No es nada habitual que un investigado pida al juez motu proprio que acuerde su ingreso en prisión. Sin embargo, la desesperación ha llevado a Jenaro García, el fundador y ex presidente de Gowex, la compañía que suministraba WiFi gratis a grandes ciudades y medios de transporte, a solicitar de forma voluntaria a la Audiencia Nacional que lo encarcele para tratar de recuperar parte de la fianza que depositó en el juzgado hace seis años con el objetivo de poder hacer frente así a la manutención de

Canarias reformará por la vía de urgencia su legislación para garantizar a través del derecho de admisión que los turistas que recibe están libres de covid-19: En cuestión de días, sin test negativo, ningún viajero será admitido en un hotel, apartamento o vivienda vacacional.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), y su consejera de Turismo, Yaiza Castillo (Agrupación Socialista Gomera), han dado a conocer esta noche los principales detalles del decreto ley que su Gobierno quiere aprobar esta misma semana tras haber visto, una y otra vez, cómo diferentes instancias nacionales y europeas rechazaban su propuesta de implantar los test en origen.

Castilla ha subrayado que, dentro de un ámbito de su exclusiva competencia, el turismo, el Gobierno canario cree haber encontrado la “ingeniería jurídica” precisa para convertirse en la primera comunidad que establece este tipo de control: Reconoce que no puede imponer directamente un test al viajero procedente del resto de España o de otro país, pero ejerce su derecho de admisión en los alojamientos reglados, que ahora pedirán a sus clientes una PCR o una prueba de antígenos negativa hecha un máximo de 72 horas antes.

Canarias impulsa para ello la reforma de dos leyes autonómicas, la de Ordenación del Turismo y la de Actividades Clasificadas, cuando apenas han trascurrido 48 horas desde que los dos países que representan más del 50% de sus turistas, el Reino Unido y Alemania, le han retirado la etiqueta de destino con riesgo de contagio.

En vista de la buena evolución de la pandemia en las últimas semanas en las islas, que ha llevado a Canarias a tener la tasa de incidencia más baja de España (77,41 casos por 100.000 habitantes en 14 días), ni las autoridades británicas ni las alemanas exigen ya a sus nacionales una cuarentena cuando regresan de las islas.

Torres y Castilla han subrayado que Canarias no quiere ni arriesgar todo lo que ha conseguido para intentar que su industria turística salga del “cero” en el que está sumida desde mediados de marzo, ni mucho menos exponer a la salud de su población por brotes que hipotéticamente entren en las islas a través de los turistas procedentes de otros lugares con mayor incidencia (el resto de España tiene una tasa de 410 por 100.000; Alemania, 130; y el Reino Unido, 384; Francia, 589; y los Países Bajos, 615).

La consejera ha explicado que el decreto ley hace referencia los “turistas”, ya sean españoles o de otros países, porque ese es el ámbito en el que puede legislar de forma ordinaria y dentro de sus competencias autonómicas, pero el presidente Torres ha precisado que el Gobierno de Canarias no descarta buscar una fórmula para el resto de viajeros que lleguen a las islas sin tener como destino un hotel o un apartamento, aprovechando el paraguas del estado de alarma.

El texto del decreto ley ha sido presentado este lunes al Consejo Asesor del Presidente, conformado de forma estable por las dos grandes patronales, CEOE, Confederación Canaria de Empresarios, UGT y CCOO y ampliado para esta ocasión con representantes de las cuatro patronales turísticas y de los siete cabildos del archipiélago.

Con el apoyo unánime de este órgano asesor, el Gobierno inicia la tramitación del decreto ley con el propósito de aprobarlo esta misma semana. La normativa entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, aunque luego tenga que recibir obligatoriamente el refrendo del Parlamento autonómico.

Sin embargo, el Gobierno canario también quiere preservar el “derecho a la información” de sus turistas de cualquier país y dará un plazo de unos días, aún por definir, pero nunca más de 15, para que esta normativa llegue a toda Europa a través de los turoperadores, las cadenas hoteleras, las agencias de viaje o las embajadas, de forma que todo el mundo conozca que necesita un test.

Castilla ha precisado que el decreto va a ser lo suficientemente abierto para que se acepten los certificados expedidos por organismos sanitarios o clínicas de todos los países de procedencia de los turistas y para que, si el avance tecnológico aporta nuevas vías diagnósticas rápidas, no sea necesario reformar su articulado.

En este momento, ha dicho la consejera, Canarias apuesta claramente por los test de antígenos, capaces detectar la infección de Covid con muy alta fiabilidad, en minutos y a un coste muy bajo (20-30 euros, frente a los más de 100 que cuesta una PCR).

La consejera también ha precisado que los test los pagará el viajero, tanto si se somete a la prueba su país, como si llega a la recepción de su hotel sin ella y desde allí le derivan a un centro sanitario, clínica o laboratorio de Canarias para que se la haga.

Torres ha explicado que su Gobierno hubiera deseado que este tipo de test se hicieran en los aeropuertos, pero ha recordado que sus propuestas al respecto han sido reiteradamente rechazadas. Así que, sin competencias sobre esas instalaciones, Canarias opta por otra vía, porque cree que “no se puede perder más tiempo”.

El decreto ley también sugerirá a los turistas que se descarguen la aplicación móvil Radar Covid, para facilitar el rastreo (completamente anónimo) de sus contactos si se produce un positivo, y dejará abierta la regulación de los test de retorno, si algún país vuelve a exigir cuarentenas a quien vuelva desde Canarias.

La pretensión del Gobierno de prolongar el estado de alarma durante seis meses, a causa de la propagación del coronavirus, eludiendo un control periódico del Congreso de los Diputados suscita amplias dudas entre los expertos constitucionalistas consultados por EL MUNDO. Los juristas consultados resaltan “la excepcionalidad” del actual estado de emergencia en el que se encuentra España.
En opinión del magistrado emérito del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Constitucional Manuel A

El Gobierno ha rebajado la exigencia académica con la excusa del Covid. Se suponía que era una medida extraordinaria debido a las especiales condiciones de aprendizaje que impone la pandemia. Pero esa manga ancha al final va a generalizarse durante más tiempo, porque se incorporará también en la ley Celaá. Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos han pactado con ERC una enmienda transaccional a la Lomloe que abre la puerta a que los estudiantes puedan pasar de curso en la ESO sin lími

El juez de la Audiencia Nacional e instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha decretado libertad para Gemma Alcalá, esposa del comisario José Manuel Villarejo, tras ser detenida el pasado 23 de octubre en el marco del citado caso. No obstante, el juez le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto comparecencias quincenales. Por su parte, ha enviado a prisión al abogado que supuestamente le ayudó a traficar con información privilegiada.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el ingreso en prisión incondicional de Alcalá tras acusarla de intentar vender información clasificada durante los últimos meses a cambio de cantidades millonarias.

El Ministerio Público justificó su decisión aludiendo al riesgo de que Alcalá, imputada en varias piezas del caso Tándem, se dé a la fuga y esquive la acción de la justicia. Gemma Alcalá, periodista de profesión, fue detenida tras ser acusada de participar en una trama para poner en el mercado información policial relacionada con causas judiciales en curso.

En esta operativa, sostienen los investigadores, participó activamente un preso que ha coincidido con Villarejo en la prisión de Estremera (Madrid), Alfonso Pazos, que ha sido recientemente trasladado a la prisión de Logroño y que también ha sido puesto a disposición judicial.

Los delitos denunciados

Según las pesquisas, los implicados se pusieron en contacto con el entorno de imputados en algunas causas judiciales impulsadas por la Policía, como la de la familia Pujol, para ofrecer información con la que supuestamente podían pedir la nulidad de las actuaciones. A cambio, exigían importantes cantidades de dinero en efectivo.

El pasado 23 de octubre, Anticorrupción procedió además al registro de la celda de Villarejo en el centro penitenciario en el que se encuentra, así como el de su domicilio particular, que ya fue examinado hace tres años cuando la Policía arrestó por primera vez al comisario ya jubilado.

La Fiscalía atribuye a la mujer de Villarejo los delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos, además del de pertenencia a organización criminal. No en vano, considera que ha manejado información de la que su marido disponía por haber sido un alto mando policial y que está afectada, en algunos casos, por la Ley de Secretos oficiales al haber mediado en diferentes operaciones el pago de fondos reservados.

En el registro de su domicilio, según aseguran a este periódico fuentes próximas a la operación, fueron incautadas varias libretas, y en la celda de Estremera se hallaron notas relacionadas con operativos policiales en los que participó el comisario.

La Policía Nacional ha detenido a diez personas, pertenecientes a un clan de mendigos de diferentes nacionalidades por secuestrar, agredir y obligar a prostituirse a una mujer nicaragüense de 31 años durante dos semanas en la calle Ballesta de Madrid, ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

A principios del mes de octubre esta joven deambulaba por la calle Bailén con una maleta, pero sin techo ni dinero. Entonces, se le acercó un hombre mayor de nacionalidad búlgara que le ofreció un cobijo y algo de comer. La mujer accedió y se fue a una chabola situada cerca de la Plaza de España, lugar en el que fue robada, atada y violada por este hombre, según adelantó el diario ‘ABC’.

Además, este hombre la trasladaba a diario, bajo amenazas de muerte, a un piso de la calle de la Ballesta, donde era obligada a prostituirse por compañeros indigentes del violador, quedándose el dinero recaudado. Todas las noches volvía a la infravivienda, donde dormía maniatada de pies y manos. Asimismo, la amenazaban con cuchillos, martillos y destornilladores y le pegaban incluso con guantes de boxeo para no dejarla marcas, y para luego maquillarla antes de acostarse con clientes.

Pero el pasado viernes, alrededor de las 17.30 horas, la víctima pudo escaparse del piso y acabó en la plaza Tirso de Molina, donde paró a una patrulla de la Policía Nacional, contó a los agentes todo lo sucedido y les llevó, todavía en estado de sock, al piso de la calle Ballesta. Luego fueron a la chabola, donde encontraron las bridas y los guantes.

Tras una rápida investigación, los funcionarios detuvieron a diez personas, con edades comprendidas entre 21 y 69 años y de diferentes nacionalidades: rumana, búlgara, marroquí, ucraniana y española. Todos son hombres salvo una mujer, que era la encargada de vigilar que la víctima no escapara. Tienen antecedentes policiales y están acusados de delitos agresión sexual, amenazas graves, detención ilegal, pertenencia a organización criminal e inducción a la prostitución.

Rosalía Iglesias, esposa del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, solicita a la Audiencia Nacional su ingreso en prisión de manera inmediata de forma voluntaria. La mujer del ex alto cargo popular, condenada a casi 12 años de prisión en sentencia firme por el caso Gürtel, acaba de presentar un escrito en el que pide ingresar ya en la cárcel, previsiblemente en la madrileña Alcalá Meco.

Iglesias destaca que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de que la Fiscalía exige el ingreso en la cárcel de todos los condenados en Gürtel con penas graves. A pesar de que dicha petición, asegura, no le ha sido notificada oficialmente, comunica su “plena disposición a cumplir con su obligación de su ingreso en prisión de forma voluntaria”, tal y como refleja el escrito que firma su letrada Marta Giménez-Cassina.

Así, añade que en el caso de que el tribunal no le conceda un plazo mínimo para entrar en la cárcel de 10 días, requiere que “se le facilite el oportuno mandamiento” para ingresar en el centro penitenciario.

De manera paralela, Iglesias plantea a la Sección Segunda de la Audiencia que se encuentra en proceso de rehabilitación por un accidente que sufrió el pasado verano y que le restan entre cinco y siete semanas de tratamiento, que desearía culminar y que no puede hacerse en prisión. No obstante, reitera que se encuentra a disposición del tribunal para entrar en prisión en cualquier momento si considera que no debe seguir en libertad hasta que termine su rehabilitación.

Su marido ya ha solicitado formalmente el traslado de Soto Del Real a Alcalá Meco para coincidir con su esposa durante los próximos meses mientras cumple, por su parte, una condena firme de 29 años de cárcel por su participación en el caso Gürtel.

«Hemos tragado mucho, dos años de insultos diarios. Derechita cobarde, maricomplejines. Esto te acaba minando la moral. Nos teníamos que haber separado hace tiempo de esta gente. El ‘hasta aquí hemos llegado’ de Pablo fue como un alivio. Creo que tenía la obligación de hacerlo, por todo el partido, por los que estamos aquí y por las personas que han trabajado para poner en pie y mantener el partido, a pesar de las dificultades de los últimos años. Aquí estamos, a pesar de todo y de Vox. Pablo es

Agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional han detenido a Gemma Alcalá, la mujer del ex comisario del cuerpo José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 a raíz de la investigación de los espionajes que supuestamente llevaba a cabo a políticos, empresarios y personalidades de otros ámbitos.

Según ha podido saber EL MUNDO, ha sido detenida por revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. Su detención se ha producido el mismo día en el que la Policía ha registrado de nuevo el domicilio de Villarejo en Boadilla del Monte y su celda en la prisión de Estremera.

Fuentes de la investigación han indicado este viernes que, además, han sido arrestadas otras personas del entorno del ex comisario, en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción. Entre los investigados se encuentra el abogado Alfonso Pazos.

Alcalá, periodista de profesión, ha sido detenida en Madrid, en tanto que el resto de los arrestos se han producido fuera de la capital, han precisado las mismas fuentes.

En la investigación sobre las escuchas y actividades ilegales de Villarejo que lleva a cabo el juez de la Audiencia NacionalManuel García Castellón dentro del denominado caso Tándem, aparece en repetidas ocasiones el nombre de la mujer del ex comisario, que en las próximas horas pasará a disposición judicial.

Las actuaciones se enmarcan en una pieza que se mantiene bajo secreto del sumario.

La ausencia de un plan nacional para combatir la pandemia y la famosa «cogobernanza» de la que presumía Pedro Sánchez han llevado a que cada comunidad tome sus propias decisiones para frenar la expansión del Covid-19, muchas con poco éxito. Abandonadas a la intemperie jurídica, los ejecutivos regionales están tomando distintas vías para afrontar esta segunda ola. Diecisiete modelos distintos para luchar contra el mismo enemigo: el virus. El PP y Ciudadanos reclaman que el Ministerio de Sanidad t