La Fiscalía de Mérida ha solicitado una pena de cinco años de prisión para la ex consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, Manuela Holgado, acusada de los delitos de prevaricación administrativa y malversación en la gestión del Festival de Teatro Clásico de Mérida en los años 2010 y 2011.

Junto a otros dos ex altos cargos del entonces primer mandato socialista de Guillermo Fernández Vara, el Ministerio Fiscal considera a la ex consejera responsable de urdir una trama organizada que tenía como objetivo abonar facturas de forma irregular, incluso por actividades no realizadas, a diferentes empresas simplemente por “criterios de amistad o de conocimiento personal”, eludiendo para ello todos los controles legales.

En concreto, como publicó EL MUNDO, a través del entonces gerente del Festival, Pedro Salguero (aún con juicios pendientes y ya condenado por otra causa a dos de cárcel por hechos similares cuando compatibilizaba el cargo con las cuentas de la Orquesta de Extremadura) se realizaron encargos a dos empresas sin seguir el procedimiento legal.

La acusación considera que la consejera, miembro a su vez del consejo rector del Festival, era conocedora de la situación económica del certamen y sabía que el gerente no aportaba los datos anuales para el control de las cuentas ni para las auditorías obligatorias del certamen, que nunca se llegaron a realizar en durante esa legislatura. Fue con el cambio de gobierno en Extremadura, en el verano de 2011, cuando el gobierno del PP de José Antonio Monago denunció ante la Fiscalía los hechos y apartó a los gestores.

La deuda acumulada del Festival después de la edición de 2011 ascendió a 3.558.078 euros; de los que 1.846.212 euros eran impagos a acreedores y proveedores; 645.000 a la Seguridad Social, 534.500 a la Agencia Tributaria y casi 253.000 al personal del Festival.

Falsedad de documento público

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal también pide cinco años y medio de privación de libertad para el ex secretario general de Cultura, Agustín Sánchez Moruno, y el ex director general de Promoción Cultural, Francisco Javier Alonso de la Torre, acusados de los mismos delitos que la ex consejera más el de falsedad en documento público. También se solicitan seis años y tres meses de privación de libertad para una funcionaria de la Consejería de Cultura, y cuatro años y ocho meses para dos empresarios que se beneficiaron del sistema. El escrito de acusación solicita también 16 años de inhabilitación para el que fuera gerente del festival cuando ocurrieron los hechos, Pedro Salguero.

En calidad de investigada también declaró en las diligencias previas la anterior consejera de Cultura Leonor Flores (2007-2010).

Dos pagarés

En concreto, se emitieron dos pagarés sin que el Festival tuviera fondos para asumirlos. Uno de ellos fue por la cantidad de 24.000 euros a favor de la entidad Hidráulica y Mecánica, S.L. como anticipo de un estudio que tenía como objetivo hacer más cómodos los asientos a los espectadores. Sin embargo, dicho estudio no fue finalizado por dicha empresa y, sin embargo, no se efectuó las reclamaciones por el pago anticipado. Dicha empresa terminó cerrando.

Posteriormente, se libró otro segundo pagaré en favor de valor de 28.000 euros a favor de la empresa Ochopunto Más pero dijo que esa cantidad quien la cobró realmente fue Agustín Jiménez Sánchez, ex secretario general técnico de Educación, que fue condenado en 2016 como autor de un delito de prevaricación, a la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 7 años en otra causa abierta del Festival de Mérida.

Con estos y otros datos, la Fiscalía considera que los acusados crearon -con el conocimiento de la ex consejera- un sistema para aludir los controles económicos de la Intervención de la Junta de Extremadura sin comprobar si los servicios se habían realizado, seleccionado a una serie de proveedores a los que la Consejería, por “criterios de amistad o de conocimiento personal”, según publica el diario Hoy, abonó las facturas pendientes. Así, Alonso de la Torre elaboraba las propuestas de contratación y Sánchez Moruno las autorizaba mientras que la funcionaria certificaba que los trabajos se habían realizado, aunque en realidad no era así.

En las instrucciones previas, el ex gerente reconoció que tenía una vinculación familiar con una agencia de transportes, por la que a través de la cual se contrataban los autobuses. El titular de la sociedad, Atraex, era el cuñado de su ex mujer.

La ex consejera Manuela Holgado, además de consejera, también fue diputada del PSOE por Cáceres en la octava legislatura, entre los años 2004 y 2008, miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE (1995-1999), diputada en la Asamblea de Extremadura y directora general de Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social de 1999 al 2004. En mayo de 2010 fue nombrada consejera de Cultura y Turismo.

Responsabilidades políticas

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha reclamado este jueves al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que asuma responsabilidades políticas por los “escándalos de corrupción que acosan” al PSOE extremeño ocurridos durante su primer mandato al frente del gobierno autonómico, entre 2007 y 2011.

Así, Teniente ha recordado que durante dicha legislatura tuvieron lugar casos, denunciados por el PP, que “ya han sido juzgados y han terminado con condenas de prisión así como imputaciones para altos cargos socialistas nombrados por Fernández Vara” entre los que ha citado el caso FEVAL, la Orquesta de Extremadura o el Festival de Mérida así como el caso de los cursos de formación, donde “se investiga el desvío de ayudas destinadas a la formación de parados, en un modus operandi similar al de Andalucía”.

Una persona cuya identidad se desconoce por el momento ha sido localizada fallecida en el interior de un turismo calcinado en la carretera N-630 a la altura del término salmantino de Miranda de Azán, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 00.18 horas de este jueves, 17 de septiembre, cuando varias personas avisaron al 112 de que un vehículo que estaba ardiendo en el kilómetro 348 de la carretera N-630 -término municipal de Las Torres y partido judicial de Salamanca, en las inmediaciones del cruce hacia Miranda de Azán- y precisaron que no veían a ninguna persona en los alrededores ni tenían constancia de que alguien precisara de asistencia médica.

Según informa por su parte la Guardia Civil de Tráfico, se trataría del conductor y único ocupante de un turismo BMW 728 que ha quedado calcinado tras sufrir una salida de la vía.

El 112 dio aviso de este incendio a la Guardia Civil (Tráfico) de Salamanca y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca. Tras concluir su intervención, los organismos de emergencias indicaron que se ha localizado el cadáver de una persona, de la que no disponen de más información, en el interior del vehículo calcinado.

Iván Pardo ha respondido sólo a las preguntas de los abogados de las defensas y ha declarado que no deseó ni planeó la muerte de la niña Naiara, que se le “cayó el mundo” cuando se enteró de que había fallecido, que las agresiones que le propinó fueron fruto del “estrés” y que intentó reanimarla con “amoniaco” y realizándole maniobras de recuperación.

Con las manos en el regazo y esposadas, la cabeza agachada y moviendo la pierna derecha nerviosamente durante toda la mañana. Así escuchaba horas antes de su declaración, al inicio del juicio que se celebra contra él en la Audiencia Provincial de Huesca, cómo la Fiscalía y las acusaciones particulares relataban la “salvaje, despiadada e inmisericorde” forma en la que, según estas partes, torturó a la niña Naira Briones, de 8 años, la mañana del 6 de julio de 2017 hasta provocarle la muerte, unos hechos por lo que las acusaciones piden prisión permanente revisable.

Las agresiones, según las acusaciones, duraron seis horas e incluyeron obligarla a arrodillarse sobre grava, amordazarle la boca con un calcetín y un cinturón, esposarla de pies y manos, golpearla en la cabeza y contra el suelo e incluso realizarle descargas con una raqueta eléctrica para matar moscas.

Para situar en contexto lo sucedido conviene explicar primero el complejo árbol genealógico familiar. La niña Naira Briones vivía habitualmente en Sabiñánigo (Huesca) con su madre biológica, Mariela Benítez, su padrastro, Carlos Pardo, y las dos hijas que la pareja había tenido. Su padre biológico, Manuel Briones, residía en Chile.

En aquellas fechas, estando la madre de Naiara trabajando interna en un hostal de otra localidad, se acordó que la niña pasara las vacaciones en casa de la familia de su padrastro. El día 24 de junio, Naiara se trasladó a vivir a otro domicilio del mismo Sabiñánigo con su abuelastra, Nieves Pena, su tiastro, Iván Pardo, y sus dos primas, Azahara y Mariam, que tenían 14 y 12 años.

Según el relato del acusado, Iván Pardo, tras fallecer su padre en 2010 se trasladó al domicilio familiar y se encargó de la educación y castigos, cuando fueran necesarios, de sus sobrinas y también de Naiara desde que ésta comenzó a residir con ellos.

La noche anterior a los hechos, Iván, que estaba empleado como vigilante jurado, se marchó a su trabajo y dejó a Naiara castigada por no hacer los deberes. “Me fui a trabajar, y como Naiara no había hecho el trabajo, le dije que hasta que no trabajase… Creo que le impuse además más castigo porque no lo hizo en todo el día. Antes de abandonar la casa, le dije a Naiara que terminase los ejercicios y se acostase, pero que mientras no los terminase no se iba a dormir. Dejé a Azahara como que controlase que hacía los ejercicios y yo me fui a trabajar”.

A las 08.15 horas del día siguiente, 6 de julio de 2017, Iván Pardo regresó a casa del trabajo. “Llegué enfadado”, ha dicho, “porque no sé si me había mandado por whatssap o si me había hablado… Sé que Azahara me había dicho que [Naiara] no había dejado dormir. Cuando llegué para casa, subí y… no sé.

-¿El inicio de las agresiones es como consecuencia de lo que le cuenta a Azahara o de lo que le pregunta a Naiara?, -le preguntaban.

-Creo que ya fue de pedir a Naiara lo de los deberes, que no los tuviese hechos y es donde ya salté.

Las defensas han eludido cualquier pregunta sobre las agresiones en sí y han pasado directamente a lo sucedido cuando la niña ya parecía inconsciente.

-¿A lo largo de esas duras horas, intenta aliviar o recuperar a Naiara en alguna ocasión?

-Sí.

-¿Puede explicar cómo?

-Cuando reaccioné fue cuando se cayó, cuando la noté inconsciente, y lo primero que me preocupé fue en el controlar el pulso, Le di un par de bofetadas pensando que estaba inconsciente, a ver si se recuperaba. La llevé al baño y en el baño cogí… bueno, me pasaron el amoniaco, que había pedido el amoniaco, y le puse el tapón cerca, a ver si con el olor se despertaba.

Ha declarado también que le preocupaba tanto la educación y el resultado académico de Naiara “porque era un chica inteligente pero le costaba mucho estudiar, no era de prestar atención… Quería mirar por su futuro”.

“Antes de irme a trabajar, hablando con Naiara, se lo decía a Naiara, que había que estudiar para conseguir al día de mañana trabajo. Y ella aun dijo que quería ser guardia civil, a lo que le dije yo que tenía que estudiar. Entonces cambió y dijo que quería ser barrendera y nos reímos todos. Y le dije yo: ‘Para eso también necesitas estudiar, que tienes que saberte las calles, pasas un examen.

Iván Pardo ha exculpado de cualquier responsabilidad en los hechos a su madre, Nieves Pena, y a su hermano y padrastro de Naiara, Carlos Pardo, quienes también se sientan en el banquillo de los acusados. La Fiscalía pide para ellos tres años de prisión por delitos de violencia física y psíquica habitual en el ámbito familiar al considerar que participaron o consintieron las vejaciones.

El crudo relato de los hechos que ha hecho la Fiscalía en su escrito de acusaciones es el siguiente: “El acusado Iván Pardo Pena, durante la mañana y mediodía del 6 de julio de 2017, a partir de las 08.30 horas, en su domicilio de la calle […] de Sabiñánigo sometió a la niña Naiara a todo tipo de violencia, patadas, golpes, agresiones y torturas con absoluto propósito, conocimiento y aceptación de que dichos actos conducían necesariamente a la muerte de la niña, de forma prolongada en el tiempo y de manera extensa, intensa y con inmenso sufrimiento de la víctima, con consecuencia finalmente mortal. En concreto, entre las 8.30 y 13.30 horas del día 6 de julio de 2017, de forma salvaje, despiadada e inmisericorde, el acusado forzó a la niña Naiara a permanecer de rodillas sobre piedras de grava, y utilizó técnicas de inmovilización, la ató de pies y manos con grilletes y con una cuerda, le puso un calcetín en la boca y con máximo celo y precisión se lo sujetó con un cinturón, impidiendo a la niña gritar, pedir auxilio o realizar acto alguno en su defensa y protección. Después, de forma contumaz, brutal, atroz e injustificada, aprovechando el total desvalimiento y desamparo de la niña Naiara, para golpearla en la cabeza de forma alternativa con puños y botas con puntera de acero y efectuó descargas eléctricas por todo el cuerpo de la niña con una raqueta electrizada manipulada por el acusado con el fin de torturar en infringir mayor dolor y padecimiento a la niña Naiara, provocando a la niña atroces quemaduras por todo el cuerpo. Continuando con su perverso objetivo, el acusado prolongó el sufrimiento de la niña Naiara y la golpeó con la hebilla de un cinturón en las plantas de los pies, la agarró fuertemente del cabello y la levantó desde el suelo y con fuerza la estampó contra éste. El acusado continuó el tormento sobre la niña golpeando en repetidas ocasiones la cabeza de la misma con una mesa. Todo ello causó a la menor múltiples e insalvables heridas, hematomas, quemaduras y traumatismos que finalmente y tras inusitado sufrimiento sumieron a la menor en estado de inconsciencia durante más de dos horas y sin que el acusado rectificase de modo alguno, demandase ayuda o diera aviso a los servicios sanitarios de urgencias hasta que la niña Naiara sufrió una parada cardiorespiratoria. Sobre las 15.45 horas, la menor fue atendida por los servicios sanitarios de urgencias en el mismo domicilio por parada cardiorespiratoria. Después, fue trasladada al hospital infantil Miguel Servet de Zaragoza, donde tuvo entrada a las 18.45 horas y se certificó su muerte a las 19.45 horas, dando cuenta al médico forense ante los evidentes signos de violencia que presentaba”.

Las acusaciones particulares, que ejercen el padre biológico por un lado y la madre por otro, han sido aún más pródigo en detalles. Han relatado, por ejemplo, cómo Iván, al llegar a casa, se quitó la camisa y le dijo a Naiara: “Yo voy a sudar pero tú lo vas a pasar mal; te voy a dar durante 10 horas”, cómo la levantó repetidamente de los pelos para dejarla caer al suelo o le echó alcohol en la boca.

Lo acusan también de hacer que sus sobrinas -Azahara, de 14 años entonces, y Mariam, de 12- presenciaran y a participaran en los hechos. Las obligó, según las acusaciones, a llevarles los objetos que les pedía -el calcetín, el cinturón, las esposas, el amoniaco…-, a limpiar la sangre y ocultar posteriormente los objetos y a decir que Naiara se había producido las lesiones al caer por las escaleras cuando iba a buscar el correo. Ambas, aún menores de edad, declararán mañana a puerta cerrada.

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en nombre del Gobierno, ha establecido un paralelismo entre la salida de España del Rey emérito y la fuga de los líderes independentistas catalanes, principalmente el ex presidente Carles Puigdemont, para afear a la CUP su intento de extender presuntas manchas de corrupción atribuibles en su caso a una persona, a la institución monárquica. “No debemos enjuiciar instituciones, ése no es el camino”, ha advertido Darias para quien es imprescindible que todos los partidos se esfuercen en “cuidar y mimar la democracia”.

La tesis de la ministra frente a las acusaciones de falta de transparencia y censura que lanza la CUP contra la Corona y la “huida” de Juan Carlos I es la de que la formación secesionista entra en una grave contradicción cuando arremete contra la jefatura del Estado utilizando hechos que en todo caso sólo serían achacables a una persona pero exige al tiempo absoluto respeto para el independentismo y el Govern de la Generalitat pese a que algunos de sus principales líderes se encuentran fugados de la Justicia en el extranjero.

El portavoz de la CUP no ha dudado en dictar sentencia ya contra el Rey emérito al que ha acusado abiertamente de haberse “metido el dinero en el bolsillo delante de las narices del Gobierno” y ser “un comisionista de dictaduras”, algo que en su opinión no puede compararse con la persecución que sufren los secesionistas por “haber celebrado un referéndum”.

La CUP mantiene que sobre la monarquía se tiende “un velo de censura”. “El silencio sobre el Rey es una cuestión de Estado y se extiende por todos los poderes”, ha asegurado el diputado Albert Botran, que también ha arremetido contra los medios de comunicación españoles por “no haber sido capaces” de investigar los negocios del emérito.

La CUP asegura que una de las obligaciones de la Cámara es “controlar al poder” y por ello ha criticado los continuos vetos -hasta diez- que se han opuesto a cualquiera de las iniciativas presentadas en relación con la Corona y la “huida” de Juan Carlos I.

“Exigimos transparencia”, ha clamado el diputado tras lamentar que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, haya rechazado replicar a su interpelación, dejando el cometido a la ministra de Política Territorial y Función Pública.

Un hombre fue detenido en Zaragoza la madrugada de este martes acusado de matar, presuntamente, a su hija de cuatro años de un corte en el cuello. La menor fue trasladada al Hospital Materno Infantil de la capital aragonesa pero no se pudo hacer nada por salvar su vida y murió en el centro hospitalario al poco rato de ingresar.

Fue un vecino quien en torno a las 23.08 hizo la llamada, alertando de los gritos provenientes del piso en el que convive la familia, situado en la calle de Domingo Ram del barrio zaragozano de Las Delicias. Según esta persona, la madre estaba llorando, en estado de shock y con una niña inconsciente en los brazos mientras gritaba: «Ha matado a mi hija, ha matado a mi hija».

Cuando los agentes del grupo de Seguridad Ciudadana llegaron al domicilio familiar, el padre había desaparecido y se encontraba en paradero desconocido mientras que la pequeña se estaba desangrando, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil de la capital aragonesa donde murió.

Poco después, el operativo policial desplegado dio con el paradero del padre, que pudo ser detenido y puesto a disposición judicial. Se le imputa un presunto delito de asesinato. Al lugar donde ocurrieron los hechos acudieron también agentes de la Brigada Provincial de la Policía Científica para recabar las pruebas pertinentes con el fin de esclarecer el crimen, cuyas circunstancias se siguen investigando.

Vecino conflictivo

El presunto autor, cuya identidad corresponde a las iniciales N.C.O, tiene 34 años y es de origen nigeriano. Además de la niña muerta, la pareja tiene otro hijo de año y medio. Según algunos vecinos del edificio, donde la familia llevaba viviendo desde hace unos tres años, el hombre detenido era algo conflictivo en la convivencia con el resto de inquilinos.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, confirmó después que el Ayuntamiento tenía abierto un expediente sobre la familia de la niña. El Consistorio poseía información sobre «alguno de los problemas que tenían», dijo, pero no quiso dar más datos al ser «reservados». Azcón expresó el dolor que siente la ciudad de Zaragoza al conocer un crimen «tan doloroso y estremecedor» y ofreció ayuda psicológica y social a la familia de la niña fallecida.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recaba datos para determinar si el presunto asesinato de la niña a manos de su padre en Zaragoza es un crimen de violencia de género. De confirmarse, la pequeña sería la cuarta menor víctima mortal de la violencia de género de 2020 y la número 38 desde que comenzó a elaborarse esta estadística en 2013, informa Efe.

Por otro lado, el bebé cuyo padre ha ingresado en prisión tras presuntamente herirle de gravedad golpeándole contra los barrotes de la cuna en su vivienda de Almassora (Castellón) falleció este martes en el Hospital General de Castellón. La madre del bebé, menor de edad, ha ingresado en un centro de menores por estos mismos hechos tras decretarlo la autoridad competente.

Con estas dos muertes, son al menos 11 niños y niñas los que han muerto por causas violentas en lo que va de 2020, según los últimos datos recogidos por la ONG de infancia Save The Children.

Vox pretende ser el protagonista político del mes de septiembre. El partido liderado por Santiago Abascal ha diseñado un plan de actuación con el objetivo de dotar de importancia progresivamente a la formación durante este inicio de curso político, que tendrá como guinda la moción de censura que se espera plantear a finales de mes.

La primera parada en este camino hacia la moción se produjo este lunes con la presentación del sindicato Solidaridad. Es la apuesta de Vox para disputar por el voto obrero, una de las obsesiones del propio Abascal desde hace meses, frente a “sindicatos corruptos y extremistas”, según reconoció durante la presentación en una nave industrial en la localidad madrileña de Coslada.

Con más de 5.700 solicitudes de afiliación hasta este lunes, Solidaridad se plantea como la baza de Vox para defender a los trabajadores en un escenario tradicionalmente de izquierdas en nuestro país como es el mundo sindical. Abascal trazó una línea ante estos y ensalzó los valores de Solidaridad: una agrupación “patriota y antiseparatista, anticomunista y contra las oligarquías corruptas”.

Tal y como avanzó EL MUNDO hace semanas, se trata de un sindicato de tipo general y que, según Abascal, no ha sido fundado por Vox, sino que solo está “apoyado” por la formación frente a las “mafias” que “solo han servido a intereses de partidos y de oligarquías”. El presidente del partido calificó el proyecto de “ambicioso” y en un momento “difícil”, ya que la defensa de los trabajadores hasta ahora solo estaba en manos de “sindicatos de clase”.

Lo cierto es que Vox espera que la incertidumbre laboral que se prevé para este otoño dote de mayor relevancia y peso el papel sindical. Según admitió Pedro Moreno, miembro de la comisión gestora de la plataforma, Solidaridad llega con la intención de tender la mano “a esa generación que hoy vive peor que sus padres”, a la que “la izquierda engañó y la derecha olvidó”. En diferentes momentos se incidió en cómo el Partido Popular se ha puesto “de perfil” o “de espaldas” a los trabajadores, en especial tras la reforma laboral efectuada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

La idea de acercarse al voto obrero a través de una agrupación como Solidaridad ha sido adoptada por Vox tras comprobar cómo en otros países ha surtido efecto. Marine Le Pen en Francia o Donald Trump en Estados Unidos han logrado mayor apoyo de las clases trabajadoras y populares después de penetrar en los sindicatos.

Del mismo modo, este lunes estuvo presente en el acto de presentación de Solidaridad el secretario general de la Unione Generale del Lavoro, Francesco Paolo Capone. El líder de uno de los cuatro grandes sindicatos italianos mostró personalmente su apoyo a la agrupación recién creada, a la que animó a trabajar en común para conseguir el respaldo de los trabajadores.

Corte proteccionista

Según se esperaba, Solidaridad es un sindicato de corte proteccionista en el que destacan entre sus propuestas las enfocadas contra la inmigración ilegal. En la hoja de ruta presentada ayer por el secretario general de la agrupación, Rodrigo Alonso, se insta a “limitar la inmigración a las necesidades reales del mercado laboral y a la capacidad de adaptación cultural del inmigrante”. También se propone “facilitar la repatriación de los inmigrantes que no encuentran empleo” o la apuesta por el retorno de aquellos trabajadores españoles que tuvieron que emigrar dada “la precariedad del mercado” laboral.

Además, uno de los principios de Solidaridad será, según explicó, promover la derogación de tratados comerciales con aquellos países que no respeten los derechos y condiciones laborales de los trabajadores. En la misma línea, se exigirá que las grandes multinacionales “no disminuyan el pago de impuestos en España” a través de mecanismos y “argucias de ingeniería fiscal”.

Alonso, que desarrollará su puesto de secretario general al mismo tiempo que ocupa su escaño de diputado por Vox en el Parlamento Andaluz, anunció también que Solidaridad pretende exigir una subida del salario mínimo interprofesional y conseguir que el Gobierno se haga cargo de los sueldos de empleos que por situaciones de confinamiento no se puedan desarrollar desde casa. También “ilegalizar el racismo lingüístico” a nivel laboral entre comunidades autónomas, “acabar” con las subvenciones públicas a sindicatos y minimizar los liberados sindicales.

Precisamente en otras agrupaciones no ha cuajado bien el nacimiento de Solidaridad. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, deseaba “todo lo peor del mundo” al nuevo sindicato promovido por Vox. “Le desean lo peor a todos los trabajadores”, le contestó Abascal durante el acto de presentación. “No siempre estaremos de acuerdo”, finalizó el presidente de Vox mientras se dirigía a los representantes del nuevo sindicato, “pero os deseamos suerte mientras estéis al servicio de los trabajadores españoles y de España”.

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para exigir al Gobierno que aclare qué ha ocurrido con todo el material sanitario comprado durante el estado de alarma y que no ha sido repartido a las comunidades autónomas. Se trata de una proposición no de ley que se basa en la información publicada este lunes por EL MUNDO. Además, el líder del PP, Pablo Casado, propuso ayer una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia.

Este diario informó de que el Gobierno sólo ha facilitado a las comunidades autónomas (CCAA) uno de cada cuatro trajes EPI comprados. El 24% del total. Y que en el caso de las mascarillas, el porcentaje es aún menor: el 18%. Sanidad adquirió 821 millones de mascarillas, de las cuales ha entregado apenas 150 millones a las regiones. Faltan 670 millones.

Por eso, la proposición del PP, presentada por la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, reclama «esclarecer la resolución de todas y cada una de las compras deficientes de equipamientos de protección individual, material y tecnología frente a la Covid-19 que ha realizado» el Ministerio. Y exige que el ministro, Salvador Illa, «pruebe la recuperación de los fondos entregados, resolviendo en el periodo de tiempo más breve posible las compras fallidas que continúen pendientes e implementando en coordinación con las comunidades autónomas las medidas que resulten necesarias para evitar la repetición de las negligencias cometidas».

La mayoría del material se ha quedado por el camino o se ha destinado a la «reserva estratégica del Ministerio de Sanidad», que en el departamento que capitanea Illa recuerdan que es un «complemento» de las adquisiciones de las autonomías. Pero no aclaran cuántas de las compras siguen sin llegar.

Adquisiciones adicionales

Ha ocurrido, por ejemplo, con los guantes de nitrilo. El Gobierno ha comprado 138 millones de unidades y había repartido 67 millones antes de verano. Pues bien, tuvo que acometer adquisiciones adicionales ante la escasez que denunciaron en este diario las autonomías. En este sentido, Gamarra expresa su contrariedad por las declaraciones realizadas en junio por Illa, cuando afirmó que «se ha acabado el uso inadecuado del dinero público».

En el departamento de Illa rehúsan revelar cuánto de lo que se compró aún no ha sido recibido. «El material sigue llegando», aseguran fuentes oficiales, admitiendo que no se ha recibido todo lo comprado. Esto implica que, cinco o incluso seis meses después, las empresas chinas con las que contrató el Estado siguen suministrando lo que debían haber entregado cuando más falta hacía.

Es importante recalcar esta circunstancia, porque el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reconoció que si no se generalizó el uso de mascarillas en los peores momentos de la pandemia fue simplemente porque no había suficiente stock para la población: «En una situación de escasez de mascarillas, éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar».

En total, se ha comprometido el envío de 971 millones de productos de los que han llegado sólo 226 millones a las CCAA. Quedan 745 millones por repartir… o incluso por recibir. Apenas se ha entregado a las regiones el 15% de las batas adquiridas, el 30% de las gafas de protección y menos del 60% de los geles hidroalcohólicos comprados por el Ejecutivo.

Temen “errores recurrentes”

El PP también inquiere al Gobierno que «concrete el reparto y el destino final de todo el equipamiento de protección individual como material y tecnología que ha adquirido frente a la Covid-19», porque teme que se hayan repetido los «errores recurrentes» en la compra de material que ocurrieron durante el estado de alarma. Hay que recordar que el Ministerio compró cientos de miles de mascarillas para profesionales y miles de test defectuosos a empresas chinas sin licencia.

En paralelo, Casado reclamó ayer formalmente formar una comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de la pandemia, que en su opinión ha sido «pésima» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista en la cadena Cope, Casado afeó al Ejecutivo que en julio llegara a asegurar públicamente que España «sale más fuerte» de esta crisis y que se había «doblegado la curva», y que ahora estemos en plena segunda ola, con los contagios subiendo y sin que nadie dé explicaciones. Por todo ello, el líder del PP cree que el Congreso debe «determinar si hay alguna responsabilidad política por la pésima gestión de esta crisis».

Pablo Casado ha tenido un amargo comienzo de curso. Al líder de los populares se le complican las cosas. Enredado en los tiras y aflojas internos; enfrentado a una moción de censura contra Pedro Sánchez que inevitablemente le perjudica; en choque continuo con el Ejecutivo y, además, acosado por el fantasma de la corrupción que regresa incesante para nublarle el porvenir y contra el que apenas tiene armas para defenderse.

Casado sabe muy poco del caso Kitchen. Lo afronta a ciegas, sin datos, sin información fidedigna. Pisa terreno pantanoso tambaleándose, sin seguridad, tanteando la ruta para no caer y evitar que su partido sea una vez más engullido por el fango.

Asegura el presidente del PP que no pasará «ni una», que no le temblará el pulso contra quienes, en su caso, resulten culpables; que «la tolerancia con las prácticas corruptas será cero» y que «la pague quien la tenga que pagar». Sólo palabras porque, a la hora de la verdad, el líder popular sólo dispone de la posibilidad estatutaria de forzar la dimisión de aquellos que, siendo miembros del partido ocupen cargos y suspenderlos cautelarmente de militancia en cuanto la justicia les abra juicio oral.

Pero en el caso Kitchen las cosas son más complicadas y el arsenal que ofrecen los estatutos del partido apenas se queda en balas de fogueo.

De momento en Kitchen -una pieza más del caso Tándem y con claras conexiones con Gürtel, en el que se investiga la supuesta creación de una red parapolicial con el cometido de robarle al ex tesorero popularLuis Bárcenas documentos comprometedores que demostrarían la existencia de una caja B en el PP- sólo hay un imputado, el ex secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, número dos del ex ministro Jorge Fernández Díaz.

Martínez es, de momento, el chivo expiatorio señalado por la Fiscalía y al que se aferran en el PP para derivar responsabilidades. Pero el ex secretario de Estado no tiene carné de partido, de manera que las advertencias de Casado no le afectan.

Tampoco servirían de mucho, más allá de generar dolor sentimental, en el caso de que finalmente resulten implicados de lleno el propio Fernández Díaz o la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal. Ni uno ni otra ocupan cargos en la formación de los que pudieran ser descabalgados, de hecho, ambos se encuentran ya muy alejados de la escena política.

El primero dejó de ser diputado en la XII legislatura y no desempeña cargo orgánico alguno en el PP. La segunda, se enfrentó entre otros a Soraya Sáenz de Santamaría y al propio Pablo Casado en una suerte de primarias para suceder al frente del partido a Mariano Rajoy y fue derrotada. Abandonó su escaño en el Congreso el 7 de noviembre de 2018 y se reincorporó a su actividad profesional como abogada. Tampoco ella ocupa ningún cargo orgánico. Ambos podrían ser suspendidos cautelarmente de militancia si se abriera juicio oral contra ellos y hasta que se dictara sentencia. Pero nada más.

“No admitiré dobles raseros”

Pablo Casado es consciente de que las amenazas estatutarias en este caso sirven de poco. Y pese a ello tiene que esgrimirlas para intentar cavar un cortafuegos de limpieza y honestidad que proteja al PP que lidera de los viejos fantasmas de la corrupción.

Su estrategia se completa con dos argumentos más: el primero consiste en poner su pecho por delante: «No tengo nada que ocultar»; «me adelanté y no puse en listas electorales a personas contra las que podía haber alguna evidencia» o «no estoy aquí para arropar a ningún compañero de partido, sino para arropar a los españoles que lo están pasando mal». Así lo señaló ayer en una entrevista concedida a la cadena Cope.

El segundo se centra en contraatacar a sus rivales esgrimiendo las vergüenzas que también ellos tienen en su haber: «No admitiré dobles raseros de señores que tienen a un partido imputado por financiación ilegal», en evidente alusión a Podemos, o «¿alguien le pregunta a Pedro Sánchez por Filesa o los GAL?» y, más aún, «el Gobierno tiene a tres ministros que fueron consejeros de Chaves y Griñán» [ex presidentes de la Junta de Andalucía condenados por el caso de los ERE].

Pablo Casado asegura que, de momento, el caso Kitchen no le preocupa porque el único imputado no es militante del PP. No dice la verdad: el asunto le tiene en vilo a él y a todo el partido porque, de confirmarse, será difícil, tal y como teme la ex portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, separar las responsabilidades individuales de las colectivas.