El debate entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad se ha enrevesado tanto que hay dudas incluso entre los catedráticos sobre si hay que cerrar o no las 10 ciudades con mayor afección. Pero, hoy por hoy, los juristas se inclinan por pensar que la decisión de Salvador Illa, aunque inédita, sí es obligatoria. Madrid cumplirá, pero recurrirá ante la Audiencia Nacional.

¿Qué es el Consejo Interterritorial?

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad es el órgano perm

Cuatro de los siete diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura se han rebelado contra la dirección nacional de su formación por imponerles desde Madrid los nuevos nombramientos tras la dimisión del anterior coordinador regional y portavoz en el parlamento regional, Cayetano Polo.

En un escrito registrado este miércoles, los diputados más afines a Polo -Fernando Rodríguez, Marta Pérez Guillén, Joaquín Vicente Prieto y José María Casares- dieron traslado así a la Mesa de la Asamblea de Extremadura la constitución en la que finalmente -a su juicio- queda la dirección del grupo parlamentario.

Esta composición es completamente distinta a la que dictó Madrid, con unos cargos diferentes a los aprobados por la dirección nacional del partido, que nombró en la misma tarde de la salida de Polo a David Salazar como nuevo presidente y portavoz de Cs en la Asamblea, además de coordinador regional de la formación. El registro oficial del documento por parte de los diputados discolos se trata, por tanto, de una rebelión en toda regla contra lo dictado desde la dirección nacional.

Así, en dicho documento hacen constar que el presidente pasa a ser Fernando Rodríguez -que entra en el Parlamento tras la salida de Polo, aunque aún no ha tomado posesión de su acta de diputado-; la portavoz, Marta Pérez Guillén; el portavoz adjunto, Joaquín Vicente Prieto; y el secretario general, José María Casares.

Es decir, se excluye a David Salazar de cualquier responsabilidad, dejándolo como diputado de base. Los otros tres diputados naranjas que no firman el documento son el propio David Salazar, Fernando Baselga y Encarnación Martín.

Con este movimiento, el grupo parlamentario de Ciudadanos queda dividido en dos de cara al resto de legislatura y se abre todavía más la crisis interna desatada tras la salida de Cayetano Polo, que renunció alegando desavenencias internas con la dirección nacional.

A nivel institucional, esta división no afectará a las votaciones en la Asamblea de Extremadura, al gobernar el PSOE con mayoría absoluta.

En cambio, sí podría estar en juego la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Badajoz, cuyo pacto de legislatura incluye los dos primeros años al Partido Popular y los dos siguientes (a partir de mayo de 2021) a la formación naranja. El PSOE, que venció en número de votos en los comicios, ha amenazado en varias ocasiones con presentar una moción de censura.

Posible expulsión

Según ha podido saber EL MUNDO, los cuatro diputados cercanos al ex coordinador dimitido mantuvieron un encuentro este lunes con la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, para evaluar con precisión el reglamento de la Cámara extremeña y conocer la posibilidad, incluso, de poder expulsar del grupo parlamentario de la formación naranja a los tres diputados que no firmaron el documento con los nuevos nombramientos.

Sin embargo, la dirección nacional también podría tomar la iniciativa en las próximas horas e iniciar un expediente interno que terminara expulsando a estos cuatro diputados del partido, que en ese caso podrían terminar formando un grupo mixto en el parlamento extremeño.

Cayetano Polo esgrimió la pasada semana para justificar su dimisión como máximo responsable de Ciudadanos en Extremadura que mantenía diferencias internas con la dirección nacional, tanto a la hora de los nombramientos internos como por los pactos elecciones que llevó a cabo el partido en las elecciones de mayo de 2019.

Agradecimientos a Rivera

Sin embargo, su salida también se enmarca dentro de las renovaciones que está realizando la nueva dirección nacional de Cs en la mayoría de las comunidades autónomas para colocar a personas afines a Inés Arrimadas, entre las que no se encontraba Cayetano Polo, al que se quería sustituir desde hace meses por David Salazar.

En su despedida ante los medios de comunicación, el ex coordinador regional ensalzó y agradeció la figura de Albert Rivera -y la de Fran Hervías, ex secretario de organización-, pero en ningún momento citó a la nueva líder del partido naranja.

Dos hombres de 41 y 48 años de edad han fallecido este jueves después de precipitarse al mar su vehículo al mar en el puerto de la localidad coruñesa de Malpica. Según ha informado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 00:30 horas de este jueves en las cercanías de la lonja y pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia desplazados hasta el lugar, nada se pudo hacer por salvarles la vida.

Los efectivos de rescate apuntaron a que “todo indica a que se trató de un descuido”, tras el que el vehículo finalizó sumergido a unos siete metros de profundidad.

Fueron las llamadas de diversos particulares las que pusieron en alerta a los gestores del 112. Según el relato de los testigos del accidente, un turismo se había precipitado al mar y cabía la posibilidad de que estuviese ocupado. De inmediato, se puso en marcha un operativo que ha contado con la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Carballo, de los miembros del GES de Ponteceso, de los agentes de la Guardia Civil y de los voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Finalmente, un buceador del ayuntamiento efectuó el rescate de los ocupantes del vehículo, pero, desafortunadamente, ambos habían fallecido. Los equipos de emergencia trabajaron para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para efectuar la recuperación del turismo hundido y, posteriormente, realizaron la limpieza y recuperación de los daños causados en la zona a causa del accidente.

El 061 envió dos ambulancias asistenciales de soporte vital básico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y personal sanitario del PAC de Carballo para atender a los ocupantes del coche, que son un hombre de 48 años, J.P.V., y otro de 41, A.P.V., según fuentes sanitarias.

Además, por parte del 112 Galicia también se han puesto los hechos en conocimiento del Servicio de Guardacostas de Galicia y de Salvamento Marítimo.

El Gobierno quiere poner fin a la interinidad en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuya presidencia está vacante desde septiembre de 2017, y ha propuesto para el cargo a José Luis Rodríguez Álvarez. Una designación que no ha gustado ni en las organizaciones pro transparencia ni a la oposición, toda vez que ha ocupado cargos en el organigrama de gobiernos socialistas y está vinculado al PSOE.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se encarga de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Es decir, controlar que la Administración General del Estado cumple con su obligación y proporciona la información que la sociedad civil solicite. Un aspecto clave para conocer determinada información que el Gobierno no suministra sino es bajo petición.

Un puesto clave para supervisar el acceso a información y datos del Gobierno, la Casa del Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial.

Rodríguez Álvarez, licenciado en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, ha ocupado distintos cargos en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011. Fue director del gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes; director general de coordinación jurídica en el Ministerio de la Presidencia; y en febrero de 2009 ocupó el puesto de director del gabinete del ministro de Justicia.

Fue precisamente propuesto por este departamento, que dirigía Francisco Caamaño, en junio de 2011, para ser director de la Agencia Española de Protección de Datos, responsabilidad que desempeñó hasta julio de 2015, ya durante el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy.

Las organizaciones se quejan

Esta clara vinculación con el PSOE no ha gustado en las organizaciones que abogan por la transparencia en España. “Valoramos negativamente el nombramiento de una persona con vinculaciones políticas previas y sin experiencia previa relevante en la materia”, expone Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación ¿Hay Derecho?

“Después de tres años de vacante, el Gobierno ha sido incapaz de dar satisfacción con hechos y no con palabras a la petición unánime de la sociedad civil de nombrar una persona independiente y de prestigio en una tarea tan importante como el control del Gobierno y de la Administración General del Estado y del sector público en general en el ámbito de la transparencia”.

Para Eva Belmonte, co-directora de Civio, la propuesta del Ejecutivo, expone que el sistema de nombramientos que establece la Ley de Transparencia “no garantiza la independencia que se presupone a los candidatos a presidir el Consejo de Transparencia”.

Y añade: “No nos gusta que se proponga a alguien tan vinculado a un partido, con muchos años en puestos de confianza en gabinete, porque pone en cuestión su futura independencia. Que proceda del ámbito de la protección de datos, y no de la transparencia y del derecho a acceder a información pública, nos hará estar muy atentos a la ponderación que el Consejo debe hacer entre ambos”.

Las organizaciones muestran su rechazo a una persona tan vinculada al PSOE, pero ante la posible aprobación en el Congreso, ofrecen un voto de confianza, con la lupa bien puesta.

“Desde Transparencia Internacional España esperamos que, de prosperar esta propuesta, el nuevo presidente actúe con independencia y apoyo de las instituciones, y que impulse criterios rigurosos sobre apertura de información pública, protección de denunciantes y buen gobierno”.

Críticas de la oposición

La propuesta del Gobierno, que parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, debe ser refrendada por Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso, ante la que debe comparecer Rodríguez Álvarez en el plazo de un mes.

En esta comisión, la oposición mostrará también su rechazo. “Si lo nombran será un caso más de enchufismo para control de instituciones al q nos tiene acostumbrado Sánchez q convertirá el Consejo de transparencia en el consejo de opacidad”, señalan fuentes del PP.

“El problema del Gobierno actual es que acumula un récord de dedazos en puestos de responsabilidad como éste, en altos cargos, y en directores generales que no son funcionarios de carrera. En una situación como la actual, las prácticas de enchufismo son todavía más insoportables y contribuyen a generar más desconfianza entre la ciudadanía”, apuntan desde Ciudadanos.

La presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno llevaba vacante desde septiembre de 2017, cuando falleció su primera presidenta, Esther Arizmendi. En estos tres años ha ejercido como presidente interino el subdirector general de Transparencia, Javier Amorós. El presidente del Consejo será nombrado por un periodo no renovable de cinco años mediante Real Decreto.

Una de las cuestiones que más me irritan es imputar a la Ley lo que es un problema de los políticos. Claro que la Constitución y la legislación tienen mecanismos para afrontar la presente pandemia. Incluso, la denostada organización territorial del Estado de nuestra Constitución cuenta con soluciones. Ahora bien, el requisito es la lealtad y su fundamento: la buena fe que a su vez requiere compartir un objetivo: el interés general de España.
Sobre esta base, todos los poderes deberían ponerse

La Cámara de España se ha unido oficialmente a la revuelta de las asociaciones empresariales contra los ataques de miembros del Gobierno a Felipe VI y pide al presidente Pedro Sánchez “absoluta determinación” en defensa de la Corona.

En un inusual comunicado de la institución que preside José Luis Bonet, “la Cámara de Comercio de España expresa su más firme apoyo a Su Majestad el Rey Felipe VI en la situación que vive el país (…)En estos momentos de tribulación, en los que se producen ataques rechazables a la Corona, el Rey continúa transmitiendo al tejido productivo su pleno apoyo y ánimo, tan determinante para la recuperación de la crisis”.

La Cámara agrega que la Monarquía parlamentaria está, junto al estado de derecho y la economía social de mercado, entre “los principios constitucionales esenciales aprobados por los españoles en 1978”. “Todos estos principios deben ser defendidos con absoluta determinación”, recalca en claro llamamiento al presidente del Gobierno.

Bonet se une así al rechazo a los ataques gubernamentales al Rey expresado en EL MUNDO el pasado martes por parte del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el del Círculo de Empresarios, John de Zulueta y el de la Cámara Americana en España, Jaime Malet. Todos ellos inciden en el daño a la inversión exterior y la confianza en la economía española que supone, en su opinión, que desde el Ejecutivo se desestabilice a la Corona.

“La Cámara de España reitera el llamamiento a la unidad y el esfuerzo de todos para superar la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, para lo que también será necesaria la ayuda de la Unión Europea, el máximo respeto y reafirmación de los principios fundamentales de la Constitución de 1978 y el liderazgo de Su Majestad el Rey Felipe VI”, concluye la Cámara de España que cuenta con el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez como vicepresidente primero.

El número premiado en el sorteo del martes 29 de septiembre de 2020 del Cupón Diario de la ONCE es el 81364 , la serie 024 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años.

El sorteo diario del cupón de la ONCE es el juego de lotería con más historia de todos los sorteos de la ONCE y ofrece 55 premios de 35 mil euros a los acertantes de las cinco cifras. A este premio se le añade La Paga que consta de tres mil euros al mes durante 25 años al acertante de las cinco cifras del Cupón Diario y el número de serie.

El primer sorteo se realizó de manera independiente para cada provincia de España. Los boletos empezaron costando entre 10 céntimos de peseta hasta las 25 de pesetas. La numeración de los mismos billetes del cupón consistían en número de tres filas con una serie de cinco cifras.

Ahora, El Cupón diario de la ONCE es ligeramente diferente al de entonces, las numeraciones han cambiado a cinco cifras con tres números de serie.

Además, a partir de 1985 se cambiaron los premio de los sorteos del fin de semana: Los viernes aparece el nuevo Cuponazo de la ONCE con un premio de nueve millones de euros y el sábado y domingo se juega el Sueldazo del fin de semana de la ONCE con un premio de 300 mil euros más cinco mil euros al mes durante 20 años.

La moción de censura que ha presentado Vox contra Pedro Sánchez interpela también al PP. La formación que dirige Santiago Abascal no busca tanto tumbar el Gobierno -no tiene apoyos para ello- como tomar el protagonismo en el bloque de derechas. Así lo opinan los populares consultados, para quienes se trata de una operación de acoso y derribo a Pablo Casado… y a las encuestas, que comienzan a ampliar la brecha entre Vox y PP tanto como la estrechan entre PP y PSOE.

De ahí que la portavoz parlamentaria de los populares , Cuca Gamarra, haya terciado hoy en este debate para asegurar que “esta moción nace fallida de origen porque la suma no da, y sólo gana Pedro Sánchez”. Así lo ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Vox sólo podría sacar adelante una moción de censura con los independentistas, por lo que Gamarra le ha pedido “no engañar a los españoles”. “El único que va ganar con esa moción y a salir fortalecido de la misma es Pedro Sánchez”, ha enfatizado.

La tercera fuerza del Congreso ha registrado este martes, con la firma de sus 52 diputados, la propuesta de demolición del Ejecutivo de coalición y su sustitución por otro encabezado por Santiago Abascal. Vox promete conformar un Gobierno de transición, con el objetivo de convocar elecciones en el plazo más breve posible.

De acuerdo con los plazos ordinarios establecidos en la Constitución y en el Reglamento del Congreso, la moción podría debatirse y votarse en la Cámara justo después del Día de la Hispanidad, en la semana del 12 de octubre. Una coincidencia que complace especialmente a los de Abascal.

Y que incomoda al PP. La de Gamarra no es la primera crítica a la moción que se lanza desde el PP. Por ejemplo, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, le ha dicho a Vox que no cuente con los votos de su partido en su “moción de censura post vacacional para salvar al soldado Sánchez”.

“No cuenten con nosotros para maniobras de distracción que refuercen al PSOE”, añadió el número dos de Casado.”Siguen en la polarización y en la confrontación por la confrontación”, aseguraron recientemente otras fuentes en Génova.

Además, en algunos de los territorios gobernados por el PP hay incomodidad por las malas pasadas del calendario. El debate se producirá -en principio- en un momento de zozobra interna del PP, tras las nuevas revelaciones del caso Kitchen, que apuntan directamente a la cúpula anterior del PP y señalan al ex presidente Mariano Rajoy.

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha vuelto a permitir este año académico que se pueda pasar curso sin límite de suspensos, como hizo el anterior. Lo hace en un real decreto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, que se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros y que contradice una ley de rango superior, la Lomce, que está todavía vigente.
El Ministerio ha avanzado en un comunicado que en este real decreto, que contempla educativas extraordinarias encaminadas a posibilitar el d

Carles Puigdemont lanzó el lunes una ofensiva para desacreditar al Tribunal Supremo ante las autoridades europeas. El prófugo de la Justicia escribió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y a todos los eurodiputados para decirles que Quim Torra había sido inhabilitado por cometer “un crimen de desobediencia después de colocar una pancarta reclamando ‘Libertad para los Presos Políticos y Exiliados'”.

Para frenar la propaganda secesionista en Europa, los siete eurodiputados de Ciudadanos han escrito este martes a los 705 miembros del Parlamento Europeo para explicarles con detalle la sentencia del Alto Tribunal que ha inhabilitado a Torra. La delegación que dirige Luis Garicano concluye en su escrito que el ex presidente de la Generalitat ha sido condenado por “socavar y violar el Estado de derecho” y las libertades que él dice defender. Los eurodiputados españoles añaden en su carta, redactada en inglés, que Torra “tiene la libertad de exhibir cualquier símbolo que represente su ideología política, incluso en edificios públicos, pero no durante una campaña electoral”.

Como recalca Cs, “bajo el Estado de derecho, los cargos públicos deben regirse por las normas, especialmente aquellas que garantizan la igualdad de oportunidades en un proceso electoral”.

El día anterior, Puigdemont denunciaba que el Supremo había perpetrado “una nueva violación de los derechos políticos de los ciudadanos catalanes”. El prófugo añadía que “los políticos independentistas no pueden tener un juicio justo en España” dada la “persecución judicial por su actividad política”.

El líder independentista está tratando que el mayor número posible de eurodiputados se sumen a su escrito, que denuncia la “represión judicial contra el movimiento de autodeterminación catalán” y pide a las instituciones europeas que defiendan “la democracia y los derechos del pueblo catalán”.

La carta escrita por Cs trata de hacer un “relato objetivo de los hechos” que han llevado a la condena de Torra, para dar a los eurodiputados de los 27 miembros de la UE la máxima información sin tergiversar la realidad, como explican desde el grupo liberal en Europa. En la misma, detallan que el TS “no ha condenado a Torra por expresar sus ideas”, sino por “desobedecer una decisión vinculante de las autoridades electorales y por violar el Estado de derecho”.

Además, resalta que “bajo el Estado de derecho, los cargos públicos deben regirse por las normas, especialmente aquellas que garantizan la igualdad de oportunidades en un proceso electoral”.

“En definitiva, nadie cuestiona los hechos: el señor Torra exhibió propaganda política en edificios públicos durante una campaña electoral, fue advertido por sus acciones, rechazó acatar las

decisiones de los órganos electorales, admitió haberlas incumplido y fue, consecuentemente, condenado”, concluyen los eurodiputados liberales.

Además, denuncian que la actitud de Torra “no es un caso aislado de desobediencia” y se incardina en “una estrategia deliberada para socavar el Estado de derecho”.

Por último, Cs recuerda a los eurodiputados que los tres principales grupos políticos europeos (populares, socialistas y liberales) condenaron en su día el nombramiento de Quim Torra como presidente de la Generalitat por sus “comentarios racistas” y por “la retórica del odio” frecuentemente utilizada por el ahora dirigente inhabilitado.