El último Black Friday que se celebró con normalidad fue el de 2019. El comercio llevaba años encadenando crecimientos inusitados en las ventas, tanto en tienda física como en el canal online. Entonces, según recuerda el profesor Jaume Hugas, experto en operaciones de Esade, “se pensaba que habíamos tocado techo, que habíamos llegado al pico”.

No ha sido así, y dos años después, con una pandemia de por medio, España afronta el que podría ser “el Black Friday con más ventas de la historia”, en su opinión. Será un viernes negro “lleno de contradicciones”: con menos promociones y más incertidumbres pero con más intención de gasto.

Por un lado, tenemos un ahorro embalsado durante la pandemia al que debería darse salida. “Habrá un masivo adelanto de las compras navideñas, más que otros años, por la subida de precios y los problemas con la cadena de suministro”, explica el experto en distribución.

Calcula que el incremento de ventas será de alrededor del 25% respecto a 2020 e incluso superior a 2019. La consultora Deloitte también prevé una intención de gasto de los hogares españoles un 14% superior a la de las Navidades del 2019. Entonces nos dejamos 554 euros, mientras que la previsión para este año será superior a los 600 euros, según detalla en su último estudio de consumo navideño.

“El consumidor oye hablar de repuntes de precios y escasez de suministros. Estos factores pueden invitar a una mejor campaña porque sea más sensible a las ofertas de buenos precios” , dice Pedro Aznar, profesor de Economía de Esade.

Ganas de gastar

Los expertos creen que las ganas de gastar (y el ahorro contenido que tienen los hogares) pesarán más que las incertidumbres, como el aumento de los precios, de las materias primas y de la electricidad, a lo que se unen los problemas con la cadena de suministro derivados del colapso del transporte marítimo a nivel mundial.

Los fabricantes y distribuidores llevan meses preparando sus stocks de cara a navidad, precisamente para evitar el impacto en las ventas de los retrasos en el transporte y los problemas de aprovisionamiento: hay escasez de materias primas, son más caras y también lo es el transporte. Nadie previó que la demanda creciera tanto y de manera tan repentina.

“La cadena está perjudicada, los precios han subido y los consumidores están dispuestos a hacer las reuniones familiares que no hicieron en 2020 y a gastar lo que no pudieron”, señala Huges.

“Después de dos años difíciles y con tantas restricciones, y gracias a la mejora de la situación sanitaria y económica, el consumidor está deseando retomar su vida normal con un optimismo moderado, queriendo regresar a comercios y restaurantes, volver a viajar y celebrar la Navidad con familia y amigos. Gran parte de la población tiene ganas de gastar”, en palabras de Victoria Larroy, socia de Bienes de Consumo y Distribución de Deloitte, que presentó su estudio hace una semana.

Huges prevé retrasos en los envíos online, aunque la patronal logística augura que las empresas de reparto gestionen 106 millones de envíos, un 7% más que el pasado año, para atender los picos de demanda

Tambié prevé una subida de precios por el incremento de los costes y los problemas en la cadena de suministro.

Según Deloitte, este año un porcentaje relevante de consumidores (20%) retrasará sus compras a enero buscando las rebajas. No obstante, esta previsión puede verse condicionada, a medida que se acerque el período navideño.

El 60% de los consumidores afirma que optará por adquirir regalos, en general, en este viernes negro. El 58% prevé comprar ropa, calzado y accesorios, mientras que un 50% quiere aprovechar las ofertas en artículos de informática, telefonía y electrodomésticos. Otra de las categorías estrella de la jornada de descuentos serán los juguetes, ya que el 37% de los consumidores tiene previsto aprovechar las ofertas del Black Friday para hacerse con algunos de estos artículos.

En España hay unos 360.000 británicos empadronados. Durante muchos años nuestro país ha sido la segunda residencia predilecta de los jubilados de Reino Unido en busca de buen clima, mejor gastronomía y un nivel de vida de mayor calidad gracias a la fortaleza de sus pensiones en libras esterlinas. Sin embargo, esta situación ha cambiado y tiene difícil solución. ¿La causa? El Brexit y el Covid-19.

Ambas situaciones han limitado los planes de futuro de muchas familias en el Reino Unido. Ya no invierten tanto en ladrillo en España como antes y los que había, residentes desde hace décadas, están poniendo a la venta sus hogares. Por ahora, según los expertos, es solo un “goteo”, pero la fuga puede ir a más.

¿Cuánto tiempo pueden residir los británicos en España tras el Brexit?

La marcha de Reino Unido de la Unión Europea acabó también con la libre circulación de sus ciudadanos por Europa en 2021. Desde entonces se limita a 90 días el tiempo máximo que pueden permanecer en España de forma continuada y cuando vuelvan a Reino Unido deberán pasar otros 90 días antes de poder regresar de nuevo a territorio español.

¿Pueden los ingleses solicitar un visado en España?

Sí, la primera excepción para permanecer más tiempo sería solicitar un visado. Desde 2021 los británicos jubilados o no trabajadores en el país pueden solicitar non lucrative visa, al igual que los ciudadanos de otros países que no pertenecen a la Unión Europea. Así, podrán estar en el país más de seis meses de forma continuada. Se les exige la posesión de medios económicos suficientes y ser titular de un seguro médico privado.

¿Qué otras opciones pueden realizar para pasar más tiempo en suelo español?

Desde 2013 está vigente el visado para inversores, más conocido como Golden Visa, que permite vivir en España durante dos años siempre que disponga de un patrimonio inmobiliario que supere los 500.000 euros. Una vez terminado el plazo del permiso se puede renovar con una mayor facilidad que un visado tradicional.

¿Cuánto tiempo deben visitar España al año si disponen la ‘Golden Visa’?

Frente a otros destinos europeos que se exige una residencia de seis meses, en España este documento solo requiere visitar una vez al año el suelo español. Formato que puede permitir una mayor flexibilidad de movimientos para la colonia inglesa. En este caso, el corte de acceso son los 500.000 euros en patrimonio.

¿Cómo ha afectado también la pérdida de valor de la libra esterlina frente al euro?

La entrada en funcionamiento del Brexit ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo para los residentes británicos fuera de Reino Unido. Se estima que la libra esterlina frente al euro ha caído en las últimas dos décadas hasta un 27%. Antes una pensión inglesa de 1.000 libras suponía al cambio 1.636 euros, pero ahora no llega a los 1.200 euros.

¿Qué destinos son los que más han notado la venta de casas por parte de británicos?

Preferentemente la venta de casas e inmuebles de las zonas residenciales de la Costa Blanca en Alicante, Costa del Sol en Málaga y las Islas Canarias.

¿De qué países vienen ahora los mayores compradores de viviendas en España?

La tendencia a la baja del interés del mercado británico por la compra de vivienda en España se confirmó en el tercer trimestre de 2021. Según los datos oficiales del Colegio de Registradores, el mercado alemán con un 10,77% superó a los residentes de Reino Unido que sumaron un 10%. Un cambio de tendencia que cobra más fuerza si se compara con las cifras de 2010 en las que la comunidad británica representaba el 35% de las compras de viviendas por parte de extranjeros en España.

En lo que va de 2021, tras alemanes y británicos, también destaca el interés de nuevos residentes como los franceses (7,82%) y también de los marroquíes (6,55%).

El consejo de administración de Orange ha aceptado la dimisión de Stéphane Richard como presidente y consejero delegado de la operadora francesa, después de que el Tribunal de Apelación de París condenase al ejecutivo a una pena de un año de prisión exento de cumplimiento y al pago de una multa de 50.000 euros por su participación en el escándalo multimillonario del caso Tapie.

La dimisión de Richard será efectiva una vez que se haya designado la nueva estructura de gobierno en la operadora gala y, a más tardar, para el 31 de enero de 2022, indicó la compañía, añadiendo que Stéphane Richard continuará en su cargo hasta tal fecha.

El consejo de administración de Orange agradeció a Richard su compromiso al frente de la empresa durante los últimos 11 años, destacando su contribución a la transformación de Orange en un operador multiservicio líder en Europa y África.

“A todos en mi querido equipo de Orange, que hoy me han mostrado su apoyo y cariño, quiero expresarles mi más profundo agradecimiento, y el orgullo que he sentido a lo largo de estos once años como su capitán, en los días buenos y malos”, indicó Richard en un mensaje publicado en su perfil en la red social Twitter.

Stéphane Richard fue condenado a un año de prisión exento de cumplimiento y una multa de 50.000 euros por su participación en el denominado caso Tapie, por el que también fue condenada la entonces ministra francesa de Finanzas y ahora presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

Según el veredicto, difundido a la prensa francesa y que recoge el diario Le Monde, el tribunal de apelaciones encargado del caso ha anulado una sentencia de un tribunal inferior que había absuelto al empresario. La sentencia de un año de prisión se ha dictado en suspenso, por lo que el directivo no pisará la cárcel.

En un comunicado también difundido a los medios franceses, el consejero delegado de Orange ha sostenido que las acusaciones de complicidad en la malversación de dinero público “son infundadas y no se basan en ninguna prueba”. Además, adelantó que recurrirá este nuevo veredicto.

El Estado francés es el principal accionista de Orange, con una participación del 22,95% entre las acciones en manos de la Agencia de Participaciones del Estado (equivalente a la española SEPI) y BpiFrance (equivalente al ICO), que acumulan un 13,39% y un 9,56%, respectivamente.

La condena de Richard se refiere a la participación del ejecutivo en el conocido como caso Tapie. El caso se remonta a 1993, cuando el empresario Bernard Tapie vendió Adidas al banco semipúblico Crédit Lyonnais para así incorporarse como ministro al Ejecutivo liderado entonces por François Mitterrand.

En 2008, la ex ministra Lagarde promovió un tribunal de arbitraje que se saldó con el pago de una indemnización de 404 millones de euros al empresario. Posteriormente, Lagarde, ya en su cargo de directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue condenada por negligencia por su actuación en este caso y se ordenó a Tapie que devolviera los fondos.

El sector industrial ha tenido que soportar en el mes de octubre una subida de precios de los materiales y servicios que necesita para producir del 31,9%, el mayor incremento registrado desde el año 1976 en que comenzó la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La subida del precio de la luz ha sido la principal responsable de este encarecimiento de los costes, ya que es a cierre de octubre un 87,3% más cara que hace un año, lo que supone a su vez el mayor incremento interanual de toda la serie, según se refleja en el Índice de Precios Industriales publicado este jueves por el Instituto.

En concreto, se encarece la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y, en menor medida, el refino de petróleo, la producción de gas y la distribución por tubería de combustibles gaseosos.

De hecho, si se descuenta el impacto de la energía, la tasa de variación anual del índice es del 9,7%, más de 22 puntos por debajo del general, pero aún así la más elevada desde enero de 1985.

Esto es así porque también suben al mayor ritmo desde el 76 los precios de los bienes intermedios -los productos y materiales que necesita el sector industrial para elaborar sus bienes finales- y que en octubre son un 19% más caros que hace un año. Sube sobre todo la fabricación de productos químicos básicos, de compuestos nitrogenados, fertilizantes plásticos y el caucho sintético en formas primarias; así como la producción de metales preciosos y metales no férreos.

Grandes diferencias por comunidades

En términos mensuales, los precios industriales han subido un 6,1% en octubre frente a septiembre, de nuevo el mayor incremento en un mes desde que arranca la serie.

Los precios industriales han subido en todas las comunidades autónomas, aunque Principado de Asturias, Canarias y Baleares lideran los aumentos (89,9%, 81,4% y 77,4%, respectivamente).

Cataluña, La Rioja y la Comunidad Valenciana son, por el contrario, las tres regiones con avances más moderados (del 17,6%, 12,7% y 16,9%).

El diálogo del Gobierno con empresarios y sindicatos para acordar la reforma laboral no avanza. Veinte días después de que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tomara las riendas de las negociaciones forzando a Yolanda Díaz, responsable de Trabajo, a ver tuteladas sus iniciativas, el acuerdo que debe convertirse en ley el próximo 1 de enero se estanca..

La falta de progreso para el acuerdo genera cada vez más tensión entre el Gobierno y los empresarios, una situación que replica la que ya existe en las negociaciones para pactar reformas estructurales sobre el sistema de pensiones, donde el ministro José Luis Escrivá ya ha ha dado carpetazo a la primera parte del proceso con una advertencia: para las reformas de 2022 acotará el proceso de discusión con los agentes sociales, “que tienden a agotar plazos”.

Ayer, el aviso procedió de Calviño, que ayer advirtió de que la aprobación de la propuesta de reforma laboral por parte de los empresarios “no es un condicionante en sí mismo” para la llegada de los fondos europeos. Aunque después matizó que trabaja con “determinación” para lograr que la reforma laboral cuente con el aval de sindicatos y empresarios, Cepyme y ATA, dos de las principales patronales incluidas en CEOE replicaron con ironía la aclaración les permitirá “dormir más tranquilos”.

El cruce de declaraciones se produjo mientras Gobierno, sindicatos y empresas se reunían para negociar un acuerdo sobre las reformas necesarias en el marco laboral, una reunión que terminó “sin avances”, según coincidieron en señalar sindicatos y patronales. La convocatoria del Gobierno centró los temas a tratar en los contratos formativos y recibió como respuesta la petición de que redacte una nueva propuesta a analizar la próxima semana.

El retraso en la agenda inicial para la aprobación de estos cambios fue advertido por UGT y es ya considerable. Del 15 de noviembre como fecha para acordar y tramitar la reforma, se ha pasado a que no hay progresos significativos a las puertas de diciembre. Lo sucedido ayer con los contratos de formación va en paralelo a las fórmulas planteadas para reducir la contratación temporal, objetivo principal de las negociaciones.

La semana pasada el Gobierno retiró la propuesta de limitar al 15% de las plantillas el número de trabajadores con contratos temporales y ofreció, ya con el visto bueno de Calviño, una tabla de limitaciones en función del tamaño de la empresa. Según el documento con la propuesta, las empresas de menos de cinco trabajadores podrían contratar a uno como temporal; a dos si tienen entre 6 y 10 trabajadores… y en el caso de empresas con más de 500 trabajadores, un 4% de la plantilla.

“No, no hemos avanzado en nada”, admiten fuentes empresariales, que consideran que la propuesta resta flexibilidad a la gestión de los negocios. “Si la flexibilidad interna en la empresa es mínima, los ajustes se seguirán produciendo externamente y no por una reorganización del trabajo, que es hacia donde debemos ir; si le damos seguridad en eso a la empresa, no buscará otras vías de flexibilidad como puede ser la temporalidad”.

Aunque Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha repetido en varias ocasiones que son ámbitos distintos, que la primera parte de la reforma de las pensiones haya concluido con un aumento de las cotizaciones sin alternativa tiene bastante que ver con el malestar en la negociación de la reforma laboral. Los empresarios han salido con algo más que un mal sabor de boca de sus conversaciones con Escrivá. El responsable de Seguridad Social planteó el 3 de noviembre una subida de cotizaciones del 0,6% durante una década para financiar el fondo de reserva de las pensiones. Doce días después, las patronales rechazaban firmar un acuerdo que Escrivá no movió, asegurando que no recibió ninguna propuesta por parte de los empresarios.

El Gobierno ha resuelto con las mismas contemplaciones los trámites en el Congreso de cara a cumplir su objetivo, pero las patronales han tomado nota para 2022, cuando toca negociar una segunda tanda de reformas que incluirá el destope de cotizaciones, por ejemplo. Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, reconoció ayer que la relación con Seguridad Social es complicada” porque las negociaciones son “a la trágala”.

Tanto Cuerva como Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), pusieron el acento en que el aumento de las cotizaciones revela que el planteamiento del Gobierno es “esquilmar mucho más” a los que están “dentro del sistema” más que atacar vías alternativas de elevar los ingresos del sistema, como es aflorar la economía sumergida.

Amor aseguró que actualmente hay una situación de “presión fiscal tremenda”, que se está uniendo a una serie de componentes como el incremento de la luz o los carburantes y los componentes, “que hacen que no se pueda apretar más porque no hay más”. En su opinión se está optando por “una patada adelante y mayor presión subiendo las cotizaciones” y hay otro ámbito en la mesa de la reforma laboral que plantea “mayores rigideces al mercado laboral y zancadillas a la contratación”, advirtió al término de un acto de celebración del 40º aniversario de la Confederación Empresarial de Navarra (CEN), en Pamplona.

La logística es uno de los pilares de un mundo globalizado como el nuestro. Se trata de una actividad crítica para el adecuado suministro a nivel mundial, como estamos teniendo la oportunidad de comprobar en los últimos meses, y sin embargo, “seguimo

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha pedido al futbolista Andrés Iniesta que tenga en cuenta las advertencias del supervisor sobre los criptoactivos, un producto no regulado, y se informe a fondo antes de invertir en ellos o de recomendar a otros que lo hagan.

Por primera vez, el supervisor bursátil ha respondido a través de Twitter al futbolista, que la mañana de este miércoles anunció en la red social, en español y en inglés, que estaba aprendiendo “cómo empezar con las criptomonedas” con Binance, un operador que asegura ser el mayor intermediario de bitcóin y criptomonedas del mundo por volumen.

Ante este mensaje de Iniesta, que cuenta con más de 25,2 millones de seguidores en Twitter, la CNMV ha decidido usar el mismo canal de comunicación para recordar que los criptoactivos -con ello las criptomonedas- son productos no regulados y tienen “algunos riesgos relevantes”.

Por eso, antes de invertir en ellos o recomendar a otros que lo hagan, el organismo supervisor propone leer un comunicado emitido desde principios de febrero en el que avisaba de que, desde el punto de vista legal, las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente.

Además, la CNMV ha dejado claro en más de una ocasión que se trata de una inversión de alto riesgo y calcula que hay más de 7.000 criptomonedas en el mercado con características similares a las del bitcóin.

Duró poco la tregua en el seno del Gobierno. El PSOE y Unidas Podemos han vuelto a friccionar en las últimas horas por sus diferencias en torno a la actuación policial en Cádiz, durante la huelga del metal, que cumple este miércoles su noveno día de protestas.

El uso de una tanqueta por las Unidades de Intervención Policial (UIP) despertó el malestar del miembro minoritario de la coalición gubernamental, hasta el punto de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, contactó con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a última hora del lunes para exigir explicaciones sobre la decisión de emplear este vehículo, cedido hace pocos años desde el Ejército a la Policía y que no se había visto hasta la fecha en otras grandes movilizaciones o disturbios.

“Estamos hablando de derechos constitucionales. No son delincuentes, están legítimamente defendiendo sus derechos”, explicó este martes Díaz en los pasillos del Congreso. Por este motivo, dijo, reclamó a Marlaska “retirar” la tanqueta de las calles de Cádiz.

Los vídeos que circulaban por redes sociales y aparecían en televisión sorprendieron a la vicepresidenta segunda, que no fue informada en ningún momento de que se pretendía emplear este vehículo, un blindado BMR sin armamento y únicamente dotado con una pala que, según defendieron desde la Delegación de Gobierno andaluza, se ha utilizado en momentos puntuales, como para acabar con las barricadas improvisadas con contenedores.

Declaración institucional

Pese a que desde Unidas Podemos recalcan que la conversación telefónica con Marlaska fue productiva, por el momento Interior evita pronunciarse sobre la decisión. Este martes, la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, mostró también equidistancia al recalcar la “sensibilidad” del Ejecutivo con los trabajadores del sector del metal y “la confianza siempre del Gobierno” con las fuerzas y cuerpos de seguridad, “encargados de velar por la seguridad de todos”.

Varios manifestantes increpan a la Policía en Cádiz.

Irene Montero, dirigente de Podemos y ministra de Igualdad, que estaba presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, secundó las palabras de Rodríguez y no valoró ni opinó sobre esta cuestión. Minutos antes, no obstante, el presidente del grupo confederal Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, preguntó al Ejecutivo si tiene previsto emplear tanquetas el próximo sábado en Madrid, durante la manifestación que han convocado los sindicatos policiales contra la reforma de la ley Mordaza que está diseñando el Gobierno y sus socios parlamentarios.

El rechazo morado es absoluto y contrasta notablemente con el silencio y la prudencia que muestran en las filas socialistas. La actuación policial en Cádiz ha sido desmedida, denuncian en Unidas Podemos, que, horas antes de que estallara la polémica en torno a la tanqueta, anunció su intención de promover una declaración institucional en la Cámara Baja para que todos los grupos mostraran su apoyo al sector metalúrgico gaditano.

“Basta ya de tanquetas, basta ya de reprimirlos con balas de goma y basta ya de criminalizarlos por parte de los poderes mediáticos. Unidas Podemos, con Cádiz”, expresó este martes el portavoz parlamentario morado, Pablo Echenique, a la vista de que sus demandas de apoyo a la huelga y de reducir el uso de blindados no han surtido efecto.

Antes de la manifestación

La polémica llega en un momento sensible en la relación del Ejecutivo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este domingo, está prevista la presencia de miles de personas en una manifestación en contra de la reforma de la ley Mordaza que está diseñando el Ejecutivo.

De hecho, este miércoles ya se ha convocado una concentración a las puertas de todas las delegaciones de Gobierno para protestar contra una remodelación que, según denuncian los sindicatos policiales, desprotege a la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.

La oposición, que estará presente en las concentraciones contra la reforma de la ley Mordaza, ha asumido de diferentes maneras el último conflicto interno en el seno del Gobierno. El PP acusa a Díaz de haber empleado a los cuerpos policiales para “ocultar” la mala gestión del ministerio de Trabajo con el sector metalúrgico en la Bahía de Cádiz.

Por el contrario, desde Vox se criticó la “represión” que Fernando Grande-Marlaska ha ordenado contra los manifestantes: “La lucha de los obreros del metal es la reivindicación legítima de una provincia condenada a la miseria. En lugar de escuchar sus demandas, Marlaska ofrece abandono y represión. La única solución posible es la reindustrialización de la Bahía y la protección de los trabajadores”, reivindicó el líder de la formación, Santiago Abascal.

Un empresario catalán que defiende la secesión desde la pasada década ha terminado pidiendo y logrando el rescate del Estado. El Consejo de Ministros ha aprobado inyectar 34 millones en el grupo catalán Serhs (Serveis mancomunats hoteleria i similars societat catalana limitada) con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que es el mismo utilizado para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Según un comunicado del Ministerio de Hacienda, el Gobierno ha dado luz verde con “un importe total de la ayuda que asciende a 34 millones de euros”. “El apoyo se canalizará a través de un préstamo participativo por importe de 17,34 millones y de un préstamo ordinario de un total de 16,66 millones de euros”. El Gobierno considera así estratégico para España el grupo Serhs fundado por la familia Bagó, que se ha significado en favor de la secesión.

El actual presidente, Jordi Bagó, es miembro de la fundación soberanista FemCAT y él mismo declaró en 2013 a The New York Timesque una Cataluña independiente “construiría una economía más sólida que la impuesta hasta ahora por Madrid”. Su padre, el fallecido Ramón Bagó, declaró ese mismo año que “los que dicen que la independencia lo arruinará todo a ver si se callan de una puñetera vez”. Años antes encendió una polémica al asegurar que “habría que matar a todos los del PP”, pero posteriormente se disculpó y evitó una querella de la entonces líder del partido en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho.

Bagó ha recurrido ahora precisamente a su denostado “poder de Madrid” para salvar su empresa. Según el Gobierno, además de la familia Bagó, “Serhs cuenta con 1.398 accionistas, de los que el 40% aproximadamente son empleados, familiares y pequeñas empresas”. “Se estructura en cuatro divisiones de negocio: Distribución, Hoteles, Alimentación y Servicios. La división hotelera, entre propiedad y gestión, dispone de ocho hoteles, seis de ellos en Cataluña, y dos en Brasil, con cerca de 1.000 habitaciones”.

También justifica el rescate porque “Serhs facturó más de 268 millones de euros en 2019, dando servicio a unos 40.000 clientes. Debido a la pandemia ese volumen de negocio se ha reducido un 45,3%, hasta llegar a los 147 millones de euros en el año 2020”. “Además, cuenta con 2.500 proveedores. A cierre de 2019, la plantilla en España ascendía a 2.080 empleados, lo que supone un 93% del volumen global, que se situaba en 2.463 empleados”. Su plantilla es algo inferior a la de Plus Ultra.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a tres operaciones de rescate. Además de esta del citado grupo hostelero catalán, ha concedido otras al Grupo Airtificial y a Reinosa Forgings & Castings S.L.U. Las tres suman un importe total de 95 millones de euros. De Airtificial (34 millones inyectados) asegura que es “una compañía especializada en inteligencia artificial aplicada, que posee un relevante carácter estratégico dentro del sector industrial, desarrollando soluciones de robótica e inteligencia artificial para el sector del automóvil, fabricación de componentes y prestación de servicios de ingeniería para el sector aeroespacial y para el sector de las infraestructuras de agua y de energía renovable, principalmente”.

Su actual presidente es Rafael Suñol, el que fuera máximo responsable del Banco de Crédito Industrial nombrado por Carlos Solchaga cuando era ministro de Hacienda. En su consejo de administración figuran el empresario y experiodista Ladislao Azcona que es relevante accionista de esta compañía, cuya antigua denominación es Inypsa.

En cuanto a Reinosa Forgings (27 millones) “es una empresa estratégica en el sector industrial de fabricación de piezas forjadas y fundidas de gran tamaño. Cuenta con la mayor planta de fundición y forja de España, a su vez una de las más grandes de Europa”. Tiene el apoyo del presidente del gobierno cántabro, Miguel Ángel Revilla, y es propiedad actualmente del grupo germano estadounidense NFL. El presidente de esta compañía, la antigua La Naval, es Bruce Liimatainen.

Por otra parte, el Gobierno ha desbloqueado otros 80 millones para Duro Felguera al aceptar la modificación de su plan de viabilidad con el renovado compromiso de incorporar “un socio industrial”.

Los autónomos son uno de los colectivos empresariales que más han sufrido la crisis derivada de la covid, lo que ha provocado que 1.446 hayan tenido que entrar en concurso de acreedores en lo que va de año, un 263% más de los que recurrieron a este instrumento en 2020.

La cifra es muy superior al total de autónomos que se declararon insolventes en 2020 (398) y también cuadruplica el número de autónomos que entraron en concurso en el año anterior a la pandemia, 326, según los datos recabados por el Registro de Economistas Forenses (REFOR, adscrito al Consejo General de Economista) en su ‘Atlas concursal’ publicado este martes.

Esto supone un incremento interanual del 263% en los concursos de autónomos, muy superior al aumento del 8% que se ha producido en los concursos de personas físicas o consumidores (2.775 en lo que va de año, frente a 2.555 en 2020) o al aumento del 1,2% en los concursos de empresas (3.169 en los primeros diez meses del año).

Para 2022, el Registro prevé que haya “un mayor incremento de concursos de personas físicas y autónomos, muchos de ellos o la gran mayoría por segunda oportunidad”.

El número de concursos que se han presentado e nuestro país sigue siendo bajo en comparación con el resto de países europeos. En 2020 -último año del que hay datos completos-, se presentaron en España 4.097 concursos, frente a los 32.000 de Francia, los 17.000 de Alemania, los 12.000 del Reino Unido, los 7.000 de Italia o los casi 7.000 de Portugal.

El país con más aumento de insolvencias del mundo

Sin embargo, pese a que España sigue rezagada en el uso de este recurso por parte de empresas, en 2021 es el país en el que se ha producido el mayor incremento del número de insolvencias, al crecer un 24%.

Le siguen República Checa (+14%), Rumania (+11%), Sudáfrica (+10%), Hong Kong (+7%) o Turquía (+6%). En el resto de países analizados, el número de insolvencias ha disminuido en 2021 frente a 2020.

Para 2022, el Registro espera que España se sitúe entre los diez países a nivel mundial con mayor incremento de insolvencias, con un 26%.

Sin embargo, el próximo año habrá seis países con un incremento superior que España en insolvencias: Italia (+34%), Reino Unido (+33%), Australia (+33%), Finlandia (+29%), Singapur (+28%) y Países Bajos (26%).