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El PP ha advertido hoy que peligra la llegada de los fondos europeos del plan Next Generation (la Comisión Europea ya ha aprobado la entrega de 18.000 millones de los 76.000 millones previstos) si el PSOE consuma su intención de cercenar las funciones y la independencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y otros seis organismos reguladores independientes.

Una treintena de radicales de extrema izquierda han intentado boicotear el acto en el que han participado los exiliados políticos Leopoldo López y Yunior García, perseguidos por el régimen de Venezuela y la dictadura de Cuba, respectivamente, este lunes en la Universidad Complutense de Madrid. Pero ha sido en balde.

Los boicoteadores han aguardado en la entrada del salón del actos de la Facultad de Políticas y han recibido a los ponentes al grito de “¡fuera los golpistas de Miami!”, “¡fuera, fascistas, de la universidad!” y “¡López, asesino!”, que eran consignas que también podían leerse en las pancartas que portaban con ellos. El escrache, no obstante, ha resultado fallido y los exaltados han sido desalojados.

El opositor político venezolano y el dramaturgo cubano han podido comenzar su mesa redonda, organizada por la asociación Libertad sin Ira, en la que han reivindicado una “vacuna para la intolerancia” porque “una universidad sin debate, no es una universidad”.

En el acto ha estado presente, entre otras autoridades, la vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís. La dirigente liberal ha atendido a los medios tras el acto y ha asegurado que hoy ha quedado “muy claro quiénes son los fascistas”, en referencia a los escracheadores, y ha lamentado encontrarse “con el autoritarismo, con una especie de totalitarismo que a Leopoldo y a Yunior -sin embargo- no les resulta ajeno”.

Dos perseguidos

Los ponentes, tildados de “fascistas” y “golpistas” por este grupo de jóvenes radicales, que pertenecen a la Asamblea de Somoaguas, son en realidad dos opositores perseguidos duramente en los últimos años por sus ideas políticas. El caso más conocido es el de Leopoldo López, que llegó a España en octubre del año pasado tras lograr escapar de las garras de Nicolás Maduro. Desde entonces, vive en Madrid con su esposa y sus tres hijos.

El líder de la oposición democrática venezolana, preso desde 2014 por sus ideales políticos contrarios al régimen, dejó atrás un infierno para reencontrarse con su familia. Nada más y nada menos que tres años y medio en la cárcel militar de Ramo Verde, casi dos años de arresto domiciliario en Caracas y 18 meses refugiado en la residencia del embajador español en Caracas.

Por su parte, Yunior García llegó a nuestro país hace un mes escaso.  El líder de los movimientos libertadores en Cuba fue acosado, sellada su vivienda con un gran banderón de la patria instalado por las fuerzas castristas, e incomunicado. El régimen quiso boicotear el 15-N, en el que exigía un cambio político en la isla, libertad de expresión y la liberación de los “presos políticos”. Lo lograron: el dramaturgo y activista desapareció… y a los pocos días estaba en España.

“Cuando se anula la opinión del otro, cuando intenta establecerse la verdad absoluta, ya no hay diferencia entre izquierda y derecha, simplemente se perdió el rumbo. Ojalá los países que perdieron el rumbo como Nicaragua o Cuba lo recuperen y no se pierda el privilegio de poder pensar distinto”, ha reflexionado García en el acto que finalmente se ha celebrado este lunes en la Universidad Complutense de Madrid.

En 2022 habrá debate sobre el estado de la Nación, que no se celebra desde 2015. Lo ha confirmado el Gobierno a través de su portavoz, la también ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien ha destacado que con esto se recupera “la normalidad”.

“En esa recuperación de la normalidad -ha comentado Rodríguez en declaraciones a laSexta- tenemos Presupuestos Generales del Estado, tendremos una legislatura de cuatro años y, en el próximo periodo de sesiones, tendremos un debate de la Nación”.

La portavoz ha hecho además un llamamiento al líder de la oposición, Pablo Casado, para que “prepare” la cita “con alguna propuesta para nuestro país”, al tiempo que ha criticado no haber recibido “una sola propuesta” por parte del PP en lo que va de legislatura.

Más de 700 días

Rodríguez ha asegurado que en el próximo debate, primero en siete años, se dará cuenta al conjunto de los españoles de los hitos alcanzados por el Gobierno, así como del momento de la recuperación económica tras la pandemia.

Este miércoles, Sánchez tenía precisamente que responder a Casado por este asunto en el Congreso, en sesión de control. Hasta la fecha, el Gobierno se había negado argumentando que se ha sometido al examen de la Cámara Baja periódicamente incluso durante la pandemia, otra de las razones para evitar el debate.

Sánchez es el presidente que más tiempo ha pasado en Moncloa sin un debate de estas características, más de 700 días por los 470 de Felipe González o los 429 de Mariano Rajoy. Finalmente, la presión ha surtido efecto, principalmente de PP y Cs. El Ejecutivo aprovechará la cita para vender sus logros.

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La Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid ha inyectado desde 2018 un total de 120.500 euros a la Fundación Filia de Amparo al Menor, para que actúe como Servicio de Intervención del Coordinador Parental en procesos judiciales de divorcio o custodia de los hijos.

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La decisión del juez Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, de rechazar dejar en libertad a Juana Rivas tras haber recibido un indulto parcial por parte del Gobierno no ha pasado desapercibida para el exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

El que fuera vicepresidente del Gobierno de España ha atacado al magistrado con mensajes publicados por él mismo en su Facebook personal. Iglesias acusa a Piñar de tener una ideología contraria al Gobierno y al movimiento feminista que afecta al ejercicio de su profesión.

Concretamente, Iglesias ha relacionado la decisión de Pilar con dos post en los que se acusaba al Gobierno de “dar 17 millones a los sindicatos” y al propio Iglesias e Irene Montero de ser unos “chorizos millonarios a costa del pueblo español”.

Iglesias, además de atacar al juez con sus publicaciones, se ha negado a pronunciarse sobre su decisión que vincula negar la liberta a Juana Rivas con un posible “grave peligro” para los dos hijos de Rivas. El juez alude a los “indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia [de Rivas]”.

También desde Unidas Podemos, desde el Ministerio de Igualdad, han tachado sucedido como “violencia institucional”. Ha sido la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, en un mensaje en Twitter.

“En el día de los DDHH es más grave aún que un juez haya evitado que Juana Rivas sea puesta en libertad, en contra del Indulto y la fiscalía, a pesar de todas sus denuncias por la violencia que ella y sus hijos han sufrido. Es violencia institucional. Estamos contigo, Juana”, ha señalado.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, también ha mostrado su decepción por lo sucedido: “Lo de Juana Rivas es una barbaridad, pero también señala un problema estructural de nuestra democracia: ¿Qué hacer cuando alguien tan poderoso como un juez —alguien que te puede destrozar la vida sin rendir cuentas ante nadie— es básicamente un activista de ultraderecha?”.

Gobierno socialista

El Gobierno de España tampoco ha querido entrar a valorar la resolución del juez, pese a haber sido ellos mismos los que le otorgaron el indulto parcial a Rivas. Ahora, el juez expone que “el interés y seguridad de los menores” aconsejan que la madre “no tenga plena libertad para moverse con ellos”. Contrariamente a lo que opina la defensa y el fiscal, por imposición de la Fiscalía General del Estado.

Fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por Europa Press han apelado a que la opinión pública a que extreme la “sensibilidad” en relación con el caso de Juana Rivas e insisten en que el Ejecutivo ha hecho “lo que debía hacer” ante la concurrencia de “ineludibles y prioritarias razones de equidad” que debían “atenderse necesariamente”.

La reacción del Gobierno se produce después de que este viernes el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada rechazara suspender la ejecución de la pena impuesta a Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, tal y como la madre de Maracena solicitó tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno.

En un auto fechado este pasado jueves 9 de diciembre, el juez Manuel Piñar alega que Rivas “no ha mostrado arrepentimiento” e insiste en que la “plena libertad de la madre” supondría un “peligro para los menores”, apuntando a supuestos “indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia”.

En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recordado que la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo apostaron por un indulto parcial a Rivas al igual que casi un centenar de asociaciones de mujeres. Por ello, el Gobierno afirma que no va a valorar la resolución del juez y que “es su potestad acordar o denegar la suspensión de la pena de prisión”.

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El separatismo sigue movilizándose contra la familia de Canet de Mar que peleó en los tribunales por el derecho de su hijo de cinco años a estudiar en castellano el 25% de las asignaturas. Lo hace desde un punto de vista político, con la inacción de la Generalitat, pero también social.

Además de la tromba de amenazas que ya se ha producido, los CDR, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, se organizan para fletar autobuses y manifestarse con más fuerza. Un medio digital, detrás del cual se encuentra un teniente de alcalde de la CUP, ha llegado a revelar la identidad del padre y de la madre del menor. Mientras tanto, Moncloa se pone de perfil. Pedro Sánchez ni siquiera se ha pronunciado.

La estrategia elegida por el Gobierno para sortear lo sucedido en Canet -unos hechos que investiga la Fiscalía de Barcelona como un delito de odio- es la del “silencio atronador”. Esa es la expresión elegida por los partidos de la oposición.

Al contrario de lo ocurrido con la falsa agresión homófoba de Malasaña o las amenazas por carta a políticos socialistas en la campaña autonómica de Madrid, el Ejecutivo ha elegido pasar de puntillas. Todo ello en plena negociación presupuestaria con las formaciones independentistas catalanas.

En las dos situaciones mencionadas, los ministros del PSOE y de Podemos auspiciaron una campaña en redes sociales que corrió como la pólvora. Sin comprobarse siquiera el alcance de los hechos –la agresión de Malasaña no existió, la navaja ensangrentada la envió un enfermo mental y los autores de las cartas nunca fueron localizados–, los integrantes del Consejo de Ministros corrieron a las televisiones para dar cuenta de lo que pasaba. Pedro Sánchez, en lo referido a Malasaña, llegó a convocar de manera urgente la comisión de los delitos de odio.

Sin embargo, Pilar Llop –Justicia–, Pilar Alegría –Educación–, Yolanda Díaz –vicepresidencia–, Ione Belarra –Derechos Sociales– o Irene Montero –Igualdad– no han escrito ninguna palabra sobre el caso de Canet. Isabel Rodríguez, portavoz, ha sido quien más ha respondido, ya que le ha tocado hacerlo en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.

Rodríguez, en la primera ocasión, dijo no tener demasiada información sobre lo que estaba pasando, cuando ya era un clamor en la mayoría de los medios de comunicación. Después, condenó cualquier tipo de acoso de una manera general. Sólo este viernes, cuando el escándalo ya había llegado incluso al Parlamento europeo, fuentes de Moncloa comunicaron haber “intervenido”.

Dijeron haberlo hecho a través de dos “llamadas”; una al presidente de la Generalitat y otra al consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña. El Gobierno “ofrecía” su “colaboración” para “proteger” a la familia de Canet. Pero se lo ofrecía al Govern, que se ha reunido con el centro escolar y no con los acosados; que ha hablado de proteger el catalán, pero no a la familia amenazada.

La puesta de perfil de Moncloa se ha ido incrementado de manera directamente proporcional a la gravedad de los acontecimientos. Primero, al conocer la sentencia que daba la razón a la familia, dijo que no intervendría ya que su aplicación dependía de los tribunales. Dicho de otro modo: no quiso adoptar una posición política para no soliviantar a sus socios.

El separatismo va a más

En las últimas horas, el separatismo ha comenzado a activar sus engranajes para dar rienda suelta a múltiples concentraciones en las que protestar tras la sentencia que reconoce los derechos de la familia del niño de Canet.

Este viernes, sin ir más lejos, 500 personas se concentraban ante la escuela en cuestión, Turó del Drac. La protesta partió de las inmediaciones del centro escolar -poco después de la salida de los alumnos- para dirigirse después hasta la biblioteca situada en el centro de la población.

Pero no es la única. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, los Comités de Defensa de la República (CDR), el ala más radical y violenta del independentismo, han procedido a distribuir en sus canales de Telegram la convocatoria para una manifestación que se producirá en la mañana de este sábado en Barcelona. “Contra las agresiones a nuestra lengua y al modelo de escuela catalana”, reza el mensaje.

Así lo han difundido en los diversos grupos que poseen en todas las regiones de la comunidad autónoma. Por ejemplo, en el canal que utilizan en Girona, incluso han añadido un enlace en el cual quienes lo necesiten pueden inscribirse para subir a los autobuses que fletan.

Un teniente alcalde de la CUP

Como se puede comprobar, la campaña de acoso y de hostigamiento contra el niño y su familia ni mucho menos se ha frenado en las últimas horas, pese a la exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de preservar la protección y la intimidad del menor y de sus padres. 

El último capítulo de este bochornoso serial se ha vivido en la tarde de este viernes cuando un portal digital pro independentista ha publicado un texto breve y un tuit difundiendo la identidad del progenitor.

“Iba en las listas de Cs”, revela Llibertat.cat. Junto a un breve texto añaden una imagen con el nombre del padre rodeado con un círculo. En la noticia, incluían el nombre de la madre así como su oficio, aunque en una versión posterior suprimieron este dato. Esa publicación ya ha sido compartida por decenas de usuarios independentistas en las redes sociales.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL a través de los datos del Registro Mercantil, tras esa publicación en internet figura un teniente de alcalde perteneciente a la CUP. Se trata de Marià Miró Manubens, cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Berga (Barcelona). Allí, ese relevante cargo público se encarga de gestionar el área de Hacienda del Consistorio.

Según los datos que figuran en el Registro Mercantil, Marià Miró es el “presidente” de la entidad “Investigació de la Informació i la Comunicació als Països Catalans”. Es la que está detrás de Llibertat.cat, el medio que ha publicado el nombre de los progenitores del menor de Canet.

Junto a él figura como secretario Tomás Sayes Jato. Según figura en la web de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Sayes Jato formaba parte de su junta directiva. En 2020 se presentó de nuevo en las listas a la secretaría nacional de la ANC.

Miró tiene 36 años y es técnico superior en Administración y en Gestión Contable y Fiscal, tal y como figura en la presentación de su espacio virtual en la web del Ayuntamiento de Berga. Ahí cuenta cómo siempre ha estado “estrechamente vinculado al movimiento independentista de la ciudad”.

Esa estrecha vinculación la asocia, dice, a su “implicación en la organización local de la consulta popular sobre la independencia de los Países Catalanes en 2009 y más tarde en la fundación de la ANC en Berga, de la cual fue su secretario durante varios años”. Señala además que también fue “parte implicada en la organización del referéndum del uno de octubre de 2017”.

Miró asegura de sí mismo que tiene “iniciativa, capacidad de adaptación, de organización, de trabajo en equipo”. Se ve como una persona “flexible y responsable”. Que tiene, sobre todo, “ganas de aprender”.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto a través de dos correos electrónicos con esta persona, remitidos en la tarde del viernes. Por el momento no se ha obtenido ninguna respuesta.