Los policías que sustrajeron los móviles de Luis Bárcenas en plena guerra contra la cúpula del PP han confesado con todo lujo de detalles en el marco de la investigación judicial del ‘caso Kitchen’ cómo llevaron a cabo la operación. “En torno al mes de octubre de 2013”, ha relatado en calidad de testigo uno de los responsables policiales que intervino, “nos desplazamos a instancias del jefe de la UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo) a una cafetería VIPS de la calle Velázquez”.

El dispositivo desplegado se componía de “cuatro personas”, todas ellas adscritas a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Dos entraron en el establecimiento y otros dos se quedaron fuera “custodiando el vehículo y en funciones de apoyo en caso de requerirse”. La pareja que entró en el céntrico local ubicado en la confluencia entre las madrileñas calles de Velázquez y Ortega y Gasset, solicitaron al personal “una mesa con un enchufe cerca” y aguardaron unos minutos mientras desplegaban un ordenador portátil que había sido adquirido previamente con cargo a los fondos reservados.

Acto seguido, hicieron acto de presencia en la cafetería el entonces jefe de la UCAO, el comisario principal Enrique García Castaño, que ha decidido colaborar con la Justicia y fue el primer mando que puso en conocimiento de los investigadores este episodio, acompañado por Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas.

En ese momento, el ex tesorero del PP se encontraba en prisión preventiva tras descubrirse su millonaria fortuna oculta en Suiza y después de haber puesto contra las cuerdas al presidente del Gobierno al desvelar EL MUNDO los mensajes de apoyo que le envió tras conocerse el hallazgo. Asimismo, Bárcenas había confesado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el PP había tenido una doble contabilidad durante décadas y que él mismo había pagado mensualmente sobresueldos en negro a todos sus dirigentes, empezando por el propio Rajoy.

Al entrar en el VIPS, Ríos hizo entrega a los policías de varios dispositivos móviles del ex tesorero que había distraído previamente del domicilio de Bárcenas aprovechando un descuido de su mujer. “Nos entregó un móvil y un Ipad, creo recordar”, indicó el jefe del operativo, que añadió que tardaron “40 minutos en volcar toda la información” en el ordenador portátil. Al día siguiente, le entregaron a García Castaño un ‘pendrive’ con el contenido copiado y procedieron a borrar de sus dispositivos la información.

Tal y como admitió el propio García Castaño en una de las declaraciones clave del caso, esa información se la trasladó posteriormente en persona al ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, que la recibió en mano en su despacho oficial, extremo que este último ha negado expresamente.

En el interior del dispositivo supuestamente entregado a Martínez se encontraba el contenido íntegro de los móviles de Bárcenas, con todos los mensajes que se intercambió, entre otros, con Rajoy. La copia clonada de estos mensajes fue publicada en exclusiva hace unos días por este periódico.

La sustracción de los móviles del ex responsable de las finanzas del PP fue uno de los objetivos de la ‘Operación Kitchen’, el espionaje ordenado por el Gobierno del PP y sufragado con fondos públicos para arrebatar a Bárcenas la información comprometedora que escondía contra la dirección del partido.

En estos momentos, y acreditado ya el robo de los móviles y de abundante documentación sobre la ‘caja B’ del PP en toda España, la investigación se centra en determinar la sustracción de grabaciones entre Bárcenas y altos dirigentes del PP. Numerosas grabaciones intervenidas hacen alusión al robo de este material pero, a diferencia de lo ocurrido con los móviles, no ha podido ser localizado. Los investigadores creen que algunos de los principales imputados mantienen este material a buen recaudo y que se compone, además de por las cintas de Bárcenas con altos cargos como Rajoy o Javier Arenas, de una copia de los discos duros de sus ordenadores de Génova, que albergaban todos los apuntes de la ‘caja B’ del PP durante décadas.

Los tomos de la operación Kitchen sobre los que se ha levantado el secreto incluyen grabaciones de Villarejo en las que se menciona al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, al que se refieren como el “Asturiano” o el “Barbas”. El comisario explica que ha robado las grabaciones de sus conversaciones con el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Asimismo, Villarejo hace referencia en sus cintas a “las maldades que me han encargado a mí para salvarle el culo al Barbas”. “¡No te puedes ni imaginar! ¡Que podía estar preso! El presidente del Gobierno, eh, por muchas cosas… y se han perdido papeles y se han perdido cajas y se han perdido muchas cosas (…) y operaciones de tal, decir, oye en tal sitio hay papeles de Bárcenas, hay que ir a romperlos”, explicó el entonces agente encubierto.

Además, en el sumario consta una conversación donde Villarejo alude a una charla mantenida con el ex número dos de Interior, actualmente imputado en Kitchen: “Como empiecen los marrones, todo el mundo va a decir: el Secretario de Estado va a tirar para arriba, va a tirar para el Asturiano, que le llamamos nosotros al Barbas, y va a tirar para arriba”.

Las grabaciones de Villarejo recogidas en el sumario salpican también a la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. ‘La pequeñita’, como se la denomina, habría pagado campañas de imagen con dinero negro y ayudado al socio de Villarejo a meter en el Congreso material para hacer barridos electrónicos.

Así se desprende de una conversación grabada en 2017 en la que Villarejo tiene como interlocutores a los empresarios Adrián de la Joya y al Alberto Pedraza Jorde. “Pero es que tenemos todas las pruebas de la Soraya entrando en el Parlamento con electrónica, ¿me entiendes? […] para meter todo de micrófonos”, dice el empresario. “¡Con mi gente!”, apostilla Villarejo, antes de que De la Joya continúe: “Pero es que tenemos todas las pruebas de facturas falsas que hicieron con Paco Villar y el grupo parlamentario Grupo Popular, eh, para justificar unos pagos de la imagen de Soraya”.

Villarejo ofrece más detalles de esa operación con micrófonos. Mi equipo va al Congreso y mete equipos electrónicos. Y los pasa la Vicepresidenta en persona, ¿eh?. Decían que le estaban pinchando los ‘canutos’ Rubalcaba […] la vice en persona coge y pasa ella los maletines con otro tío, tú imagínate que salga en las noticias. Pedraza pregunta para qué eran los maletines. “Para hacerle un rastreo de maletines, la escoba electrónica, para ver si había micrófonos”.

El empresario considera que el material de que disponen sería suficiente para hacer caer al Gobierno: “Vamos a ver, que duran en el poder 33 centésimas de segundo todos, saltan por los aires todos”.

En las grabaciones del sumario también aparece otro personaje que está siendo investigado por el supuesto encargo de espionaje que le hizo al comisario Villarejo: Corinna Larsen, ex amiga íntima del Don Juan Carlos. Según el informe policial, el comisario en prisión cuenta a su interlocutor que un día el ex número dos de la Policía Eugenio Pino le dijo que “cómo se le ocurría hablar con Corinna, que eso era serio y que quién le había autorizado”, a lo que comisario le respondió que él “en su tiempo libre puede hacer lo que quiera y no tiene que darle explicaciones”.

En una de sus conversaciones con De la Joya, en 2017, Villarejo critica el Rey emérito. “Le pidió al emir de Catar que le pusiera una casa de 80 millones de libras en Londres a su nombre y cuando le dijeron, pero cómo vas a justificar esto, bueno, pues que la vendan. Y se la han vendido a un príncipe saudí y le están trayendo la pasta en maletines. Entonces toda esa operación, como no se fían de nadie, se la han encargado a ella”. “¿A Corinna? ¿Ahora?”, pregunta incrédulo el empresario. “Sí, todavía le piden”, responde Villarejo.

Mar de fondo en las asociaciones empresariales tras los ataques de miembros del Gobierno al Rey y las continuas señales de inseguridad jurídica en plena recesión económico. El Círculo de Empresarios, la asociación que agrupa a, entre otras, la mayoría de empresas del Ibex, ha lanzado una inusual declaración en la que arremeten contra el Gobierno por amenazar la recuperación económica. “La situación actual de nuestra democracia parlamentaria, hostigada por provocaciones que provienen incluso de miembros del Gobierno, y no desautorizadas, es una seria amenaza para la economía, la convivencia, y el bienestar”. Así se pronuncia la asociación que preside John de Zulueta tras las acusaciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, contra el jefe del Estado no desautorizados hasta ahora por el presidente Pedro Sánchez. Las palabras de éste el pasado 31 de agosto en la conferencia España Puede sobre la necesidad de consenso y unidad, que fueron aplaudidas por presidentes del Ibex, no se han materializado y, al contrario, se ha producido declaraciones que los empresarios consideran frentistas.

En opinión del Círculo de Empresarios, la debilidad del Ejecutivo es un riesgo para que la economía se recupere. “España proyecta hoy una imagen de inseguridad jurídica y debilidad institucional que socava la confianza internacional. Por ello venimos insistiendo en que la falta de cohesión del Gobierno y la fragilidad de sus apoyos parlamentarios impedirán hacer frente a esta dramática situación y afrontar con garantías la decisiva fase de recuperación económica y social”.

Además, reprocha que “el Gobierno pretende sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado mediante pactos con partidos independentistas radicales cuyo objetivo declarado es destruir la integridad territorial de España y nuestro futuro de vida en común”, en clara alusión a Esquerra Republicana o Bildu.

La solución es “sólo una estrategia compartida de país que concite el consenso del mayor número posible de partidos constitucionalistas y de las instituciones europeas”, porque es lo que “permitirá movilizar y comprometer a la ciudadanía y acometer las reformas pendientes que garantizarán nuestro progreso”.

El Círculo de Empresarios se une así a otra dura declaración de la patronal CEOE en defensa de la Monarquía el pasado viernes y justifica pronunciarse por esta frase de Martin Luther King: “nuestras vidas empiezan a extinguirse cuando permanecemos en silencio sobre las cosas que importan”.

Los empresarios se quejan de que “sin embargo, nuestra sociedad civil, siempre dinámica, parece ahora aletargada y sin pulso para levantar la voz a causa de una pandemia aún descontrolada que ha costado la vida a decenas de miles de compatriotas”.

Será un Pleno decisivo y habrá votaciones de las plazas más sensibles del Tribunal Supremo. El bloque conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) negocian a contrarreloj un pacto sobre el nombramiento de tres plazas de magistrados de la Sala de lo Penal, la que investiga y juzga a los aforados, y las presidencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala de lo Social y la Sala de lo Militar. Las negociaciones han sido intensas a lo largo de la semana pasada

Primero sube el número de contagios, después se elevan los ingresos en hospitales y más tarde la cifra de fallecidos por coronavirus da cuenta de la gravedad de esta segunda ola. Desde agosto, son ya más de 2.500 las personas que han muerto tras dar positivo en una prueba diagnóstica PCR, según datos del Ministerio de Sanidad. La cifra puede ser superior, ya que se da un retraso en la notificación de casos y la serie se actualiza a diario.
En la peor semana de la primera ola, entre el 30 de mar

Las familias están preocupadas ante la expansión del Covid en las escuelas. La ministra Isabel Celaá informó el jueves de que hasta ahora han cerrado 2.800 aulas, apenas el 0,73% del total, pero los padres temen que a sus hijos les manden a casa a guardar cuarentena durante 10 días porque en su grupo estable de convivencia se haya detectado algún caso. La probabilidad de que eso le ocurra a un alumno de Primaria en el próximo mes sería de un 2,5% en el conjunto de España, mientras que en regione

Mucho se ha hablado y escrito en estos días sobre la ausencia de S.M. el Rey en el acto de entrega de despachos a los jueces de la promoción LXIX, que se ha celebrado en la sede de la Escuela Judicial, en Barcelona, por lo que me voy a limitar a una breve reflexión sobre la situación creada, a qué obedece y las consecuencias y enseñanzas a extraer.
Quizá extramuros del mundo judicial haya sorprendido el malestar que ha causado entre los jueces, unos servidores públicos poco dados a manifestarse

El lunes, el Gobierno y la Comunidad de Madridanunciaron, frente a un bosque de 24 banderas regionales y nacionales que atrezzaba la escena con la solemnidad propia de un armisticio, la creación de un «espacio de cooperación» para «coordinar y planificar respuestas contra la pandemia». Cuatro días después, ayer, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, convocaba una rueda de prensa cinco minutos antes de la que iba a protagonizar el Ejecutivo regional para anunciar sus nuevas medidas. En su comparecencia, Illa hizo notar su malestar con la senda elegida por Isabel Díaz Ayuso y demandó más restricciones, o sea cerrar Madrid.

Institucionalmente, ha resultado peor el remedio que la enfermedad: se ha demostrado que falta coordinación, y ésa es una prerrogativa legal directa del Ejecutivo central. Así lo opinan los gobiernos de las de las comunidades autónomas gobernadas por PSOE y PP consultadas ayer por EL MUNDO.

«Se fuman la pipa de la paz para luego andarse con estas deslealtades», se lamentan en Murcia. «¿Para qué está entonces el grupo de trabajo común entre el Ministerio y la Comunidad de Madrid?», se preguntan. «El Gobierno se ha cargado la cogobernanza y está dejando que se queme Ayuso», añaden.

En Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, reprochan que «en agosto debería haber habido más coordinación» por parte del Gobierno. «Y más relato de país», enfatizan las fuentes. En el Gobierno de Emiliano García-Page ponen el foco sobre la obviedad de que, en el exterior, todo es España y no se discrimina por zonas o siglas: «El que piense que si las cosas van peor en Cataluña, en Aragón, en Navarra, en La Rioja o en Madrid eso no tiene consecuencias en la imagen internacional de España se equivoca», añaden las fuentes. «En Europa, desde agosto, se hablaba de los rebrotes en España, no distinguían por territorios», explican.

«La Comunidad de Madrid tiene toda la colaboración y solidaridad de Castilla y León», apuntan fuentes del Ejecutivo regional que preside Alfonso Fernández Mañueco. «El virus no entiende ni de fronteras ni de colores políticos. Las medidas de Madrid no sólo persiguen la protección de la salud y la vida de las personas de Madrid, sino, también, de las de Castilla y León y el conjunto de España».

Esta comunidad critica que Sanidad no haya atendido las peticiones para establecer «un instrumento jurídico intermedio para que podamos actuar con mayor rapidez y agilidad», y «criterios homogéneos para tomar medidas restrictivas».

Castilla-La Mancha y Aragón demandan un marco que entierre la guerra competencial

Es algo en lo que coinciden algunas autonomías lideradas por el PSOE. En el Gobierno de Aragón recuerdan dos desencuentros con Sanidad. El primero: «Pedíamos instrumentos jurídicos para poder adoptar medidas como en el estado de alarma, y la homogeneidad de datos». El segundo es que el presidente aragonés, Javier Lambán, ha urgido a facilitar la elaboración de presupuestos y mejorar el margen de déficit, «para poder prestar los servicios básicos». Aún sin éxito.

Más allá del trasfondo de la reyerta política entre el Ejecutivo de coalición y Madrid (ariete del PP), lo cierto es que esta semana ha servido para evidenciar el empeño por convertir la segunda ola del virus en un partido de tenis competencial.

En todo caso, en las baronías del PP creen que, en esta partida, Illa tiene las de ganar: «Pase lo pase, esto es un win-win [ganar o ganar] para el Gobierno, tanto si la situación empeora como si mejora, pero a costa de dejarnos solas a las CCAA, y encima poniéndonos zancadillas».

El consenso de las regiones consultadas coincide con la Junta de Andalucía: «La verdad es que resulta sorprendente» el enfrentamiento de Gobierno y Madrid, «porque hace cuatro días se celebró una reunión de coordinación en un clima aparentemente bueno y de lealtad».

En la Comunidad de Madrid aseguran que «el viernes pasado al ministro le parecían muy buenas las medidas de Madrid». «Y el martes trabajamos con ellos un documento que nos presentaron donde no decían nada de esto. Además, esta semana no ha habido cambios en la evolución de nuestros datos, pero el ministro sale con esto», añaden. «De repente, el jueves por la tarde, Illa cambió de criterio, ¿en base a qué? No se sabe», lamentan.

En el entorno de Ayuso creen que esa «contraprogramación» es una cortina de humo para tapar la crisis del «veto» al Rey en la entrega de despachos judiciales de Barcelona. «Quieren tapar los ataques [del ministro Garzón y el vicepresidente Iglesias] al Rey», añaden.

El Gobierno pasó de «felicitar» a la Comunidad de Madrid el martes por las restricciones adoptadas a exigir el jueves un confinamiento total de la capital. Un giro radical de opinión en apenas 48 horas que el Ministerio de Sanidad basó en un informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, que no muestra un cambio sustancial de la situación epidemiológica de Madrid en ese periodo. El ministro Salvador Illa llegó a contraprogramar ayer la rueda de prensa de la Comunidad de Madrid para anunciar las nuev

Nuevo y simbólico desplante del presidente de la Generalitat, Quim Torra, al arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, al ausentarse ayer de la tradicional misa con motivo de la festividad de la Virgen de la Merced. Un boicot a una cita a la que habían acudido los respectivos presidentes catalanes, incluso en los días más tensos del procés -célebres se hicieron las imágenes de Artur Mas rodeado de la cúpula militar en Cataluña-, que ahonda

Pablo Casado se ha alineado este jueves con las críticas de Felipe González al Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Con ese socialismo sí que podríamos pactar, pero Sánchez lo ha liquidado”, ha tuiteado el presidente del PP.

El ex presidente del Gobierno ha asegurado que las posiciones de Pablo Iglesias desde la Vicepresidencia segunda no son un error, sino “una estupidez”, al tiempo que ha criticado con dureza la negociación presupuestaria de Pedro Sánchez por el hecho de no dar cifras concretas y plantearse acuerdos con aquellos que no quieren que España continúe como proyecto de nación.

González, en una entrevista virtual con Ricardo Kirschbaum, editor general del diario argentino Clarín, ha convenido que “hacer un proyecto de país con gente que no cree en ese país es inquietante”. Y que la “republiqueta” que, a su juicio, ansía Iglesias, sembraría la semilla de la “autodestrucción” de España.

“Esta monarquía que yo califiqué de republicana, y que tiene un comportamiento de presidencia que no gobierna, y es representativa, la prefiero a una republiqueta como la que algunos pretenden, de estas que llaman plurinacionales y con derechos de autodeterminación. No le quepa la menor duda”, ha asegurado el ex líder socialista.

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha subrayado que “no puede ser que Sánchez calle ante los ataques continuados de su vicepresidente a la Constitución y a la Jefatura del Estado”. “Y quien calla, otorga”, ha convenido.

Montesinos le ha recomendado a Sánchez “que haga más caso a Felipe González” y les ha pedido a los representantes del PSOE “histórico, con sentido de Estado” que “alcen su voz”. “Estamos ante unas circunstancias trascendentales, muy graves, y emplazo al PSOE, como hace Felipe González”, a denunciarlo, ha atajado.

Otro de los temas en los que el PP se ha desmarcado claramente de los últimos movimientos del PSOE es en el acercamiento a Bildu, partido al que se ha normalizado como negociador y posible socio. Casado ha visitado a la recién reelegida presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, “para denunciar juntos la negociación de Sánchez con Bildu de los Presupuestos a cambio de acercar 63 etarras”. Y para pedir “una Fiscalía de víctimas del terrorismo y más medios policiales para investigar los casos sin resolver”, ha añadido el jefe de la oposición.