Si Santiago Abascal dijese que para dar impulso a la economía española hacen falta más apellidos castellanos en el poder empresarial, no habría ni tinta ni papel suficiente para dar cabida a todos los análisis sobre el nativismo, el racismo y el chovinismo de Vox. Sin embargo, si Pablo Iglesias nos dice que echa de menos «más apellidos catalanes y vascos» en la misma élite, no pasa nada. Porque Iglesias, nos dirán sus hermeneutas, hace país mientras hace justicia histórica: ofrece oportunidades

Primera fumata blanca en Moncloa. Las dos patas del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, alcanzaron hoy un primer acuerdo sobre fiscalidad -el gran asunto de desencuentro de los dos socios- para subir un 1% el tipo del Impuesto de Patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros. Era una de las reclamaciones de Podemos que, en sintonía con el pacto de coalición, quería subidas fiscales a los más ricos.

En una reunión hoy por la tarde, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cerró esta variación en Patrimonio con el negociador morado, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Podría no ser la única novedad fiscal, ya que Podemos insiste en más aumentos a las rentas altas, aunque sus pretensiones quedan lejos de la gran reforma fiscal que preconizaba el Gobierno y que ahora la parte socialista ha querido orillar para favorecer la recuperación económica tras la pandemia y acercar el voto de Ciudadanos.

En Moncloa eran conscientes de que en algo tenían que ceder ante sus socios en la elaboración de los Presupuestos y que era precisamente la fiscalidad el asunto de mayor controversia. Desde la vuelta del verano Iglesias ha exigido a Pedro Sánchez que se aleje de Cs, un partido con el que ha estrechado lazos desde la aprobación del estado de alarma, impuesto la negociación en el seno del Gobierno sobre las cuentas, como paso previo a abrir conversaciones con otras formaciones, y ha tomado personalmente las riendas de los contactos con ERC y Bildu para que se aprueben con el apoyo de los partidos de la investidura.

Por eso, este jueves, aunque logró el incremento del impuesto de Patrimonio, se topó también con el buen resultado de la reunión entre la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal. Tanto desde el Ejecutivo y como desde la formación naranja conformaron que fue «bien». Para disgusto de Pablo Iglesias. El Gobierno, al menos la parte socialista, sigue contando con este partido para negociar los Presupuestos y el resto de proyectos legislativos en cartera.

“Frente al trío de Colón, se notará que Podemos está en el Gobierno”, avanzó

El encuentro, dentro de la ronda que Calvo está manteniendo con todos los grupos, fue tan bien que inmediatamente provocó un tuit de rechazo del líder de Podemos. El vicepresidente segundo se apresuró a exponer que «los Presupuestos son la Ley que de verdad desarrolla el programa de un Gobierno. Los socios de la investidura, que están expresando claramente su disposición a negociarlos, componen la mayoría parlamentaria que puede hacer viable el recorrido trazado en el programa de coalición».

“Justicia fiscal”

En otro mensaje posterior, más hostil aún al acercamiento a Ciudadanos, defendió que «frente al trío de Colón y sus privilegios fiscales para ricos, hay una mayoría que quiere justicia fiscal, que es lo firmado en el programa del Gobierno de coalición. En los Presupuestos se va a notar que en España hay un Gobierno progresista en el que está Unidas Podemos». Apenas tres horas después, ya se filtraba ese primer acuerdo para el incremento del 1% en el Impuesto de Patrimonio, algo así como el impuesto a los ricos que busca Podemos. La noticia llegaba a última hora de la noche. No se transmitió cuál sería el impacto en las cuentas públicas, ni en supuesta recaudación ni en el número de contribuyentes afectados.

Estas declaraciones y su contraste con la sintonía exhibida entre Calvo y Bal produjeron una nueva jornada de desarmonía en el Gobierno. Un Ejecutivo bicéfalo que habla con dos voces distintas.

Estabilidad necesaria

El vicepresidente ha conseguido que en los últimos días el Gobierno haya hecho guiños a ERC, con la reactivación de la mesa de diálogo y la recuperación de la reforma del delito de sedición. Pero como se puso de manifiesto hoy, Sánchez no abandona la posibilidad de acordar los Presupuestos con Cs.

De hecho, tras la entrevista con Bal, Calvo aseguró que coincidían con ellos en que «a este país le hace falta estabilidad y respuesta a los problemas que tiene» y «que es un momento para hacer política con grandeza, con poco egoísmo».

Calvo insiste en las llamadas a Cs pese a las constantes críticas de Iglesias

Ciudadanos, por ahora, aguanta, a pesar de la hostilidad de Iglesias y de sus llamadas a ERC y Bildu. Pero Bal advirtió a la vicepresidenta primera que al final tendrán que elegir entre Cs o los independentistas porque «son dos vías incompatibles». «La inmensa mayoría de los españoles y Bruselas quieren unos Presupuestos con Cs», garantía de «moderación» y «centralidad».

«Si se nos presentan unos Presupuestos sensatos, centrados y razonables, llenos de soluciones para los españoles, a Ciudadanos le dará igual lo que haga el resto», señaló Bal, para desligar su apoyo de lo que ocurra con Bildu o ERC.

Mensajes, diálogos, conversaciones, fechas… Detalles sobre los que empieza a construirse la negociación para intentar aprobar los Presupuestos de 2021. Unos contactos que en los días protagonizan por separado Carmen Calvo y Pablo Iglesias. Unos encuentros en los que el Gobierno lanza mensajes para encauzar el apoyo de las fuerzas independentistas. Por un lado, el líder de Podemos y vicepresidente segundo mostró «predisposición» ante la reivindicación de EH Bildu de acercar a los presos de ETA

Héctor Melero Martí, de 26 años y natural de Cullera (Valencia), se ha convertido en la primera persona ciega en aprobar las oposiciones a juez o fiscal, ha informado este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Melero, que se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid, es ciego total de nacimiento y pudo presentarse a las oposiciones después de que el CGPJ aprobara en mayo de 2014 un acuerdo en el que abría a las personas ciegas la posibilidad de ejercer como jueces.

Respondía de este modo a la consulta planteada por Gabriel Pérez Castellanos, también ciego total, sobre si podría acceder a la Carrera Judicial en caso de que llegara a superar el proceso selectivo correspondiente. El acuerdo, adoptado por unanimidad por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, señalaba que, en caso de aprobar las oposiciones, debería procederse a realizar las adaptaciones oportunas en su puesto de trabajo.

El CGPJ dispone para ello de los mecanismos normativos necesarios que, de hecho, vienen aplicándose habitualmente para otros supuestos de discapacidad, permanente o temporal, por la Sección de Prevención de Riesgos Laborales.

El CGPJ basó su decisión en un informe del vocal Juan Manuel Fernández, presidente del Foro Justicia y Discapacidad, en el que se recordaba que el artículo 49 de la Constitución obliga a los poderes públicos a realizar políticas de integración de los discapacitados y a ampararles en el ejercicio de sus derechos y que el artículo 301.8 de la LOPJ dispone que en las convocatorias para el ingreso en la carrera judicial se reservará un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 %.

“Asimismo, una vez superados dichos procesos, se procederá a las adaptaciones y ajustes razonables para las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo en los puestos de trabajo y en el entorno laboral del centro o dependencia pública donde desarrollen su actividad”, añade ese precepto.

El informe sostenía que son excepcionales los medios de prueba “que exijan la utilización del sentido de la vista de un modo insustituible” y agregaba que en la actualidad existen instrumentos tecnológicos que hacen fácilmente accesible cualquier documento a las personas invidentes.

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un nuevo protocolo de actuación policial para tratar de agilizar el desalojo de okupas tras la instrucción dada recientemente por la Fiscalía General del Estado. La novedad principal es que se elimina el plazo de 48 horas para proceder a echar a los usurpadores de la vivienda por parte de los agentes. Si el delito es flagrante o reciente se podrá expulsar a los okupas aunque Interior no establece ningún plazo legal para que los policías o guardias civiles devuelvan la vivienda al legítimo propietario. Fuentes del ministerio reiteran que los agentes podrán actuar cuando el delito es reciente.

Además, se establece que hay delito de allanamiento de morada tanto en la okupación primera vivienda como en la segunda residencia y en ambos casos es posible desalojar de forma inmediata al intruso sin necesidad de solicitar medidas judiciales y proceder a la identificación de los okupas y llevar a cabo su detención.

A partir de ahora, los policías nacionales, policías autonómicos, policías locales y guardias civiles deberán rellenar un atestado que recoja todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión de un delito y la participación de sus presuntos autores. “Que los atestados se afinen mucho más para agilizar la resolución judicial y ver si procede judicialmente el desalojo cautelar”, explican fuentes de Interior que citan, como ejemplos de esa información que puede contener los atestados, la declaración de vecinos al inmueble okupado, el título de propiedad por parte del denunciante, el resultado de la inspección ocular en los alrededores u otros elementos de prueba del delito.

El protocolo indica que si el inmueble ocupado no constituye morada se trata de una usurpación y que si el delito no es flagrante hay que solicitar el desalojo al juez. Hay que recordar que el Tribunal Supremo indica que para que se produzca un delito flagrante se deben dar al menos tres supuestos: inmediatez en la acción, inmediatez personal -que haya pruebas de la presencia del delincuente- y una necesidad urgente de intervención policial.

Fuentes del departamento de Grande-Marlaska dejan claro que el protocolo no es una norma, sino una instrucción para “clarificar” y “homogeneizar” los modos de actuación de las fuerzas de seguridad conforme a la legislación actual y de acuerdo con los criterios establecidos por la Fiscalía General del Estado en otra instrucción publicada la semana pasada.

Así, la instrucción firmada este jueves por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, remitida a las direcciones generales de ambos cuerpos para su traslado a los operativos, incluye medidas para mejorar los atestados de denuncia de okupación. Se trata, en definitiva, de que una vez las fuerzas de seguridad trasladen a la autoridad judicial esas denuncias, el juez y el fiscal cuenten con elementos suficientes para acordar en su caso el desalojo de ese inmueble okupado y no alargar el procedimiento judicial, según Efe.

Además de la mejora de los atestados, Interior habilitará este mes en la aplicación para móviles Alertcops una herramienta específica para que cualquier ciudadano, sea propietario de un inmueble usurpado o un vecino, pueda alertar con su teléfono a las fuerzas de seguridad de que un inmueble ha sido okupado e, incluso, pueda proporcionar a los agentes fotos del lugar.

La instrucción de Interior también incluye actuaciones de tratamiento, información y asesoramiento a las víctimas, para lo que aprovecharán los canales de contacto e información al ciudadano de sus páginas web oficiales, redes sociales y la propia aplicación Alertcops, que recogerá recomendaciones y mensajes preventivos e información general sobre el modo de actuar en caso de ser víctimas de este tipo de delitos.

No olvida el protocolo un refuerzo en la investigación de las mafias de la okupación o los delitos conexos que en ocasiones conllevan, como la defraudación del fluido eléctrico o las coacciones al resto de vecinos.

Pero la instrucción también indica que en algunos casos de ocupación ajena hay situaciones de verdadera vulnerabilidad, como la presencia de menores entre los ocupantes. En estos casos, y sin renunciar a la restitución a su dueño del inmueble allanado, las fuerzas de seguridad ejercerán su papel legal de agente desencadenante de una respuesta ágil por parte de las entidades e instituciones sociales y asistenciales.

Desde Interior admiten que si bien las okupaciones no se han incrementado notablemente, existe una percepción subjetiva de inseguridad ligada a este fenómeno y, por tanto, hay que darle respuesta. El nuevo protocolo policial se ha puesto en marcha dos días después de que la Fiscalía General del Estado emitiera una instrucción instando a los fiscales a pedir a los jueces el desalojo como medida cautelar.

A la espera de las medidas que en las próximas horas anuncie Madrid para intentar frenar el aumento de contagios, el Gobierno no oculta su preocupación por la situación del coronavirus en esta comunidad. “Estamos preocupados, vigilantes y dispuestos a apoyar”, ha dicho esta mañana la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en TVE. A la expectativa de las decisiones que se adopten para ver “si nos parecen suficientes”, para “ayudarles y coordinarnos con ellos”. “El problema en estos momentos (de la pandemia) está fundamentalmente en Madrid y no podemos pisar sus competencias”, ha destacado.

En la misma línea , en una entrevista en RNE, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que “hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación en Madrid”. No ha querido pronunciarse sobre si el Gobierno regional debería haber actuado antes. “No voy a entrar en eso”, ha indicado, porque además “es muy difícil” de valorar. Pero lo cierto es que aunque el Ejecutivo hasta hace unos días pensaba que más o menos la situación de la pandemia podía gestionarse adecuadamente en la comunidad ahora cree que está desbordada. “Lo que hay que hacer definitivamente es controlar”, ha reiterado Illa.

Y el mensaje se ha mantenido intacto a pesar del llamamiento del vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado, a que el Ejecutivo intervenga. Calvo, tras reunirse con Ciudadanos a mediodía en el Congreso, ha respondido que “el Gobierno no ha dejado de estar implicado nunca, desde el minuto uno” y ha citado la labor constante de coordinación con el consejero de Sanidad.

De nuevo el Ejecutivo central ha urgido a Madrid a actuar. “Tiene la obligación de tomar decisiones, si lo considera oportuno, y lo haga para que nosotros ayudemos y reforcemos en todo lo posible”, ha apuntado al vicepresidenta. Ha recordado que así es “como están trabajando el resto de las comunidades autónomas”. “Algunas también han tenido situaciones complicadas que han conseguido controlar y resolver”.

Por ahora el Ejecutivo central no ve necesario tomar el control con un nuevo mando único ni se plantea un estado de alarma en Madrid, en el caso de que lo consideraran inapelable e Isabel Díaz Ayuso no lo solicitara. El Gobierno todavía piensa que las regiones, también Madrid, pueden hacer frente a la situación sanitaria. El estado de alarma, ha señalado Illa a primera hora del día, es “el último escenario”. En su opinión hay todavía un “recorrido previo”.

Pero esta actitud de vigilancia sin querer del todo inmiscuirse destila cierto rencor por el tratamiento que el Gobierno recibió durante los meses del estado de alarma por parte de Ayuso o de Pablo Casado. La vicepresidenta, sin citar a ninguno de ellos pero refiriéndose a los dos, ha afirmado que si hacen algo esto podría generar críticas como las que ya recibieron: “No me invada mis competencias, no me atosigue, no me imponga una dictadura constitucional, levante el estado de alarma que yo puedo, si no hubiera estado de alarma yo lo habría hecho mejor” .

Agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta han arrestado al filo de la medianoche de este jueves a un hombre de 71 años como presunto autor de la muerte de su hermano, de 75, con cuya vida supuestamente habría acabado utilizando un arma blanca en el domicilio familiar, según las primeras pesquisas de los investigadores.

Varias patrullas del Cuerpo Nacional de Policía fueron requeridas alrededor de las 22,00 horas en la barriada de Villajovita, en la periferia de la ciudad autónoma, donde el presunto autor y la víctima son “muy conocidos”.

Efectivos de la Policía Científica han sido los primeros en revisar la vivienda en la que ha tenido lugar el suceso, sobre cuyo móvil y circunstancias se ha abierto una investigación con “varias” versiones recabadas sobre el terreno.

Fuentes policiales han apuntado que la hipótesis “principal” apunta a la existencia de disputas previas entre los dos hermanos.

En un hemiciclo semi vacío y envuelto en la atmósfera épica de una mercería en traspaso, las mascarillas fueron las grandes aliadas de Quim Torra, al camuflar durante su discurso en el Debate de Política General los gestos de desprecio de sus socios de ERC. Como en el ocaso de un matrimonio carcomido por viejos reproches, el independentismo ya no tiene reparos en mostrar el odio que se profesa incluso en «grandes ocasiones» como la cita parlamentaria de ayer. Antaño solemne ceremonia de inicio d

El pasado jueves el ex coordinador legal de Podemos José Manuel Calvente pasó tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Por videoconferencia desde Barcelona, relata como testigo los motivos que le han llevado a sostener que el caso Dina es “un montaje” de Podemos para sacar rédito electoral.

En el inicio de la comparecencia, ante los abogados de Pablo Iglesias y su ex asistente Dina Bousselham, Calvente indica que dentro del partido le explicaron que había “una estrategia” para “hacer un tema mediático del asunto”. Parte de esa estrategia, añade, era lograr que la Fiscalía accediera a citar a ambos como perjudicados por él robo del móvil de Bousselham y la difusión de su contenido. Si lo pedía el fiscal, explica, las cosas irían más rápido y se podría aprovechar antes el asunto.

Minutos más tarde, el juez recuerda a Calvente la entrevista publicada en EL MUNDO en la que afirmaba que todo había sido un montaje. El abogado responde que en cuanto tuvo noticia de lo que Iglesias había declarado ante el juez supo que había “mentido” y que ha ocultado a la Audiencia Nacional “cosas importantes”. “No seas tonto”, le responden en Podemos cuando les dice que la declaración y el asunto en general le parece “una patraña”.

La declaración profundiza en esa supuesta estrategia de Podemos y el testigo precisa que dentro de la formación había un núcleo de dirigentes, que denomina “gabinete de crisis”, que se encargaba de marcar el camino. En él estaban Iglesias y la ministra Irene Montero junto a Rafael Mayoral y Juanma del Olmo. La estrategia era sencilla, añade: “Vamos a usar el caso Villarejo para beneficio político”.

La investigación inicial del caso Dina ha girado en los últimos meses en contra del vicepresidente del Gobierno, si bien la Audiencia acaba de cerrarle esa vía al juez instructor. Uno de los puntos oscuros de la actuación de Iglesias era por qué había tardado como mínimo medio año en devolver a Bousselham la tarjeta robada que le había hecho llegar al líder de Podemos desde Interviú. Calvente explica lo que le dijeron en el partido: que Iglesias tenía miedo de que ella filtrara más material que le perjudicara.

La afirmación a preguntas del abogado de Podemos provocó que este exigiera la identidad de la persona de Podemos que le había dicho eso. Calvente no quiere por miedo a represalias, lo que lleva al juez a consultar al fiscal y a concluir que, si no da el nombre, el valor de la afirmación queda muy limitado.

Al final de la comparecencia, el juez le explica a Calvente que en los medios de comunicación ha leído que está recibiendo presiones y amenazas. El testigo lo confirma, pero cuando intenta ofrecer detalles se emociona. Cuando logra recuperarse, habla de un grupo a sueldo de Podemos que se encarga de campañas de desprestigio y que teme que tanta incitación al odio desemboque en un acto violento contra él o su familia.

“Podemos tiene un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que le atacan”, afirma el abogado. “Hay mucho loco en Podemos, hay bases muy locas, muchos radicales, hay mucha kale borroka”. La declaración concluye con el juez informando de que enviará este asunto a la Fiscalía para que lo investigue y ofreciendo protección a Calvente, que de momento la declina.

Unas horas antes de anunciar la penúltima victoria definitiva contra el fascismo, el Gobierno recibió la más insidiosa oferta de negociación de cuantas se recuerdan. La condición sobre la que se asentaría el diálogo con Bildu sería la de “presos por presupuestos”. Tal consigna reúne dos ideas que el socio parlamentario del Gobierno sostiene orgulloso. Que la justicia aplicada por la democracia a los terroristas es más bien la toma de rehenes de un conflicto y que, antes que ayudar a esclarecer l