A la hora de ponerlas sobre la mesa, la vicepresidenta segunda es clara en sus vaguedades: ella es la líder, así que ella dice cómo. Ni primarias abiertas, ni reunión hasta junio, ni discusión programática alguna. Pero desde Podemos -que no discute lo primero a cambio de exigir lo segundo y lo tercero- se le afea que haya traicionado no sólo “a quien la llevó adonde está”, sino incluso el “programa del cambio”.

¿Quién la llevó ahí? Al cargo de ministra de Trabajo, ir en las listas de Unidas Podemos. Al puesto de vicepresidenta segunda, Pablo Iglesias, que la propuso a Pedro Sánchez cuando él se fue del Gobierno para salvar a Podemos en Madrid, donde el ayusazo del 4-M amenazaba con hacerlo desaparecer de la Asamblea. Y a su candidatura a presidenta, de nuevo el dedazo del retirado líder del “espacio” al alimón con las otras herederas, Ione Belarra e Irene Montero. 

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Las dos ministras tomaron el partido como su parte del legado de Iglesias. Y son conscientes de que “sin Yolanda es imposible”, como admiten fuentes cercanas a la titular de Derechos Sociales. Pero, en conversación con este periódico, añaden que hace falta que Díaz sea consciente de que “sin Podemos, ella tampoco podrá”. 

“No quiere a Podemos”

Y lo que es peor, “tampoco hay opciones de revalidar el Gobierno de coalición”. Ése es el escenario que se pinta desde el partido que hoy se siente traicionado por Yolanda Díaz. Ni la candidatura de Sumar sumará, ni el “espacio” a la izquierda del PSOE sobrevivirá “como instrumento del cambio”, ni habrá ministros de izquierdas en Moncloa. “Tal como están las perspectivas electorales, no hay ninguna oportunidad si no vamos juntas”.

Y tras la discusión, la conclusión: la sensación en el entorno de Podemos es que Díaz no quiere al partido que fundó Iglesias en sus listas. Porque Podemos no se diluirá en Sumar, ni será “uno más” con partidos que, “juntos caben en un taxi”.

Quien más claro lo ha descrito estos días en público ha sido el alma ideológica del partido morado, Juan Carlos Monedero.

El profesor de Universidad que aglutinó a quienes capitalizaron el movimiento 15-M convirtiéndolo en “el partido impugnatorio del sistema” publicaba, este domingo, una entrada en su blog del diario Público en el que advertía contra “la foto truncada de Magariños”, el pabellón donde Díaz confirmó su candidatura -y donde Sánchez se graduó en Bachillerato-, como un “fracaso colectivo de toda la izquierda”.

Y no sólo por quiénes estaban en la foto: el Más País de Íñigo Errejón, la IU de Alberto Garzón, Compromís, la Chunta, los Comunes de Ada Colau… y quiénes no estaban, ningún líder de Podemos. Sino por lo que eso significa: la traición a las personas y al programa.

“Las aguas de la transformación vuelven a su cauce”, dice Monedero con ironía, y “algunos deberían preguntarse por qué los enemigos del cambio en la derecha o en la izquierda del bipartidismo tienen tanto interés en mimarles”.

En el entorno de Belarra y Montero se lleva meses incidiendo en que Yolanda Díaz funciona “mejor como ‘ticket’ de Sánchez que como ‘Pepito Grillo'”, papel que atribuyen al Iglesias combativo que “se la jugó todo por que hubiera coalición” y le reservó el único Ministerio con peso político, precisamente, a quien ahora les traiciona.

Cinco batallas perdidas

Hay quien, entre las filas de Podemos, levanta la voz para insistir en que los desencuentros no son sólo de formas, sino “programáticos”, de contenido. Y que no han comenzado en estos meses preelectorales, para lo que recuerdan una ruptura “a la vista de todos” en el Congreso, con el desplante de las ministras moradas al envío de armas a Ucrania, ya hace más de un año.

Aquel día, Montero instó a los periodistas en el patio del Congreso a “preguntar a quien sí que ha aplaudido” cuando se le inquirió por la ruptura de la unidad en el ala morada del Ejecutivo.

Desde entonces, la frase más repetida por Díaz ha sido la apelación a “cuidar la coalición”. Y desde entonces, todos los días, los entornos de Belarra y Montero han dejado de ocultar la “decepción” con el liderazgo “poco combativo” de la vicepresidenta.

Las ministras moradas se remiten a los resultados de este “apaciguamiento”, en dos frentes. Por un lado, recordando que la ley estrella de Díaz, la reforma laboral, es la única de Unidas Podemos que ha salido en el Congreso sin el apoyo del todo el bloque de investidura.

“Ella es así, a la hora de elegir, prefirió a la CEOE antes que a ERC”, apunta una portavoz de la dirección morada, y la norma “es mejor que lo que había, pero no es transformadora”. 

El mismo PSOE sudaba en aquella sesión parlamentaria, porque no le salían las cuentas, y el texto sólo se aprobó por el error de un diputado del PP: “Sin el voto de Casero, hoy no habría Sumar”, se afirma.

Y más allá del pactismo de la vicepresidenta, las citadas fuentes afirman que bajo su liderazgo “las batallas ya no se ganan” en el seno del Gobierno.

Cinco son los ejemplos. La ley de Vivienda sigue en un cajón, “pese a haber sido moneda de cambio en dos Presupuestos”. Y la llamada ‘ley Mordaza’ no se ha reformado, “como prometía el acuerdo de coalición”.

Y en otras normas que son bandera de Podemos, pasa igual: la ley de Bienestar Animal fue enmendada por el PSOE, “al gusto de sus barones”. La ley Trans se intentó cambiar hasta el último momento, “de la mano del PP”. Y la ley del ‘sólo sí es sí’ será reformada, “en contra de lo aprobado por el Consejo de Ministros” y de lo que sigue defendiendo, en soledad, Podemos.

Aunque Pedro Sánchez siempre se haya jactado de “respetar la autonomía” de sus socios, el PSOE no es neutral ante el maremoto que se está gestando a su izquierda. No lo fue en la negociación de presupuestos, cuando antepuso el Ministerio de Trabajo a la Ley de Vivienda; ni en la moción de censura, al permitir un mitin de Yolanda Díaz y vetar a Ione Belarra; y no lo está siendo ahora, presionando a la secretaria general de Podemos para que acepte un papel secundario en Sumar.

Distintos miembros de la dirección socialista llevan meses advirtiendo de que tres son multitud para revalidar la Moncloa, empujando para que la izquierda a su izquierda vaya unida a las elecciones generales pero no a cualquier precio. Aunque la coalición sería el mal menor, algunos interpretan el contexto actual de pugna por las primarias como ideal para refundar –de nuevo– el espacio, esta vez con Díaz al frente y con Podemos fuera.

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Ni en Ferraz ni en Moncloa ocultan su cercanía con la vicepresidenta ni Díaz disimula su sintonía con los socialistas, con quienes despacha habitualmente en los Consejos de Ministros mientras Ione Belarra e Irene Montero se mantienen al margen. En Podemos chirría esta complicidad, que interpretan como una especie de pinza para despojarles de su bandera, sus leyes y su electorado.

“Lo que le molesta a algunos del PSOE es que nosotros estamos aquí para disputarles el Estado, no para ser su muleta”, resumía estos días en privado uno de los dirigentes del partido. Dicho de otro modo, que prefieren la competición virtuosa con Díaz a las aspiraciones de crecimiento de Podemos. 

Si hasta ahora los movimientos del socialismo eran invisibles, esta semana se han hecho patentes. En medio de la tormenta de apoyos internacionales a Sumar (entre ellos del expresidente de Grecia, Alexis Tsipras), diferentes cargos del PSOE han hecho llamamientos públicos a la unidad; lo volvió a hacer la portavoz nacional, Pilar Alegría, el lunes, y lo repitió Patxi López el martes y el miércoles. Y en eso llegó Bolaños.

“Más allá de las legítimas o no diferencias que puedan tener, me gustaría que miraran por los españoles que quieren un Gobierno progresista”, recetó este sábado el ministro de Presidencia nada más conocer que Podemos no iría a la presentación de Sumar. En paralelo, la parte socialista del Ejecutivo lleva semanas centrándose en aupar a Yolanda Díaz –en detrimento los morados– justo en el momento en el que se juega el reparto de poder en la candidatura.

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Ione Belarra decretó este sábado el cierre de filas dentro del Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano del partido entre congresos. La dirección actual del partido, su grupo de líderes, es una de las más fieles a la línea oficial que se recuerdan (nada que ver con Vistalegre 2), pero también incluye distintas sensibilidades que no entienden la estrategia del partido.

Sobre todo, las de algunos líderes autonómicos que se van a ver privados de su foto con Yolanda Díaz mientras sus adversarios directos parten con carrerilla. Ocurre así en todos aquellos territorios que compiten el espacio de la izquierda en mayo, como Madrid o Valencia, y donde Podemos parte con desventaja frente a partidos más pequeños que ya han confirmado su asistencia al acto de Sumar.

La sensación general dentro de este grupo es que, jugándose seis gobiernos autonómicos y la desaparición en algunos territorios, no se pueden permitir renunciar al apoyo del mayor capital político del espacio. Saben que Díaz, por muchos roces que provoque, también arrastra votos. Y ellos no salen en la foto.

Sánchez, vapuleado en el pasado por el TC debido al uso —y abuso— del real decreto-ley, tiene ahora poco que temer, lo que es importante para el Ejecutivo que más decretos-leyes ha aprobado de todos los Gobiernos de la democracia.

Desde junio de 2018 hasta el pasado noviembre, Sánchez firmó 132 decretos-leyes: de media, uno cada 12 días. Rajoy rubricó menos, 107, en siete años de mandato. Felipe González aprobó 129 en 13 años y cinco meses de Gobierno.

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Pero la actitud comprensiva del TC es aún más importante para lo que viene. Sobre la mesa del Constitucional están pendientes recursos de inconstitucionalidad del PP y Vox que se dirigen contra decretos-leyes tan relevantes como los referidos a la reforma laboral, las medidas para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas con la oferta de las plazas ocupadas por interinos o el régimen de renovación del consejo de administración y del presidente de RTVE.

Fallos adversos

Bajo la presidencia de González Rivas, el TC tumbó el decreto-ley que modificó la composición de la comisión delegada del Gobierno para asuntos de Inteligencia con el fin de incluir en ella al entonces vicepresidente Pablo Iglesias.

Lo mismo sucedió con el decreto-ley de modificación del régimen de clases pasivas con ocasión de su traspaso desde el Ministerio de Economía al departamento de José Luis Escrivá.

Y sólo un hábil movimiento de Cándido Conde-Pumpido evitó que el TC declarara también nulo el decreto-ley de medidas para la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo. El entonces magistrado renunció a la ponencia (cosa que sólo hizo dos veces en seis años) cuando comprobó que la mayoría de sus colegas rechazaba la extraordinaria y urgente necesidad de acudir al decreto-ley para regular esas medidas.

Ello ocurrió en el Pleno del TC del 13 de mayo de 2021. Ahora, con Conde-Pumpido en la presidencia y una mayoría progresista en el tribunal, ese real decreto-ley ha salido adelante.

Cándido Conde-Pumpido ha recuperado la ponencia, cedida en su día a Alfredo Montoya y luego Juan Antonio Xiol (sin que en dos años se llevase el asunto al Pleno) y ‘heredada’ ahora por César Tolosa. Este magistrado propuso —sin éxito— el pasado 7 de marzo la estimación del recurso del Grupo Popular del Congreso.

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La ponencia de Conde-Pumpido, aprobada el 21 de marzo pasado por siete votos a cuatro, avala el uso del decreto-ley para establecer medidas de igualdad en el empleo (permisos de paternidad, adaptación de la jornada laboral para conciliar, etc.) afirmando que “los resultados discretos, cuando no insignificantes” alcanzados hasta este momento por la Ley Orgánica 3/2007, “así como la demora que se estaba produciendo en la realización efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, exigían una acción normativa inmediata mediante la elaboración de un nuevo texto articulado, integral y transversal”.

La sentencia comparte la necesidad de “poner fin a la persistencia a unas desigualdades en las condiciones laborales entre hombres y mujeres que acarrean a las mujeres unos perjuicios de difícil reparación, difícilmente asumibles en una sociedad moderna”.

Afirma que se trata de “cuestiones de la máxima relevancia que exigían una acción normativa absolutamente inmediata, sin que la actuación pública orientada al logro de esos objetivos admitiera ningún retraso, ni siquiera el que conllevaría culminar la tramitación legislativa de las proposiciones de ley que estaban en curso en el momento de la aprobación” del decreto-ley.

Este criterio de no poder esperar al trámite legislativo valdrá —adelantan fuentes del TC— para dar el visto bueno a cualquiera de los decretos-leyes pendientes, y ello pese a que, cuando le ha interesado, el Gobierno ha articulado a través del Grupo Socialista proposiciones de ley que han sido aprobadas en menos de un mes (por ejemplo, para forzar la elección de dos jueces del TC por el Consejo General del Poder Judicial), pero que, al menos, han permitido que los grupos minoritarios del Parlamento dieran su opinión.

El aval del TC al decreto-ley sobre medidas de igualdad en el empleo ha fracturado al tribunal. Los magistrados de la minoría conservadora Ricardo Enríquez, César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo han formulado de manera conjunta un voto discrepante. Los dos últimos han hecho lo mismo con las sentencias que han respaldado los decretos leyes de protección de consumidores frente a situaciones de vulnerabilidad y el decreto ley de regulación de la plusvalía.

“Cheque en blanco” al Gobierno

Los magistrados de la minoría señalan en su voto discrepante que “la circunstancia de que el Poder Ejecutivo dicte normas con rango de ley debiera ser una excepción, aunque no lo parezca por la habitualidad con la que se viene produciendo”.

Debe ser excepcional, subrayan, porque el uso del decreto-ley “incide en el concepto de separación de poderes, en tanto que comporta un riesgo de marginación del titular de la potestad legislativa en la medida en que imposibilita que los representantes populares puedan debatir, modificar y en su caso aprobar medidas supuestamente urgentes, y desplaza al poder legislativo con grave afectación del principio democrático”.

“El Gobierno no comparte el poder legislativo con las Cortes Generales”, recuerdan, “ni el decreto-ley es una alternativa a la ley, ni se transforma en ley del Parlamento tras el acuerdo de convalidación”.

“La anomalía que supone el uso del decreto-ley explica que en su configuración el constituyente lo haya diseñado como un remedio excepcional, no como un cheque en blanco”, afirman.

Los magistrados indican que la puerta por la que el Gobierno entra en la esfera competencial de las Cortes es el presupuesto habilitante: la extraordinaria y urgente necesidad de la norma. Lo que significa que las medidas que adopte el decreto-ley no deben ser “acciones que el Gobierno de ordinario debe tener previstas”, confundirse con la “conveniencia u oportunidad política” o aplicarse a “problemas persistentes o estructurales”.

En el caso del decreto-ley de medidas para la igualdad en el empleo, consideran que “la justificación genérica aportada por el Gobierno, y acríticamente aceptada por la sentencia, se centra en la necesidad de elaborar un nuevo texto legal integral y transversal”, pero esa necesidad “no aparece vinculada expresamente a una situación de perentoriedad o urgencia”.

“El mero deseo o interés del Gobierno en acometer una concreta regulación en un momento determinado es muy respetable, pero, por sí mismo, no constituye una justificación de su extraordinaria y urgente necesidad”, señalan.

Citando la doctrina del TC, recuerdan que “desatender los límites constitucionales bajo el paraguas de la urgencia normativa no deja de ser una lesión constitucional por mucho que pueda parecer conveniente coyunturalmente. Una buena política legislativa puede evitarlo y, cuando excepcionalmente no sea posible, debe asumir el coste democrático que pueda tener, pero no forzar la Constitución”.