La decisión del juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón de pedir al Tribunal Supremo que se investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, es considera en Podemos un capítulo más de lo que creen una campaña contra la formación. Así, las fuentes consultadas señalan que “no dan crédito” a la petición del magistrado.

Desde Podemos desconfían de García Castellón y recuerdan que hace unos días “la Audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue”. Es el vínculo que establecen con la petición al Supremo para que investigue a Iglesias por denuncia falsa, revelación de secretos y delitos de daños informáticos.

La decisión del juez ha coincidido con la presencia de Irene Montero, ministra de Igualdad y pareja de Iglesias, en la comisión de Igualdad del Congreso. Una cita en la que la oposición, encabezada por PP y Vox, ha aprovechado para criticar a la ministra, haciendo hincapié en que uno de los delitos que se pide investigar al Supremo es revelación de secretos con agravante de género. “Las querellas que a nosotros nos ponen terminan archivadas, las suyas terminan con sus militantes en la cárcel”, sha sido la respuesta de Montero a la portavoz de Igualdad del PP, Marga Prohens.

“El juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía porque contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo. Lo de siempre: Hay que destruir a los que suben el salario mínimo y quieren poner un impuesto a la riqueza con la artillería que haga falta”, ha expuesto Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos.

“Confío en su absoluta inocencia”

La decisión del juez ha pillado, por ejemplo, a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, uno de los puntales de Unidas Podemos y muy cercana a Iglesias, de viaje en el País Vasco, donde se ha reunido con el lehendakari, Iñigo Urkullu. Díaz ha querido expresar su “solidaridad personal” con el vicepresidente segundo.

“Lo conozco bien. Confío en su absoluta inocencia. El tiempo va a hablar y me parece que no hay ninguna causa para que esto ocurra. Lo que está viviendo el vicepresidente y su familia es demasiado duro”, ha expuesto la ministra Díaz, en relación esto último a las acciones de protesta y acoso sufridas de forma reiterada en los últimos meses.

También ha cargado contra la decisión del juez Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, manteniendo la tesis del partido de vincular la decisión de la Audiencia Nacional de devolver la condición de perjudicado a Iglesias con el hecho de que el juez pida que el Supremo investigue a Iglesias. “La Audiencia Nacional obliga al juez García Castellón a devolverle la condición de perjudicado a Pablo Iglesias. Y, entonces ¿qué hace él? Se va al Supremo a plantear su imputación sin consultar ni con la Fiscalía, que es quien debe acusar. Olé, con un par…”

En mayo, el juez decidió retirar a Iglesias la condición de “perjudicado” en el caso Villarejo y rechazó que su ex asesora, Dina Bousselham lo perdonase si cometió un delito. Una decisión que ya creó malestar y sorpresa en Podemos. A mediados de septiembre, no obstante, la situación del vicepresidente segundo del Gobierno volvió a girar después de que la Audiencia le devolviera la condición de perjudicado en el caso Dina y cerrase la puerta a que el juez investigue su actuación.

El matiz del código ético de Podemos

La decisión está ahora en manos del Tribunal Supremo. Ante el caso Dina y la causa judicial que investiga la financiación de Podemos, donde el partido ya está imputado, Pablo Iglesias ha manifestado su disposición a declarar ante los jueces si era necesario. “Que soliciten hasta el último contrato, que nos llamen a declarar a quienes consideren”, expuso en una reciente entrevista en La 1, ofreciéndose a comparecer ante el juez “si eso contribuye a aclarar”. “Las responsabilidades se tienen que dirimir en los tribunales. Que nos llamen a declarar si eso ayuda. Que sean los tribunales los que esclarezcan lo que ha ocurrido”.

La Tercera Asamblea Ciudadana de Podemos, celebrada en mayo, supuso un cambio en los documentos que rigen el partido, entre ellos el código ético, entrando en vigor los avalados por la candidatura que comandaba Iglesias. El texto actual señala que los cargos públicos morados deberán renunciar “en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que a tal efecto publicará la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirá siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil”.

Una redacción que se modificó ligeramente, pero de manera clave, respecto a la anterior: “compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a tales cargos en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías […]”. Es decir, se suprimió “imputado” de los supuestos.

Iglesias aún no está imputado, es una decisión que corresponde tomar ahora al Supremo, pero por ejemplo sí lo está Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y actualmente alto cargo del Gobierno como director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias.

El caso Dina se abrió formalmente en la Audiencia Nacional el 19 de marzo de 2019 como una ramificación del caso Villarejo. Pero para entonces habían pasado ya tres años y cuatro meses del origen de todo, del día en que Dina Bousselham, recién regresada a España tras su etapa de asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, había denunciado el robo de su teléfono móvil.

1. EL ROBO

A las 20:00 horas del 1 de noviembre de 2015, Bousselham y su pareja, Ricardo Antonio de Sa Ferreira, están

La Policía Nacional ha detenido a 12 pedófilos, cuatro de ellos menores de edad, que intercambiaban material de abuso sexual infantil, y ha desmantelado una página web a través de la cual presuntamente se vendía este tipo de imágenes.

El administrador del sitio web se encontraba en Portugal y fue detenido por la Policía de dicho país gracias a las indicaciones de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, ha informado este martes la Policía en un comunicado.

La operación llevada a cabo posteriormente permitió identificar y arrestar a 12 personas en Barcelona, Gerona, Sabadell (Barcelona), Cáceres, Albacete, Cádiz, Castellón, Madrid, Málaga, Murcia y Valencia, los cuales intercambiaban material a través de una red de mensajería instantánea.

La investigación comenzó gracias a una información ciudadana que puso a los agentes tras la pista de la página web, donde recabaron datos suficientes que permitieron el rastreo y localización de su administrador.

Al determinar su ubicación en Portugal, la Policía Nacional solicitó, con el apoyo de Europol e Interpol, la colaboración de los agentes de Seguridad Pública de Portugal, quienes detuvieron al sospechoso, enviado posteriormente a prisión.

Los agentes continuaron la investigación que permitió la plena identificación de toda la red de pedófilos; habían entablado contacto en la web y utilizaban aplicaciones de mensajería de telefonía móvil para intercambiar material sexual de menores.

“Algunos de ellos exhibían actitudes jocosas ante los abusos sobre niños y tenían un consumo compulsivo del material ilegal”, subraya la Policía.

Entre los detenidos, se encuentra un individuo de Málaga que era el miembro más activo y con mayor volumen de material ilegal, 38 vídeos de niños de muy corta edad sometidos a graves abusos sexuales.

Destaca la Policía la juventud de los detenidos. Uno de los cuatro menores arrestados, detenido en Barcelona, había compartido 49 vídeos y 9 fotografías de niñas muy pequeñas en muy corto espacio de tiempo.

Siete de los arrestados están en la veintena y el teléfono móvil era el medio principal para cometer el delito.

En su comunicado, la Policía alerta del riesgo de que los menores tengan acceso a internet sin supervisión de ningún adulto e insta a los progenitores a valorar si necesitan el móvil fuera de casa.

Le tocó sufrir el frio del terror. Y el silencio de una sociedad que en aquellos duros años del plomo estaba acobardada y enferma. Cuando asesinaron a su marido, Ana María Vidal-Abarca decidió que haría todo lo posible para que aquellos que habían perdido a los suyos no pasaran lo que tantas familias habían pasado, que llegaran a situaciones límite económicas y sociales, y que no quedaran enmudecidas en la cueva del olvido. Y dio la cara. Y, pasito a paso, con pocos apoyos, sacó adelante una Hermandad que se convirtió en la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Pero no solo eso. Cambió un silencio social por un apoyo público. Dio los primeros pasos para que la sociedad civil se acordara de que detrás de cada una de las víctimas de ETA quedaban viudas, hijos con pensiones miserables, en muchas casos, sin posibilidad de abandonar una sociedad, aquella vasca de los años 80, muy complicada para las víctimas.

“Una sociedad que por aquella época convertía a las víctimas en sospechosas, colocaba un estigma sobre las familias rotas por el terrorismo y hacía que algunos familiares, incluso, tuvieran que dar explicaciones sobre el historial impoluto del asesinado, como si la acusación que ETA vertía contra él, ya fuera de fascista, confidente o simplemente enemigo, tuviera categoría de verdad indiscutible”, describe María Jiménez, periodista y escritora, en su obra Ana María Vidal-Abarca, el coraje frente al terror.

Voz en los tribunales

Ana María se convirtió en una mujer coraje que rompió todos los moldes. Junto a Isabel O’Shea y Sonsoles Álvarez de Toledo, pusieron en marcha una asociación que no solo ayudó a las víctimas, sino que sirvió para darles voz ante los tribunales que en aquella época evitaban su presencia en los juicios.

María Jiménez Ramos ha publicado la biografía de esta mujer en la que no solo desgrana con precisión y afecto la vida de la fundadora de la AVT, sino que describe con detalle toda una época negra de la historia de España, una época que dejó centenares de muertos por ETA cuya autoría aún no ha sido esclarecida.

Fue en 1980 cuando se empezó a gestar todo el movimiento de las víctimas. Ana María perdió a su marido ese mismo año. ETA asesinó a Jesús Velasco, comandante de Caballería y jefe del cuerpo de Miñones de Álava. Ana María tenía 41 años y cuatro hijas.

Convirtió su vida en una reivindicación de las víctimas, de su dignidad y en una reclamación de Justicia. Y no variaba ni el rumbo ni el ritmo estuviera quien estuviera al frente del Gobierno. Le daba igual pelearse con el PSOE que con el PP. Le tocó ver cómo el comando que asesinó a su marido estaba completamente integrado por terroristas que habían sido beneficiados con la amnistía de 1977. María Jiménez recuerda cómo fue clave para la implicación de la sociedad en el reconocimiento de las víctimas la cuestación popular puesta en marcha desde el periódico Abc.

Acercamiento con la Iglesia

Cuenta la periodista que el primer donativo lo realizó Don Juan, el abuelo del actual Rey de España Felipe VI. Y cuenta también con detalle y sensibilidad cómo esta mujer coraje lo mismo discutía con un político que con un juez o un fiscal, o con la propia Iglesia. Y narra sus desavenencias con los sacerdotes vascos, esos que en muchas ocasiones se negaban a realizar oficios por los asesinados. Y cuenta su viaje a Roma con una delegación de la AVT para ver al Papa, entonces Juan Pablo II. Y cómo después de aquella visita las relaciones de la Iglesia con las víctimas cambiaron y se produjo, por un fin, un acercamiento.

Una mujer coraje que en el entierro de su marido, con el féretro delante, lo despidió con un grito de Viva España que ya anticipaba la lucha que iba a llevar adelante y la victoria social. Nunca buscó venganza. Solo Justicia.

Vidal Abarca intentó denunciar siempre cualquier episodio de discriminación positiva con los presos de ETA, peleó contra todos los beneficios penitenciarios. Y se enfrentó cada vez que los gobiernos tomaban los caminos de las negociaciones, acercamientos y excarcelaciones. Sus principios eran claros e inquebrantables.

Y cuando Vidal-Abarca decidió pelear lo hizo sobre el terreno. Se recorrió media España asistiendo a los funerales de las víctimas de ETA, contactando con ellas, tratando de ayudarles a salir adelante, porque muchas de ellas quedaban en un completo desamparo, con pensiones miserables. Escribía a las víctimas cartas para ponerse a su disposición.

Consiguió las pensiones

“Quiero que sepas que como mujer de militar lloro contigo lágrimas que no se ven pero que están en el corazón contenidas y no salen porque como mujeres íntimamente ligadas al Ejército, sabemos que no hay honor tan alto para ellos que saber que han dado su su vida y su sangre por España”, apuntaba en una de esas misivas que recoge la obra de María Jiménez.

Y fue la que propició desde su asociación que el Estado, por fin, concediera pensiones dignas a las viudas de los asesinados.

Y todo, con templanza, sencillez, mano izquierda… Sin perder la compostura, desde una educación exquisita, sin levantar la voz, pero sin dar ni un paso atrás. Capaz de ir al despacho del fiscal general del Estado para exigirle que actuara tras la publicación de un comunicado de ETA al considerarlo una apología del terrorismo. Batalla que perdió, como muchas. Pero era perseverante y no dejó nunca de dar las que creía justa para las víctimas.

Pero también ganó otras de sonado impacto. Guerreó con el Gobierno para que desde el Estado se concedieran subvenciones a las víctimas del terrorismo. No fue fácil pero se consiguió. Y lo consiguió esta mujer cuyo legado es siempre recordado por los miles de personas a las que el terrorismo les cambió la vida.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado este lunes en Toledo un proyecto de ley regional pactado con Ciudadanos y ha aprovechado el acto para dar un toque de atención a Pedro Sánchez y al PSOE ante la necesidad de buscar pactos por el centro en lugar de por los extremos.

García-Page ha querido destacar públicamente “la actitud de Ciudadanos”. Y ha pedido expresamente al PSOE que “tenga en cuenta el diferente comportamiento que están teniendo Podemos y Ciudadanos a la hora de abordar el mayor bache que se le puede plantear a España para salir adelante: sacar o no los Presupuestos Generales del Estado”.

El dirigente socialista ha desvelado que ha hablado con la líder de Cs, Inés Arrimadas, y le ha agradecido su disposición, como también se lo transmitió en el pasado a Albert Rivera, según ha dicho. “Que ahora Cs esté en disposición de negociar y de hablar de un presupuesto es determinante”, ha destacado, porque se trata de las cuentas públicas “más importantes para España de los últimos 20 años”.

“Ciudadanos no presenta un veto”, ha añadido, “quiere hablar, negociar y pactar”. Por el contrario, “Podemos, de entrada, ya veta la negociación con Ciudadanos”, ha rechazado, “y así no se puede avanzar”.

“Lo valiente es llegar a acuerdos”

García-Page, que gobernó en coalición con Podemos la pasada legislatura, siempre ha sido un dirigente mucho más próximo a Ciudadanos. Y no lo ha ocultado.

En el último Consejo de Política Federal puso en valor incluso a puerta cerrada la “necesidad de alcanzar acuerdos transversales” y de negociar también con el PP para hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia de coronavirus.

El barón socialista ha destacado que Cs es un partido “valiente” porque lo valiente es “llegar a acuerdos, no ser radical”. Y ha destacado que él en Castilla-La Mancha, y a pesar de tener mayoría absoluta, busca siempre el acuerdo con la oposición, por eso, el 70% de las iniciativas aprobadas en las Cortes regionales han salido adelante por unanimidad y sin votos en contra.

En el lado opuesto y sin ya citar expresamente a Podemos, ha criticado que algunos “se dedican sólo a restar, a horadar y a perforar”, lo que “se vuelve contra uno mismo” porque “la radicalidad es incompatible con querer representar a la mayoría”

García-Page ha presentado en la sede de la Presidencia regional la nueva ley De Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA). Esta norma consensuada con Cs, según ha explicado, “va a ser muy útil porque lo que plantea es reducir drásticamente trámites y procedimientos administrativos”.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso va a registra hoy una iniciativa “para que los pactos del Gobierno excluyan a los partidos que no condenan el terrorismo de ETA o lo legitiman”. Además, ese texto va a exigir que no se traspase la competencia de prisiones al País Vasco como pago por su apoyo a Pedro Sánchez.

La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, ha afirmado que la proposición no de ley reclamará un compromiso claro de los partidos constitucionalistas contra los acuerdos que convierten a Bildu en “interlocutor privilegiado”, y que el texto también plantea la creación de un órgano específico en la Fiscalía General del Estado para investigar los 379 crímenes de ETA que todavía están sin resolver, “porque las víctimas del terrorismo son la memoria democrática de nuestro país”.

El objetivo de que no se modifique la política penitenciara es evitar “el acercamiento de presos etarras”, pero no sólo: además, se propondrán medidas legislativas de protección a las víctimas del terrorismo “y que el Congreso refuerce los principios de memoria, dignidad y justicia”. No en vano, Bildu ha puesto como condición de su apoyo a los Presupuestos de 2021 “cambios significativos en la política penitenciaria”.

Hay que recordar que el Gobierno de Iñigo Urkullu remitió dos cartas en abril y mayo al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que acerque a Euskadi a 327 presos vascos. La Secretaría General de Derechos Humanos defiende el traslado de todos los presos de ETA y de más de un centenar de reclusos comunes como medida también aplicable al resto de la población reclusa para “evitar desplazamientos largos e innecesarios que acrecientan el riesgo de contagio de Covid-19 y la diseminación de contactos a lo largo de toda la geografía”, defendió el secretario general de Derechos Humanos Jonan Fernández.

El viernes pasado, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, aprobó otro nuevo acercamiento para seis presos de ETA, entre ellos Roberto Lebrero Panizo, que puso tres bombas en una discoteca en Navarra en 2001 y que pasará de la cárcel de Sevilla a la de Burgos. También hay otros dos con delitos de sangre y atentados contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Gamarra ya acusó ayer al PSOE de renunciar a su historia al traspasar “las líneas de la ética y la moral” por sentarse a negociar con Bildu, como hizo Carmen Calvo, y tras los aplausos que “lo que queda” del PSOE dedicó al portavoz de Bildu esta semana en el Congreso: “Es un blanqueamiento de lo que representa Bildu, que no ha condenado los asesinatos de ETA”, dijo en Santander.

La diputada del PPCayetana Álvarez de Toledo ha mantenido un rifirrafe con la presentadora del programa de TVE La hora de la 1 cuando la parlamentaria ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de buscar un cambio en el tablero de juego mediante la degradación de las instituciones como la Fiscalía, la Justicia o TVE, y ha afeado que primero se ataque a la Corona y después la izquierda acuse a la derecha de politizar cuando defiende al monarca.

Cuando la periodista le ha preguntado que la renovación de órganos como RTVE “está en manos de los políticos del Congreso de los Diputados”, la ex portavoz la he respondido: “No nos meta a todos en el mismo saco”.

Durante la entrevista, Álvarez de Toledo ha defendido este lunes la abstención de su partido en la moción de censura presentada por Vox y ha vinculado su reciente destitución como portavoz parlamentaria con la caída del PP, a la que apunta una encuesta que ha publicado Abc.

En una entrevista en TVE, la ex portavoz popular se ha remitido a las palabras que afirmó el día de su salida del cargo a las puertas de la Cámara Baja. “Yo dije que en mi opinión esto es perjudicial, desde luego para mí porque a mí me gusta la palabra y me gusta la política y, por tanto, ser portavoz parlamentaria es el cargo máximo al que puedo aspirar. Pero también dije que es perjudicial para el partido”, ha recordado.

Abascal no es “una alternativa”

Álvarez de Toledo ha matizado que en las encuestas “pueden influir infinidad de datos”. No obstante, ha asegurado sobre su nuevo papel dentro de la formación política que no se plantea dejar las filas del PP porque “la política hoy es más necesaria que nunca”.

Al ser preguntada por su relación con el líder de los populares, Pablo Casado, la diputada ha sostenido que hablaron hace tiempo y que se han cruzado “un par de mensajes sobre una iniciativa que estamos poniendo en marcha”.

También se ha referido a su sustituta en la portavocía, Cuca Gamarra, de quien ha dicho que está realizando una “buena labor”. “Ha empezado hace poquito y esto es un trabajo de fondo, pero las intervenciones que yo he visto me han parecido muy bien, excelentes incluso, y yo creo que hará una buena labor”, ha detallado.

Álvarez de Toledo ha avanzado que su objetivo es “llegar a los 176 escaños” porque, a su juicio, se necesita “forjar una alternativa para proteger el sistema democrático nacido en el 78”. En esta línea, ha deslizado que hay que conseguir una “reagrupación del espacio racional español” y ha añadido que este “incluye a todo tipo de personas”.

En referencia a la moción de censura que ha presentado Vox, la diputada ha indicado que “pocos gobiernos han acumulado tantos motivos para ser censurados”, pero ha avanzado que la “posición más razonable” es una abstención.

“No veo sentido a un ‘no’ que en el fondo es avalar a Pedro Sánchez, es forjar que salga de ahí con una mayoría reforzada de votos, pero no creo que sea una alternativa Santiago Abascal”, ha apostillado.

Al ser cuestionada por una posible moción del PP a Sánchez, ha insistido en que “motivos hay” y en que “todavía hay tiempo porque las legislaturas son largas”, pero ha remarcado que “hay que construir una alterntaiva con 176 escaños” porque “Vox es castigo y PP alternativa” y “realmente lo que está en juego es la continuidad democrática”.

El Gobierno de Pedro Sánchez recibió más de 10 alertas del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) sobre la gravedad del coronavirus antes del estado de alarma. Desde el 24 de enero hasta el 14 de marzo, hubo al menos 11 menciones en las que se anticipaba el riesgo creciente para España de la epidemia: los días 27 y 31 de enero; 7, 13, 17, 20, 23 y 29 de febrero; y 5, 6 y 7 de marzo. EL MUNDO ha accedido al contenido de los informes de situación que el DSN enviaba cada día al presidente, a los

La dirección del Partido Popular que lidera Pablo Casado ha dado instrucciones a todos sus cargos provinciales y locales para que se impliquen en una campaña de recogida de firmas contra la ‘okupación’ ilegal con el objetivo de que un amplio apoyo social fuerce al Gobierno de Pedro Sánchez a realizar cambios en la legislación vigente. Paralelamente, el partido ha iniciado una campaña online en ‘Change.org’ que ya ha recabado casi 10.000 firmas y que se extenderá a lo largo del mes de octubre, según han informado a Europa Press fuentes ‘populares’.

El PP va a intensificar su ofensiva para frenar lo que consideran una “lacra” a pesar de que esta misma semana el Pleno del Congreso ya rechazó una iniciativa pactada por Ciudadanos, Grupo Popular y Vox que planteaba varias modificaciones legislativas para endurecer las penas contra quienes ocupan inmuebles ilegalmente, agilizar su recuperación por parte del propietario y garantizar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad habitacional.

En esta campaña del PP de recogida de firmas por toda España -a la que la formación también recurrió para derogar la prisión permanente revisable o contra el Estatut de Cataluña- se pide el apoyo ciudadano para un desalojo exprés por parte de las Fuerzas de Seguridad en un máximo de 48 horas.

ENDURECER LAS PENAS PARA LOS ‘OKUPAS’

Además, plantea recuperar el delito de usurpación de un bien inmueble con penas de uno a tres años de prisión y prohibir que los ayuntamientos puedan empadronar a los ‘okupas’ como, según los ‘populares’, está sucediendo en este momento. También plantea que las personas jurídicas puedan tomar medidas legales y actuar contra la ‘okupación’.

Esta campaña se sustenta en la proposición de ley que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso para luchar contra la ‘okupación’ ilegal y que ha defendido con ahínco públicamente el líder del PP, Pablo Casado, quien hace un par de semanas se desplazó a Badalona para visitar un bloque de pisos afectadas por esa ocupación y denunciar este problema.

Para llegar a cada rincón de España, la Vicesecretaría de Organización que dirige Ana Beltrán está contando con la ayuda de los presidentes provinciales y secretarios autonómicos del partido. Además, está exponiendo esta iniciativa en Juntas Locales del PP para que la implantación territorial del PP permita llegar a más ciudadanos.

MOVILIZACIÓN EN REDES SOCIALES Y EN ‘CHANGE.ORG’

El objetivo es lograr un amplio respaldo social para confirmar la preocupación de los ciudadanos con este problema y obligar a Sánchez a tomar medidas, sostienen fuentes ‘populares’, que también se ha movilizado a través de redes sociales e Internet llevando esta ofensiva a la plataforma ‘Change.org’. Por lo pronto, ya cuentan con casi 10.000 firmas.

“Ayúdanos a parar las okupaciones ilegales, una lacra que cada vez afecta a más familias que ven cómo los ‘okupas’ actúan de forma impune sin que haya una respuesta firme que garantice sus derechos básicos”, ha demandado Beltrán a sus seguidores en su cuenta de Twitter.

Esta campaña de recogida de firmas, que se inició a finales de septiembre, se prolongará en las próximas semanas de octubre, indican fuentes del PP. A la espera de tener un dato definitivo sobre el número de apoyos recabados, en ‘Génova’ aseguran que el “feed-back es muy positivo” y están logrando “mucho apoyo social”.

BUZONEO EN ALGUNOS TERRITORIOS Y MOCIÓN EN AYUNTAMIENTOS

Además, esta ofensiva del PP contra la ocupación ilegal se completa con más medidas, como la presentación de una moción en todos los ayuntamientos, buzoneo en algunos territorios como Canarias y actos con parlamentarios en diferentes circunscripciones, todo ello teniendo en cuenta las limitaciones que impone el Covid-19, según han señalado a Europa Press las fuentes consultadas.

En su moción, el PP quiere dejar claro su compromiso en defensa del derecho a la propiedad privada. Además, en el texto se insta al Gobierno a aprobar “de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas”.

El PP asegura que entre los meses de enero y junio se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior, y añade que “los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España -un 0,3% del total del parque de vivienda-, a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado”. Según el partido, es necesario “reforzar el ordenamiento” para que los ‘okupas’ “no puedan ampararse en ningún vacío legal”.