Con la segunda ola más que instalada en todas, aunque no de manera igual, las comunidades han emprendido su propia batalla al coronavirus con una batería de restricciones que, aunque no siempre son directamente proporcionales a sus cifras, buscan doblegar la curva que deja atrás casi un millón de contagios.

Todo ello bajo la sombra de la aplicación de un toque de queda, que el Gobierno analizará con Madrid y otras comunidades que lo planteen aunque, como ya ha avisado el Ejecutivo, ello requeriría decretar el estado de alarma en toda España o en una parte de territorio.

Mientras, las autonomías llevan semanas aplicando sus propias restricciones ante el avance imparable del virus.

ANDALUCÍA

Con 23.973 positivos diagnosticados en las últimas dos semanas, la tasa de incidencia se sitúa en 284,91 por cada 100.000 habitantes y la positividad en el 15,2 %. Actualmente tiene un 10 % de camas Covid y las UCI están ocupadas al 14%.

Todo ello ha llevado al confinamiento de Écija (Sevilla), con 39.873 vecinos; Almodóvar Del Río (Córdoba) -7.937- y Linares (Jaén) -57.414-, pues ya salió del confinamiento la localidad sevillana de Casariche; además, en Granada y los 32 municipios de su área metropolitana los bares y locales comerciales cierran a las 22.00 horas con reducción de aforo al 50 % y un máximo de 6 personas por mesa y se han clausurado mercadillos y parques públicos.

ARAGÓN

Tras ser una de las más azotadas por los primeros brotes del verano, Aragón, con una positividad del 19 %, tiene hoy una de las tasas más altas, de casi 543, lo cual le supone una de las cifras de carga hospitalaria por Covid más elevadas (9 %) y las UCI ocupadas al 37 %.

El Ejecutivo aragonés ha decretado el nivel de alerta 2, ha reducido los aforos generales al 50 %, ha limitado las reuniones sociales a seis personas y la apertura de la hostelería hasta las 23.00 horas. Y hoy mismo ha declarado el confinamiento perimetral de Zaragoza, Huesca y Teruel a partir de esta medianoche por el elevado nivel de contagios.

ASTURIAS

Su tasa, de 259, no llega a la de la media nacional, que es de 322: el porcentaje de camas destinadas a los enfermos de Covid es de 9,81 %, mientras que el de las UCI se eleva a 15, aunque su positividad se reduce al 5,7 %.

Se encuentra en una “fase 2 modificada”, en la que está prohibido consumir en barras de establecimientos hosteleros, el aforo no puede superar el 25% el aforo en las zonas comunes de centros comerciales, la actividad social ha quedado limitada y se han aplazado las actividades no fundamentales. Recomienda además el autoconfinamiento.

BALEARES

Es una con los indicadores más bajos: la incidencias a 14 días es la segunda más baja (132,15), la positividad del 5,9 %, la tasa de ocupación hospitalaria del 5,6 % y de UCI del 14,1 %.

Paralelamente al levantamiento de algunas restricciones como la del cierre de negocios en calles destino del turismo de excesos que estaban vigentes desde julio, ha mantenido el del ocio nocturno, locales de ocio infantil y los parques y ha prorrogado una semana las establecidas en el municipio de Ibiza. También reducirá de 10 a 6 el número máximo de personas en reuniones sociales y familiares en Mallorca e Ibiza.

CANARIAS

El archipiélago es el que presenta la situación más favorable, con una incidencia que se queda en 79 casos por cada 100.000 habitantes, la positividad en el 3,2 %, el 5,27 % de presión hospitalaria y las UCI ocupadas en un 13,19 %.

Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera abandonaron la situación de semáforo rojo en la que sí se mantendrá hasta el día 23 Tenerife, donde no se permiten eventos ni actos de más de 10 personas, mientras que los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como los bares y restaurantes de playa, deben cerrar antes de las 00.00 horas.

CANTABRIA

Sus cifras son de las más benévolas; su positividad del 8,2 %, su incidencia no llega a 161, tan solo tiene un 4,1 % de camas ocupadas con pacientes Covid y sus UCI están al 10,4 %.

No obstante, el Ejecutivo regional, que recomienda el autoconfinamiento, publicará esta semana un paquete de medidas para limitar las relaciones sociales, que incluirá la reducción del número de personas que pueden reunirse -actualmente son 10- y también de los aforos.

CASTILLA LA-MANCHA

La incidencia acumulada de esta comunidad, donde la positividad es del 16,2 %, ha bajado a 344; la tasa de ocupación hospitalaria es del 14,4 %, la de UCI del 26 %.

Algunas localidades mantienen medidas especiales de nivel 3 -como cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales o reducción del aforo de las terrazas al 50 %-, como las ciudadrealeñas de Almadén y Chillón; Manzanares ha prorrogado las restricciones del nivel 2 -que pasan por limitar los encuentros sociales a 10 personas- y Talavera (Toledo) ha establecido el cierre de bares a las 23.00 horas.

CASTILLA Y LEÓN

Por el contrario, Castilla y León eleva su incidencia 503 casos por cada 100.000 habitantes y su positividad al 17,6 %; la ocupación Covid alcanza en sus hospitales el 18,7 % y la de las unidades de cuidados intensivos el 35,6 %.

Aranda de Duero y Burgos se han unido a otras poblaciones ya confinadas: Salamanca, León y Palencia, al igual que la burgalesa Miranda de Ebro, el municipio leonés de San Andrés del Rabanedo, y San Pedro Latarce, un pequeño pueblo de Valladolid de menos de quinientos vecinos. Pedrajas de San Esteban afronta su quinta semana confinada.

CATALUÑA

Con una incidencia que supera los 374 casos por 100.000 habitantes, una positividad que roza el 12 % y con una ocupación de camas Covid del 9,8 % y de UCI alrededor del 26,1%, sus medidas son de las más drásticas para frenar la segunda ola.

No se han adoptado restricciones a la movilidad, pero ya están cerrados durante 15 días sus bares y restaurantes, una medida a la que se sumará el cierre durante la noche -de 22 a 7 horas- de los comercios que abren las 24 horas del día y las tiendas anexas a gasolineras.

COMUNIDAD VALENCIANA

Tras Canarias y Baleares, es la autonomía con la incidencia más baja (132,68); la positividad es del 12 %, el porcentaje de camas Covid es del 6,8 % y el de las UCI del 12,1 %.

El pasado viernes se adoptaron restricciones adicionales contra el Covid en Guadassuar (Valencia), Elche y Orihuela (Alicante) y Onda (Castellón), que van desde limitar a 6 el número máximo de personas para reuniones sociales o familiares, y a 25 el máximo de personas en velatorios al aire libre, o 15 en espacios cerrados al cierre de parques infantiles, entre otras.

EXTREMADURA

La comunidad extremeña presenta una incidencia a 14 días de 301, una tasa de positividad que se acerca al 12 % y de ocupación hospitalaria por coronavirus del 6,7 %, mientras que la de las UCI se sitúa en 15,2 %.

De ahí que el Ejecutivo haya decretado el cierre perimetral y la vuelta a la fase 1 de Almendralejo, y aislamiento perimetral y control de aforo de Jarandilla de la Vera, La Roca de la Sierra, Usagre, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas. Además, ha adoptado medidas de control de aforo en otras 11 localidades.

GALICIA

En su caso, la incidencia se reduce a 174, la positividad al 6,4 %, la tasa de camas ocupadas por pacientes Covid al 4,2 % y la de unidades de cuidados intensivos al 6,7 %.

La Xunta ha anunciado que toda la comunidad retrocede a nivel 2 de restricciones desde la medianoche del jueves lo que implica una reducción de los aforos en bares y restaurantes y la limitación de las reuniones sociales a cinco personas, en algunas zonas solo permitidas a los convivientes. El confinamiento perimetral que afecta hasta ahora a 134.048 vecinos, la mayoría en Orense capital y en Barbadás, y también de O Carballiño, O Irixo y Boborás, se extenderá a los habitantes de Verín, Oimbra y Vilardevós, en la misma provincia.

MADRID

Con una positividad del 14,4 %, casi el 20 % de carga hospitalaria -un 39,2 % en las UCI-, la región madrileña ha bajado su incidencia a 431 por cada 100.000 habitantes.

A la espera de lo que se decida a partir de este fin de semana, están confinadas en esa región unos 4,7 millones de personas, de ellas 4,5 bajo el decreto del estado de alarma, que afecta a la capital, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.

Al margen de las medidas impuestas por el Gobierno central, la Comunidad mantiene restricciones en áreas sanitarias de otros siete municipios de menor tamaño, donde hay casi 157.500 personas que tampoco pueden salir de su zona.

MURCIA

La región acumula una incidencia de 358 en 14 días y una positividad del 15,5 %; las camas ocupadas por enfermos Covid suponen el 11 % del total y la ocupación de las UCI llega al 18 %.

Han salido de las restricciones de movilidad Jumilla y Lorca, con lo que ya solo quedan confinadas 47.000 personas total repartidas en Totana, Fortuna y Abanilla.

NAVARRA

La comunidad foral triplica la tasa nacional y su incidencia rebasa el millar, en concreto 1002. La positividad alcanza el 15,3 %, y los hospitales navarros tienen el 13,5 % de sus plazas dedicadas al coronavirus, un 29,2 % en el caso de las UCI.

Hasta ahora solo había restricciones en Carcastillo y Cadreita, pero esta semana se ha convertido en la primera comunidad autónoma en decretar el cierre perimetral de su territorio, del que no se permitirá la entrada o salida salvo en casos excepcionales. Hasta ahora los confinamientos eran por municipios o por áreas de salud.

PAÍS VASCO

En la vecina Euskadi la incidencia acumulada es de 365 por cada 100.000 habitantes, la positividad del 7,2 %, la tasa de ocupación hospitalaria por Covid del 11,2 % y de las UCI del 19,5%.

Con estas cifras, los aforos en ámbitos como la hostelería y en eventos culturales y religiosos se reducirán al 50% y el cierre en restaurantes y bares se adelantará una hora, hasta a las 00.00, mientras que las agrupaciones no podrán superar las 6 personas, entre otras restricciones que deben ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

LA RIOJA

Su incidencia es de 549, la positividad, la positividad del 15,2%, y la ocupación de las ucis llega al 33,3%, aunque la presión hospitalaria es casi el 14%.

Desde el viernes y hasta el 7 de noviembre, toda la comunidad quedará confinada perimetralmente, salvo para desplazamientos para acudir al centro laboral, por cuestiones académicas, sanitarias o atender a personas dependientes.

CEUTA

Tiene la positividad más alta de España (27,7 %), su incidencia supera los 388, la ocupación de las UCI rebasa el 41 % y la tasa de presión hospitalaria es del 12,7 %.

La ciudad autónoma restringirá las reuniones a un máximo de seis personas no convivientes, entre otras medidas.

MELILLA

La otra ciudad autónoma sufre una incidencia de 822, una positividad del 27,6, los pacientes Covid ocupan un 23,7 % de las plazas hospitalarias y el grado de saturación de las unidades de cuidados intensivos ronda el 42%.

Melilla continúa cumpliendo dos de los tres criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad para establecer restricciones en la movilidad de la población, situación que sigue esquivando al no llegar al 35% de ocupación de camas Covid.

Persona de confianza de Inés Arrimadas y presente en Cs desde sus inicios en 2006, Carlos Carrizosa ha asumido el liderazgo del partido en Cataluña, donde será el candidato a la dirección, en el momento más delicado para el partido. Con todo, confía en la victoria constitucionalista el próximo 14 de febrero si se fragua finalmente una lista conjunta Cs-PSC-PP.

Pablo Iglesias ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la petición del juez Manuel García Castellón al Tribunal Supremo para que investigue al líder de Unidas Podemos por varios delitos en el marco del caso Dina.

En el recurso, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Iglesias solicita la “nulidad radical” del auto de García Castellón del pasado día 7, en el que pide al Supremo que le investigue, al entender que esta exposición razonada al Alto Tribunal “carece de fundamentación” al no haber “pruebas que sustenten” sus acusaciones.

A su juicio, esas pruebas “no pueden soslayarse por las meras declaraciones de un testigo con enemistad manifiesta” hacia Iglesias -en alusión al ex abogado del partido José Manuel Calvente.

Iglesias esgrime además que carece de fundamento que el juez haya finalizado la fase instructora de la causa sobre el presunto robo del móvil a la ex asesora de Podemos Dina Bouselham al mismo tiempo que pide al Supremo que le investigue sin aportar nuevos elementos.

Y recuerda que en su exposición razonada al Tribunal Supremo, el juez García Castellón no tiene en cuenta el auto de la propia sala de lo Penal que le devolvió el pasado 16 de septiembre la condición de perjudicado en la causa.

Precisamente, el recurso de Iglesias insiste en muchos de los argumentos de la resolución de la Sala de lo Penal que consideró, en contra del criterio de García Castellón, que no había pruebas que sustentaran la retirada de la condición de perjudicado en el caso.

La sala también advirtió y ahora la defensa de Iglesias destaca en su recurso, que no había más indicios que los que apuntaban al ex comisario José Villarejo como el autor de la difusión de la información robada.

Ahora bien, Iglesias pide a la Audiencia Nacional que no se de por cerrada la investigación y se indague, tal y como declaró Villajero, si el material de la tarjeta del móvil fue entregado a la Dirección Adjunta Operativa.

Las piezas se mueven y las estrategias se antojan más nítidas, al menos sobre el tablero. ¿Se ha abierto de nuevo un horizonte de pacto entre el Gobierno y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Es pronto para colegirlo -más aún en base a la experiencia reciente-, pero hay una vía encima de la mesa. Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso ayer sentarse ya a negociar, el líder del PP, Pablo Casado, contraofertó con una reforma legal para «despolitizar» en el futuro la elección de los vocales. Al menos, se deshace el enroque.

El PP registrará el lunes en el Congreso una proposición de ley para «despolitizar» el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una suerte de «contrarreforma» que busca confrontar con los cambios legales que ha propuesto el Gobierno para que la cúpula del Poder Judicial la elija la mayoría del Congreso, y que ha acarreado críticas desde Bruselas.

Los populares basarán su iniciativa en la enmienda que introdujeron en el Senado en noviembre de 2018, y que fue aprobada por mayoría absoluta (el PP era la fuerza mayoritaria por entonces), pero se tumbó en el Congreso. Esa enmienda aseguraba que «los vocales del CGPJ de procedencia judicial serán elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo». Dicha elección se llevaría a cabo «mediante voto personal, igual, directo y secreto».

Pero, además, la «idea» del Partido Popular es, según revelan fuentes del PP a EL MUNDO, intentar consensuar con el PSOE una reforma como la que se planteó en el Pacto por la Justicia de 2001. «Que los jueces elijan a un número de candidatos a ser vocal (entre 30 o 40, por ejemplo) y luego el Congreso y el Senado eligieran entre ésos» a los 12 del turno de jueces, aseguran las fuentes.

Esto es algo que ya se abordó en privado entre PSOE y PP en julio. E incluso se proyectó que esos jueces -los que más avales consiguieran en el proceso previo- pasasen un examen público en la Cámara Baja.

«Sánchez no puede lanzar una cortina de humo por la conmoción que ha surgido en Bruselas sobre este tema después de la acción desplegada por el PP tras la visita de Pablo Casado» a la capital comunitaria, aseguraron fuentes del PP.

El equipo de Pablo Casado pone tres condiciones al Gobierno para negociar la renovación del CGPJ. La primera, «que retire una propuesta de reforma de elección del Consejo que es contraria a la Constitución y a los tratados europeos y que va contra la independencia judicial y la separación de poderes». La segunda, «que Podemos no tenga nada que ver con este proceso como partido imputado que arremete contra el Rey y contra el Poder Judicial».

Y la tercera, «que acepte nuestra reclamación de despolitización del proceso que llevamos planteando durante meses y que registraremos en el Congreso el próximo lunes, ya que la rechazaron hace dos años», apuntan las mismas fuentes.

Si el PP lograse el compromiso de que el CGPJ se despolitizara -a futuro, no ahora-, el camino del pacto se despejaría, con el único obstáculo del papel de Podemos. Génova quiere que tenga el mismo rol que en las negociaciones de la fusión de CaixaBank y Bankia: ninguno.

Turno de jueces

La nueva proposición de ley de los populares planteará que los 12 vocales del CGPJ que provengan del turno de jueces sean elegidos por y entre los propios profesionales, como consagraba la ley hasta 1985, año en el que Alfonso Guerra dijo «Montesquieu ha muerto». Por eso, los dirigentes del PP ironizan que quieren «resucitar a Montesquieu».

El secretario de Justicia del PP, Enrique López, dijo ayer que el PP quiere «trabajar por la despolitización de la imagen del CGPJ y que no sea un reparto de cromos». El objetivo es, según López, «avanzar en esa despolitización y en que la institución sea cada vez más fuerte y cumpla mejor su objetivo, que es defender la independencia de los jueces».

Para el PP, «entre el sistema ideal propuesto por los padres de la Constitución -que los vocales sean elegidos por los jueces- y que Pablo Iglesias elija a los jueces hay un término medio», dijo López, en una manera de tender la mano al PSOE. «Hay que buscar ese equilibrio que proteja la Constitución y fortalezca la institución», apostilló.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), primera y segunda en número de asociados en la Carrera Judicial, han decidido plantar al Ministerio de Justicia en señal de protesta por la reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial.

A través de un comunicado, los colectivos han informado de que fueron convocados por el Ministerio de Justicia para sendas reuniones con el secretario de Estado, Pablo Zapatero, los próximos 19, 20 y 27 de octubre declinando la asistencia.

“En cumplimiento de uno de nuestros principales fines que es defender la independencia judicial, hemos decido no acudir a las reuniones convocadas ni a las reuniones que ulteriormente se organicen por el Ministerio de Justicia para los próximos días en la medida en la que se mantenga el proyecto de ley presentado en las Cortes Generales sobre reforma del sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ”, sostienen ambas asociaciones judiciales.

Desde la APM y la AJFV recalcan que “no podemos hablar de planes de choque o proyectos de reforma con quien justifica, promueve y apoya un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ataca de plano a la independencia judicial y nos sitúa fuera de los valores y estándares europeos de separación de poderes”.

Por su parte, desde Foro Judicial Independiente han emitido un comunicado donde sostienen que “la propuesta de no participar en las reuniones con el Ministerio de Justicia, en estas circunstancias, es un gesto vacío de contenido que únicamente afectaría a los ciudadanos destinatarios de los proyectos ministeriales”. En opinión de esta asociación, es más correcto proponer la retirada de los candidatos a vocales de Consejo. “Creemos firmemente que los jueces deben renunciar a participar en el reparto político del poder judicial”, aseguran desde este colectivo.

Agentes de policía local han detenido esta madrugada a un joven de 23 años como presunto responsable de la agresión sexual sufrida por una amiga de 22 con la que había cenado en su domicilio en Zaragoza.

Según informa el cuerpo policial, la voz de alerta fue dada sobre la 01:35 horas de la madrugada a través de una llamada hecha para informar de la presunta agresión, ocurrida en la vivienda del sospechoso en la calle Compromiso de Caspe, en el barrio de las Fuentes de la capital aragonesa.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial por un presunto delito de agresión sexual.

La reforma del Poder Judicial propuesta por el PSOE y Podemos, así como la precipitación con la que se ha presentado resultan tan inaceptables, desde cualquier parámetro exigible a una democracia occidental, que no parece un proyecto viable para un país como España, cuya tranquilidad depende tanto de la Unión Europea. Pero que no sea probable, no significa que no sea posible. Y aquí es donde reside toda la fuerza del arte de la amenaza que practica Sánchez.
Nuestro sistema político, condenado p

El magistrado del Tribunal SupremoAntonio del Moral ha citado el próximo 20 de octubre a las 11 de la mañana al diputado y secretario de Organización de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, en calidad de investigado para que preste declaración voluntaria en relación con la causa en la que investiga un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad, según informan fuentes jurídicas.

La Sala de lo Penal acordó abrir causa al diputado de la formación morada después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) enviase testimonio de un procedimiento abreviado seguido contra él en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.

Sobre estos hechos, según se recordaba en el auto, el Ministerio Fiscal había presentado escrito de acusación contra Rodríguez al considerarlo autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y había solicitado la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra el miembro de Podemos por hechos presuntamente constitutivos de un delito de atentados y lesiones, pero al acreditar su condición de diputado al Congreso acordó la nulidad parcial de dicho auto en lo que se refería al aforado. Por esta razón, el Supremo asumió la investigación penal.

Respecto a este mismo diputado, el Alto Tribunal ya abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en La Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

Hace ya casi 20 años, el socialista vitoriano Javier Rojo, que acabaría alcanzando su nivel de incompetencia cuando Zapatero, otro que tal, lo nombró presidente del Senado, compareció en un programa electoral de ETB y a preguntas del moderador, extrañado de que un socialista hiciera causa común con el PP, respondió: “En los campos nazis a ningún judío le preguntaban si era de derechas o de izquierdas”.
Hoy, ante la iniciativa de Libres e Iguales para que 183 ciudadanos españoles grabaran un me

Cuando Manuel Castells llegó en enero al Ministerio de Universidades, anunció que uno de sus objetivos iba a ser regularizar la figura de los llamados «falsos profesores asociados», que reconoció que «tienen unos salarios de miseria y asumen una parte esencial de la enseñanza universitaria». Nueve meses después ha puesto en pie de guerra a este colectivo. Sus cerca de 35.000 profesores (el 35% del total) están preparándose para ir a la huelga y acudir de forma masiva a los tribunales.
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