En la fiesta de la juventud de Villaverde predominaban los chavales menores de 18 años, pero en una de las mesas de la esquina llamaban la atención seis mujeres mayores. Saludaban a todo el mundo, repartían pines y calentaban motores para hablar en la radio comunitaria del barrio, OMC. Es entonces cuando Fe Ransanz, de 74 años, cogió aire y se puso a cantar: “Unas señoras lideresas /decidieron hacer un grupo y hace 8 años que ahí están”. Se unieron Carmen y Manuela. “Y es que todas son diferentes/ y todas tienen de especial /favorecer a las mujeres y darles visibilidad”. Las tres aplauden al final de este concierto improvisado. Son las Lideresas de Villaverde, un grupo de mujeres mayores de 65 años que llevan casi una década dando de qué hablar en el distrito.

Todo un fenómeno que defiende “la convivencia”, la “ciudadanía”, y la “igualdad”. Este año recibirán una de las medallas de San Isidro 2023, un distintivo conmemorativo que otorga el Ayuntamiento de Madrid a personas o colectivos relevantes en la capital. “No sé si podemos ir diciéndolo ya… ayer me llamó mi hija diciendo que no se podía aguantar, que se lo iba a decir a sus compañeros de trabajo. Estamos todas alucinando”, señala sonriendo una de ellas.

¿Quiénes son las Lideresas de Villaverde? Este colectivo empezó en 2014, cuando la dirección de mayores del Ayuntamiento de Madrid propuso junto al agente de Igualdad de Villaverde, un proyecto piloto para los espacios de mayores del distrito. Las juntas directivas de estos lugares estaban dominadas por hombres, pero predominaba la presencia femenina. Fue entonces cuando las dos Cármenes, Julia, Fe, Manuela y Paloma –ahora fallecida–, tomaron las riendas del barrio. En todos estos años han hecho radio y eventos, han dado charlas, han participado en talleres y han conseguido crear un espacio seguro para mujeres mayores donde se sienten a gusto. “Cuando las conocí a ellas, empecé a vivir”, señala Julia de la Prida, de casi 80 años.

Cada una tiene su historia, “su mochila”, su pasado y sus creencias. “Pensamos muy distinto en muchas cosas, y lo debatimos todo”, apunta Mari Carmen Martín, de 79 años. Antes no se conocían, aunque llevaban décadas viviendo en el distrito. “Yo ni siquiera iba a los centros. El que sí que iba era mi marido y me avisó de esto”, añade Manuela. “Al principio íbamos poco a poco… éramos como un elefante en una cacharrería, pero lo estamos consiguiendo”, continúa Martín. Ahora hay más mujeres a la cabeza de los espacios de mayores del distrito.

“Cada mes teníamos reuniones y debates con el equipo del Ayuntamiento, ¡y hay que ver lo que debatíamos!”, continúa Carmen. Además, al principio no recibían ningún tipo de financiación. Estuvieron durante meses peleándolo y finalmente, por su especial interés en hacer radio, consiguieron presupuesto para hacer su propio programa en la OMC de Villaverde. Su intención es clara: “Lo primero, disfrutar”.

“Somos diferentes”

Cada una de las lideresas de Villaverde tiene un bagaje distinto y comparten algunas de sus historias con este periódico. “Lo bonito es nuestra diversidad política, religiosa y de todo”, explican. La que señalan que vino “de antes” ya con la “bandera feminista” es Mari Carmen, por lo que explica que, en su infancia, recuerda que era como “ir como en una selva cortando las malas hierbas y exigiendo libertad para salir y entrar”. No es el caso del resto.

Julia de la Prida, originaria de Carabanchel bajo, cuenta que “empezó a vivir” cuando conoció a las Lideresas después de separarse. No quiso indagar demasiado en el tema, simplemente reconoce episodios de violencia. “Yo soy muy cortada y apenas hablaba. Juntarme con mis compañeras fue una liberación”. Se define como una mujer “valiente”, pero que no se dio cuenta hasta que conoció a las Lideresas. “¡Hasta que te separaste, eso sí fue valiente!”, interviene otra de ellas en mitad de la conversación.

Francisca Sierra, de 75 años, es la última incorporación al grupo. Se quedó viuda con tres hijos a los doce años de matrimonio. “Un día me dijeron, ¡vente a la radio! y ahí que fui. Y yo, Paqui, trabajé de modista antes de casarme. Después me quedé viuda el día de Navidad y el 2 de enero ya estaba trabajando. Y de ahí, pa’lante, pa’lante, pa’lante. Y ha salido todo Dios pa’lante”, refiriéndose a sus tres hijos.

Por su parte, Fe, que tiene “sesenta y catorce años” y es una apasionada del canto, recuerda que su casa siempre ha compartido las tareas del hogar con su marido. “No me ayudaba, es que lo hacíamos los dos”, explica. A sus hijos no les sorprendió: “Saben como soy”. Y Carmen expone que sus hijas le dicen que es lo mejor que ha hecho. “Yo las he criado con mucha libertad y ahora mi nieta siempre me pide la chapa”, dice señalando el pin de las Lideresas que decora su chaqueta vaquera. “Hace poco me dijo mi marido: oye, antes no eras así. Y yo le contesté: pues menos mal que, aunque tarde, he aprendido”.

Tampoco son ajenas a las actuales discrepancias dentro del feminismo en nuestro país. María del Carmen Martín no se corta un pelo: “Se ha intentado hacer la casa por el tejado”. Todas se mojan. “Yo soy clásica, y punto, y hay leyes nuevas que no me gustan”, señala Fe. En ese momento se genera el debate y cada una argumenta lo que le parece bien y mal de las turbulencias de los últimos meses. “Yo lo que pensaba en los 80, no lo pienso ahora. Hay que evolucionar. Para mí, lo que va por delante son los derechos humanos. Pero tenemos que trabajar juntas y no dividirnos. Porque llevar distintas banderas el 8M me lleva por los demonios. Aunque bueno, yo ya no voy por las piernas”, asegura Mari Carmen, refiriéndose a su dolor en las extremidades que le dificulta caminar. Pero una cosa sí tienen clara y lo defienden en común: “¡No somos mojigatas!”.

Que la aritmética en política es caprichosa es sabido, pero los giros de guion no lo son menos. Mientras Podemos y Sumar han aplazado tácitamente su Guerra Fría a tres semanas del 28-M, en Galicia, la casa política de la vicepresidenta Yolanda Díaz, está sin barrer con guerras silentes por estallar en un guirigay de siglas en inestabilidad variable y los mismos nombres propios bajo otras marcas enfrentados con sus antiguos camaradas.

La comunidad ya fue el laboratorio en el que se comenzó a ensayar Podemos en 2012, a partir de la experiencia de AGE (Alternativa Galega de Esquerdas) que Díaz colideraba con Xosé Manuel Beiras en el Parlamento gallego con Pablo Iglesias como ideólogo y asesor. Los tres acabaron como el rosario de la aurora.

La historia se repite y las municipales gallegas serán ensayo general y termómetro de cómo funcionan las coaliciones in extremis hechas en los restos del naufragio de dos bloques enfrentados que un día fueron parte del mismo todo: la formación morada y las mareas municipalistas, o bien, Podemos en solitario. Anticipa lo que puede venir en las generales con o sin acuerdo a la izquierda del PSOE.

En cuatro de las siete grandes ciudades gallegas —A Coruña, Santiago, Vigo y Lugo— se presentan candidaturas unitarias de izquierdas donde se entremezclan los afines a Sumar y los leales al viejo Podemos, con los restos de las mareas municipalistas y algunos militantes de Anova, escisión del nacionalismo gallego. En otras dos, —Pontevedra y Ferrol— Podemos concurre en solitario con unas listas que mezclan partidarios de la unidad con fieles pablistas, en una ensalada de siglas aderezada con IU, Alianza Verde, restos de las mareas municipales, Equo, Anova e incluso Recortes Cero.

Todo un galimatías urbe a urbe empezando por Ferrol, la ciudad natal de la ministra y la excepción a casi todo. Primero porque ningún alcalde ha sido capaz de repetir mandato desde los albores de la democracia. Segundo, porque ha sido la única de los grandes núcleos urbanos en los que Podemos-Alianza Verde y Ferrol en Común (FeC) no se han puesto de acuerdo ni en el tiempo de descuento y concurren por separado.

De seguir empadronada en Ferrol, a donde regresa con frecuencia, Yolanda Díaz, tendría fácil el voto a Jorge Suárez, antiguo camarada de Izquierda Unida y exalcalde entre 2015 y 2019, que saca mucha ventaja al ignoto candidato morado.

A la fiesta de la democracia ferrolana se suman los clásicos: PP, PSOE y BNG, y los noveles: Vox, Ligando y Coalición de Centro Democrático. Ocho listas para una ciudad de 64.000 vecinos donde la inestabilidad política roza el delirio.

En A Coruña, la nota curiosa la pone el padre de la vicepresidenta, Yolanda Díaz: el histórico sindicalista Suso Díaz, que cierra la lista de Por Coruña. La candidatura coruñesa ha logrado reunir a Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde en una misma candidatura que le disputa el voto a la desdibujada Marea Atlántica, que gobernó la ciudad. Si la lista de la Marea la cierra el exregidor, Xulio Ferreiro, la de Por Coruña, irónicamente, la lidera su exconcejal de Culturas, José Manuel Sande.

En la misma candidatura va Manuel Lago Peña, estrecho colaborador de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, y la única edil de Podemos en la ciudad herculina, Isabel Faraldo, bajo la batuta de Antón Gómez-Reino, diputado en el grupo parlamentario de Ione Belarra y ex secretario general de la formación morada en Galicia explícitamente realineado con Díaz y Sumar.

La marca de Compostela Aberta, que sentó a Martiño Noriega en la alcaldía de Santiago en 2015, vuelve a agrupar varias siglas detrás de María Rozas (IU) con Marta Lois, amiga y valedora de Yolanda Díaz, implicada en la rama gallega de Sumar en los primeros puestos, donde también han hecho hueco a Podemos. El equipo de la ministra avanzó que estará el 28-M en Compostela, arropando a Lois y presumiblemente, también en A Coruña con el candidato-padre.

En Vigo, Rubén Pérez (IU) seguirá al frente de la Marea de Vigo, en coalición con Podemos, Alianza Verde y Equo. Pérez, un veterano de la política gallega, siempre ha abogado por la unidad popular y defiende la coincidencia absoluta de las propuestas en el plano municipal.

En Lugo, María Jesús Rodríguez (IU) y Ximena Cheda (Podemos) suman fuerzas, mientras que en Ourense, el feudo de Baltar (PP), hasta seis fuerzas variopintas —Podemos, EU, Equo, Alianza Verde, Ourense Mellor y Recortes Cero— han hecho piña tras la marca Agora Ourense con pocas opciones de arañar representación municipal. Su candidato, Toño Naval, contó este viernes con el respaldo de Ione Belarra en paseíllo por la ciudad, en el que abogaron por “la unidad” con mayúsculas, y al que no faltó el secretario general gallego, Borja San Ramón, haciendo equilibrios imposibles entre su cargo orgánico y su afinidad a Sumar.

Por último, Pontevedra, la lista la encabeza Podemos con la doctora Luisa Lores —antiguamente muy próxima a Díaz— y la cierra Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad y protagonista de no pocas polémicas, que fue compañera de escaño de Díaz varios años con En Marea, con las relaciones ya rotas.

Desde que llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid, sin esperárselo, ni ella, ni nadie de los que están a su alrededor, ni siquiera el mismísimo Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso ha estado en el ojo del huracán de innumerables polémicas. Ahora, con tan solo escuchar su nombre, o más bien sus apellidos, sabemos de quién se trata.

Pero aun muchos se preguntan quién es esa mujer de 40 años, la más joven que ha accedido a este cargo y que se presenta por tercera vez como candidata a las elecciones, el próximo 28 de mayo, después de conseguir hacerse con la presidencia en 2019 y en 2021. Isabel Natividad Díaz Ayuso (Madrid, 1978) nació con la Constitución de 1978 y pasó su infancia entre Madrid y Sotillo de la Adrada, en el Valle del Tiétar (Ávila), de donde era natural su padre, que regentó un bar familiar.

Se trasladaron a Madrid y sus padres emprendieron varios negocios, desde una papelería o una empresa de impresoras, a un negocio de material hospitalario que quebró y que ahora, cinco años después del fallecimiento de su padre, le persigue a ella, por unos avales que le concedió Aval Madrid. Sus inquietudes políticas despertaron pronto y, quizás, esto unido a su afición por los debates televisivos le llevaron a estudiar Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.

En el puesto 74

Después de terminar la carrera se dedicó a viajar: primero a Ecuador y después a Irlanda. Nueva York o Israel también están en su lista. Posteriormente, se instaló en Madrid y trabajó en varias empresas de páginas web, en agencias de comunicación, algunas emisoras de radio, como Radio Marca. Poco después de volver, en el 2004, se afilió al PP y allí conoció a Pablo Casado, que pronto sería presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid. El propio Casado la introduce en FAES y en la organización de la comunidad de Madrid, donde trabaja con el consejero de Justicia, Alfredo Prada, con quien también había empezado Casado.

Para entonces llevaba la campaña de redes sociales de María San Gil (País Vasco), de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. En el 2011 es incluida en las listas del PP a la Asamblea de Madrid, en el puesto 74, y aunque en un principio no sale elegida, tras alguna baja logró obtener un escaño. Fue viceconsejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre el 2015 y el 2018, siendo consejero Ángel Garrido, el fugaz presidente de la Comunidad que ahora estará a sus órdenes.

El silencio de Pedro Sánchez retumbó el 2 de mayo en Moncloa. El presidente del Gobierno comparecía ante los medios después del vodevil protagonizado por su mano derecha, Félix Bolaños, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El vídeo del ministro de Presidencia saltándose la catenaria para intentar subir a la tribuna de autoridades se había hecho viral. Sánchez estaba en Málaga y, pese a tener una intervención, no hubo defensa para el que hasta hace unos meses era su hombre de máxima confianza. La semana empezó mal para Bolaños y ayer acababa ingresado de urgencia por piedras en la vesícula.

La falta de empatía del presidente terminó de confirmar entre los monclovitas lo que desde finales de año era una intuición. Bolaños había perdido el favor del líder. “Estaba muerto, pero ahora está calcinado”, aseguran desde Moncloa. A Sánchez le incomodó el “espectáculo”, la imagen que trasladó su ministro y la obcecación por acaparar el protagonismo en la Puerta del Sol. “Quien no respeta las reglas pierde toda la razón”, se limitaba a expresar preguntado por el incidente. Desde Ferraz tampoco hubo ningún gesto.

Ni siquiera en privado se afeó a la titular de Defensa, Margarita Robles, que no se solidarizase con su compañero de bancada azul. Si la ministra hubiera amagado con bajarse de la tribuna si se le denegaba el acceso a su acompañante, quizás el resultado hubiera sido otro. Era pedir un imposible, explican desde el grupo socialista en el Congreso, donde ponen el acento en que “no se soportan”. Siempre se ha dado por hecho que Robles es una ministra outsider, pero además a Bolaños no le perdona la crisis de Pegasus. Desde Presidencia se culpó a Defensa de los fallos de seguridad que permitieron el espionaje en los teléfonos del presidente y varios ministros.

Bolaños mostró en la gestión de esta crisis sus primeros síntomas de debilidad. En su intento de rebajar la tensión con ERC, que había acusado al Gobierno de espiar a los líderes soberanistas catalanes, acabó por poner en la picota a Marruecos y con una investigación abierta en la Audiencia Nacional. Desde entonces, la sospecha de que Rabat tiene información sensible del móvil de Sánchez está ahí.

Pero ¿qué ha pasado entre Sánchez y Bolaños? En el entorno más cercano de ambos no hay una única versión sobre que ha podido producir el desencuentro, pero sí un timing. Hay coincidencia entre varias fuentes consultadas en que el fracaso de la última negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial desconcertó al presidente. Sánchez había confiado en que Bolaños esta vez lograría un acuerdo. Hubo incluso que dejar inmolarse al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. La imagen que se ha trasladado a Bruselas rompe la estrategia para la presidencia europea. Sánchez quería llegar inmaculado y ahora tendrá que aguantar un nuevo tirón de orejas desde las instituciones europeas por mantener el máximo órgano de los jueces con el mandato más que caducado.

Moncloa ha presionado al máximo a la judicatura para remover las mayorías e intentar un pacto con el PP que saltó por los aires cuando la ministra de hacienda, María Jesús Montero, anunciaba en el Congreso que se reformaría el delito de sedición. Bolaños había perjurado a Esteban González Pons, el mediador designado por Alberto Núñez Feijóo, que no se rebajarían las penas a los independentistas. No se midieron bien los tiempos y Sánchez se encontró con una llamada de Feijóo que terminó de levantar el muro que hay entre ambos.

Después vino la siguiente concesión al independentismo. Un nuevo anuncio de reforma del Código penal para cambiar la malversación. Bolaños volvía a liderar y el resultado tampoco fue el previsto. En la opinión pública cayó como un jarro de agua fría y entre los barones del PSOE se desató el pánico electoral. Emiliano García Page y Javier Lambán no han perdido oportunidad de desmarcarse. Los líderes de ERC y Carles Puigdemont vieron como el Supremo encontró un resquicio para mantenerles la malversación. Bruselas también ha dejado en evidencia la reforma al plantear estos días una armonización de delitos que dista mucho de lo que se ha hecho en España. Otra vez nadie quedó del todo contento.

Desde Cataluña las referencias que llegan ahora del ministro de Presidencia son negativas, según fuentes del entorno soberanista. No hay “buen rollo” en la interlocución. No olvidan que Bolaños fue un firme defensor de buscar mayorías alternativas a las de la investidura haciendo guiños a Ciudadanos. Sánchez desactivó esas maniobras conscientes de que molestaban a Podemos. Los naranjas solo podían ser compañeros circunstanciales de viaje.

Al sustituto de Iván Redondo a la derecha del presidente no le salen bien las cosas. Encadena fracasos. Hace unos meses fue a comer con la ex vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. Eran grandes amigos. Un tándem de conspiradores, señalan desde Ferraz, dónde su suerte acabó tras el varapalo en las elecciones andaluzas que ambos pilotaron. El presidente perdió la confianza en ellos. Empezaron a llegar rumores de que Lastra se estaba postulando para sustituirlo a futuro y en medio estaba Félix.

En las elecciones del 28 de mayo, Bolaños quiere volcarse con los candidatos de Madrid. Desde la federación socialista madrileña llega el ambiente de malestar con él. No gustó que rechazase ser candidato al Ayuntamiento de Madrid. El partido veía más posibilidades que con Reyes Maroto, pero el ministro de Presidencia no estaba dispuesto a ir a perder.

Ahora que se siente debilitado, busca refugio en liderar el PSM. Los que le conocen no dudan en señalar que está preparándose para su expulsión del Olimpo. Acabará la legislatura, pero, aunque Sánchez repitiese como presidente hoy en su libreta azul ya no estaría Félix, apostilla un fontanero de Moncloa.

La fachada barroca del Palacio de San Telmo fue el decorado que el 23 de julio del pasado año vistió la segunda toma de posesión como presidente andaluz de Juanma Moreno. Un acto con más de 600 invitados que contó con un único representante del Consejo de Ministros. Se trataba de Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el “socialista moderado”, el tipo “impecable” que no incomodaba en tiempos de trincheras ideológicas. Alguien con sentido protocolario, alejado de las estridencias y que durante su intervención ofreció “la mano tendida del Gobierno” y su “cooperación leal”.

No ha pasado ni un año desde esas declaraciones y la afinidad que se intuyó durante esta escena ha saltado por los aires en solo unos días. Los transcurridos entre el viernes 28 de abril y el Consejo de Gobierno autonómico celebrado el martes 2 de mayo, precedidos por sendas intervenciones de Pedro Sánchez y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, es el tiempo en el que el choque por el polémico plan de regadíos de Doñana ha puesto en la picota a un Planas habitualmente alejado de las balaceras partidistas.

El malestar con el antiguo consejero de la Junta de Andalucía se hizo público tras una entrevista en TVE en la que dijo abiertamente que la ley que impulsa el Ejecutivo de Moreno es “ilegal” y criticó que se arrogue competencias que son estatales. Luis Planas, educadamente molesto, no se mordió la lengua cuando se le preguntó por las insinuaciones que sitúan a su hijo en el círculo de influencia en la posición de la Comisión Europea. Tildó al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, como “personaje” y calificó de “bajeza” las declaraciones que había hecho en este sentido uno de los hombres fuertes del presidente andaluz.

Planas se convertía a partir de ese momento en objetivo del PP y el enfado que en sus filas se contenía acabó por mostrarse públicamente. La encargada de dar la réplica fue su portavoz andaluza, Maribel Torregrosa, que en un comunicado en el que abordaba las declaraciones del ministro, y las vertidas en redes por el parlamentario socialista Gaspar Llanes, habló de “pérdida de papeles” en el PSOE y pidió al Gobierno central que “abandone la senda del insulto”.

El antiguo amigo respondía en otra entrevista en la Cadena Ser Andalucía, donde continuaba confrontando. “El Partido Popular circula en sentido en contrario y piensa que todos los demás están locos”, manifestó sobre el plan de regadío en la Corona Norte de Huelva, para seguidamente agregar que “se está poniendo en peligro el trabajo y el prestigio de miles de agricultores”.

Estas palabras, como no, obtuvieron respuesta el pasado martes. Sanz, marcado directamente por el ministro, manifestó que “venir a Andalucía a criticar solo al Gobierno de la Junta, sin responder de sus obras que tendría que haber ejecutado hace décadas”, de las que “no ha hecho absolutamente nada, es echarle mucho descaro a la política”. Se sumó el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, reclamando ventajas fiscales para el sector agrícola.

👉 En el tema de #Doñana, el PP ataca a instituciones, a personas e incluso a científicos.
👉 Lo más preocupante es que está poniendo en peligro el trabajo y el prestigio de miles de #agricultores.
👉 En la UE, nuestro principal mercado, la prensa se está haciendo eco del caso. pic.twitter.com/E0D7gM03Bh

— Luis Planas Puchades (@LuisPlanas) April 29, 2023

Lo cierto es que en el Ejecutivo andaluz “ha sorprendido mucho” la actitud de Planas, aseguran sus fuentes, que añaden que molestó especialmente que fuese “el que más insinuase que pueden aplicarnos una especie de 155”. “Ha sido de los más duros”, sostienen.

El rechazo del sector

La sorpresa mostrada en las filas populares no es compartida por las principales asociaciones agrarias andaluzas, que manifiestan que hace tiempo que se desencantaron. “El peor ministro de Agricultura de la historia”, “persona non grata” o “no ha ido por derecho”, son algunas de las expresiones realizadas al ser preguntadas por la figura de un dirigente del que critican que tenga dos caras.

“Hace mucho que en Andalucía no engaña a nadie. Seguía haciéndolo en Madrid porque es un ministro de perfil bajo, porque su agenda no se correspondía con la de los grandes medios de Madrid y en sus apariciones, cuando las tenía, quedaba muy bien”, comenta un portavoz de Asaja, que se remite a un episodio reciente para reflejar esta doble percepción: “Ni siquiera estuvo en la primera reunión de la Mesa de la Sequía, que es uno de los problemas más serios que tiene este país”.

Los representantes del campo andaluz reconocen que, “frente al grito, las voces, se exhibía como un moderado”; pero “cuando tus problemas son los de España, y tus temas mediáticamente dejan de ser de segunda, se espera de ti algo más que palabras”.

En la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) comparten este diagnóstico, aunque son más contundentes a la hora de valorar de gestión: “El peor ministro de Agricultura de la historia”, sostienen, para remarcar que, “en Madrid no se habrán enterado, pero aquí es persona non grata”.

“Llevamos años alertando de ello, y ahí están nuestros comunicados”, afirmaron, para poner sobre la mesa una ley de cadena alimentaria que “no funciona” y una reforma de la PAC que “ha sido un desastre para Andalucía”. “Hemos perdido 500 millones”, estiman.

El portavoz de Asaja confiesa que cuando Planas fue el elegido para la cartera de Agricultura, “respiramos aliviados” porque recuerdan que en su etapa de consejero consideraba “una injusticia tratar igual a los desiguales”. “Un discurso radicalmente distinto al actual”, pues “en ninguna de las polémicas ha sido claro”. “No ha ido por derecho. Nunca ha dado la cara por el campo”, coinciden los representantes de los agricultores y ganaderos, que se preguntan: “¿Dónde está su sensibilidad? ¿Dónde están sus soluciones?”.

Preguntadas por si son reconducibles las relaciones, evidentemente “tocadas”, con el ministro de Agricultura, las fuentes del Gobierno andaluz consultadas por este periódico guardaron silencio. Lo mismo hizo el departamento de Luis Planas, que no atendió las cuestiones planteadas sobre esta polémica.

Todo saltó por los aires con una lista fantasma. El 25 de junio de 2015, un periódico local de Ceuta hizo público un registro con nombres y apellidos relacionados con supuestos adjudicatarios de un proceso aún abierto por el que se iban a conceder 317 Viviendas de Protección Oficial (VPO), todas en el barrio ceutí de Loma Colmenar. El Gobierno de la Ciudad Autónoma, que ya entonces presidía el PP de Juan Vivas, negó estar al tanto de cualquier tipo de irregularidad y también que aquella lista fuera oficial, de ahí la denominación de “fantasma”. Pero la pequeña grieta terminó abriéndose, mes a mes y año a año, hasta dar lugar a la que hoy ya es la mayor trama de corrupción conocida en Ceuta: el caso Emvicesa.

En los próximos meses, sentará en el banquillo a 54 acusados, algunos de gran relevancia pública: desde el presunto cabecilla de la trama, el exviceconsejero de Vivienda y gerente de la empresa municipal cuando ocurrieron los hechos, Antonio López; hasta la exconsejera de Fomento, Susana Román; la de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed; o el ya expolítico de Caballas, un partido localista que ahora tampoco existe, Mohamed Ali. Se les acusa de distintos delitos como prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos. La Fiscalía pide penas que suman 280 años y llama a declarar a diversos cargos públicos y políticos, que en algunos casos quedaron salpicados por la trama.

Entre ellos, la actual consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, un peso pesado en el Ejecutivo de Vivas y su número 3 en las listas para el 28-M. Su nombre volvía a estar en la picota cuando, a finales de abril, una de las encausadas registraba una denuncia por lo penal contra ella, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que acusaba a Chandiramani de firmar unos documentos cuyo contenido “no se corresponde con la realidad” durante su etapa al frente de Emvicesa, tras saltar el escándalo. Es decir, de falsearlos.

Ahora, todas las piezas que durante años revolotearon sobre el tablero de esta densa investigación se preparan para la prueba definitiva el próximo mes de octubre. Mientras tanto, las consecuencias sociales, políticas y de credibilidad institucional ya han quedado de manifiesto. Estas son algunas claves para entender lo que puede pasar y el por qué hay medio centenar de políticos, empleados públicos o captadores enredados en toda esta maraña judicial.

1. Antonio López, señalado cabecilla

Emvicesa es la empresa municipal de vivienda de Ceuta. En 2017, la Policía Nacional detuvo en Marbella a su ex gerente, Antonio López, al que señalaban como el principal cabecilla de una red de favores y pagos consensuados e hicieron entrar en prisión. Días después, otros cinco trabajadores de esta compañía le seguirían a la cárcel, aunque finalmente quedarían en libertad con cargos. Llegó octubre 2020 y, tras largo tiempo siguiendo el hilo de lo sucedido, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta dictó el auto para la apertura de un juicio oral contra 54 personas. La Fiscalía reconocía la existencia de una organización criminal. Ceuta se preparaba para afrontar un juicio complejo, que miraba de frente a la gestión institucional y estaba repleto de aristas.

Tendrían que pasar otros tres años más para que la Audiencia Provincial de Cádiz, que opera en la ciudad autónoma, fijara una fecha definitiva para el juicio, que se extenderá entre octubre y noviembre. La vista oral comenzará el día 24 del primer mes, y a ella acuden todo un desfile de políticos –retirados o en activo, como Chandiramani– que darán su testimonio. Entre ellos, otro ex consejero de Fomento (Néstor García); un ex gerente de Emvicesa (Francisco Márquez); el actual presidente de la Autoridad Portuaria (Juan Manuel Doncel), un organismo de mucho peso en la ciudad costera; etc. La pena máxima es la que el Ministerio Fiscal exige para el supuesto cabecilla, al que pueden caerle hasta 26 años y una multa de casi seis millones de euros por delitos continuados de falsedad documental y cohecho u otros de organización criminal y blanqueo de capitales.

2. De qué acusan al resto

Curiosamente, fue la propia Susana Román cuando aún era consejera la que acudió al Juzgado para ratificarse en la denuncia del Ejecutivo local del que formaba parte. Tras la publicación de la famosa lista fantasma, la Asamblea de Ceuta aprobó crear una comisión de investigación para esclarecer la veracidad de aquel documento. Era verano de 2015. Al final, tanto Román como otros ex miembros de la Comisión Local de Vivienda acabaron entre los acusados. El Ministerio Fiscal pide para todos ellos 10 años de inhabilitación por prevaricación continuada. A la primera le solicita, además, 11 años de prisión por dos delitos de falsedad documental y organización criminal. Para Mohamed Ali y Rabea Mohamed pueden caer hasta 5 de cárcel por el segundo de estos delitos.

Tras la reciente denuncia de Susana Román contra la actual titular de Hacienda, el PP salió en tromba a defender a su consejera. El partido arropó a Chandiramani. En un comunicado que el Gobierno de Ceuta envió el pasado 26 de abril, un día después de la fecha que consta en el escrito de acusación contra la responsable de Hacienda y tras conocerse el día de la apertura para la vista oral del caso Emvicesa, aclararon que aún no habían recibido ningún aviso oficial. Recalcaron, eso sí, que “los hechos referidos ocurrieron antes de ser nombrada como gerente”.

Chandiramani dirigió la empresa municipal de vivienda entre 2015 y 2017, los años comprendidos desde el fin de la etapa de López hasta las primeras detenciones. En este tiempo, la actual consejera estuvo en contacto con los responsables de la investigación y colaboró con ellos para aportar documentación u otros requerimientos, de donde Román deduce que pudo haber falseado adrede el contenido.

3. Las consecuencias políticas

Los últimos movimientos en el proceso judicial, tanto la confirmación de la fecha para la vista oral como la reciente denuncia contra Chandiramani, se dieron en la recta final de la precampaña. Juan Vivas lleva más de una década como presidente de la Ciudad Autónoma y encontrar un sucesor no es tarea sencilla. Aunque entre los favoritos para sucederle llegó a sonar Javier Guerrero, el escándalo de las vacunas –y, luego, el de los supuestos abusos a menores que conllevaron su entrada en prisión provisional, donde aún permanece a la espera de juicio– lo dejó completamente fuera de las quinielas. De hecho, llegó a fundar su propio partido para presentarse a los comicios contra los populares, a quienes un día perteneció. Chandiramani también ocupa un puesto de peso en las listas del PP, aunque finalmente Vivas decidió tratar de conquistar él mismo un nuevo mandato.

Por otro lado, entre los partidos de la oposición, está el caso de Mohamed Ali. El líder de Caballas abandonó la política activa en 2021 e inició un proceso de “refundación” en su grupo localista, que derivó en el nacimiento de una nueva marca, Ceuta ¡Ya!, también con un nuevo líder. Ali nunca vinculó este lavado de cara ni su decisión de alejarse de la vida pública con el caso Emvicesa. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria fue foco de críticas en alguna que otra sesión plenaria por este mismo motivo. Su imagen quedó ligeramente marcada tras verse envuelto en el escándalo. Que el juicio llegue en pleno año electoral, a medio camino entre las autonómicas y locales de mayo –en Ceuta, al ser ciudad autónoma, sólo se celebran unos únicos comicios– y las generales –aún sin convocar aunque previstas para diciembre–, el futuro político de la localidad fronteriza queda preso de un escenario incierto.