No era esperable que el debate de la moción de censura auspiciada por Vox lograse alterar en tan poco tiempo las últimas estimaciones de voto.

Es lícito preguntarse si la vida sigue igual, como rezaba la canción. Sin embargo, tras la apariencia, en la letra pequeña, en la estrategia de fondo, se aprecian hasta cuatro cambios importantes.

En primer lugar, los promotores de esta moción de censura no solo no han logrado el que parece que era su principal objetivo, disputar al PP la hegemonía del centro derecha, sino que según la encuesta de Sigma Dos de EL MUNDO, Vox es el partido más perjudicado del envite. Así lo cree casi la mitad de los españoles. Si un segundo objetivo consistía en debilitar al PSOE, lejos de lograrlo, este partido es el más beneficiado según la encuesta (un 34,5% creen que es la formación que mejor parada sale). Vox no logra su objetivo por partida doble.

En segundo lugar, distanciarse de Vox de manera nítida permite el PP estar en mejores condiciones para competir por la bolsa de millón y medio a dos millones de votantes de centro-derecha que se fueron del propio PP y Ciudadanos a la abstención y aún no han vuelto. Con su discurso, Casado lanzó un mensaje claramente dirigido a esos votantes moderados que recelan de las posiciones de Abascal, dejando claro que el PP es su casa natural y que trabajará para que vuelvan. Es probable que, tras el debate, el espacio electoral de Ciudadanos se haya estrechado y eso no es una buena noticia para los naranjas.

En tercer lugar, este tipo de debates plantean siempre incógnitas en clave de liderazgo personal. En este sentido, Pablo Casado era consciente de que, más que acertar con el sentido del voto -entre la abstención y el no, habida cuenta que la opción del sí parecía inverosímil-, debía sorprender con un discurso de calado político que le permitiera reivindicarse como principal activo de su formación y de todo el hemisferio del centro-derecha. Y así lo hizo.

Por último, pero relacionado con todo lo anterior: este debate nos recuerda que el liderazgo político no consiste en acomodarse y repetir las preferencias que se le atribuyen a la opinión pública, sino en intentar influir y cambiar esa opinión pública. Las encuestas sirven tanto más a la democracia cuando desde la política se asume su capacidad, única e intransferible, de cambiar la foto que la demoscopia le da. En Sigma Dos sabemos que la sociedad siempre está cambiando, aunque a veces los cambios tarden en llegar. Porque es probable que lo sucedido la semana pasada no tenga efectos en el corto plazo, pero se han movido las piezas del tablero y sus consecuencias, muy probablemente, se dejarán sentir conforme pasen los meses.

• Rosa Díaz es directora general de Sigma Dos

El histórico y arriesgado discurso que Pablo Casado hizo el jueves en el Pleno del Congreso, con el que desmarcó de forma rotunda y radical al PP de Vox, parece contar con el respaldo de sus propios votantes. Aunque no de forma abrumadora, un importante porcentaje de los que apoyaron a los populares en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 respalda el no del PP en la moción de censura. Al menos, según la encuesta que ha realizado Sigma Dos para EL MUNDO tras el debate de la moción

El asesor presidencial afronta la tarea con plena conciencia de su dificultad. Los hechos son los que son y ya no le asiste la posibilidad de negarlos. Quince días atrás, pasada la una de la mañana, hora de cierre de los locales nocturnos por orden del gobierno para el que trabaja, a fin de contener la pandemia que les ha costado la vida y la salud a miles de personas, se vio a su presidenta y a uno de sus altos cargos a la puerta de un bar de copas. Peor aún: varios testigos vieron al alto cargo desplomarse, interpretando lo que cualquiera haría a tal hora en lugar tal.

El hecho pudo mantenerse fuera del radar de la opinión pública durante un par de semanas, pero el asesor, que conoce su oficio, sabe que eso ahora representa más una desventaja que un argumento favorable. Para aumentar la complicación, existe un parte de denuncia formulado por la policía local contra el dueño del establecimiento abierto a deshora, y la literatura que en ese parte se contiene, pese al laconismo policial, resulta de lo más inconveniente. Recoge el agente actuante -llamado, dicho sea de paso, por el vecindario molesto con el ruido que desde el local llegaba a esas horas de la madrugada- la excusa ofrecida por el hostelero denunciado, y que no es otra que no se atrevió a bajar la persiana porque estaba dentro la presidenta. Siempre se puede decir que es su palabra contra la de la primera autoridad de la comunidad autónoma y que se trata de alguien que busca la manera de disculparse de cara a una eventual sanción. Pero beneficiar, no beneficia, y el parte policial recoge algo más.

El asesor presidencial observa la fotocopia del parte, que ya ha sido filtrada a la prensa, y se fija en el apartado donde queda reseñada la hora de la intervención: 02:10. Sabe que no es el único que repara en el detalle, y lo cuesta arriba que se le va a poner sostener que la jefa no se pasó de la hora que decretó a sus conciudadanos que respetaran como límite máximo para el ocio nocturno. Razona también que, incluso si en eso la creen, la imagen que transmite, de apurar la juerga, se compadece poco con la contención a la que se ha exhortado a la ciudadanía. Que consiga preservarla de la acusación de contravenir sus propias reglas no la eximirá del fatídico menoscabo de su carisma.

En fin, nadie dijo que ser asesor presidencial le permitiera a uno pasar apaciblemente los días en labores rutinarias. Ahora es cuando le toca fajarse y demostrar que tiene lo que hace falta tener para estar ahí. Tanto su jefa como el alto cargo le proveen de las excusas disponibles: además de que en ningún caso se pasaron de la una ni entraron en el local, que el percance físico protagonizado por el acompañante de la mandataria se debió al efecto secundario de un fármaco, que este necesita por el estrés al que lo somete la responsabilidad que ejerce. No es una mala jugada a efectos de captar la benevolencia de la población, si la población -y el género humano en su conjunto- no tuviera por costumbre pensar mal siempre que cree que puede hacerlo.

El asesor termina de poner en orden sus ideas y redacta el comunicado que a esas alturas del día y del revuelo no puede no emitir el Gobierno para salir al paso de las malevolencias que ya corren a tumba abierta por los medios y las redes, junto a los memes más sangrantes; el nuevo peaje al que viven expuestos quienes ejercen poder y que llega y queda más que cualquier texto que pueda componer el más perspicaz de los asesores.

Cuando lo tiene, corregido y vuelto a corregir, lo relee y se pregunta cuánto compraría de él si no fuera un incondicional de la presidenta. Con el tiempo y los mimbres que le han dado, más no se le puede pedir. Lo eleva pues a sus superiores, que le dan curso. Al poco tiempo de difundirlo, salta la noticia de que se ha extraviado el incómodo parte policial. Ese giro rupestre, se dice el asesor presidencial, ya no hay comunicado que lo levante.

La Policía Nacional ha detenido a 19 ciberestadores que vaciaban cuentas de ciudadanos de toda España mediante el ‘SIM wrapping’, que consiste en duplicar la tarjeta del móvil para acceder a las contraseñas de banca y ordenar transferencias a otras cuentas.

Según ha informado este sábado la Dirección General de la Policía, los detenidos operaban desde Valencia y Madrid y se valían del trabajo de uno de ellos en una tienda de reparación de ‘smartphones’ para, tras vulnerar las claves de seguridad, acceder a datos sensibles de los terminales que las víctimas llevaban a reparar.

Así accedían al correo electrónico, la galería de fotos y a la totalidad de las contraseñas de sus aplicaciones, incluyendo las de banca electrónica.

Con la información obtenida a través de esa intrusión y, tras falsificar los documentos de identidad y duplicar la tarjeta SIM del teléfono, vaciaban las cuentas corrientes y contrataban créditos bancarios instantáneos en apenas una hora.

Los ahora detenidos desviaban dinero a bancos internacionales, lo gastaban en compras, o bien realizaban extracciones directas en cajeros.

Con las ganancias compraban grandes cantidades de bitcoins o adquirían motocicletas que después vendían a precios inferiores al valor real de mercado, blanqueando así los beneficios de forma rápida y segura, detalla la Policía.

Los investigadores han acreditado el elevado perjuicio económico ocasionado a las víctimas: el montante de fraude realizado solo a siete de ellas asciende a más de 450.000 euros.

Los agentes llevaron a cabo dieciséis registros domiciliarios, once de ellos en la Comunidad de Madrid y cinco en Valencia, donde se hallaron DNI falsificados de potenciales víctimas ya preparados para realizar próximas estafas, además del bloqueo de 75 cuentas bancarias.

El grupo desarticulado operaba en todo el territorio nacional, principalmente en la capital y en el litoral español, con una progresión internacional de su actividad hacia Inglaterra y Estados Unidos.

Las víctimas facilitaban de buena fe las claves de desbloqueo del terminal en la tienda de reparación con el objetivo de que pudieran acceder a él y arreglarlo.

La Policía Nacional ha advertido de que uno de los indicios de este tipo de estafa es que durante el intercambio de SIM la víctima no podrá efectuar llamadas telefónicas ni enviar mensajes de texto.

Además la compañía telefónica notificará al afectado que su tarjeta SIM se ha activado en otro dispositivo.

Si tras dejar el teléfono a reparar las credenciales de inicio de sesión ya no funcionan para las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito, hay que ponerse de inmediato en contacto con la entidad bancaria para verificar si somos víctima de una estafa.

El juez ha imputado al administrador de Unidas Podemos, Carlos García Ramos, por un posible delito electoral en las elecciones de 2019 relacionado con los pagos a la consultora Neurona. El magistrado Juan José Escalonilla señala que las transferencias desde la cuenta electoral abierta por García Ramos se hicieron tres transferencias por un total de 363.000 euros que no respondían a la prestación de servicio alguno por parte de la consultora.

“Dichos hechos resultan expositivos de una distracción de dinero proveniente en dicha cuenta electoral presuntamente constitutiva de un delito electoral […], tratándose de un delito especial que solo puede ser cometido por los administradores generales y de las candidaturas, así como por las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales”, indica la resolución judicial.

El juez añade que, como administrador general de la coalición electoral Unidas Podemos para los comicios del 28 de abril de 2.019, García Ramos abrió la cuenta bancaria desde la que se hicieron las transferencias, supuestamente para gastos electorales de los que no hay rastro. Esto es lo que tendrá que aclarar García Ramos el próximo 13 de noviembre a las 12.30 horas en el juzgado de instrucción 42 de Madrid.

Los pagos a la consultora mexicana ya habían sido considerados sospechosos por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Cuando el juez de Madrid abrió la macrocausa en torno a las cuentas de Podemos, la Sección de Delitos Económicos pidió seguir adelante con esta rama -y cerrar todas las demás- al detectar “indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo”. El origen de la causa fue la denuncia presentada ante la Guardia Civil por el ex coordinador legal de Podemos José Manuel Calvente.

Por otra parte, el juez también ha acordado cerrar una de las vías por las que inicialmente había abierto la investigación. Se trata de la que alcanzaba al dirigente de Podemos Rafael Mayoral, ante la posibilidad de que hubiera desviado 50.000 euros de la administración desleal de la Caja de Solidaridad.

El magistrado archiva la investigación por presunta administración desleal tras comprobar que hubo transferencias a Asociación 404 Comunicación Popular por valor de 30.000 euros. “Ningún indicio existe de que dicha asociación no desarrolle la actividad para la que fue constituida, ni tampoco y por tanto que dichas cantidades recibidas de “Podemos”, pudiendo provenir de la Caja de Solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad”, dice el juez.

El auto añade que “no resulta anómalo o extraño” que el dinero de la Caja de Solidaridad “sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos, e incluso como en el caso de autos formado por miembros de dicho partido, que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad”.

El PP quiere instaurar el toque de queda. Por especificar: son los gobiernos regionales -y algunos locales- del PP los que lo han puesto sobre la mesa (Castilla y León, Andalucía, Madrid) o no lo ven con malos ojos (Galicia y Murcia).

Pero el PP no quiere que el toque de queda se instaure mediante el estado de alarma. Por concretar: es la dirección nacional del partido la que se niega a llegar a ese extremo. Lo que piden en Génova es que el Ejecutivo pacte con ellos una reforma exprés de la legislación sanitaria “ordinaria”, de manera que las autonomías tengan instrumentos jurídicos propios para tomar medidas restrictivas que no dependan ni del estado de alarma ni del beneplácito de los jueces.

“Le pedimos a Sánchez y a la máxima autoridad sanitaria del país, que es Salvador Illa, que de una vez por todas tomen las riendas: necesitamos legislación ordinaria para de una vez por todas frenar al virus con las medidas necesarias”, ha asegurado este viernes Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social del PP.

Para los populares, Sánchez se ha inhibido hoy de su “deber” de tomar medidas ante el incremento de la segunda ola. “No ha dicho nada”, lamentan en el PP, y sólo ha salido a la palestra para intentar opacar “lo bien que lo hizo Casado en la moción de censura”, desviando el foco, agregan.

En agosto, el PP registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica 3/1986 de Salud Pública, “de manera que se limiten derechos fundamentales sin necesidad de acudir al estado de alarma”.

Lo que quieren los populares es que las autonomías puedan “controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como al derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados, como en el número de personas”.

Para Pastor, que fue presidenta del Congreso, “esa ley está en condiciones de tramitarse la semana próxima” por la vía rápida, “y así tendremos un instrumento para tomar medidas que sean proporcionales al riesgo que tienen los ciudadanos y que salven vidas dentro de la legislación ordinaria”.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha incidido en las mismas ideas: “No se puede legislar a golpe de estado de alarma, como hace Sánchez”. Ha denunciado que “Sánchez siempre lo deja todo en estado de alarma o la nada”, pero “hay un espacio intermedio, que es el que propone el PP, para no limitar las libertades ni dañar a la economía”.

Ante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Papa Francisco este sábado en el Vaticano, una audiencia que el líder socialista empleó durante el debate de la moción de censura como as en la manga para arremeter contra el PP y Vox, cien personalidades del ámbito católico y una treintena de entidades han remitido un escrito al Sumo Pontífice en el que manifiestan “su preocupación” por algunas leyes del Gobierno español que, a su juicio, son “profundamente divisas” en la sociedad española. Concretamente señalan a las de Eutanasia y Educación, así como al proyecto de ley sobre el Aborto, que “chocan frontalmente con la concepción cristiana y el magisterio de la Iglesia”.

El escrito expresa su temor a que “el dominio de los medios de comunicación que posee el Gobierno” de Sánchez, quien ha definido a Francisco como una “persona inspiradora”, distorsione tanto la realidad política de España, como el resultado de la audiencia del líder socialista en el palacio apostólico del Vaticano, la primera que mantiene con el Papa Francisco, a quien tiene pensado invitar a que visite España una vez se supere la pandemia del coronavirus.

El manifiesto expresa, asimismo, el temor de que el Gobierno haga una “presentación unilateral de los resultados de la audiencia en unos términos que, por no responder a la realidad, pudieran provocar confusión en el conjunto de los ciudadanos y, en especial entre los católicos”. Por lo que piden que sea también “la voz de la Iglesia” y no sólo el Ejecutivo que preside Sánchez la que informe de los pormenores de este encuentro una vez se haya celebrado.

Entre las personalidades y asociaciones que suscriben la misiva dirigida al Papa están el catedrático de Filosofía en Universidad Rey Juan Carlos, Ignacio Sánchez Cámara, el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, el director del Instituto de Ciencias de la Vida (UCV), la ex líder del PP vasco María San Gil, así como la Federación Europea One of Us España y la Fundación Villacisneros.

Esta reacción de urgencia se enmarca en el clima de inquietud que ha creado en la Iglesia española la repentina audiencia de Sánchez con el Papa. Al producirse en un momento de extrema frialdad de la cúpula eclesial española con el Gobierno, por sus discrepancias respecto a la escuela concertada, la exigencia del pago del IBI e incluso por la interpretación de la ley de memoria Histórica…

Si bien el actual presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, es uno de los hombres de confianza de Francisco en España, preocupa que Sánchez utilice el encuentro como una suerte de bendición papal a sus políticas. En este sentido, no ha gustado la apropiación que ha hecho el Ejecutivo de la última encíclica de Francisco, Tutti Fratelli para atacar posiciones conservadoras. Al conocerse, Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo y varios miembros de Podemos la celebraron públicamente, en su intento de utilizar al Papa Francisco como un nuevo icono progresista para ahondar en la división social y política.

“Comparto con el Papa el llamamiento a construir un mundo más justo y solidario. Francisco analiza la crisis que vivimos desde una visión radicalmente social. Gracias por alzar su voz en defensa de los más vulnerables y clamar contra los efectos del neoliberalismo y el populismo”, escribió el presidente el 5 de octubre en su cuenta de Twitter.

La última visita de un presidente del Gobierno de España al Vaticano se produjo el 15 de abril de 2013 con Mariano Rajoy y su esposa, Elvira Fernández. El líder popular fue el primer presidente europeo en visitar al Papa Francisco.

En Egipto, un país que encarcela a mujeres por sus vídeos “indecentes” en la aplicación TikTok o persigue a las activistas que denuncian las pruebas de virginidad, España ha optado este sábado por reconocer al feminismo más vinculado al régimen egipcio. La ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, ha aprovechado su visita a El Cairo para condecorar a Nehad Lotfy, directora de una asociación de derechos de la mujer progubernamental, ante el estupor de la perseguida comunidad local de feministas.

A principios de este año, tras su nombramiento, González Laya aseguró que bajo su mandato España adoptaría “una política exterior feminista”. “La sensibilidad en materia de género estará presente en todas las políticas e instrumentos de acción exterior”, esbozó. Un impulso en el que la diplomacia española en El Cairo enmarca el reconocimiento público de Lotfy, una abogada egipcia que estableció el progubernamental Centro Egipcio para los Derechos de la Mujer, asesora al régimen y goza de repercusión pública a través de su participación en el controlado universo de los medios de comunicación locales.

La concesión de la cruz oficial de la Orden del Mérito Civil ha cosechado críticas entre las feministas locales. “Con esta condecoración el Gobierno español lanza un mensaje muy problemático en un momento en el que el régimen persigue, encarcela y tortura feministas. Egipto tiene mujeres independientes y valientes de diferentes generaciones”, ha indicado a EL MUNDO Mozn Hasan, directora de la asociación feminista Nazra y galardonada en 2016 con el prestigioso Right Livelihood Award, conocido como Premio Nobel Alternativo.

Hasan sufre desde hace un lustro la prohibición de abandonar Egipto por su batalla contra la violencia de género, a favor de la participación política de las egipcias y el socorro de las víctimas de acoso sexual. Sus bienes y los de su asociación permanecen congelados desde 2017 y está acusada de recibir financiación extranjera que le podría costar una cadena perpetua. “Es el movimiento feminista que lucha contra la violencia del Estado el que debería haber sido premiado”, sugiere quien denuncia que el premio apuntala “la narrativa egipcia que excluye los derechos de las mujeres como derechos humanos”.

En similares términos se han expresado otras activistas que han rehusado acudir al acto, celebrado a última hora de esta tarde en los exteriores de la residencia del embajador español en Egipto. Preguntada por EL MUNDO, González Laya ha argumentado que, “en este caso, se reconocen los esfuerzos de esta activista por el empoderamiento económico de la mujer y la mujer trabajadora en Egipto”. En su discurso, la ha calificado de “mujer increíble”. La propuesta de galardón partió de las autoridades españolas en Egipto.

Egipto vive desde hace meses un auténtica revolución social relativa al acoso sexual, ampliamente extendido por el país más poblado del mundo árabe. A principios de verano, decenas de denuncias contra un joven, calificado de “depredador sexual”, lograron su enjuiciamiento. Un avance que, sin embargo, ha sufrido un amargo revés en el caso de un grupo de jóvenes de clase alta que abusaron de mujeres en una fiesta del hotel cairota de Fairmont Nile City. Tras iniciarse una investigación judicial, el caso dio un vuelco y las testigos fueron detenidas y acusadas de libertinaje. Una de ellas fue sometida a pruebas de virginidad.

La jefa de la diplomacia española se ha reunido este sábado con el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi y su homólogo egipcio, Sameh Shukri. Durante la rueda de prensa con Shukri, González Laya ha asegurado tímidamente haber abordado “los valores y derechos” en Egipto. Desde la asonada de 2013, más de 60.000 disidentes han sido encarcelados en una campaña de represión cada ves más salvaje que no se ha detenido. Durante el último lustro, más de 2.000 egipcios han padecido desapariciones forzosas mientras el acceso a cientos de páginas web ha sido bloqueado. La censura se han impuesto en los medios de comunicación, controlados -según organizaciones como Reporteros sin Fronteras- por las agencias de seguridad.

En declaraciones a los periodistas españoles, González Laya ha apuntado que “la política exterior española es una política de valores y principios”. “En todas mis reuniones con todos los países con los que España tiene una relación, planteo no solamente las cuestiones económicas, políticas, nacionales y regionales, sino también las cuestiones relativas a valores, derechos y principios”, ha indicado, reivindicando una “diplomacia discreta”.

González Laya ha anunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará próximamente el Líbano, por donde la ministra pasó este viernes, y Túnez. “El presidente tiene intenciones de viajar a Túnez y el Líbano. La fecha no se confirma hasta que no esté confirmada la agenda del presidente, que varía en función de cuál es la situación epidemiológica en nuestro país y en los países que queremos visitar”, ha concluido.

La Fiscalía ha pedido archivar la causa abierta contra tres jóvenes de nacionalidad afgana denunciados por violación por tres hermanas estadounidenses, al señalar que no existió violencia o intimidación en las relaciones que mantuvieron el pasado 1 de enero en las viviendas en las que ellas residían en Murcia.

En un informe al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público pide al juez de Instrucción que investiga los hechos que acuerde el sobreseimiento provisional de las actuaciones, e indica que no se opone a que, mientras decide sobre ello, acuerde el levantamiento las medidas cautelares que pesan sobre los denunciados.

Esas cautelares, impuestas por el juzgado de guardia cuando fueron detenidos pocas horas después de la denuncia, incluían la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de España y las personaciones periódicas en dependencias judiciales.

En cuanto a la solicitud de la defensa de los jóvenes de que se acuerde deducir testimonio contra las hermanas por denuncia falsa, la Fiscalía se opone, al comentar que no se ha demostrado que actuaran con el deliberado propósito de faltar a la verdad cuando denunciaron en comisaría los hechos que aseguraban haber sufrido.

Dice el informe del Ministerio Público, emitido a la vista de las pruebas practicadas y, sobre todo, de las manifestaciones hechas por las hermanas hace ahora un mes al ratificar su denuncia, que no se aprecia en lo actuado que existieran agresiones sexuales o abusos.

Así, refiere la actitud cariñosa en la que se ve a una de ellas y a su acompañante a la salida del pub de Murcia donde aseguraron que se iniciaron las relaciones sexuales no consentidas, imágenes recogidas del teléfono móvil de uno de los denunciados.

Y añade que, en la forma en la que aparecen dándose un beso, no se aprecia “reticencia” alguna en ella ni muestra de desaprobación.

Tampoco considera que las relaciones mantenidas en los pisos en los que residían ellas no fueran consentidas.

También indica que la actitud cordial en la que aparecen todos en la estación de autobuses de Murcia, a la que ellos, de nacionalidad afgana, las habían acompañado para despedirlas, aleja la idea de que tuvieran relaciones sexuales de manera forzada.

En el escrito en el que las defensas de las hermanas se opusieron al archivo de las actuaciones, sus letrados, Mariano Bo y Pablo Martínez, consideraron que existían indicios suficientes para continuar con la causa.

Y añadieron que, aunque lo manifestado por cada una de ellas al ratificar la denuncia por videoconferencia no fue uniforme ni coincidente en todos los extremos, era por la personal percepción que individualmente tenían de lo ocurrido.

Vox quiere poner fin al uso excesivo del Falcon por parte del Gobierno. Desde el partido estiman que una hora de uso del avión presidencial cuesta más de 5.000 euros, por lo que han solicitado que su utilización se ciña únicamente a viajes de más de 250 kilómetros.

Esta es la mayor consideración que se extrae de la Proposición No de Ley que la formación liderada por Santiago Abascal ha registrado en el Congreso de los Diputados con el fin de limitar los desplazamientos “particulares o partidistas” a bordo del Falcon. Además, Vox solicita que se diseñe un sistema de cobros para que quien emplee el avión con motivos extra oficiales costee el viaje.

Para ello, en la proposición se pide que los vuelos que cumplan estos requisitos sean registrados en el Portal de Transparencia, así como las estadísticas del viaje: puntos de origen y destino, kilometraje, pasajeros, escalas, duración del trayecto e incluso dietas de la tripulación, según detalla el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

También el Súper Puma

Estas consideraciones no solo afectarían al Falcon. Vox pide las mismas condiciones para el Súper Puma, el helicóptero presidencial perteneciente al Escuadrón 402 del Ejército del Aire, que fue empleado también por el presidente en distintas ocasiones, sobre todo al principio de su mandato.

Desde Vox recuerdan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, usó el Falcon a los pocos meses de llegar a Moncloa para viajar junto a su mujer, Begoña Gómez, al Festival Internacional de Benicàssim. También se utilizó el Súper Puma para asistir a la boda de su cuñado en La Rioja, e incluso se desplazó desde Moncloa hasta la base aérea de Torrejón en el helicóptero presidencial, cuando entre ambos puntos existe una distancia de unos 25 kilómetros.

Las restricciones que planea Vox afectarían a todos los altos miembros del Estado que hagan uso de la flota presidencial. En la proposición se insiste también en fomentar la transparencia de todos los viajes, a excepción de los considerados como materia clasificada.

Los últimos datos emitidos por el Portal de Transparencia, correspondientes a diciembre de 2019, cifraban en 76 los viajes de Sánchez a bordo de la aeronave del Gobierno. Un promedio de 4,42 viajes al mes, notablemente superior a los viajes que realizaron los anteriores jefes del Ejecutivo, como Zapatero (3,74), Aznar (3,40), Rajoy (3,37) o González (1,43), del que solo se han registrado desplazamientos internacionales.