El Gobierno abrió este martes un camino para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo que estaba vedado en España por la aprobación de la Ley de Amnistía y que ahora será transitable, en cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, una segunda porción de la ley de Memoria Histórica de 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero, que reconoce el derecho de investigación de violación de derechos humanos cometidos desde el golpe militar de 1936 hasta la aprobación de la Constitución.

Para ello se crea una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en el Tribunal Supremo para indagar todos los hechos constitutivos de delito durante este periodo y exigir las responsabilidades que proceda. Algo que hasta ahora no se ha podido hacer en España por la vigencia de la Ley de Amnistía y que ha llevado a algunas asociaciones de víctimas a recurrir a la llamada vía argentina para actuar contra el ex ministro Rodolfo Martín Villa por crímenes de lesa humanidad, atendiendo a los criterios de la justicia universal. Fuentes del Ejecutivo sostienen que esas denuncias se podrán tramitar ahora en España.

La interpretación que hace el Gobierno, y que puede cambiar diametralmente la actuación penal sobre estos delitos, es que sobre la Ley de Amnistía operan los tratados internacionales de derechos humanos. De hecho, el anteproyecto de ley de Memoria Democrática recoge textualmente que esta ley se interpretará conforme al artículo 10.2 de la Constitución: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».

Fuentes del Gobierno aluden a un «nuevo planteamiento internacional», a un nuevo enfoque sobre derechos humanos, muy reciente, impulsado desde 2014, plasmado en distintos informes de Naciones Unidas, para que estos delitos no queden impunes. Sobre esa filosofía, que permite concluir que no es necesario «tocar» la Ley de Amnistía, se ha construido esta ley. Por eso, toda denuncia en la que el fiscal entienda que existen indicios de delito se investigará al margen de la Ley de Amnistía, que ha impedido hasta ahora juzgar delitos con intencionalidad política cometidos antes de diciembre de 1977 y que, según la interpretación que todavía hacen muchos juristas, continua impidiendo cualquier investigación.

Además esta Fiscalía se ocupará de la búsqueda de desaparecidos, si así lo solicitan sus familiares. Porque otras de las grandes novedades de la ley es que el Estado asume esta labor (ya no queda en manos de asociaciones y familiares) y se ocupará la localización e inhumación de fosas, y el gasto que ello genere, tanto desde el Gobierno central como desde comunidades autónomas ayuntamientos y diputaciones. Además se creará un Banco Nacional de ADN y un Censo de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El Gobierno sostiene que todas estas acciones no distinguen “entre víctimas republicanas y franquistas” y que no se trata de «abrir heridas sino de cerrarlas».

En el Ejecutivo comparan la creación de esta nueva Fiscalía con la que supuso en su día la de Violencia de Género.

La Fiscalía General del Estado ha dictado este martes una instrucción en la que indica a los fiscales cómo actuar para frenar “con la mayor inmediatez” las okupaciones de inmuebles y restituir el bien a los propietarios mientras se dirime el asunto en los juzgados.

El escrito analiza los delitos de allanamiento (cuando el inmueble es una vivienda habitada) y de usurpación de inmueble (cuando no es ni primera ni segunda residencia) y marca las pautas que debe seguir el fiscal cuando tenga noticia de su comisión. La instrucción hace especial referencia “a los hechos de esta naturaleza cometidos en el ámbito de la delincuencia organizada”.

La instrucción tiene por objeto que los fiscales “refuercen su intervención en defensa de los derechos de las víctimas y los/las perjudicados/as por estos delitos, recurriendo con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, capaces de restablecer el legítimo derecho del/de la denunciante y evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el correspondiente procedimiento”.

La intención es que se reclame la expulsión de los okupas siempre que sea posible y cuanto antes. También indica cómo deben actuar los fiscales para recabar de forma rápida la información que les permita reclamar en el juzgado la medida cautelar.

El escrito firmado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, resalta que se puede pedir que se restituya el inmueble en cualquier fase del caso, desde la inicial noticia proveniente de la Policía hasta la fase de juicio.

El Ministerio Público indica que la casuística de okupaciones es enorme y que, al margen de las pautas generales, debe atenderse siempre a las circunstancias del caso. En este punto, indica que uno de los criterios para solicitar la medida cautelar de expulsión es el perjuicio que la ocupación esté causando a los vecinos del inmueble. “En todos los supuestos aludidos, al tiempo de valorar la solicitud de la medida cautelar, se tendrá en consideración no sólo a las víctimas o perjudicados por el delito, sino también a los/las vecinos/as y/o colindantes a los/las que el delito pueda suponer un perjuicio directo en el pleno disfrute de sus derechos”.

Este perjuicio para los vecinos afecta especialmente a los casos en los que el inmueble no se usa como vivienda y su propietario es una persona jurídica -un banco, por ejemplo-. En principio, estos son los supuestos en los que más difícil resulta pedir una expulsión cautelar. La nueva instrucción facilita que los fiscales reclamen la medida incluso en esos casos.

La instrucción indica que las medidas cautelares se deben adoptar “sin perjuicio de cerciorarse de que se ofrezca la asistencia personal y familiar necesaria en los supuestos en los que los/as ocupantes sean personas en situación de desamparo, riesgo de exclusión residencial o con hijos/as menores o personas dependientes a su cargo”.

La instrucción fue anunciada el pasado día 7 por Delgado en su discurso en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. La fiscal general declaró que las leyes actuales son suficientes para responder al problema y que bastaría con una instrucción a los fiscales. La iniciativa de la fiscal general sigue los pasos de otras instrucciones recientes dictadas en Baleares y Valencia.

El Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa penal al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés al apreciar indicios de la comisión de un delito malos tratos. La Sala ha designado instructor de esta causa al magistrado Andrés Martínez Arrieta.

En un auto, la Sala de Admisión afirma que en la exposición razonada elevada por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Majadahonda se expresa que de las diligencias practicadas resultan indicios de la eventual comisión por parte del investigado de hechos que pudieran encajar en dicho delito. El tribunal sigue así el criterio de la Fiscalía.

“Pese a las manifestaciones del investigado y de su cónyuge, el examen de las declaraciones prestadas por dos testigos y las referencias de uno de los agentes actuantes conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias con nombramiento de instructor, conforme al turno previamente establecido, para que el mismo, con libertad de criterio, acuerde las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y resuelva en su momento conforme previene la Ley Procesal penal”, recalcaron los magistrados de la Sala de Admisión.

Una “discusión de pareja”

Valdés, de 75 años de edad, fue detenido el pasado 11 de agosto por la Guardia Civil -y posteriormente puesto en libertad- después de que unos jóvenes que se encontraban en los aledaños de su vivienda en la localidad madrileña de Majadahonda denunciaran que se estaba produciendo una fuera discusión en la terraza del domicilio y que el magistrado había agarrado a su mujer del brazo obligándola a entrar en la casa.

Durante su comparecencia judicial, el catedrático -que siempre ha defendido su inocencia- negó haber maltratado a su esposa, con la que dijo lleva más de 50 años casado, mientras que la mujer renunció a interponer cualquier tipo de denuncia contra él a la par que rehusó a ser examinada para determinar si sufrió algún tipo de lesión. El matrimonio atribuyó el suceso a una fuerte discusión de pareja. La juez de Majadahonda también tomó declaración los vecinos que alertaron a la Guardia Civil.

Hay dos vías para actuar contra los afectados por el caso Kitchen. La primera es cumplir el automatismo establecido en los estatutos: se suspende la afiliación, de manera instantánea, a los militantes a los que se les abra juicio oral por corrupción. La segunda es que el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP les abra un expediente motivado, caso en el que los sancionados deben ser escuchados por el Comité.

“Estatutariamente eso no es automático. Pero se podría hacer”, aseguran a EL MUNDO fuentes de Génova, donde ya se contempla la posibilidad de actuar preventivamente contra María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández si finalmente fuesen imputados por el caso Kitchen. ¿Por qué? Por la “gravedad” de los hechos, que no se esconde en la dirección nacional del PP.

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, presidido por Andrea Levy, puede abrir expediente, e incluso suspender de militancia, a un afiliado aunque no se le haya abierto juicio oral (que es la regla general que marcan los estatutos), pero ello requiere una reunión extraordinaria del Comité, y darles audiencia a los imputados. “Cuando ocurra, se estudiará”, atajan en Génova.

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista concedida a TVE, ha apuntado en ese sentido. Preguntado por qué si esperaría a que se les abriera juicio oral, como marcan los estatutos, o contempla actuar antes, ha abierto esa puerta: “Veremos en su momento, porque la suspensión de militancia en su caso se tiene que acordar en el momento en que se produzca la imputación”, ha asegurado.

Eso sí, en Génova están convencidos de que Cospedal no será imputada, por eso apelan a la máxima prudencia para con ella. Esto significa que la dirección del PP sí cree que Fernández puede ser investigado.

“Entendemos que las hipótesis sobre situaciones tan complicadas como las que se están investigando ahora mismo hay que hacerlas con extremo cuidado. Si se confirman los hechos, el PP tomaría decisiones”, ha explicado el portavoz nacional. “El PP en ningún caso ha negado que los hechos, en el caso de confirmarse, son graves, y, en el caso de confirmarse, repito, tendremos que tomar decisiones”, ha recalcado.

“Hay un procedimiento judicial, respetemos el Estado de Derecho”, ha acotado. “Nosotros lo que decimos es que se investigue, que se llegue hasta el fondo y no se hagan juicios paralelos”, ha insistido Almeida, antes de criticar a Podemos, que está imputado, no por el “y tú más”, sino el “¿y tú qué?”.

En ese sentido, ha insistido en que no entiende “la necesidad de que el PP tenga que cambiar su denominación ni su sede” por la Kitchen. “¿Alguien le preguntó al PSOE si se iba a dejar de llamar PSOE cuando organizó la guerra sucia contra ETA desde el Gobierno?”. Y ha añadido una apostilla: “Mantengo mi confianza en Mariano Rajoy”.

El Gobierno “no tiene interés” en conocer la cifra de muertos

Con la segunda oleada del coronavirus en pleno proceso, las cifras de fallecidos por la pandemia siguen ancladas en mitad del debate político. El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a dudar este martes de los datos aportados por el Gobierno al considerar que este “no tiene interés” en que se conozcan los reales.

“No lo digo yo, lo dice Pedro Sánchez que ha asegurado que la pandemia aún no ha pasado”, ha insistido el regidor en una entrevista en TVE que ha situado como cifras “más fiables” las aportadas por el Registro Civil que, en este año, tras el paso de la pandemia, ha notificado un repunte de fallecimientos en el país

Ese ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el portavoz popular para defender la comisión de investigación al Ejecutivo presentada por su partido en el Congreso a causa de la crisis sanitaria de la Covid. “Los españoles tienen derecho a conocer la verdad”, ha afirmado Almeida, que ha pedido “liderazgo” al Gobierno

El 7 de octubre de 2019, la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía de La Rioja convocaba un proceso para cubrir plazas vacantes a Cuerpos de Policía Local de distintos municipios de la comunidad para la categoría de Policía. Más de un mes después, nombró a los miembros de la Comisión de Valoración y del Tribunal Calificador. Entre ellos, Julián Prudencio y Ana Belén Navajas, ambos trabajadores de la Consejería de Ana Santos. Ellos evaluaron y decidieron, entre otras personas, sobre u

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña y hoy eurodiputado Carles Puigdemont ha presentado ante la Eurocámara una petición de amparo de su inmunidad en relación a las informaciones publicadas en EL MUNDO el pasado 31 de agosto. En un reportaje del suplemento Crónica se apuntaba: “En la Audiencia Nacional hay en estos momentos varios procedimientos abiertos centralizados en el juzgado central de instrucción número 6, diligencias previas y piezas separadas relativas a presuntos delitos cometidos por diversos sectores del independentismo catalán. Entre estos procedimientos, cuya instrucción ya va finalizando, se encuentra por ejemplo el de los CDR, los 9 detenidos por terrorismo que fueron puestos en libertad (aunque finalmente sí se les encontró termita explosiva). Otro es el nuevo plan de Puigdemont y sus colaboradores. Las Fuerzas de Seguridad, que tratan de perfilar su alcance, habían acumulado hasta el pasado martes una quincena de solicitudes de escuchas telefónicas pendientes de aprobación durante meses, entre ellas la del empresario Josep María Matamala, amigo personal del ex president, su benefactor, que también fue detenido con él en Alemania en marzo de 2018 y al que se acusa de encubrimiento por rebelión”.

Puigdemont considera que el Artículo 7 del Reglamento interno del Parlamento Europeo, dedicado al Amparo de los privilegios e inmunidades, se puede aplicar, puesto que establece que “En caso de que se alegue que las autoridades de un Estado miembro han vulnerado o están a punto de vulnerar los privilegios e inmunidades de un diputado o un antiguo diputado, podrá solicitarse, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, una decisión del Parlamento respecto a si se ha producido, o es probable que se produzca, una vulneración de dichos privilegios e inmunidades”.

El presidente de la Cámara, David Sassoli, ha explicado la cuestión este lunes al arrancar la sesión plenaria, en la que ha enumerado varios casos de peticiones de autoridades judiciales de diferentes países exigiendo la revocación de la inmunidad de varios diputados. “El honorable Puigdemont ha presentado una petición de defensa de inmunidad en el procedimiento penal que según un artículo de prensa ha empezado el el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional de España. Según el reglamento se ha pasado el tema a la comisión de Asuntos Jurídicos”, ha indicado el italiano.

El procedimiento es estándar y relativamente habitual. Hay más de 700 diputados y cada año llegan unas cuantas reclamaciones sobre ellos. Y también es habitual que los imputados o reclamados por la Justicia pidan amparo. La Comisión JURI, formada por diputados, analizará el caso en las próximas semanas. Pero dada la de por sí peculiar situación del ex president, reclamado por la Justicia española, con un suplicatorio ya en marcha, con un procedimiento parado tras numerosas etapas ante la Justicia belga y con causas ya cerradas en otros países, la interpretación en Bruselas es que Puigdemont únicamente trata de hacer ruido. Una posible imputación no supondría nada nuevo o que cambiara su situación actual, pues para que Bélgica pueda entregarle a España, como se ha pedido en numerosas ocasiones, primero es condición ineludible que la Eurocámara apruebe el suplicatorio llegado desde Madrid y revoque la inmunidad.

Todas las partes en las instituciones comunitarias están más o menos al día del caso, y los miembros de la Comisión ya están al corriente de los pormenores. Pero esto, una nueva jugada en una larguísima partida de ajedrez, sirve para calentar la situación del suplicatorio, cuyos trámites han sido retrasados por el Covid 19 pero que debería poder cerrarse a principios de 2021. Pero también suma para lograr que su causa judicial pueda tener réditos políticos ahora que abandera una nueva formación de cara a las próximas elecciones catalanas.

Operación secreta

Puigdemont habría argumentado en su petición que el procedimiento que estaría abierto en España es una operación secreta, tratando de que parezca una especie de conspiración de las cloacas, y con la aspiración de generar una corriente de simpatía en su favor en la comisión de Asuntos Jurídicos, presidida por el español Adrián Vázquez, de Ciudadanos.

La táctica desde hace mucho tiempo es acumular casos, ejemplos, expedientes para sustentar la tesis de que hay una cacería infundada, una persecución de todas las instituciones españolas, conchabadas para acabar con él. Que no hay separación de poderes y que por ello la Eurocámara no debería conceder en última instancia el suplicatorio, cuando, en teoría, debería ser un procedimiento casi automático. La inmunidad protege al diputado por su acción política y su labor en el cargo, pero no por o de acciones penales cometidas mucho antes de conseguir el escaño. La inmunidad le permite desplazarse por la UE, aunque tenga causas abiertas, y le protege de un arresto (y a pesar de ello viaja a Francia, pero nunca se ha atrevido a probar los límites en España), pero no ampara toda su biografía. Pero una cosa es lo que digan las normas y otra la interpretación.

La comisión Juri puede hacer un informe recomendando acceder al suplicatorio y revocar la inmunidad, pero el voto final es el pleno y ahí lo que importa es la valoración política. Puigdemont cuenta con bastantes simpatizantes, pero lleva tiempo sin que se hable de él y su equipo sabe que eso pesa en su contra. Usar una posible imputación que extrae de un reportaje es una táctica más para remover las aguas y volver al centro del debate. En Bruselas o Barcelona.

Por primera vez en los 25 años que lleva funcionando el jurado en España -así al menos lo han manifestado los letrados del juicio del crimen de los tirantes- un miembro del jurado ha sido expulsado de un juicio. Así lo ha decidido la magistrada María José Gil Corredera, en la sexta sesión del juicio en la que las partes han estado exponiendo sus conclusiones e informes finales. La expulsión obedece al comportamiento que el jurado número 2 tuvo en la primera jornada del juicio, celebrada el pasado lunes 7 de septiembre.

El jurado en cuestión interrumpió la sesión en varias ocasiones y se dirigió al abogado de la defensa, Endika Zulueta con expresiones como “flaco favor está haciendo a su defendido” cuando Zulueta pidió que le quitaran las esposas al acusado antes de entrar en la sala o “cómo no va a querer matarlo con las patadas que le da en la cabeza” en otro momento de su exposición. Llegó a pedir también que se hicieran recesos cada determinadas horas porque tenía que fumar.

Y según ha revelado hoy el abogado de la acusación popular, que ejerce Vox, también, se negó en un primer momento a realizar el juramento del jurado. “Cuando usted lo exhortó a prometer, dijo que ni juraba ni prometía. Hizo una señal al cuadro que tiene usted por encima [el del Rey], usted le hizo una advertencia y él dijo ‘juro, juro'”.

“Intolerable”

En la segunda sesión del juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Zaragoza, el abogado de la defensa pidió por escrito la recusación de este miembro del jurado con el argumento de que podía “contaminar con sus consideraciones previas al resto de miembros del jurado”.

“Es intolerable”, “es un pitorreo”, dijo la juez entonces sobre su actitud. Finalmente, tras consultar con las partes y discutir si era el momento procesal adecuado para hacerlo, permitió que siguiera formando parte del tribunal del jurado con advertencia de multa. El afectado pidió disculpas y dijo que no se volvería a repetir. Tanto la acusación particular como la popular, ejercida por Vox, pidieron que se quedara.

Aunque no volvió a protagonizar más incidentes a lo largo de la semana, hoy, sin embargo, la magistrada ha cambiado de opinión, quizás intentando evitar que el juicio pueda ser de nuevo anulado por esta causa. “Hizo manifestaciones que podrían implicar animadversión hacia el letrado de la defensa y su cliente”, decía la magistrada antes de pedir su sustitución por uno de los dos suplentes.

“Tenía que haber tomado usted esa decisión en su momento y no ahora”, ha protestado Zulueta, al considerar que el expulsado había formulado cuestiones a los testigos y peritos e ha influido igualmente en el resto del tribunal. “Sigue estando el jurado contaminado porque ha realizado preguntas una persona que tenía una idea preconcebida sobre el fallo y una animadversión, al menos aparente, sobre el letrado de la defensa”, añadía.

“Comportamiento exquisito”

“Es una circunstancia que es la primera vez que se da en una ley que lleva 25 años de vigencia. Por lo tanto se trata de una situación absolutamente excepcional”, decía Enrique Trebolle, abogado que representa a la familia Laínez. “No cabe recusación porque estos señores están actuando como poder judicial y esta persona puede cometer el error de no saber las reglas del juego. Luego su comportamiento ha sido exquisito”, añadía manifestando su oposición. El abogado de Vox, que también se ha mostrado contrario a la expulsión, ha manifestado a la juez que no se daban las circunstancias legales para recusarlo.

Este incidente ha quitado protagonismo al resto de la sesión en las que las partes exponían sus argumentos y conclusiones finales. Lo han hecho todas las partes a excepción de la defensa, que si ha leído sus conclusiones pero no ha presentado su informe final. Endika Zulueta, abogado de Rodrigo Lanza, ha pedido el aplazamiento de su intervención a mañana por lo tarde de la hora y para atender un problema familiar grave.

La fiscal, Ana Cabeza, la primera en intervenir, ha pedido 25 años de prisión por un asesinato agravado por motivos ideológicos. Ha sostenido que Lanza atacó a Víctor Laínez “por la espalda”, que le propinó “un golpe por detrás muy fuerte” sin que la víctima tuviera posibilidad de defenderse, actuando por tanto con alevosía, y que, una vez Laínez cayó “inconsciente” al suelo, “lo remató” propinándole “golpes y patadas de forma reiterada”.

La Fiscalía ha establecido, citando a los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) que realizaron la autopsia, que la muerte no se produjo como consecuencia de un único golpe, sino de los “múltiples traumatismos craneoencefálicos que provocaron un importante edema cerebral”.

El anterior jurado -el juicio se repite tras se anulado el anterior por falta de motivación del jurado en sus respuestas- estimó que causa más probable de la muerte de Laínez fue el fuerte impacto que se dio en la cabeza, tras la oreja, al golpearse en la caída al suelo y que no falleció directamente por los golpes que le dio Lanza.

“Los forenses mantienen que esa lesión no se puede producir por la caída al suelo porque existen otras zonas más salientes de la cabeza. Tendría que haber también lesiones en el hombro, en la clavícula, e incluso en la cabeza y no las hay”, ha dicho la fiscal al jurado.

También ha negado la teoría de la defensa de que Laínez falleciera a consecuencia del paro cardíaco provocado porque la víctima padecía una microcardiopatía dilatada, es decir, que tenía un corazón más grande de lo normal. “Ese corazón no presentaba ninguna anomalía ni lesión”, ha dicho en referencia a los resultados de la autopsia, “y Víctor Lainez no estaba sometido a ningún tratamiento para esa patología si es que era tan grave…”.

La fiscal ha destacado también que el el corazón de Laínez seguía funcionando cuando la familia, de acuerdo con los médicos que lo atendían, decidió desconectarlo. “Lo que no funcionaba era el cerebro”, ha dicho.

Sobre la posibilidad de que Laínez atacara a Lanza con una navaja o cuchillo, como sostiene el acusado para esgrimir legítima defensa, la fiscal ha puesto de relieve la contradicción de que Lanza en su primera declaración situó la navaja en la mano izquierda de Laínez y el amigo que lo acompañaba aquella noche, el único testigo que vio el supuesto arma blanca, lo colocó en la mano derecha.

“El propietario del bar no ve que Víctor lleve ninguna navaja ni ningún cuchillo ni similar. Ningún testigo la ve, ni en la mano de Víctor ni en el suelo. Cuando llega la Policía, examina el lugar y no localizan nada, ni siquiera en las ropas de Víctor Laínez, y en el estado en que estaba es imposible que la ocultara”, añadía negando la existencia de un cuchillo.

“¿Qué intención movió al acusado, matarlo o sólo lesionarlo?”, se preguntaba la fiscal. “La intención del acusado era la de acabar con la vida de Víctor y no únicamente lesionarlo y golpearlo, porque ya con el primer golpe por detrás a traición lo lógico es que el acusado hubiera desistido de su acción de agredirle, algo que hace de forma continuada ya después aprovechándose de la situación de desvalimiento en la que se encuentra su víctima”

La fiscal ha rechazado también que Lanza pudiera haber actuado movido por un miedo insuperable, uno de los eximentes que exime la defensa, porque siguió a Laínez cuando éste regresó al bar tras un primer enfrentamiento en la zona de salida. “¿Por qué no huye el acusado en ese momento si realmente tiene tanto miedo? Había perdido de vista a esa persona que tanto le aterraba…”

Y ha fundamentado su petición de asesinato por motivos ideológicos no en los tirantes de la bandera de España que llevaba la víctima sino en lo sucedido en el primer encuentro que Lanza y Laínez tuvieron en la barra del bar.

Según refirió Lanza a sus amigos, le dijo a Laínez que era “un facha, un fascista, y que no quería fascistas en el barrio” y Laínez que respondió que Él era “un sudaca y que se marchara a su país. “Todos los testigos intuyeron, por las características físicas y estéticas de ambos, que se debía a motivos ideológicos”, decía la fiscal describiendo a Lanza como de “ideología antisistema”. “Pertenece al movimiento okupa y antisistema y además es muy activo”.

Tanto la acusación particular como la popular, ejercida por Vox, han pedido 25 años por asesinato por motivos ideológicos como la Fiscalía, pero solicitan además el agravante de ensañamiento. “Después del golpe, cuando cae al suelo, Laínez sufrió”, ha sostenido Enrique Trebolle, abogado de la familia de la víctima. “Laínez sufrió por los golpes que no eran absolutamente necesarios para causar la muerte. Con una patada se mata. Hubo infinidad de patadas, la brutalidad y la falta de piedad fue total”.

Una navaja que no aparece

A falta de la lectura de su informe final, en sus conclusiones el letrado de la defensa ha mantenido que Rodrigo Lanza merece la absolución al estimar que actuó en “legítima defensa”, en un “arrebato” y movido por un “miedo insuperable”, además de “bajo los efectos del alcohol” y convencido de que Laínez lo atacaba con un cuchillo.

Según la defensa, Rodrigo Lanza actuó “presa del pánico” al ver que Laínez “intentaba agredirlo con una navaja o arma blanca similar similar”, o al menos convencido de que la llevaba, “temiendo por su vida y con la única intención defenderse”.

La teoría de la defensa es que alguien pudo retirar el cuchillo o navaja del lugar de los hechos. “Antes de que llegara la ambulancia, entró en el local una persona que manifestó ser amigo de Víctor Laínez, quedándose cerca del mismo hasta que llegó la ambulancia y la Policía desalojó el local, sin que en ningún momento fuera identificado por la Policía. Ni la navaja ni el teléfono móvil del señor Laínez fueron encontrados por la Policía en el lugar de los hechos”, decía el letrado Endika Zulueta.

Para esta parte no ha quedado acreditado durante el juicio que la agresión se produjera “por motivos ideológicos” y tampoco que Laínez estuviera consciente cuando Lanza lo golpea ya en el suelo, lo que implicaría “ensañamiento”.

La defensa ha apuntado como posible causa de la muerte la parada cardiaca que Laínez sufrió tras recibir los golpes y ha señalado que ésta pudo ser ocasionada por el problema que sufría en su corazón. “Los facultativos de la ambulancia estuvieron más de 30 minutos intentando reanimar a Víctor Laínez consiguiéndolo finalmente. Dados los antecedentes médicos de Víctor Laínez la parada cardiaca sufrida pudo ser determinante para su muerte”, ha dicho.

Según la defensa, “Víctor Laínez presentaba una única lesión en el cráneo potencialmente mortal, consistente en fractura de hueso temporal derecho”, lesión que “pudo ser causada al caer Víctor Laínez al suelo tras el fuerte puñetazo de Rodrigo Lanza e impactar la región lateral derecho de su cráneo contra el suelo”.

“Rodrigo Lanza actuó en todo momento por el profundo temor a perder la vida sin que tuviera influencia la supuesta ideología política del señor Laínez. Rodrigo actuó altamente influenciado por un instinto de supervivencia. Rodrigo no tuvo en ningún momento intención de matar al señor Laínez ni se pudo imaginar que su acción pudiera producir la muerte. El alcohol ingerido por Rodrigo afectó gravemente a sus facultades cognitivas y/o volitivas, lo que potenció el efecto amenazador de las situación sin que percibiera otro medio para evitar la agresión contra su vida que actuar tal y como lo hizo”, concluía la defensa.

“El estado de pánico sufrido por Rodrigo con plena representación de su propia muerte junto con la afectación alcohólica descrita provocó que en el concreto momento de los hechos sufriera una reacción en cortocircuito, una perturbación mental fugaz que anuló su capacidad de entender y comprender en ese momento lo que estaba sucediendo”, añadía .