El embuste fundacional de Sánchez fue una frase pegada a una moción: “Dimita usted y todo habrá terminado”, le dijo a Rajoy. Hubiera supuesto su primer incumplimiento. Se interpretó interesada y arbitrariamente que quería decir que la moción hubiese decaído con la renuncia de Rajoy; pero tampoco era cierto, como nada de lo anterior ni de lo posterior. La suerte estaba echada y Sánchez agarró el instante por los pelos grapados a un artilugio, una sentencia editorializada. El magistrado De Prada –

Correos cambió de forma radical su imagen y su estilo de hacer publicidad corporativa con el relevo en el Gobierno que provocó la moción de censura que ganó Pedro Sánchez. El nuevo presidente de la empresa pública, Juan Manuel Serrano, que hasta entonces había sido jefe de Gabinete de Sánchez en el PSOE, imprimió un nuevo estilo a la sociedad estatal.

Ahora, y teniendo en cuenta alguna de sus últimas campañas, sus anuncios se parecen a los de los partidos del Ejecutivo de coalición, copian sus mensajes y hasta contratan a sus simpatizantes y colaboradores, aunque quien pague esas facturas sea una empresa pública. El último vídeo y la última campaña de la empresa estatal -Orgullo por lo nuestro- contiene mensajes y referencias que llevan el sello de Podemos.

La propia formación morada así lo celebró en un tuit lanzado desde su perfil oficial de Twitter el 5 de octubre que aplaudía el vídeo de la campaña y lo calificaba de «brutal».

Además, para poner letra y voz a este «brutal» audiovisual, que se ha lanzando para conmemorar la Fiesta Nacional, Correos ha contratado a la rapera Sara Socas, una artista canaria que ha colaborado en actos y en campañas electorales de Podemos; las últimas, para las elecciones de 2019.

Con la excusa de apostar por los productos españoles con motivo del 12 de octubre, Correos ataca a los «patriotas» que «izan una bandera» y a los «exaltados que destruyen la nación» y «pisan al que lucha por llenarse la nevera», corea Socas. Sobre los colores rojo, amarillo y rojo de la enseña rojigualda aparece, mientras, la palabra «exaltados».

Ciudadanos ha denunciado esta «campaña indisimuladamente partidista». Como ha podido saber EL MUNDO, su portavoz adjunto, Edmundo Bal, ha registrado en el Congreso una petición formal de información para saber cuánto ha pagado por ella la sociedad estatal, qué contrato ha firmado con Sara Socas y qué retribución ha recibido.

Jugando varias veces con el amarillo y el rojo de la bandera nacional, el spot proclama que «ser patriota no es izar una bandera, ni pisar al que lucha por llenarse la nevera», anima a ser «rebelde» y defiende el «orgullo por nuestra diversidad».

Fuentes de Cs consideran que la rapera ha introducido «mensajes evidentemente políticos y afines» a Podemos, a pesar de que se trata de una campaña institucional supuestamente realizada para fomentar el consumo de productos de España.

Sara Socas es una cantante que ha participado en mesas redondas de Podemos y en actos de campaña electoral junto a la ahora ministra de Igualdad, Irene Montero, o con los dirigentes Rafa Mayoral o Isabel Serra. En las últimas elecciones autonómicas de Madrid, Socas hizo un vídeo de apoyo a Serra, que fue la candidata morada a esos comicios.

En conversación con este diario, Edmundo Bal lamentó «la opacidad y el enchufismo con que se conducen el PSOE y Podemos en el Gobierno». El abogado del Estado recordó que Sánchez ya colocó a dedo a su ex jefe de Gabinete como presidente de Correos, «igual que hizo con el presidente de Paradores o el del CIS».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude hoy al Consejo Europeo tras autolesionarse con una reforma del nombramiento del poder judicial que complica el acceso a la ayuda financiera europea.
El nuevo Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia se encuentra políticamente paralizado precisamente por la exigencia de los países del Norte a Polonia y Hungría de respeto a la independencia judicial, por lo que la decisión del PSOE y Podemos de mermarla en España es altamente intempestiva en el

El Gobierno ultranacionalista polaco ha encontrado en la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteado por el PSOE y Unidas Podemos un argumento para defender la suya ante las autoridades comunitarias y reclamar igualdad de trato.

“Si la Unión Europea sanciona a Polonia por elegir al poder judicial por una mayoría de tres quintos del Parlamento, que hará Bruselas si España nombra el GGPJ por la mitad más uno?”, ha escrito este miércoles en Twitter el viceministro polaco de Asuntos Exteriores, Pawel Jablonski.

También a través de Twitter, el secretario de Estado de Justicia, Sebastian Kaleta, alerta contra el agravio comparativo que cometería la Comisión Europea si permite que los socialistas de Pedro Sánchez procedan a la renovación del CGPJ por mayoría simple.

“La Comisión Europea y los alemanes están creando mecanismos para ponernos [a Polonia] en primera línea y obligarnos a obedecer, pero el modelo español no les molesta en absoluto”, dice Kaleta.

El nombramiento de Dolores Delgado

La propuesta de reforma del CGPJ presentada al Congreso por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos contempla la elección por mayoría absoluta de los 12 vocales jueces que corresponde nombrar a las Cortes en caso de bloqueo, sobre un total de 20. Para los ocho restantes, juristas de reconocido prestigio, se seguiría necesitando los tres quintos que marca la Constitución

Este proyecto de reforma del CGPJ es el segundo intento de las autoridades polacas de establecer un paralelismo con España. El primero fue con ocasión del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Delgado asumió ese cargo tras ejercer como ministra de Justicia, lo que suscitó dudas acerca de su independencia.

En el marco de la reforma del Poder Judicial impulsada por el partido Ley y Justicia (PiS), la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia quedaron bajo el mismo mando, una fusión de competencias contraria a los principios democráticos y que sigue siendo muy cuestionada.

Pero Polonia no sólo ha seguido adelante con esa reforma, sino que está dispuesta a plantar cara en Bruselas. El líder del PiS y ahora viceprimer ministro, Jaroslaw Kaczynski, advirtió el martes de que su país vetará el Presupuesto de la Unión Europea y decisiones sobre los fondos comunitarios para paliar el impacto de la pandemia del coronavirus si se amenaza la soberanía de su país.

Kaczynski: “Veto”

“Defenderemos a cualquier precio nuestra identidad, nuestra libertad y soberanía. No nos dejaremos aterrorizar por el dinero. Nuestra respuesta a esas acciones será clara: no”, afirmó Kaczynski, en una entrevista al diario Gazeta Wyborcza.

“Si se mantienen las amenazas y el chantaje, defenderemos firmemente el interés vital de Polonia. Veto”, aseguró Kaczynski en respuesta a las advertencias hechas desde la Comisión Europea al respeto a los derechos de las personas LGTBI y la censura hecha desde el Tribunal de Justicia comunitario a la reforma judicial aprobada en Polonia.

Un periodista cualquiera se asoma a la sesión de control de este miércoles y sacude sutilmente la cabeza. “No es esto, no esto. Qué bronco espectáculo. La oposición llama a Sánchez dictador, el presidente llama a Casado antisistema. Qué feo todo”. Y en este plan. Pero este análisis bobalicón -cuando no mercenario- delata la profundidad de un charco, el calado propio del periodismo de cabotaje. Ahora alejémonos un poco del cuadro goyesco de octubre de 2020 hasta situarnos en octubre de 2016. Se v

La propuesta del PSOE y de Unidas Podemos de que la mayoría absoluta del Parlamento pueda elegir al grueso de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es muy similar a la que durante el procés el Parlament incluyó en la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.

Esta norma, aprobada en septiembre de 2017 con Carles Puigdemont de president y Carme Forcadell de presidenta de la Cámara, establecía la creación de una Comisión Mixta que de la mano de la Sala de Gobierno del Supremo tenía las funciones equivalentes a la del CGPJ, entre ellas la designación de los principales puestos judiciales. La Comisión Mixta estaba formada, por un lado, por miembros elegidos directamente por la Generalitat; por otro, por miembros de la judicatura que formaran parte de la Sala de Gobierno del Supremo. Pero en última instancia, la designación de estos miembros de la judicatura volvía a quedar en manos del poder político.

Así, el Parlamento catalán nombraba por mayoría absoluta a los presidente de las distintas Salas del Supremo. Y también a los “cinco magistrados o jueces elegidos por mayoría absoluta de entre los miembros de la carrera judicial” que junto a los presidentes de las Salas se integraban en la Sala de Gobierno del Supremo.

La norma, cuya entrada en vigor fue suspendida por el Tribunal Constitucional, establecía que la elección del presidente del Supremo quedaba en manos de la Comisión Mixta. Pero añadía que, si no se cumplían brevísimos plazos previstos para esa designación -apenas unos días-, era directamente el Parlament el que ponía nombre a la cúspide judicial, el equivalente a Carlos Lesmes en el actual CGPJ. De nuevo la designación se hacía por mayoría absoluta, no cualificada.

En las redes sociales

El periodista Ignacio Varela resaltaba este lunes en las redes sociales el paralelismo entre la designación política del Poder Judicial que proponen el PSOE y Unidas Podemos. Reproducía para ello los apartados del artículo 71 de la Ley de Transitoriedad que mejor reflejaban el control del Poder judicial mediante votaciones por mayoría absoluta en el Parlament.

“El Parlamento, en el plazo máximo de cinco días a partir de la entrada en vigor de esta Ley, designa, por mayoría absoluta, a los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, de entre los miembros del Tribunal Supremo, y a los cinco miembros electos indicados en el artículo 71.1. […] Si no se cumplen estos plazos, el Parlamento puede elegir, por mayoría absoluta, al presidente o presidenta del Tribunal Supremo”.

La Ley de Transitoriedad era una de las piezas claves en el camino hacia la independencia emprendido con el procés. Prueba de su relevancia es que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O arranca el apartado de hechos probados indicando que, “con fecha 8 de septiembre de 2017, el Diario Oficial de la Generalitat núm. 7451-A publicó la Ley del Parlament de Cataluña 20/2017, 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”.

A continuación, el Supremo subrayaba las dudas sobre la independencia del poder judicial diseñado, subrayando que la norma instauraba un modelo “inspirado en la actuación coordinada con el poder ejecutivo”.

Lo que se expuso como una solución “provisional” cuenta ya con más de dos años de vigencia. La elección de Rosa María Mateo como administradora provisional única de RTVE fue un parche del Gobierno mientras se resolvía el concurso público en el Congreso. Un proceso fallido, atascado y enmarañado con alegaciones e, incluso, un informe de los letrados.
Pero en el seno del Gobierno, sobre todo en el sector de Unidas Podemos, hay malestar con la gestión de Mateo. Los socios de la coalición han re

Eliminar la mayoría cualificada para nombrar a parte del Consejo General del Poder Judicial es poner en cuestión el equilibrio de poderes y desvirtuar la Constitución. Ésa es la conclusión mayoritaria a la que llegan los expertos en Derecho Constitucional consultados por EL MUNDO. Frente a esa tesis, también se escucha la de que la reforma propuesta es, en todo caso, un mal menor preferible a un atasco que parece no tener final.

Es una reforma «más que discutible» que «no tiene sentido desde el punto de vista de mantener la pureza del Consejo, de preservar su imparcialidad», afirma Manuel Pulido, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra. Pulido es muy crítico con el hecho de que en un mismo Consejo vayan a convivir vocales elegidos con mayorías distintas. «Eso es desvirtuar la elección. ¿Qué pasa, que hay vocales mejores que otros? No, no tiene ni pies ni cabeza».

Es desvirtuar la elección, no tiene ni pies ni cabeza

MANUEL PULIDO

Desde la Universidad de Santiago, el catedrático Roberto Blanco resume así su opinión de la propuesta: «Me parece una forma más de vulnerar el equilibro de poderes, un equilibrio relacionado directamente con que unos poderes respeten la autonomía institucional de los otros poderes. ¿Cómo? En determinados supuestos, con la garantía de que sus miembros se elijan con mayorías cualificadas».

Blanco resalta que «no es casual» que otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo se elijan también por mayoría cualificada. «Esa mayoría cualificada tiene por objeto evitar que una simple mayoría parlamentaria se pueda hacer con el control de órganos que por su naturaleza deben no ser órganos de partido. Ni el Consejo ni el TC deben responder a mayorías de gobierno», explica.

Hay órganos que deben no ser de partido

ROBERTO BLANCO

Blanco no le resta ningún calado a la maniobra de los dos partidos en el Ejecutivo. «El Gobierno, que está dispuesto a arramplar con todos los equilibrios institucionales. Es muy grave. Como no tengo mayoría y no soy capaz de llegar a acuerdos, reduzco la mayoría. Esto es insólito».

Esa misma palabra, insólito, aparece en la valoración de la hasta hace poco catedrática del Constitucional de la Autónoma de Barcelona, Teresa Freixes. «Es insólito que los órganos de relevancia constitucional no sean regulados en su elección con un amplio consenso», afirma. Freixes, nombrada también catedrática Jean Monnet ad personam, tiene pronta una referencia europea: «El nuestro es el único Consejo de gobierno de la judicatura cuyos miembros son elegidos por órganos políticos en la totalidad. En el resto se hace con participación directa importante de los jueces», afirma, recordando cómo sucesivos informes del Consejo de Europa ponen el dedo en esa llaga.

Duele desde el punto de vista de la Constitución

TERESA FREIXES

Freixes distingue lo que «formalmente» se puede hacer de lo que se debería. Formalmente se puede hacer la reforma, puesto que la Constitución no exige para los 12 vocales de procedencia judicial la mayoría de 3/5 de las cámaras que sí pide para los ocho juristas. Pero esa reforma no debería salir adelante. «No se trata de cualquier órgano, digamos, de segundo nivel. Duele mucho desde el punto de vista del espíritu de la Constitución que un órgano de relevancia constitucional no se renueve por una amplia mayoría».

Sin aplaudirlo, lo comprendo, hay que buscar salidas

XAVIER ARBÓS

Pero la dura crítica no es unánime. Xavier Arbós, catedrático en la Universidad de Barcelona, ve negativo rebajar la mayoría, pero más aún eternizar el bloqueo y que un Consejo con el mandato vencido siga haciendo nombramientos. «Lo ideal sería la mayoría de 3/5, pero veo la reforma como un mal menor por el que me inclino para desatascar una situación que no debería continuar», resume Arbós, que lamenta que el Consejo no haya optado por la «autocontención» y siga con los nombramientos. «Sin aplaudirlo, porque es preferible una mayoría reforzada, lo comprendo. No se debe seguir así. Hemos llegado a un punto en el que es necesario buscar salidas a la falta de renovación», afirma.

Todos los consultados dan por seguro que habrá recurso al Constitucional, aunque eso no impedirá que la ley entre en vigor y que el Consejo se renueve sin mayoría cualificada. «Son ideas de campanario, una ocurrencia política, pero son hechos consumados», lamenta Pulido, que recuerda que el recurso no impide aplicar la norma. «Y a ver quién se atreve luego a echar atrás los nombramientos».

El ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, continúa con su dinámica de acercamiento de los presos de la organización terrorista ETA. En esta ocasión, el Ministerio ha anunciado el acercamiento de otros seis internos etarras a cárceles del entorno del País Vasco.

Interior asegura que han mostrado su arrepentimiento por los hechos que cometieron. Sin embargo, no consta que alguno haya colaborado con la justicia en los asuntos pendientes de resolver.

En concreto, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha acordado el trasladado de Antonio Troitiño Arranz desde la prisión de Estremera (Madrid) a la de Soria, donde el próximo mes de mayo cumplirá las tres cuartas partes de condena por reintegrarse en ETA.

Según informa Prisiones, además de Troitiño, los otros cinco traslados acordados son los de Aitzol Maurtua (de Huelva a Dueñas, en Palencia), Víctor Franco (de Huelva a Estremera, en Madrid), Andoni Otegi (de Almería a Logroño), Mikel Arrieta (de Algeciras a Soria) y Agustín Almaraz (de Cádiz a Estremera).

Troitiño: reincidente

Antonio Troitiño ingresó en prisión el 5 de mayo de 2017 y tiene una condena de cinco años, 11 meses y 29 días por el delito de pertenencia a organización terrorista. En concreto, la Audiencia Nacional le impuso esta pena por reintegrarse en ETA tras ser excarcelado por error en 2011 para poder huir a Londres, de donde fue extraditado, apunta Efe.

La sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional en su sentencia le aplicó la agravante de reincidencia sobre la pena atenuada de integración en organización terrorista, ya que su última participación en ETA había sido solo en “la retaguardia” y alejado de las armas.

Según destaca Instituciones Penitencias, Troitiño cumplirá las tres cuartas partes de condena en mayo de 2021 y, a propuesta de la Junta de Tratamiento de Estremera, se le aplicará el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a su clasificación en primer grado y su traslado al centro penitenciario soriano.

Almaraz, Arrieta y Maurtua

Agustín Almaraz, que será traslado a la cárcel madrileña de Estremera desde la de Puerto I, en Cádiz, ingresó en prisión el 29 de diciembre de 1995 y cumple una condena de 30 años por terrorismo, asesinatos y atentados, además de por planear la muerte del ex consejero de Interior vasco Juan María Atutxa. Cumplió las tres cuartas partes de la pena en noviembre de 2014.

También cumple una pena de 30 años por terrorismo y asesinatos, entre ellos el del jefe de la Policía Municipal de Baracaldo (Vizcaya), José Aibar Yañez, en 1982, Mikel Arrieta, Mikel, que viajará de la cárcel de Algeciras a la de Soria, tras ver satisfechas las tres cuartas partes de la pena el pasado julio.

Prisiones destaca que Arrieta acepta la legalidad penitenciaria y se ha desvinculado de la banda terrorista, al igual que otro de los presos etarras que serán trasladados, Aitzol Maurtua, que será conducido desde Huelva a Dueñas (Palencia).

Ingresó en prisión el 14 de junio de 2002 y cumple una pena de 20 años por pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos, tenencia de armas sin licencia y falsedad en documento público.

Otegi Eraso y Víctor Franco

Andoni Otegi Eraso también cumple una condena de 30 años por los delitos de atentados, estragos, depósito de armas y municiones, y robo de vehículo. Acepta la legalidad penitenciaria y ha manifestado su intención de hacer frente a su responsabilidad civil.

La Audiencia Nacional condenó a Andoni Otegi a 843 años de cárcel al considerar probado que fue uno de los autores del atentado contra la casa-cuartal de Santa Pola (Alicante), que ETA perpetró el 4 de agosto de 2002.

La sentencia le atribuye los asesinatos de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y Cecilio Gallego Alaminos, de 57, así como otros 51 asesinatos en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas.

De los seis trasladados es a quien más horizonte penitenciario le resta, ya que hasta 2031 no verá cumplidas las tres cuartas partes de pena. Entre otros delitos, está acusado de intentar asesinar de un tiro al ex consejero socialista de Justicia y Educación del Gobierno vasco Jose Ramón Rekalde en el año 2000.

A propuesta de la Junta de Tratamiento del centro almeriense, el interno mantiene su clasificación en segundo grado y será trasladado al centro penitenciario riojano.

Víctor Franco, que será trasladado de Huelva a Estremera, ingresó en prisión el 12 de octubre de 2002 y cumple una condena de 20 años por los delitos de asesinato e incendio, entre los que destaca el ataque con cócteles molotov a una patrulla de la Ertzaintza en Portugalete (Vizcaya) el 5 de agosto de 2001. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en noviembre de 2017.

Una submarinista, de 30 años de edad, falleció en la mañana de este sábado durante una inmersión recreativa al quedar atrapada a 41 metros de profundidad en el interior de un pecio hundido en la zona exterior del Muelle Reina Sofía del Puerto de la Luz y de Las Palmas, en concreto en la zona conocida como Los narcóticos .

Los hechos tuvieron lugar cuando un equipo recreativo de submarinistas dirigidos por un instructor realizó una inmersión en uno de los pecios -el Soo Yang- que está ubicado en el lecho en forma invertida.

De esta manera, el grupo accedió al interior del buque, donde quedó atrapada una de las submarinistas sin que el resto pudiera sacarla, según ha informado la Guardia Civil.

Así, fue sobre las 11.30 horas de ayer cuando Salvamento Marítimo solicitó la intervención del Grupo de Especialistas de actividades subacuáticas (GEAS) de la Benemérita.

A 41 metros de profundidad

Tras acudir a la zona, los agentes se sumergieron en la zona del Soo Yang, una inmersión a 41 metros de profundidad muy complicada y peligrosa al tener que acceder al interior del buque.

No obstante, pudieron localizar en torno a las 13.00 horas en un camarote o habitáculo el cuerpo de la submarinista fallecida, aunque no pudieron recuperarlo dada las dificultades que presentaba la maniobra.

Por su parte, entre las complicaciones que se encontró el GEAS, estaba la cantidad de limo que se desprende en el interior del pecio, la dificultad de acceso al lugar donde se halla el cuerpo y la consiguiente falta de visibilidad.

Pese a estos problemas, los profesionales intentaron recuperar el cuerpo durante toda la tarde del día de ayer sin éxito, por lo que han retomado las tareas a primera hora de este domingo.

Finalmente, en paralelo, la Unidad Orgánica de Policía judicial de la Comandancia de Las Palmas ha iniciado una investigación debido a posibles negligencias del instructor y a diferentes deficiencias, detectadas por el GEAS, en el equipo de inmersión usado por el citado responsable de la inmersión referida.