riesgo de exclusión.

Los detenidos están acusados de integración en organización terrorista, captación y adoctrinamiento con fines terroristas. Han pasado a disposición de la Audiencia Nacional, que los ha enviado a prisión. La investigación policial ha sido llevada a cabo de forma conjunta por agentes de la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información de San Sebastián.

Según la información oficial, la investigación comenzó cuando los expertos en la lucha contra el terrorismo detectaron la presencia de una estructura terrorista con ramificaciones en distintos países. El grupo se mostraba afín a una corriente islamista-radical alineada ideológicamente con la organización terrorista Al Qaeda.

Los dos detenidos se identificaban con el grupo, dentro de una misma estrategia de actuación y acataban las normas internas impuestas. Los agentes constataron que la acción de los detenidos se dirigía fundamentalmente hacia mujeres que presentaban indicadores de vulnerabilidad, con escasa formación religiosa, fácilmente manipulables e influenciables.

Madres de futuros ‘muyahidines’

Tras conseguir su adoctrinamiento e incorporación al grupo les hacían partícipes de su objetivo terrorista e instrumentalizaban como nuevas captadoras y como madres de futuros muyahidines.

La intención era doble. Por un lado, incrementar el número de integrantes en el grupo y, por otro, asegurar que los descendientes de los matrimonios fueran perfectamente adoctrinados para contribuir a “extender la verdadera religión”.

En los ideales del grupo se asumía la poligamia entre sus miembros como forma de vida y su disposición a contraer tantos matrimonios como fuera posible.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha emitido un auto en el que avala que se pueda ordenar el desalojo exprés de okupas como medida cautelar. Responde así al promotor de la ocupación del antiguo Hotel San Valero, abierto en 2008 y cerrado en 2011 por la crisis económica, situado en la calle Manifestación de la capital aragonesa, donde se instalaron 22 personas durante tres meses.

El inmueble es propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El okupa recurrió el desalojo realizado el pasado 28 de julio ordenado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza. Alegaba que se pudo vulnerar el Convenio Europeo de los Derechos Humanos porque la orden afectó a un colectivo vulnerable al no tener casa.

La Audiencia rechaza el recurso y deniega cualquier posibilidad de que los okupas puedan regresar al hotel. Afirma que no existe un título legítimo que justifique la ocupación del inmueble y que deben ser los servicios municipales los que, en su caso, realojen a los ocupantes si las circunstancias lo requiriesen. Algunas de las 22 personas que allí vivían acamparon en los porches de la plaza del Pilar y otras se dispersaron por la ciudad.

El auto de la Audiencia Provincial, del que ha sido ponente el magistrado José Ruiz Ramo, se hace eco de las reflexiones de la Fiscalía y recoge que la okupación de bienes inmuebles “constituye un fenómeno que, desde su misma aparición, ha generado preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”.

Holanda, Alemania y Francia

Considera que “el derecho a la tutela judicial efectiva no es tal sin medidas cautelares que aseguren el futuro cumplimiento de la resolución efectiva” y añade que, de no hacerlo, “se vendría a privar a los justiciables” de dichas garantías.

Por todo ello, indica que, “siguiendo la doctrina constitucional, la presunción de inocencia opera como regla de juicio en el sentido de que para adoptar una medida cautelar es suficiente la concurrencia de indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo y de la participación del mismo del investigado, indicios que no deben confundirse con la existencia de prueba de cargo suficiente para destruir la citada presunción”, que solo se valora en una sentencia.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza cita, a título de ejemplo, la forma de actuar en Holanda, donde es posible recuperar la posesión de un inmueble si el okupa no dispone de título y la denuncia policial se acompaña de que el que acredite su propiedad.

O en Alemania y Francia, cuyas policías están facultadas para desalojar en determinados casos en tan solo 24 y 48 horas, respectivamente. También lo que ocurre en Italia, donde es el juzgado el que da la orden inmediata a la Policía para recuperar la posesión, una vez acreditadas la propiedad del bien y la inexistencia de título por parte del ocupante.

Oviedo obra lo que en Barcelona no pudo ser, porque el Gobierno no lo permitió. Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, compartirá este viernes acto con el Rey con motivo de los Premios Princesa de Asturias. Será también la primera vez que Doña Sofía coincida en un acto oficial con los Reyes y sus hijas desde la edición del año pasado. Una presencia que encierra una importante carga institucional.

Doña Sofía llegó el mediodía de este jueves al Hotel Reconquista de Oviedo. Un año más, no falla a la cita, pero su presencia tiene un simbolismo especial. Participa en un acto institucional, quizás el más importante del año para los Reyes, lo que supone exonerarla, dejarla al margen de lo sucedido con Don Juan Carlos. Zarzuela refrenda su figura.

El Rey emérito se encuentra desde el mes de agosto fuera de España, en Emiratos Árabes Unidos, en una decisión consensuada por Zarzuela y Moncloa.

Desde entonces no se había producido una imagen como la que se producirá en los Premios Princesa de Asturias. A diferencia de lo sucedido con Juan Carlos I, que ha sufrido el repudio de Felipe VI y decidió retirarle la asignación pública que recibía, la madre del Rey sigue gozando en plenitud de su condición de miembro de la Familia Real, por expreso deseo de Felipe VI, y sigue gozando de agenda institucional propia -escueta pero la tiene- . De hecho, este viernes podrá hacerse la foto con sus nietas.

La Reina Sofía, en segundo plano

Desde la polémica salida de Don Juan Carlos de España, Doña Sofía permanecía en un más que segundo plano. Discreto. Silencioso. Ni la marcha del emérito ni las últimas declaraciones de Corinna Larsen alteraron su posición. Ahora, aparecer junto a los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía supone legitimar su estatus y, por ende, abrir brecha respecto a la situación de Don Juan Carlos. Una cerca, el otro lejos.

Los premios también permitirán que Felipe VI se reencuentre con Carlos Lesmes, después de que el Gobierno vetara la presencia del monarca en la entrega de despachos a los nuevos jueces celebrada hace unas semanas en Barcelona.

“No contamos con la asistencia de Su Majestad el Rey. Sentimos un enorme pesar por esta ausencia”. Fueron algunas de las palabras pronunciadas entonces por el presidente del CGPJ.

Según fuentes del CGPJ, Felipe VI telefoneó después a Lesmes para transmitirle que le habría gustado asistir al acto. “Nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial”.

El 90% de los jueces españoles apoyan que los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del turno judicial sean elegidos mediante elección directa por los miembros de la Carrera Judicial, según los resultados de la encuesta que Metroscopia ha realizado para el órgano de gobierno de los jueces, entre los pasados 8 y 22 de septiembre, mediante entrevistas telefónicas a 1.000 jueces en activo seleccionados aleatoriamente de acuerdo con la distribución real por sexo, edad y órganos jurisdiccionales.

En ese sentido, la encuesta revela un claro interés por erradicar cualquier apariencia de contaminación política en la acción judicial. El 90% de los jueces encuestados cree además necesario un nuevo pacto de Estado por la Justicia para remodelar a fondo su organización y funcionamiento.

El sondeo refleja que los jueces y magistrados españoles tienen una percepción muy positiva de la justicia en España, que consideran independiente del poder político pese a que la mayoría -el 83%- cree que todos los gobiernos, sea cual sea su ideología, muestran más interés en controlarla que en proporcionarle los medios que la hagan más ágil y eficaz.

Así, el 99% de los miembros de la Carrera Judicial afirman sentirse totalmente independientes para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Judicializar la vida política

Por otro lado, los miembros de la Carrera Judicial también coinciden (86 %) en rechazar la idea de estar interviniendo con sus decisiones en materias de naturaleza exclusivamente política, pero sí creen (88 %) que con frecuencia los políticos eluden su responsabilidad y optan por judicializar los asuntos más complejos en lugar de esforzarse por alcanzar pactos y acuerdos.

En cualquier caso, el 90% de los encuestados afirma no haber recibido nunca indicación o sugerencia alguna sobre cómo resolver un caso concreto por parte del Gobierno, las comunidades autónomas o el CGPJ. El 88%, tampoco de partidos políticos, otros jueces o grupos de presión económicos o sociales.

El porcentaje desciende hasta el 72% cuando la pregunta se refiere a la presión mediática. Hasta un 9% responde que “con frecuencia” se siente presionado por los medios de comunicación, de los que una gran mayoría (84%) piensa que no reflejan adecuadamente el quehacer judicial.

Por otro lado, los jueces también respaldan reformas para restringir el ejercicio de la acción popular (68%) o prohibir que los partidos políticos la ejerzan en los procedimientos con significación política o en los que se investiguen delitos de corrupción.

Menos apoyo encuentra la posibilidad de que los fiscales pasen a instruir las investigaciones con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en combinación con el juez de garantías. Solo un 41% se muestra a favor, mientras que el 55% está en contra.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas ha entonado el mea culpa por las “desafortunadas” e “imprudentes” manifestaciones que hizo sobre el fiscal Anticorrupción del caso VillarejoIgnacio Stampa, al que se ha relacionado con la ex abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor.

En una entrevista en Onda Cero el pasado mes de septiembre, Navajas calificó de “escandalosa” la supuesta relación -que Stampa siempre ha negado- y añadió que hubiera apartado al fiscal de la Fiscalía que capitanea Alejandro Luzón. “Como este señor está en comisión de servicios habría removido la misma y hubiera enviado al fiscal a su lugar de destino”, recalcó el teniente fiscal del Alto Tribunal.

Además, en otra entrevista en Okdiario añadió: “Vomité, vomitamos cuando nos enteramos por los periódicos de lo de la abogada (Marta Flor Núñez) y sobre si tenía relación. Eso nos dio un asco tremendo y yo me pronuncié y se lo dije a la fiscal general del Estado”.

En una carta conocida este viernes, Navajas ha pedido perdón públicamente al fiscal Ignacio Stampa y ha admitido su “imprudencia” afirmando que “se limitó a hacerse eco de publicaciones periodísticas que ahora sé que eran rotundamente falsas sin hacer las comprobaciones que por mi cargo estaba obligado”.

Presunción de inocencia

“He pedido privadamente disculpas al señor Stampa que sé han sido plenamente aceptadas; disculpas que ahora quiero hacer públicas a través de este documento del que el fiscal puede hacer el uso que crea más conveniente”, recalca el fiscal arrepentido.

Las insólitas declaraciones del teniente fiscal sobre un compañero de la Carrera fueron muy criticadas, ya que muchos fiscales entendieron que Luis Navajas se cargó de un plumazo la presunción de inocencia del fiscal Anticorrupción en un momento, además, especialmente delicado.

Stampa tiene abiertas unas diligencias penales en la Fiscalía de Madrid por su supuesta relación con Marta Flor y sobre la posible filtración de datos reservados del caso Dina a la formación política Podemos.

Además, se da la circunstancia de que Navajas, miembro nato del Consejo Fiscal, anticipó públicamente que le quitaría la comisión de servicios. Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO informan de que será en el próximo Consejo Fiscal, que se celebrará a finales de este mes, cuando se otorguen las nueve plazas vacantes en Anticorrupción, entre ellas la que ocupa ahora Ignacio Stampa y su compañero en el casoTándem, el fiscal Miguel Serrano.

.

La reforma del sistema de elección del CGPJ presentada por el PSOE y Unidas Podemos no ha pasado desapercibida en Polonia, donde se observan tantas similitudes con la emprendida por el Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS) de Jaroslaw Kaczynski que su viceministro de Asuntos Exteriores, Pawel Jablonski, se ha preguntado en Twitter cómo reaccionará la Comisión Europea (CE). ¿Aplicará el mismo rasero que con Polonia? ¿Pondrá a España en la lista negra de países que socavan la

El médico Simón nunca se ha arrepentido de su gestión. Sostiene que hizo lo mejor que podía hacer con la información disponible. Lo repitió recientemente en una entrevista televisiva que por su propio formato confirma que está convencido de lo que dice: solo quien carece de toda duda moral participaría en ese espectáculo.
Me asombraría su reflexión, si todavía estuviera en condiciones de asombrarme. Pero la gestión de la epidemia me ha entumecido el músculo del asombro, aunque todavía conservo

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha remitido una nota interna al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, respondiendo a su petición de que elaborara un análisis jurídico sobre si se debe investigar o no al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Dina.

Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, la postura de Anticorrupción es que no se puede investigar a Iglesias por un delito de revelación de secretos sin que su ex asesora Dina Bousselham decida ejercer de acusación contra él y que, en este punto, hubiera sido imprescindible escuchar a la ex asistente de Iglesias, tal y como reclamaron en dos ocasiones los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano al instructor del caso Tándem.

Por otro lado, fuentes de este departamento defienden que no se puede concluir de las diligencias practicadas en la Audiencia Nacional que el vicepresidente sea autor de un delito de daños informáticos ya que los informes de la Policía Científica no arrojan luz sobre cómo puedo deteriorarse la tarjeta SD del móvil robado a Bousselham.

A lo largo del exhaustivo documento enviado a Navajas, Anticorrupción también apunta a que no hay margen para investigar a Iglesias por estos hechos después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dijera al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que carecía de competencia para instruir aquellos hechos que no están relacionados con la actividad desplegada por el comisario vinculado a las cloacas del Estado José Manuel Villarejo. El criterio del departamento que dirige Luzón es que el juez carecía de competencia para elevar exposición razonada al Alto Tribunal.

Ahora bien, fuentes fiscales de esta Fiscalía especializada se muestran absolutamente cautas, puesto que corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo fijar el criterio definitivo del Ministerio Público sobre la pertinencia de abrir causa penal o no al líder de Unidas Podemos.

Ocho fiscales de Sala fijarán criterio

Tal y como informó este periódico, el teniente Navajas delegó el estudio del informe sobre Iglesias en una de las fiscales jefas del Supremo, Pilar Fernández Valcárcel, quien le propuso que el dictamen sobre Pablo Iglesias fuera estudiado por los ocho fiscales de Sala de Alto Tribunal con el fin de elaborar un informe sólido y consensuado entre los fiscales especialistas en Penal que ostentan la máxima categoría dentro de la Carrera Fiscal.

Luis Navajas dio su plácet a que sean los fiscales de Sala de Penal del Alto Tribunal Juan Ignacio Campos, Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Fernando Rodríguez Rey, Consuelo Madrigal y José Luis Bueren -junto Fernández Valcárcel- quienes de forma conjunta fijen la postura definitiva sobre la apertura de un procedimiento penal al aforado. A ellos les corresponderá la última palabra a la hora de informar al Supremo sobre la conducta del vicepresidente del Ejecutivo después de que el pasado 7 de octubre el juez García Castellón elevara exposición razonada contra Iglesias por la presunta comisión de delitos de denuncia falsa y/o simulación delito, descubrimiento y revelación de secretos -con agravante de género- y delitos de daños informáticos.

Tres de las cuatro asociaciones judiciales del país, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han emitido este jueves un comunicado conjunto donde alertan del riesgo que supone para la independencia del Poder Judicial la reforma que el Gobierno pretende llevar a cabo sobre el sistema de elección delConsejo General del Poder Judicial. “Dicha reforma choca frontalmente con las recomendaciones que al objeto de fortalecer la independencia judicial ha realizado el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) de forma reiterada a España en diversos informes de evaluación que se remontan a 2013” y “ahonda en la politización del órgano de gobierno de los jueces”.

Asimismo, los tres colectivos judiciales -del que se ha desmarcado la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia- subrayan que la modificación propuesta para la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se prescinde de la mayoría de tres quintos de las Cámaras para la elección de los vocales de procedencia judicial, “se aleja definitivamente de los estándares de independencia y de apariencia de independencia que son exigibles conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho”.

“La reforma que necesitamos es la que nos pide Europa al objeto de fortalecer la autonomía e independencia del CGPJ de manera que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados de acuerdo con el texto y el espíritu del artículo 122.3 de la Constitución”, subraya la APM, la AJFV y el FJI.

Asimismo, estas tres asociaciones destacan que la razón de la creación del Consejo “no es otra que la de mantener la independencia del órgano de gobierno de los Jueces evitando su dependencia orgánica y funcional del Ministerio de Justicia”. “Es importante no perder esta cuestión de vista: si la finalidad de la institución es preservar la independencia judicial, dicha finalidad queda frustrada en su origen al ser la totalidad de sus miembros elegidos por otro poder del Estado, como la práctica ha venido demostrando”, agregan.

Los jueces creen que “preservar la independencia del Poder Judicial es vital para cualquier democracia, sin ella no habría separación de poderes”.

Los vitorinos van al TC

Por otro lado, la AJFV ha presentado este jueves un recurso ante el Tribunal Constitucional para “desbloquear y despolitizar al mismo tiempo” la situación en la que se encuentra el CGPJ desde hace ya dos años. Quieren que el Constitucional inste al Parlamento a votar de una vez los nuevos vocales del Consejo, “que ya cumplió el trámite de informar al Congreso y al Senado de cuáles eran los candidatos oficiales para esa votación que, sin embargo, ambas cámaras siguen sin convocar después de dos años”. Los vitorinos han presentado este recurso como asociación y también debido a que seis de sus asociados que se postularon como candidatos al órgano de gobierno de los jueces, por lo que se consideran legitimados para ir en amparo al verse “afectados directamente por ese retraso”.

Los recursos de los magistrados individuales se basan en la vulneración del artículo 23 de la Constitución que regula el acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, por ello, en el derecho a impulsar la obligación legal que recae en las Cortes Generales para la renovación del Consejo General del Poder Judicial mientras el recurso de la asociación, sin embargo, se fundamenta en el artículo 22 de la Constitución en relación con el art. 401 de LOPJ, respecto a la finalidad que tienen las asociaciones para actuar en defensa de los intereses profesionales de sus miembros. Con la inacción se estarían vulnerar los derechos de la totalidad de los jueces asociados al acceso a cargos públicos, sean de la asociación que sean.

“El poder constituyente estableció que el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial debía hacerse a través de una mayoría de tres quintos, lo que en definitiva era una forma de garantizar la estabilidad de la institución y la independencia de sus vocales, obligando a los partidos políticos a tejer acuerdos para los nombramientos. La actual paralización de los acuerdos y de la propia renovación de la composición del órgano ha supuesto una perversión política que no se encontraba prevista y que corrompe la institución, contribuyendo a la negativa visión que los ciudadanos tienen de la misma. Eso sin contar lo que el nuevo proyecto de ley anunciado por los grupos parlamentarios en el Gobierno de España pueda suponer en un futuro para la calidad democrática”, recalca la segunda asociación en número de representación de jueces en la Carrera Judicial.