El presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes aludirá en su discurso en el acto de entrega de despachos de la 69 promoción de jueces a la polémica ausencia del Rey en Barcelona por orden del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces, explican que el veto al jefe del Estado ha sido un asunto tratado en la reunión de la Comisión Permanente este jueves donde por mayoría se ha optado porque esa “respuesta institucional”, mostrando la preocupación por la exclusión al monarca, sea dada por Lesmes en el acto solemne en la escuela judicial, ubicada en la Ciudad Condal.

No obstante, los vocales Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y Nuria Díaz Abad, a pesar de apoyar la iniciativa del presidente, han optado por emitir también un comunicado mostrando el malestar por la exclusión del Rey en base a que el Consejo es un “órgano colegiado y no presidencialista”. No obstante, fuentes conocedoras de la reunión sostienen que estos tres vocales han trasmitido a Lesmes su “confianza plena” en la respuesta que el presidente dé en su discurso al veto del Ejecutivo sobre la presencia del jefe del Estado mañana en Cataluña.

En la citada declaración institucional, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, los consejeros “lamentan profundamente” el no poder contar este viernes con la presencia de Felipe VI en la Escuela Judicial. Además, recuerdan que conforme a la Constitución “la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. (…) La presencia de su majestad el Rey en los referidos actos no solo es un motivo de orgullo para las juezas y los jueces españoles, sino que es el símbolo del valor que la Justicia tiene en un estado de Derecho, en cuanto máximo representante del pueblo español y de sus instituciones”.

A ese comunicado se han adherido varios vocales que no forman parte de la Comisión Permanente, en concreto María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart. En la declaración, todos ellos muestran su admiración y respeto a la figura del monarca, “símbolo de la unidad y permanencia del Estado”.

Tal y como informó este periódico, el pasado martes Zarzuela envió una carta a Carlos Lesmes, donde se informaba que el Rey finalmente no acudiría al acto de Barcelona porque el Gobierno no ha autorizado su presencia en este acto oficial. La Casa del Rey no dio detalles a Lesmes de las razones que le han llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a excluir al Monarca de este acto solemne.

Apoyo al Rey en redes sociales

El veto a Felipe VI en Barcelona, cuyas razones el Gobierno todavía no ha explicado con claridad, ha incendiado a la Carrera Judicial al ser percibido como un desprecio al monarca y un gesto a las fuerzas independentistas cuando están en marcha la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado.

Además de los comunicados de tres asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- exigiendo explicaciones por la exclusión del monarca, han sido numerosos los jueces que en las últimas horas han subido en redes sociales una imagen de Felipe VI acompañada de mensajes de apoyo al Jefe del Estado.

El Gobierno va a descargar en los alumnos de Formación Profesional la responsabilidad de contagiarse por Covid. Los estudiantes tendrán que cumplimentar “una aceptación expresa” de la “voluntariedad de la participación” en las prácticas donde las actividades se realicen con personas ajenas al centro; por ejemplo, en formación para trabajar en peluquerías, restaurantes o clínicas dentales. Así consta en un nuevo protocolo de los ministerios de Sanidad y Educación, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, que se ha debatido hoy con las autonomías.

El texto limita a las “imprescindibles” las prácticas de FP en los centros formativos con personas ajenas a los mismos. “Las actividades se realizarán siempre que se pueda garantizar el cumplimiento de las normas de prevención, seguridad e higiene”, dice el texto de tres páginas, que recomienda hacerlas en espacios amplios y con buena ventilación, limitando el número de participantes a lo imprescindible.

En el caso de los ciclos de Hostelería y Turismo, Imagen personal o Sanidad, las distancias interpersonales que mantengan los alumnos tendrán que ser también de al menos 1,5 metros y todos tendrán que llevar mascarilla de forma obligatoria “cuando la actividad así lo permita y manteniendo en todo momento una correcta higiene de manos y respiratoria”.

Los ministros de Educación, Isabel Celaá, y Sanidad, Salvador Illa, se han reunido este jueves de forma telemática desde La Moncloa con los representantes de las comunidades autónomas para analizar el comienzo de un curso escolar marcado por el coronavirus . Con los casos disparados en muchas regiones, las aulas empiezan a sufrir los efectos del virus.

La reunión, donde la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial de Salud se han fusionado en un solo encuentro, es similar a la celebrada el pasado 27 de agosto, cuando se concretaron las medidas a tomar en el arranque del curso.

Una menor de 15 años ha fallecido este miércoles en la autovía A-64, en el concejo de Siero (Asturias), al precipitarse desde una ambulancia que la estaba trasladando a su domicilio desde el centro de salud de La Ería, en Oviedo.

Según ha contado el diario local El Comercio, “logró abrir la puerta de la ambulancia en marcha, lanzándose al exterior y falleciendo en el acto”. La empresa de ambulancias Transinsa ha activado el equipo de Psicología de Emergencias para atender a los trabajadores implicados.

Según indicaron fuentes sanitarias al diario, “la joven tenía antecedentes de conductas autolíticas”, es decir, de autolesión, por las que recibía tratamiento.

El suceso ocurría a primera hora de la tarde de este miércoles a la altura del kilómetro 30 de la autovía, sentido Cantabria. El Instituto Armado recibió el aviso del fallecimiento de una mujer a las 14:30, momento en el que varias patrullas se desplazaron al lugar.

Al llegar comprobaron que se trataba de una meno de 15 años que estaba siendo trasladada en ambulancia a su domicilio. Fuentes de la Guardia Civil han apuntado que aún se están investigando las circunstancias de lo sucedido, cerca del centro comercial Parque Principado.

Ciudadanos calificó ayer de «inadmisible» que el Gobierno baraje conceder indultos a «los líderes separatistas que dieron un golpe de Estado», explicaron oficialmente desde la dirección. El anuncio del ministro de Justicia en el Pleno del Congreso indignó a la cúpula del partido liberal, que desde hace meses mantiene una excelente relación con el Ejecutivo y que ha cerrado importantes acuerdos con Pedro Sánchez, sobre todo para las últimas prórrogas del estado de alarma. Sin embargo, desde Cs decidieron no romper de momento con el Gobierno, como confirmaron desde la dirección a EL MUNDO.

Eso sí, consideran que, como un miembro destacado de la Ejecutiva de Cs aseguró en conversación con este diario, tratar de negociar los Presupuestos del Estado con ERC y con Junts per Catalunya «utilizando los indultos es de sinvergüenzas».

«No es de recibo», continuaron explicando desde el cuartel general de Cs, que el ministro de Justicia anuncie la tramitación de los indultos «como si fuera una herramienta negociadora con Laura Borràs [portavoz de JxCat], que no le había preguntado nada de eso».

Aún así y pese a la indignación, Cs considera que el movimiento de ayer de Sánchez no rompe el tablero de la negociación de los Presupuestos. Además, como confirmaron también desde Cs, el Ejecutivo aún no les ha llamado para empezar a hablar de las cuentas del Estado.

«Va a haber gestos a los independentistas muchos días -añadieron desde Ciudadanos- pero hay que esperar a la foto final: o con los independentistas o unas cuentas sensatas con nosotros». Es decir, Inés Arrimadas insiste en la tesis que ya han trasladado al Gobierno: sólo hay una vía para negociar las cuentas del Estado, con los soberanistas que sólo buscan el interés de parte de su territorio, o con Cs.

La mano sigue por tanto tendida al Gobierno para que disponga de «un camino alternativo al chantaje separatista». Es Sánchez quien tendrá que elegir «si quiere que el futuro de los españoles lo decidan Bildu y ERC con privilegios para los políticos condenados» o negociar las cuentas con Ciudadanos.

El partido liberal anunció también que si el Gobierno termina concediendo los indultos, Cs lo recurrirá ante el Tribunal Supremo. Arrimadas va a presentar una iniciativa en el Congreso para prohibir los indultos para los condenados por sedición porque considera «intolerable que los políticos puedan tener privilegios por el mero hecho de serlo, tanto si son condenados por sedición como por delitos de corrupción».

El presidente del PP, Pablo Casado, confirmó que también su partido recurrirá al Tribunal Supremo cualquier indulto a los secesionistas. «Es inmoral qué Sánchez esté pactando con los independentistas para mantenerse un año más en el poder», enfatizó. Como el PP y Cs, también Vox anunció que elevará ese recurso ante el Tribunal Supremo si se hacen efectivos los indultos.

El líder de la oposición ofreció una rueda de prensa en la Cámara Baja ante la «extraordinaria gravedad» de las últimas decisiones del Gobierno al respecto de los secesionistas catalanes, en el día en que «Pedro Sánchez huye a Bruselas a una cumbre cancelada».

Casado dio por rotos todos los lazos con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial: «El PP es incompatible con dar indultos y con modificar el Código Penal a la carta para quienes han cometido graves delitos».

A su juicio, «destruir las instituciones es lo que pretende el Gobierno». «No entiendo que unos señores que dan un golpe a la Constitución reciban la amnistía de facto a través de una reforma legal», añadió.

Para Casado, «la deriva institucional» de España «ya está rozando los límites de lo que una democracia puede soportar», en referencia a la negociación del Gobierno con Bildu, a la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición y a la tramitación de los indultos de los líderes secesionistas.

El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta ha citado a declarar como investigado el próximo 1 de octubre al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés dentro de la causa abierta contra él por un presunto delito de maltrato que habría ocurrido el pasado mes de agosto en su domicilio en Majadahonda (Madrid).

Martínez Arrieta, que fue designado instructor del caso la semana pasada por la Sala de lo Penal del Supremo, ha citado también para el 1 de octubre a los testigos del caso: la esposa del magistrado Valdés, cinco guardias civiles destinados en el puesto de Majadahonda, dos particulares, un médico del SUMMA (Servicio de Urgencias Médicas de Madrid), y los miembros de la Policía Local de Majadahonda que intervinieron en el incidente.

Todos ellos han sido citados durante la mañana del 1 de octubre, a partir de las 9 horas, para comparecer y declarar en el Supremo.

El pasado 15 de septiembre, la Sala de lo Penal del Supremo abrió una causa penal al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés al apreciar indicios de la comisión de un delito del artículo 153.1 y 3 del Código Penal.

En su auto, la Sala afirmó que en la exposición razonada sobre los hechos elevada por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Majadahonda, tras sintetizarse el contenido de las diligencias, se expresa que de ellas resultan indicios de la eventual comisión por parte del investigado de hechos que pudieran encajar en dicho delito.

Valdés, de 75 años de edad, y gravemente enfermo, ha decidido cogerse una baja médica y abandonar el Constitucional mientras se tramita esta causa en el Supremo. Tal y como avanzó este martes EL MUNDO, el presidente del TC, Juan José González Rivas, sugirió al magistrado que optara por apartarse temporalmente del tribunal mientras se resuelve el procedimiento penal pendiente. El pasado jueves el magistrado presentó su baja ante el presidente que dio cuenta al secretario general de la institución y ayer lo al resto de magistrados en el Pleno.

Además, en el Constitucional confían en que el Supremo resuelva pronto la instrucción sobre los supuestos malos tratos del magistrado a su esposa a la par que consideran probable que la causa acabe archivada puesto que la presunta víctima niega la violencia de género.

Fernando Valdés fue detenido el pasado 11 de agosto por la Guardia Civil -y posteriormente puesto en libertad tras ser conducido a un hospital- después de que unos jóvenes que se encontraban en los aledaños de su vivienda en la localidad madrileña de Majadahonda denunciaran que se estaba produciendo una fuera discusión en la terraza del domicilio y que el magistrado había agarrado a su mujer del brazo, obligándola a entrar en la casa.

En España había tres reyes, dos reales y uno aspiracional. El primero fue enviado al exilio. Otro fue vetado en la segunda ciudad del reino. Y el tercero está a punto de coronarse a sí mismo como un Napoleón trucho, para lo cual necesita cumbres con banderas, ningunear al titular de la legítima dinastía y caminar olímpico sobre la pandemia como Cristo sobre aguas tormentosas. Solo puede quedar uno.
Un rey no tiene por qué dar explicaciones en el Parlamento, de modo que Sánchez se fue a Bruselas

En pleno estado de alarma, con la población confinada y en alerta por la pandemia sanitaria del coronavirus, dos hombres se presentaron en la vivienda de un matrimonio de 80 años, la población más vulnerable a la Covid-19, haciéndose pasar por sanitarios que iban a ayudarles a evitar el temido contagio. Lejos de ayudarles, les drogaron, maniataron y robaron unos 4.000 euros.

Ocurrió el pasado 8 de abril en la Travesía de Vigo y, cinco meses y medio después, una compleja operación policial, permitió la detención de esos dos falsos sanitarios y dos cómplices. Se trata de dos jóvenes de 24 años, un hombre de 51 y otro de 69, todos con domicilio en Madrid, si bien en el momento del arresto tenían la vivienda fijada en la localidad pontevedresa de Marín.

Todos ellos están considerados peligrosos delincuentes que se organizan para cometer distintos hechos delictivos, muchos de ellos con extrema violencia y entre los cuatro suman 59 detenciones anteriores, si bien no consta que ninguna de las mismas características de esta, un asalto cuidadosamente planeado.

Los investigadores consideran que programaron el robo meticulosamente. El día anterior, llamaron por teléfono a los dos ancianos y les dijeron que llamaban desde el hospital para indicarles que a última hora del día siguiente un médico iría a su domicilio para darle un tratamiento preventivo contra la Covid-19.

El 8 de abril, sobre las ocho de la tarde, se presentaron en la casa. Según la información facilitada por la Policía Nacional, sonó el timbre, el marido abrió la puerta y entró un hombre que se presentó como un médico de asistencia que venía a administrarle un tratamiento para que no pudieran contagiarse. Iba acompañado de un segundo hombre y ambos llevaban batas, mascarillas y guantes, simulando ser médicos.

Los falsos médicos dieron unas pastillas a la mujer, le pidieron al marido que se sentase en el sofá y charlaron con ellos. Cuando la mujer perdió la consciencia, uno de los varones obligó al marido a sentarse en el sofá y lo ató. Cuando ya no podía moverse, le preguntó dónde guardaban el dinero y el otro comenzó a registrar la vivienda.

Tras apoderarse de unos 1.000 euros, obligaron a la víctima a ingerir supuestos tranquilizantes y le maniataron. El hombre sólo recuerda que abandonaron el domicilio, sin recordar más sobre los agresores. Más tarde, se dio cuenta de que le faltaba la cartera con la documentación, así como unos 3.000 euros en metálico que guardaba en una cómoda.

El hombre se despertó aturdido y consiguió soltarse las ataduras, levantarse del sofá y atender a su esposa, que estaba inconsciente. Luego, salió al rellano del domicilio para pedir ayuda a los vecinos, que alertaron a la Policía Nacional.

Amplio historial delictivo

Los investigadores de la Policía Nacional lograron determinar que estos dos sanitarios no actuaban solos, sino que para el robo tuvieron el apoyo de otros dos individuos con un amplio historial delictivo por diferentes puntos de la geografía nacional y se estableció un dispositivo para localizar y detener a los cuatro al mismo tiempo. Ese operativo se desarrolló este martes en Marín.

La Policía Nacional asegura que el robo fue minuciosamente preparado y, para ejecutar el plan, utilizaron disfraces que les permitieron hacerse pasar por personal sanitario, circunstancia que, teniendo en cuenta la situación de confinamiento de la población en sus domicilios por la pandemia, aportó credibilidad y facilitó el robo.

Los partidos del Gobierno y sus socios han frenado este martes la tramitación en el Congreso de un cambio legal para que los políticos dejen de elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La propuesta de Ciudadanos contó finalmente con el apoyo del PP, que la secundó a pesar de que no se había pronunciado hasta ahora a favor de esta proposición de ley. De hecho, los populares habían rechazado en legislaturas pasadas propuestas similares. Pablo Casado apuesta ahora por reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y por eso rechaza pactar con el PSOE la renovación del CGPJ. A favor también se posicionaron Vox y el Foro Asturias. Todo el resto de la Cámara votó en contra y cargó contra el PP por bloquear la renovación del Poder Judicial.

Inés Arrimadas presentó esta iniciativa como «una de las grandes reformas pendientes» del país. Y recordó que el propio Pedro Sánchez se mostró a favor en 2014 de conseguir «un CGPJ verdaderamente independendiente del Gobierno».

Arrimadas aseguró que hay una «abrumadora mayoría» que exige «acabar con el vergonzoso reparto de jueces, a veces de manera chapucera y por WhatsApp». «Ni bloqueo, ni dedazos, es momento de escuchar a jueces y ciudadanos», finalizó.

Además de al CGPJ, la propuesta también planteaba reformar la selección de los miembros de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo para hacerlos totalmente independientes. Todas estas medidas fueron enmarcadas en una mejora también en la lucha contra la corrupción, porque son estos tribunales los que investigan y enjuician a los políticos que presuntamente se corrompen.

La propuesta se encontró con el muro de la izquierda y los nacionalistas, que tumbaron su toma en consideración. La portavoz del PSOE, Isaura Leal, defendió la independencia del Poder Judicial, una independencia «que no se cuestiona por la participación del Parlamento en su elección». Los socialistas -y otros grupos- recordaron que este sistema mixto de elección -los jueces proponen y las Cortes los eligen- funciona también en EEUU y en gran parte de Europa y nadie cuestiona por ello la calidad de estas democracias.

Es una cita a la que nunca falta el Rey. O faltaba. El acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. Una cita que se celebra en Barcelona -salvo el año pasado, que se hizo en Madrid- y hasta donde se ha desplazado Felipe VI desde que accedió al trono. Este año no acudirá. No presidirá el acto. Según ha informado el Consejo General del Poder Judicial, la entrega, que se celebra el viernes, será presidida por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes en vez de hacerlo el monarca.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por EL MUNDO, aseguran que desde el CGPJ se invitó como todos los años al jefe del Estado al acto solemne de la entrega de despachos. Según estas mismas fuentes, en un primer momento Zarzuela confirmó la asistencia y el acto se organizó siguiendo el protocolo marcado por la Casa del Rey pero, posteriormente, se produjo una segunda comunicación, esta última “hace unas horas”, donde se informó a la institución que preside Lesmes de que el Rey finalmente no acudiría al acto de Barcelona.

De hecho, pasadas las 14 horas de este martes, la jefa de gabinete del presidente ha remitido un mensaje a los vocales en nombre de Carlos Lesmes donde se recoge lo siguiente: “Queridos vocales y secretario general, me dirijo a vosotros en estas líneas para comunicaros lamentablemente que Su Majestad el Rey no podrá acompañarnos en el acto de entrega de despachos a la LXIX promoción de la carrera judicial, el próximo viernes 25 en Barcelona, como estaba inicialmente previsto”.

Todas las miradas sobre la exclusión del Rey de este acto están puestas en Moncloa como cesión a las fuerzas independentistas. Cabe recordar que los actos del Monarca son, por un lado refrendados por el Ejecutivo como recoge la Constitucion, y que tanto la presencia en un acto como las palabras que pronuncia son supervisadas y coordinadas con el Gobierno, con quien, de forma general, se acuerdo todo. Es más, en su presencia o desplazamiento la última palabra suele ser del Ejecutivo. Y las fuentes consultadas señalan que si Zarzuela confirmó su asistencia, sólo una decisión del Gobierno puede revertir la misma, si no obedece a causas de fuerza mayor.

Salvo en 2019, cuando se justificó su traslado a Madrid al cumplirse el 25 aniversario, el acto de entrega de despachos, que preside el Rey y la cúpula del Poder Judicial, ha tenido lugar en Barcelona desde 1987 al ser la ciudad donde está situada la Escuela Judicial en la que se forman los jueces de España. Esta decisión que se atribuyó a Lesmes, en un intento de no enfrentarse con el Gobierno de Pedro Sánchez, le costó graves críticas internas al presidente del Tribunal Supremo.

Según detalla en una nota de prensa el Poder Judicial, al acto está prevista la asistencia del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; además de la de los vocales del CGPJ; el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, y otras autoridades judiciales. Pero no del Rey.

Pese a que el CGPJ asegura que se confirmó la asistencia del monarca a la entrega de despachos, la Casa del Rey sostiene que el citado acto no llegó a estar contemplado en la agenda de previsiones de actos oficiales, según las fuentes consultadas por este diario. Un hecho llamativo, toda vez que la asistencia del Rey de España ha sido norma habitual. En todo caso, su ausencia no sería una decisión de última hora, pues en las previsiones que Zarzuela publica los viernes no figuraba su asistencia a la entrega de despachos. De hecho, este día no figuraba -y no ha habido variación alguna de agenda- ningún acto de ningún miembro de la Familia Real. La agenda semanal del Rey concluye el jueves con una visita a la sede del Tribunal de Cuentas.

Una juez de Madrid ha imputado al secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés Verelst, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado mes de julio presentó una querella contra otra este alto cargo y una quincena de personas vinculadas al manejo de fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Los hechos investigados se remontan a la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y podrían supone delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. La investigación de Anticorrupción que ha desembocado en el juzgado se activó a raíz de una denuncia de la Intervención General del Estado, según ha informado El Confidencial y han confirmado fuentes jurídicas. La querella se interpuso el pasado 21 de julio, apenas unos días después de que el BOE publicara el nombramiento de de Valdés. El secretario de Estado de Turismo es hijo del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés, actualmente de baja médica e investigado en el Supremo por un delito de maltrato.

La responsable del Juzgado de Instrucción número 39, Belén Sánchez, también habría citado como investigados al embajador en México y ex director de la AECID, Juan Antonio López Dóriga, según Europa Press.

La imputación afecta a otros ex altos cargos de la agencia como su ex director Jesús Moza Zapatero; Jesús Juan González Navarro, ex jefe del Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información; Francisco Salazar Palma, actual presidente de CESCE, empresa de capital mixto dedicada al crédito a la exportación; Begoña Cristeto Blasco, ex secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; y Guillermo Horche López, ex subdirector del ICEX. La querella se dirige igualmente contra varios empresarios. Los investigados están citados para declarar entre los días 13 y 16 de octubre.