El puente de mayo concluye hoy en Madrid con la celebración del festivo regional, el 2 de mayo. Es un día festivo en toda la Comunidad de Madrid y muchos establecimientos permanecen cerrados al público.

En el caso de los supermercados de Mercadona, que suelen permanecer cerrados o con horarios parciales en los días festivos, permanecerán abiertos hoy en la Comunidad de Madrid hasta las 15.00 horas. Los horarios de los establecimientos de Mercadona en toda España pueden consultarse en la web de Mercadona.

Decenas de miles de personas se echaron a las calles el lunes para reivindicar el Primero de Mayo, una fiesta centenaria marcada este año por la reivindicación de un pacto salarial, el clima de paz social y unas elecciones autonómicas y municipales que asoman ya a la vuelta de la esquina. 

Más de 70 marchas en todo el país recorrieron las calles bajo el lema Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios. Manifestaciones celebradas en general en un ambiente festivo y marcadas por el buen tiempo, con cielos despejados y temperaturas máximas que superaron los 20 grados en buena parte del país.

Una hora antes de que diera comienzo la marcha de Madrid —la más multitudinaria, con 60.000 manifestantes según los sindicatos (10.000 para la Delegación del Gobierno en Madrid)— los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y CC OO, Unai Sordo, inauguraban los actos del Primero de Mayo con un mensaje claro hacia la patronal. Si no se alcanza un acuerdo salarial, los sindicatos están dispuestos a llegar a la huelga, en los sectores en los que la negociación de los convenios siga estancada. 

Por el momento, sindicatos y empresarios siguen sin ser capaces de alcanzar un acuerdo de mínimos en cuanto a salarios. Las conversaciones se reanudaron el pasado marzo, pero siguen encalladas. Los empresarios están cómodos en su estrategia de negociar convenio a convenio y no ven imprescindible que se alcance un pacto general para subir los salarios.

Reivindicaciones sectoriales

En las calles se dieron cita trabajadores y pensionistas en una protesta marcada por las luchas sectoriales y movilizaciones pacíficas. Muy lejos queda ya la crispación de comienzos de la década pasada, que fue testigo de un fuerte ciclo de protestas por los recortes sociales y en una profunda crisis económica. El malestar por la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los salarios no ha sido suficiente como para incendiar las calles españolas.

Las luchas laborales son variadas, pero las demandas se repiten. Mejoras en los convenios, subidas salariales que compensen la inflación o trabajar menos horas son algunas de las más habituales. Desde el personal de limpieza que reivindica la semana de cuatro días laborales, hasta los porteros y conserjes, que reclaman novedades en un convenio que no ha cambiado en 20 años. “Ya es hora de que la patronal nos respete un poco y luche por nuestros derechos”, expresaba Emilio Sanz, empleado en una finca urbana, a 20minutos.

También protestaban los trabajadores de la sanidad privada, que lamentan que la lucha de los sanitarios durante la pandemia “haya quedado olvidada”, “Nadie nos cuida. Nadie señala con el dedo a todos los empresarios que cada vez se enriquecen más a costa de todo nuestro esfuerzo”, señalaba Samuel Mosquera, representante de CC OO en este sector. 

“El Primero de Mayo hay que reivindicarlo todos los años. Ha habido una inflación enorme y lo lógico es que los salarios suban para que las personas trabajadoras no pierdan poder adquisitivo y puedan mantener a sus familias y a sí mismos”, señalaba Amaya, trabajadora en el sector del transporte y que acude al Primero de Mayo desde hace 25 años.

Otro colectivo con destacada participación en las movilizaciones es el de los pensionistas. Esta es la situación de Luci y Evelyn, dos mujeres ya jubiladas que echan en falta mayor presencia de jóvenes en las movilizaciones. “Me gustaría ver más jóvenes. Las dos estamos jubiladas y ya no tenemos que preocuparnos. Hay bastantes jóvenes, pero somos mayoría la generación de los 40 años para arriba”, señalan.

Aroma electoral

Las movilizaciones del Primero de Mayo contaron este año con una importante representación de los partidos de la izquierda política. Hasta cuatro ministros —María Jesús Montero, del PSOE; Yolanda Díaz, Irene Montero y Alberto Garzón, de Unidas Podemos— asistieron a la marcha de Madrid, en la que también estuvieron presentes varios candidatos a los comicios autonómicos y locales. Mónica García, Rita Maestre (Más Madrid), Reyes Maroto (PSOE) o Alejandra Jacinto (Podemos) se dejaron ver por las calles de Madrid.

En representación del ala socialista del Gobierno, María Jesús Montero manifestó su deseo de que se alcance un acuerdo salarial en los próximos meses y se mostró partidaria de que los beneficios récord que están obteniendo algunas empresas se “socialicen”.

Más tajante fue la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que arremetió contra la patronal a la que emplazó a que “cumpla con sus obligaciones” y cierre “inmediatamente” un pacto salarial con los sindicatos. Desde Podemos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, fue un paso más allá e hizo un llamamiento a congelar las hipotecas e intervenir el mercado de los alimentos ante unos beneficios empresariales que calificó de “impresentables”. Finalmente, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se mostró partidario de moderar los beneficios “abusivos” de las empresas y reclamó “hacer el trabajo compatible con la vida”

Desde el lado de la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se limitó a publicar un escueto mensaje en su Twitter. “Ya falta menos para que se vuelva a crear empleo estable y de calidad con un gobierno del PP”, expresó el líder de los populares. Finalmente, desde Vox, que celebró su propio acto con su sindicato afín (Solidaridad), Santiago Abascal acusó a los sindicatos de no haber movido “ni un solo dedo” ante el alza de precios.

Noticias relacionadas

• Cae una red que había comprado una empresa de autobuses para transportar droga de España a Bélgica

• La Policía localiza tras cuatro años encerrado en su casa al violador de un niño discapacitado

• Dos singulares monedas de oro visigodas, recuperadas por la Policía en León y Ciudad Real

2.549 kilos de metanfetamina. O como muchos denominan tradicionalmente a esa sustancia: “crystal meth”. Esa es la ingente cantidad incautada en la última operación contra el narcotráfico en España, la mayor aprehensión de la historia en esta clase de droga en territorio nacional. 

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y EUROPOL, han desarticulado esta organización criminal internacional que, afincada en España y Países Bajos, y vinculada con el cartel mexicano de los Beltrán Leyva, llevaba al menos 5 años dedicada a la introducción de esta y otras drogas a través del puerto de Barcelona.

Además de la metanfetamina, los agentes lograron incautarse de 1.370 kilos de cocaína y 17.000 litros de productos químicos, elementos precursores empleados en la producción de estupefacientes. Un total de 16 personas han resultado detenidas.

La conclusión de esta operación policial se ha llevado a cabo mediante registros en Barcelona, Tarragona, la localidad toledana de Talavera de la Reina y Valencia, además de en Países Bajos y Turquía. Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL próximas a la investigación dan por desmantelada la principal vía de introducción en Europa de estas sustancias.

Los responsables controlaban una novedosa forma para introducir las sustancias: la organización había diseñado una especie de habitáculos que iban ocultos dentro de gigantescos bloques de hormigón. La droga, de esa manera, se convertía en algo indetectable a ojos de los controles portuarios.

Los Beltrán Leyva

Las pesquisas comenzaron en 2017. Los investigadores localizaron una empresa exportadora que podía resultar sospechosa de ser utilizada por los carteles mexicanos en la introducción de ingentes cantidades droga en el continente europeo. Esta empresa, ubicada en México, estaría a disposición del cartel de los Beltrán Leyva, quienes, valiéndose de unos bloques térmicos de hormigón prefabricados destinados a la construcción, ocultaban en su interior la droga.

Aprovechaban, de esta forma, la infraestructura de sus operaciones de comercio internacional, provenientes de Sudamérica y Centroamérica, para copar el mercado europeo de sustancias estupefacientes.

Las pesquisas sugerían que los carteles mexicanos estaban tratando de “romper” o “inundar” el mercado europeo de una famosa sustancia llamada metanfetamina. Aprovechando las históricas rutas de la cocaína, dominadas desde largo tiempo atrás por las organizaciones de la región, estaban plegándose a un nuevo mercado incipiente en Europa con esta nueva sustancia. Ellos mismos la elaboraban y la elaboran de manera masiva en las agrestes selvas mexicanas.

Dos años después, en 2019, la Policía de los Países Bajos encontró en un almacén de Róterdam un total de 2.537 kilos de esa sustancia con forma de cristal. Continuando con la investigación, detectaron otro almacén en Utrecht. Allí se hallaron 17.000 litros de productos químicos para la producción de drogas sintéticas. 

Los bloques de hormigón

Su método de ocultación era prácticamente infalible. Gracias a esos bloques de hormigón gigantes, pero huecos en su interior, la droga era prácticamente imposible de encontrar. En este contexto, Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera aunaron esfuerzos para controlar los movimientos de la empresa responsable de esas partidas, afincada en México y en Barcelona. Todo estaba coordinado y supervisado por un ciudadano con nacionalidad española y mexicana afincado en territorio nacional. Era el principal representante de los Beltrán Leyva en España. 

Pronto pusieron el ojo sobre esa empresa en cuestión para detectar todos sus movimientos. Observaron cómo la empresa exportadora, aprovechando la coyuntura sanitaria por la Covid-19, y creyendo que los servicios policiales españoles dedicados a la lucha contra la criminalidad organizada y el tráfico de drogas rebajarían sus esfuerzos, materializaron el envío de dos nuevos contenedores al Puerto de Barcelona. Allí las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado localizaron su entrada y procedieron a su inspección.

Tras salir del puerto mercante, fueron sometidos a un seguimiento discreto por parte de los agentes. Cuando llegaron hasta una nave industrial de la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat, los agentes cayeron sobre ellos y les sometieron a una sorpresiva inspección.

Allí comprobaron los agentes, tras realizar perforaciones sobre los mismos, que en su interior venía oculta sustancia estupefaciente. Hallaron doce palés de los 36 transportados. En ellos había un total de 834 kilos de cocaína y otros doce de metanfetamina.

Segunda fase: nuevo envío de contenedores

 En su interior se encontraron los mismos bloques de hormigón térmico, embalados con la misma cinta azul y el mismo logotipo corporativo de la empresa mexicana tras cuyos pasos llevaban ya unos meses. Dentro estaba la droga. 

A continuación, los cuerpos policiales de España y Países Bajos comenzaron a aunar esfuerzos de forma coordinada con EUROPOL para desmantelar al completo la organización. Quedaba por desmantelar la parte alta de la organización criminal, que se habría refugiado en Países Bajos, donde seguía controlando sus inversiones y el blanqueo de capitales proveniente del tráfico de drogas.

Dicha actuación vendría motivada por el objetivo de golpear a la organización criminal, que mantenía todas sus propiedades y ganancias intactas en otros países. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se desplazaron a Países Bajos para apoyar a los agentes neerlandeses en los registros.

Del mismo modo, agentes neerlandeses se trasladaron hasta España. De esta manera, se practicaron de forma simultánea en ambos países doce registros, procediéndose a la detención de ocho personas, una de ellas en España y siete en Países Bajos.

Gracias a esa intervención incautaron los agentes tres inmuebles de lujo en Países Bajos, ocho vehículos de alta gama y bloquearon nueve cuentas bancarias.

El clan blanqueaba el dinero que obtenían gracias a la venta de esas sustancias desde España. Los investigadores lograron acreditar numerosos movimientos bancarios con origen o destino en México. Esas cantidades eran recibidas por los integrantes del cartel de los Beltrán Leyva.

Los fondos se remitían gracias a la colaboración de diversos empresarios españoles afincados en Talavera de la Reina y Valencia. Eran ellos quienes habían diseñado el entramado empresarial para blanquear el dinero negro procedente del narcotráfico.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid abre este martes el sistema de autocita para recibir la vacunación infantil contra la Covid-19 en alguno de los 25 hospitales públicos habilitados para ello, un proceso que en la región arranca con el tramo de 9 a 11 años de edad.

La región ha recibido este lunes 204.000 viales de la vacuna infantil que permitirán llegar al 40% de las primeras dosis necesarias en la región para el tramo de edad de entre 5 y 11 años, que agrupa en la comunidad a alrededor de medio millón de menores.

Desde este martes estará abierto el sistema para concretar la cita para la recepción de esta vacuna en alguno de los 25 hospitales públicos con servicio de pediatría habilitados para ello. Aunque la campaña que arranca está enfocada en los 11, 10 y 9 años, se permitirá acudir también a niños más pequeños en casos de familia directa.

De esta forma, para facilitar el procedimiento a las familias y evitarles desplazamientos, si en el núcleo familiar hay algún hermano de menor edad (de 8, 7, 6 ó 5 años), podrán acudir juntos a la cita para que todos los hermanos reciban la vacuna. Es decir, en estos casos sólo será necesario concertar una cita para inocular en el mismo acto a todos los menores de la unidad familiar.

Cómo pedir la cita

La cita se realizará a través del sistema de autocita habilitado por la Consejería de Sanidad, que en su pantalla de bienvenida incorporará un área diferenciada dirigida específicamente a los menores de 5 a 11 años, en cuyo caso sólo será necesario introducir el CIPA (Código de Identificación Personal Autonómico) que figura en la Tarjeta Sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, así como su nombre, primer apellido y fecha de nacimiento.

En caso de que el menor no disponga de Tarjeta Sanitaria pública (por ser mutualista, por ejemplo) o si el usuario encuentra problemas para acceder al sistema de autocita, puede llamar al teléfono gratuito 900 102 112.

En concreto, se podrá recibir la vacuna en los hospitales de Alcorcón, Clínico San Carlos, 12 de Octubre, El Escorial, Fuenlabrada, Fundación Alcorcón, Fundación Jimenez Díaz, Getafe, Gregorio Marañón, Henares (Coslada), Infanta Cristina (Parla), Infanta Elena (Valdemoro), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Móstoles, Niño Jesús, La Paz, Príncipe Asturias (Alcalá de Henares), Puerta Hierro (Majadahonda), Ramón y Cajal, Rey Juan Carlos (Móstoles), Severo Ochoa (Leganés), Sureste (Arganda), Tajo (Aranjuez), Torrejón y Villalba.

Acompañamiento de los menores

Además, los menores podrán acudir a los centros hospitalarios acompañados de sus padres o tutores legales. En todo caso, si el adulto que acompaña al menor al punto de vacunación no es el responsable legal o tutor, deberá entregar autorización firmada por los padres o responsables legales.

Dado que los niños en estos tramos de edad no tienen Tarjeta Sanitaria Virtual (ésta sólo está disponible para personas mayores de 16 años), los hospitales donde se administren dosis a este colectivo expedirán certificados de vacunación Covid-19 de la Unión Europea.

Proceso de vacunación

La vacuna a administrar será la presentación pediátrica de la vacuna Comirnaty (Pfizer/BioNTech) que, según los estudios realizados, ha mostrado una eficacia frente a Covid-19 sintomático del 90,7% en los ensayos clínicos con niños y niñas entre 5 y 11 años, y con una reactogenicidad más baja que en el grupo de 16 a 25 años.

El intervalo entre la primera y la segunda dosis será de al menos ocho semanas para conseguir mejor respuesta inmune y mejor perfil de seguridad. En el caso de antecedente de infección por SARS-CoV-2, independientemente de la fecha de confirmación, los menores de 5 a 11 años recibirán una sola dosis a partir de las cuatro semanas después del diagnóstico de la infección o fecha de inicio de síntomas.

En el supuesto de tener infección tras haber recibido la primera dosis, se completará la pauta con una segunda dosis tras la recuperación y cuando hayan transcurrido cuatro semanas de la infección, manteniendo también el intervalo de ocho semanas respecto a la primera dosis.

Al igual que en adultos, tras recibir la vacunación se debe observar a la persona vacunada durante 15 minutos, para detectar reacciones inmediatas. En personas con antecedente de una reacción alérgica grave, independientemente de la causa, se mantendrá un seguimiento hasta 30 minutos tras la vacunación.

El Gobierno de España está trabajando con el de la Comunidad Autónoma de Cataluña en una nueva reunión de la llamada Mesa de diálogo, negociación y acuerdo. Es decir, la “mesa del reencuentro”, o la “mesa del conflicto político”, según la nombre la Moncloa de Pedro Sánchez o la Generalitat de Pere Aragonès. La cita, como ya reveló este diario, será previsiblemente en enero, de nuevo en Madrid, aunque con un perfil más bajo que las dos anteriores. Según las fuentes consultadas, no se espera la presencia del presidente y el president.

Noticias relacionadas

• Rogelio Velasco anuncia la supresión de otros 90 procesos administrativos en Andalucía

• El anteproyecto de la Ley Agilización Administrativa, cerca de ver la luz

• Castilla-La Mancha presenta la Ley de Simplificación de Urbanismo y Medidas Administrativas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, han presentado el proyecto de Decreto ley que establece una batería de medidas de simplificación administrativa y de mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica. El proyecto se llevará mañana al Consejo de Gobierno para su aprobación.

Se trata de un nuevo plan de reducción de trabas que, tal y como ha subrayado Moreno, convierte a Andalucía en “la comunidad autónoma española con menos burocracia” para impulsar la economía.

La iniciativa se suma al Plan para la Mejora de la Regulación Económica e introducirá más de 300 medidas nuevas de simplificación y mejora de la regulación, que afectan a unas 80 normas. El presidente de la Junta ha aseverado que se trata de una “transformación” para reducir trabas administrativas innecesarias y para dar el impulso definitivo a la dinamización empresarial y la reactivación económica de Andalucía.

Con este nuevo Decreto ley, además, Andalucía, según ha detallado Moreno, se convierte en pionera a nivel nacional, afrontando una remodelación integral de sus procedimientos para adecuarse a las indicaciones de la Unión Europea. “Me siento orgulloso de presidir un Gobierno que se ha atrevido a encarar este cambio radical para crear las condiciones más favorables a la actividad empresarial”.

“Yincana interminable”

Moreno ha subrayado que el objetivo del Gobierno andaluz ha sido desde el inicio de la Legislatura poner fin a la “yincana interminable” que soportaban el tejido productivo andaluz y los inversores que ponían su foco en la comunidad autónoma.

La transformación ha sido gradual. En primer lugar, la Junta impulsó un Decreto ley en 2019 para agilizar la declaración de proyectos estratégicos, y que según la administración autonómica, ha servido ya para impulsar una docena de ellos. A continuación, aprobaron el primer Decreto ley de Simplificación en 2020, “que agilizó 21 leyes y 6 decretos que afectaban a un centenar de medidas”. Por último, se suma este nuevo Decreto ley.

Entre éste y el de 2020, se contabilizan un total de 400 medidas de simplificación y mejora de la regulación, y de un centenar de normas agilizadas. Se trata, según Moreno, de “una ingente tarea que nos llega en el momento oportuno para combatir la crisis”.

El presidente de la Junta de Andalucía ha hecho un llamamiento a la colaboración del resto de administraciones. “Pido a los alcaldes y a la Administración General del Estado que nos acompañen a reducir de forma notable los costes de transacción, una losa para que las empresas puedan desarrollar con agilidad su actividad, y, por otra parte, para hacer que el esfuerzo realizado por el Gobierno andaluz merezca la pena”.

Los cambios

A través de este Decreto ley, entre otros ejemplos, se modificará la Ley de Vivienda Protegida para adjudicar viviendas del parque público a colectivos con necesidad urgente y se simplificarán los requisitos tanto para la Declaración de Interés Turístico de Andalucía como para la de Municipios Turísticos.

En Urbanismo, se agilizará la ejecución de los proyectos con cargo a los fondos Next Generation y se dotará al sector agroalimentario de mecanismos de crisis –la extensión de norma– para poder retirar productos en momentos de caídas de precio, “una demanda de nuestros agricultores”.

En la actividad comercial, se simplificará el régimen de apertura de establecimientos y el procedimiento para construir áreas logísticas. Por otro lado, en Energía, se simplificará la tramitación de proyectos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Además, se facilitará el despliegue de una infraestructura de recarga de vehículos en todo el territorio andaluz y se favorecerá la implantación de generación de energías renovables de autoconsumo en zonas urbanas.

En Medio Ambiente, las entidades privadas podrán colaborar en la reforestación de terrenos incendiados y las actuaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental estatal ya no tendrán que obtener Autorización Ambiental Unificada.

En Pesca, se reducirán los requisitos para autorizar actividades en viveros y puertos autonómicos, contribuyendo a modernizar la industria y propiciando la atracción de inversiones. En Cultura, se facilitará el depósito de bienes en instituciones locales histórico-arqueológicas. Y en materia de Educación, las entidades dedicadas a la formación de profesores y maestros podrán homologar los cursos con menos trámites y en menor tiempo, contando con todas las garantías, “lo que reactivará el sector”, ha apostillado.

Trabajo conjunto

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha detallado que en los trabajos previos dentro del Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía se evaluaron 468 de los 829 procedimientos administrativos que afectan al inicio o ejercicio de la actividad de los operadores económicos y que están regulados por normativa autonómica.

En esa tarea, se detectaron 154 procedimientos cuya propuesta de simplificación se llevó a las correspondientes Conferencias Sectoriales. A partir de ahí, la labor se centró sobre 207 procedimientos para elaborar una guía de ayudas a las empresas para que puedan adecuarse, también, a los principios de buena regulación económica y de unidad de mercado.

El plan, según ha reseñado Juan Marín, se ha trabajado “intensamente” con los agentes económicos y sociales más representativos, como la Confederación de Empresarios de Andalucía, CC. OO. o UGT.

El reto del Ejecutivo andaluz es llegar a simplificar, en el horizonte de 2024, hasta 150 procedimientos administrativos, es decir, haber reducido en alrededor del 30% los 468 procedimientos analizados. “Todo este trabajo facilitará la actividad de las empresas y mejorará la vida del ciudadano, una cuestión que se ha hecho especialmente urgente en estos momentos”, ha declarado.

Noticias relacionadas

• La Agencia Tributaria de Liechtenstein comunica que Juan Carlos I “no es beneficiario” de Zagatka

El fiscal suizo Ives Bertossa ha cerrado las diligencias que abrió en agosto de 2018 para averiguar el origen de los 65 millones de euros donados a Juan Carlos I por el fallecido rey saudí Abdalá y si esos fondos fueron blanqueados por la examante del rey emérito, Corinna Larsen, con ayuda de Arturo Fasana y Dante Canónica y con la implicación del banco Mirabaud. 

Los 65 millones de euros fueron ocultados por el entonces jefe del Estado español en una estructura opaca, la Fundación Lucum, administrada por Fasana y Canónica. En junio de 2012 fueron transferidos a una cuenta de Larsen en Bahamas a nombre de otra estructura después de que Juan Carlos I y ella firmaran documentos en los que afirmaban que eran una “donación irrevocable”. 

Bertossa, que nunca ha dirigido la investigación contra el rey emérito, no ha podido encontrar pruebas que avalen sus sospechas de que los 65 millones de euros provenientes de Arabia Saudí fueran una comisión por la supuesta intermediación de Juan Carlos I en la concesión a un consorcio hispano-saudí de las obras de construcción del llamado Ave del desierto, el tren de alta velocidad entre Medina y La Meca.

La de Bertossa fue la primera investigación abierta sobre la fortuna oculta por Juan Carlos I en el extranjero después de que EL ESPAÑOL y Okdiario publicaran las conversaciones mantenidas por Larsen con el excomisario José Manuel Villarejo, que éste grabó de forma oculta.

En ellas, Larsen admitió haber recibido dinero y bienes de Juan Carlos I, que fueron puestos a su nombre. 

Sin embargo, Bertossa se ha topado con la dificultad de poder acreditar un supuesto origen ilícito de los fondos entregados al monarca español, por lo que su transmisión a Larsen ha quedado como una generosa donación. Esta tesis también ha sido mantenida por los gestores de la fortuna del rey, Canónica y Fasana. 

“Voluntad de ocultación”

La Fiscalía de Ginebra explica en un comunicado difundo este lunes que la investigación ha establecido que, además de los 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí, “Juan Carlos I o Corinna Larsen” han recibido otros pagos en Suiza: 1.895.250 dólares en efectivo, cinco millones de dólares de Kuwait y dos millones de dólares de Bahrein. “Todas estas transferencias no estaban suficientemente documentadas por los demandados”, sostiene.

La Fiscalía suiza constata que “el uso de una fundación y de empresas domiciliarias por parte de los distintos protagonistas demostraba una voluntad de ocultación”.

“Las cantidades implicadas, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y luego de éste a favor de Corinna Larsen), así como la cronología de los hechos, constituyeron pruebas contra los acusados”, afirma.

Sin embargo, la investigación “no ha establecido suficientemente un vínculo” entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de contratos para la construcción del AVE a La Meca.

El archivo del caso se debe, por tanto, a la “falta de pruebas” del delito de blanqueo de capitales. No obstante, las costas del procedimiento, que ascienden a 200.000 francos, se han imputado a los investigados.

Multa a Mirabaud

El banco Mirabaud ha sido sancionado con el pago de una multa de 50.000 francos suizos por la violación de la obligación de informar a la Oficina de Información sobre el Blanqueo de Capitales sobre la cuenta personal de Corinna Larsen.

El fiscal afirma que “son muchos los elementos que obligaban al banco a proceder a una comunicación, en particular la información transmitida por la prensa, el carácter inusual de los fondos recibidos en esta cuenta y los diversos flujos financieros intercambiados entre las cuentas de Larsen y la de la fundación Lucum, de la que Juan-Carlos I era el beneficiario efectivo”.

Tras el archivo, Larsen ha hecho público un comunicado en el que señala que “mi inocencia era evidente desde el principio” y que “este episodio ha servido para dañar aún más mi imagen en el marco de la campaña continua de desprestigio contra mi persona por parte de ciertos intereses españoles. Mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes”.

Fuentes de la Fiscalía española han indicado que Bertossa no ha informado aún del archivo del procedimiento abierto en Suiza. Los fiscales españoles están a la espera de que Bertossa les envíe documentación bancaria solicitada hace meses antes de proceder al archivo de la investigación abierta en España sobre los manejos económicos de Juan Carlos I. 

Noticias relacionadas

• El enigma de los abusos sexuales al hijo de Juana Rivas: por qué nunca se identificó al autor

• El ex de Juana Rivas acusa al Gobierno de darle el indulto pese a conocer los supuestos “abusos”

• El juez rechaza dejar en libertad a Juana Rivas por “indicios de abuso sexual” a uno de sus hijos

La defensa de Juana Rivas ha denunciado ante el Defensor del Menor, el Servicio de Protección del Menor y la Fiscalía de Menores la divulgación de “informaciones falsas” que “afectan directamente” a uno de los hijos de Rivas. 

El abogado Carlos Aránguez se ha pronunciado de este modo en un comunicado, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, a raíz de que el pasado viernes trascendiera el auto del juez Manuel Piñar. El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada rechazó con él suspender la ejecución de la pena impuesta a Rivas tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno.

Entre otros argumentos, el juez expone que Juana Rivas “no ha mostrado arrepentimiento” y alude “al peligro que para los menores supondría la plena libertad de la madre”, apuntando a supuestos “indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia”.

El abogado de Juana Rivas lamenta que a raíz de este auto que “tan injustamente” denegaba la suspensión de la pena de prisión a Juana Rivas se hayan difundido “informaciones calumniosas”. Asimismo, subraya que circulan “algunos documentos judiciales que vulneran la intimidad del menor”  con la marca “de la firma digital de la procuradora del Sr. Arcuri. El auto del pasado viernes estaba en poder de algunos medios de comunicación pocos minutos después de ser notificado a las partes”. 

Además, el equipo jurídico de Juana Rivas ha reclamado al abogado de Francesco Arcuri en España, Enrique Zambrano, que se retracte de sus declaraciones del pasado viernes en una emisora de radio. “En el ejercicio del derecho de rectificación”, le hemos requerido mediante burofax que se retracte públicamente de las falsas informaciones” que ha expresado a raíz del auto. También ha considerado “intolerable” la divulgación “sesgada y malintencionada de algunos documentos judiciales que vulneran la intimidad del menor”.

EL letrado de Juana Rivas recuerda además que el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Granada en septiembre de 2017 apercibió en un auto a Arcuri y “especialmente a Juana Rivas” para que se abstuviesen de airear en los medios de comunicación detalles relacionados con las diligencias que se practicaban entonces para esclarecer si uno de los hijos de ambos había sufrido una agresión sexual.

Por ello, Carlos Aránguez le recuerda este auto al abogado de Arcuri, explicando que “consideramos que es muy grave que el Sr. Zambrano incumpla esa obligación judicial que le fue impuesta”.

El equipo jurídico que encabeza Carlos Aránguez recalca que esta madre de Maracena (Granada) “jamás ha sido investigada por ningún otro delito” que no sea el de sustracción de menores, por el que fue condenada.

Desde el equipo jurídico que encabeza Carlos Aránguez subrayan que su objetivo “no es solo defender a Juana Rivas”, puesto que “siempre” ha estado centrado” en proteger los derechos fundamentales de sus hijos” y por eso han tomado esta decisión.

En esta línea, ha hecho hincapié en que Juana Rivas ha tenido “un único problema con la Justicia” y es que durante 33 días “desobedeció la orden que le obligaba a entregar a sus hijos” al padre, “un maltratador”, remarca. Sin embargo, “no ha sido jamás investigada por ningún otro delito, ni en España ni en Italia (ni en cualquier otro país)”.

La defensa de Rivas trabaja ahora en el recurso de apelación que presentará ante la Audiencia Provincial de Granada y en el que, según afirma, se “desmontará uno a uno todos los bulos y falsedades en los que el juez de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar- sustenta su injusta decisión”.

Ya el pasado viernes el abogado de Rivas anunció que presentará una querella criminal contra él por la presunta comisión de un delito de prevaricación judicial y calumnias, al mencionar en el auto los presuntos indicios de abusos sexuales.

El secretario general del Partido Comunista en España y Secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago ha considerado que el Papa Francisco es un “aliado” y por eso le ha “extrañado” que se haya tratado la visita de Yolanda Díaz al Papa con “tanta sorpresa”. 

“Me extraña que se haya tomado con tanta sorpresa la visita de Yolanda, cuando el Partido Comunista ha tenido en sus filas importantes sacerdotes, algunos de ellos miembros del comité central”, ha recordado en entrevista a la Cadena Ser. “Siempre ha habido una unidad entre el partido y los sectores de la iglesia que buscan proteger lo común. Y este Papa es un aliado en este camino”, ha señalado.

Además, Santiago ha destacado la necesidad de “dejar claro que no todos los sectores cristianos en este país son un patrimonio de la derecha”. “Y más, lo que plantea la derecha no beneficia a esas personas”, zanjó. 

Sobre la denuncia de Unidas Podemos ante el Consejo de Europa de las protestas policiales por la reforma de la ‘ley mordaza’, Enrique Santiago ha destacado que “no puede normalizar que los sindicatos policiales intenten condicionar la política y las reglas del juego”. “No es lo mismo protestar por sus condiciones laborales, con lo cual estamos de acuerdo, -y recordamos que ha sido este gobierno el que le ha subido el salario un 24% a los agentes de autoridad- que protestar para que no se amplíen o reconozcan derechos fundamentales de los españoles”, ha declarado.

“La policía está para proteger esos derechos y no para pedir que se limiten los derechos de los ciudadanos”, ha señalado.

Además, Santiago recordó que el Consejo de Europa ya “en marzo hizo un informe donde instaba a España a reformar la ley mordaza y hacer una evaluación de su funcionamiento, diciendo que tenía un alto potencial represivo”. 

Noticias relacionadas

• Dudas sobre la vacunación anticovid a los niños de Castilla-La Mancha: “Hay una enorme confusión”

• Los pediatras recelan de la vacunación en colegios de la Comunidad Valenciana: “Mejor en centros de salud”

• Sanidad trabaja en la “mejor fórmula” para vacunar niños a partir del 15 de diciembre en la Comunidad Valenciana

España recibe este lunes la primera tanda de vacunas contra la Covid-19 que se inocularán a los niños de entre 5 y 11 años a partir del 15 de diciembre. El objetivo del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas es administrar lo antes posible los antígenos para que gran parte de estos niños llegue con al menos una dosis a la Navidad. Pero solo habrá suficientes para el 40%.