Los opositores a funcionarios de la Administración General del Estado pueden realizar desde este sábado los exámenes en los distintos centros territoriales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) sin necesidad de tener que desplazarse a Madrid.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha presentado este sábado en rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, junto al rector de la Uned, Ricardo Mairal, el Plan de Descentralización de los Procesos Selectivos de la Administración General del Estado, que hará posible la realización de estas pruebas fuera de la capital de España, en centros de la universidad a distancia.

La experiencia ha arrancado este mismo sábado con la celebración en 23 centros de la Uned de todo el país del primer ejercicio de las oposiciones para el Cuerpo Civil de Administradores.

La ministra ha explicado que, de los 927 aspirantes que se han presentado a esta convocatoria, Madrid copa el mayor volumen de examinandos, pero, gracias al plan de descentralización, un 35% (319 candidatos) se examinarán sin necesidad de tener que viajar a la capital.

Según Darias, el plan encarna “la apuesta clara de este Gobierno por la descentralización y la deslocalización y por acercar el Gobierno de España a los territorios, como se comprometió el presidente Pedro Sánchez en el debate de investidura”.

Según la titular de Función Pública, el Ejecutivo está decidido a favorecer el acceso al empleo público en cualquier lugar del país, y ahora se pone en marcha esta medida que evitará gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención, al no ser obligatorio ya el viaje a Madrid para este tipo de pruebas. “Hoy estamos dando un paso importante en la modernización de las Administraciones públicas”, ha remarcado Darias.

El rector de la Uned ha dicho que este sábado “es un día grande y feliz” para su universidad, porque es protagonista de una medida que ayuda “a la cohesión territorial y a que todas las personas tengan los mismos derechos independientemente de dónde vivan”.

En medio de la frialdad, la falta de abrazos o la exposición de afecto físico, el calor, el reconocimiento, el agradecimiento, la admiración lo pusieron el Premio de la Concordia a los sanitarios españoles en primera línea. Un reconocimiento que se produce en un contexto donde la pandemia repunta y vuelve a poner a prueba a este colectivo, ya de por sí al límite. No estaban todos los que son, pero sí son todos los que estaban. Y ellos, recibieron el aplauso más cálido.

En nombre de ellos, tomó la palabra el doctor José Eugenio Guerrero Sanz, jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y del Grupo Hospitalario Privado HM. “Como sanitarios, nuestro trabajo ha sido luchar por la vida, por aliviar, por devolver la esperanza en momentos inciertos. Hubo desaliento, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos a levantarnos porque rendirse no era una opción”.

Sanitarios a los que la sociedad, de manera unánime, les impuso la capa de superhéroes, un uniforme que ellos rechazan. “Nunca fuimos héroes, pero hicimos nuestro trabajo lo mejor que supimos y pudimos, conscientes de que compartíamos un destino común con toda la sociedad y que en la lucha contra el virus no era posible esperar milagros, solo valía el trabajo, la dedicación y el esfuerzo, más allá de cualquier límite”, ha expuesto el doctor Guerrero Sanz.

“No fuimos héroes. O quizá lo fuimos todos. Porque frente a una pandemia que nos obligaba al distanciamiento, supimos romper la barrera y hallar un punto de encuentro y a las 8 de la tarde, cada día, salíamos a aplaudir a la vida, a buscar en la mirada de los otros la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estábamos solos”, ha añadido, en un discurso que a momentos se quebraba por la emoción.

Para ellos fueron las primeras palabras que pronunció a los premiados el Rey, que recordó a aquellos que han muertos en estos meses -entre los asistentes estaba Teresa López Pernia, madre de Sara Bravo López, médico de Familia en el Centro de Salud de Mota del Cuervo de Cuenca que con 28 años perdió la vida atendiendo a pacientes en la primera línea de la Covid-19, la médico más joven en morir-.

“Recordamos a los miles de personas que han perdido la vida, y con especial emoción aquí a todos los profesionales de la sanidad que han fallecido, a sus familias y allegados. Ellos son la imagen misma de la dignidad humana y representan lo mejor de nuestra sociedad; el corazón de un país que en los peores momentos debe mantenerse unido y ser capaz de enfrentarse a los más graves problemas con responsabilidad, sentido del deber y civismo”, han sido las palabras de Felipe VI.

Tanto el Rey como el doctor Guerrero Sanz quisieron poner en valor la necesidad de dotar de recursos al sistema sanitario, que las palabras o promesas pasen a los hechos. “Sabemos que trabajan en muchas ocasiones con medios insuficientes, tratando en todo momento de mitigar el sufrimiento de quienes, desgraciadamente, no superan la enfermedad”, ha señalado Felipe VI.

“Hemos aprendido también que un buen sistema sanitario ofrece seguridad en tiempos de incertidumbre y proporciona estabilidad y paz social, imprescindibles para hacer frente a una crisis como la que hemos afrontado y seguimos afrontando. No podemos olvidar que el virus sigue ahí y hoy es más importante que nunca cuidar de nuestra sanidad e intentar mejorarla entre todos día a día”, ha añadido el doctor.

Con el objetivo de reducir la movilidad interprovincial y de interferir lo menos posible en la labor de los profesionales de la salud, que siguen trabajando en esta situación de emergencia sanitaria, el colectivo de sanitarios ha estado representado mayoritariamente por personal de Asturias.

Relación de personas que han representado a este colectivo en el acto:

– Teresa López Pernia, madre de Sara Bravo López, médico de Familia en el Centro de Salud de Mota del Cuervo de Cuenca que con 28 años perdió la vida atendiendo a pacientes en la primera línea de la Covid-19.

– Alberto González Estébanez, neumólogo en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid y capitán del Cuerpo de Sanidad Militar.

– Nieves Mijimolle Cuadrado, titular de oficina de Farmacia. Sus padres, Tomás Mijimolle y Maria del Carmen Cuadrado, farmacéuticos de profesión y vocación, no dudaron en volver a su farmacia en Leganés en los días más duros de la pandemia. Fallecieron con pocos días de diferencia en el mes de marzo a causa de la Covid-19. En la audiencia con los premiados estará también su hermana Carmen.

– Carmen Palomo Antequera, facultativo especialista de Área en Medicina Interna del Hospital Universitario Central de Asturias Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

– Fernando Valdés Menéndez, celador de Hospitalización del HUCA.

– Javier García Fernández, interventor en la residencia de Mayores de Grau/Grado* (Asturias) y enfermero de Comunitaria.

– José Eugenio Guerrero Sanz, jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón y del Grupo Hospitalario Privado HM, ambos en Madrid.

– María Jesús Amaro Martín, del servicio de Limpieza del HUCA.

– María Luisa Pérez Fernández, secretaria de la UCI Polivalente del HUCA.

– Marta García Clemente, facultativo del Servicio de Neumología y en la actualidad directora del Área de Gestión del Pulmón del HUCA.

– Pablo Corzo Pena, técnico de emergencias sanitarias en Asturias.

– Pilar Martínez Suárez, técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en el Servicio de Urgencias del HUCA.

– Rocío García Francos, técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico del HUCA.

– Salvador Balboa Palomino, médico interno Residente de 5º año de Medicina Intensiva en la UCI del HUCA.

– Verónica Real Martínez, directora de Enfermería en el Hospital Covid-19 IFEMA y en la actualidad supervisora de Enfermería en el Servicio de Urgencias Extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid SUMMA 112.

Después de estos últimos meses vividos con la pandemia del coronavirus, un 86,2 por ciento de la población afirma que sería conveniente reformar la sanidad española, de ellos el 95 considera además que se necesitan con “mucha” o “bastante” urgencia más recursos económicos y un aumento en las plantillas de profesionales que atienden en el Sistema Nacional de Salud.

Estos datos se desprenden del último Barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que coincide con la convocatoria de huelga oficial para el próximo 27 de octubre del colectivo médico del SNS, provocada por la actual situación que atraviesan los profesionales tras más de siete meses de pandemia.

Concretamente, un 94,8 por ciento se mostró partidario de dedicar más recursos económicos, siendo las mujeres (96,7) y los jóvenes de 18 a 24 años los que más a favor se posicionaron (97,1), mientras que un 95,9 también apostó por aumentar las plantillas del SNS, de ellos el 97,3 por ciento era mujer y los que más a favor estaban eran los encuestados de 55 a 64 años (96,8%).

Aumentar la coordinación entre las CCAA (89,8) y aumentar las instalaciones y los recursos dedicados a prevenir y abordar las pandemias (87,4) fueron dos reformas apoyadas por necesarias entre la mayoría de la población.

En cuanto a la urgencia de estas reformas, apoyada por el 95,9 serán el dotar de más profesionales las plantillas de sistema sanitarios, frente al 3% que considera que es poco o que la urgencia es regular; y le sigue el aumento de recursos económicos apoyado por el 95,6 por ciento frente al 3,5 por ciento que ve desde poca a apenas urgencia.

Por detrás, pero de cerca, un 91 por ciento está a favor de aumentar la coordinación entre las CCAA con bastante o mucha urgencia, frente al 7,6 por ciento no ve necesario una reforma urgente; y, finalmente, un 90,2 por ciento de los que están a favor de cambios en el SNS apuestan también por aumentar las instalaciones y los recursos dedicados a prevenir y abordar las pandemias, mientras el 8,6 cree que debe de realizarse este cambio pero no es urgente.

Las últimas semanas no han sido exitosas para el Gobierno de coalición. De polémica en polémica y en medio de un empeoramiento de la situación sanitaria, el CIS de octubre confirma una rebaja de las perspectivas electorales de PSOE y Podemos. De hecho ha eliminado del cuestionario la pregunta sobre la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo, después de que el mes anterior el 57% de los españoles asegurara no tener confianza en la política que está llevando a cabo. Un 29% de los ciudadanos consultados dijo tener poca confianza, y la otra mitad, un 27,8% del total de sondeados, admitía no tener ninguna.

En este sondeo esa cuestión no aparece. La pregunta más cercana es quién debería hacerse cargo primordialmente de la lucha contra el virus: el Gobierno o las comunidades autónomas. El 16,6% contesta que el Ejecutivo central, el 5,9% las regiones y el 69,1%, ambas en colaboración. Aunque no es la primera vez que esto pasa en las encuestas del CIS En otras ocasiones, a lo largo de los últimos meses, se ha preguntado por la confianza en la gestión, se ha eliminado y se ha vuelto a incluir.

El CIS ratifica la continua caída de Unidas Podemos, justo además el mes en que el juez de la Audiencia NacionalManuel García-Castellón ha pedido al Tribunal Supremo que le investigue por posibles delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. En octubre se sitúan en un porcentaje de voto del 11,7%, menos que hace un mes, cuando la institución que dirige José Féliz Tezanos le concedía un apoyo del 12,2%. En julio le otorgaba un 12,5%. Estos datos avalan la tendencia a la baja de la formación morada, que no acaba de obtener rédito a su presencia en el Gobierno y que ha visto minado su crédito por la investigación sobre sus cuentas y la dudas sobre la veracidad del llamado caso Dina.

Las entrevistas del CIS se realizaron entre el 1 y el 7 de octubre y justo ese último día se conoció la solicitud del magistrado, que ahora debe dirimir el Tribunal Supremo. Estas semanas tampoco han sido exitosas para el PSOE. En estos momentos, obtendría un 30,8% de votos, algo menos que hace un mes, cuando alcanzaba el 31,5% y de julio, con un 32,4%. Los dos partidos del Ejecutivo de coalición se ven así penalizados en un periodo en que han aumentado el número de contagios y de muertos y han estallado polémicas como el veto del Gobierno a la presencia del Rey en Barcelona y las críticas de Podemos a Felipe VI.

La distancia entre PSOE y PP se reduce de 13,4 puntos a 11,9. El PP logra una ligera subida en intención de voto, un 18,9% frente al 18,1% de hace un mes. Justo también en un momento en que se ha producido un choque institucional monumental entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, que derivó la semana pasada en la declaración de estado de alarma para que el Ejecutivo imponga sus medidas en esta región. No obstante, los populares antes del verano llegaron al 19,4%.

Sube Vox, baja Ciudadanos

Respecto al mes de septiembre sube Vox y baja Ciudadanos. Los de Santiago Abascal se sitúan en un 12,5% de apoyo, en vísperas de que se celebre en el Congreso el debate de su moción de censura. Un 0,8% más que en el sondeo anterior.

Ciudadanos desciende a un 8,7% tras haberse colocado con un 10,6% la última vez. Las últimas semanas no han sido fáciles para Cs que, en medio de su acercamiento al Ejecutivo y su disposición a negociar los Presupuestos, han visto cómo el Gobierno confirmaba la reforma del delito de sedición, iniciaba el trámite administrativo de los indultos a los presos del procés y PSOE y Podemos hayan presentado esta misma semana una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para rebajar la mayoría en la elección del CGPJ.

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha emitido este jueves un comunicado en el que ha mostrado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel, que para él supone una “reparación moral”.

“Quiero agradecer a todos los españoles que me han honrado con su confianza durante los años que me dediqué a la política y muy especialmente durante mi etapa al frente de la Presidencia del Gobierno de España”, y también a los militantes de su partido que le han mostrado “apoyo”.

“Confío en que esta reparación moral les anime a seguir trabajando sin desfallecer por el bienestar, las libertades y la concordia entre españoles, valores éstos que hoy percibo más necesarios que nunca”, ataja Rajoy.

Hay que recordar que el PP de Pablo Casado emitió ayer una valoración de la sentencia en la que sí reconoce que el partido se lucró en los años de la Gürtel: los hechos “son condenables” y “ahí están”, dijeron fuentes populares.

Para justificar su júbilo, Rajoy hace referencia directa a la moción de censura: “El 31 de mayo de 2018 afirmé ante el pleno del Congreso de los Diputados que “toda la justificación de la moción de censura está construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que no es firme y además tiene un voto particular”.

El ex presidente del PP justifica su interpretación de la sentencia en que “la Justicia afirmó con rotundidad” su versión, y cita un pasaje del fallo: “No puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular al no solicitarse su condena en tal sentido y haber sido traído al proceso como participe a título lucrativo que presupone que el beneficiario no sólo no participó en el delito sino que desconoció su comisión”.

Rajoy sigue citando la sentencia: “La condena como partícipe a título lucrativo no sólo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última”.

Reproches del Supremo a la Audiencia

Ayer, el Tribunal Supremo notificó la sentencia de la llamada Época I de la trama Gürtel (1999-2005) confirmando en líneas generales las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a los principales líderes de esta red de corrupción, así como la que recibió el Partido Popular por lucrarse del entramado empresarial liderado por Francisco Correa.

En la sentencia se recogen reproches a las afirmaciones que la Audiencia Nacional hizo sobre la caja B de la formación conservadora al considerar que el tribunal de instancia se excedió en sus razonamientos jurídicos. La Sala del Alto Tribunal cuestiona las menciones a la caja opaca relacionadas con la actuación del PP porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa en el caso de los populares. Sin embargo, la sentencia no cuestiona la existencia de esa contabilidad paralela.

“A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, y eso también es una decisión”, proclamó Mariano Rajoy en una de sus más famosas tautologías, muy en la línea de Pío Cabanillas, quien acostumbraba a repetir que “lo más urgente es esperar”. Pablo Casado aprendió esa lección en sus primeros meses como presidente del PP, tras cometer algunos errores tácticos. Pero ahora se aferra a ella con ímpetu mariano, y por eso no ha revelado aún qué votará el PP en la moción de censura que ha presentado Vox contra Pedro Sánchez, y que se debatirá el 21 y el 22 de octubre.

El debate de la directiva popular se decantará a inicios de la semana que viene, a más tardar, pero cada cual tiene ya su opinión. Este periódico ha podido sondear que, hoy por hoy, hay práctica unanimidad entre los dirigentes nacionales del PP a la hora de rechazar la moción de censura de Vox. Todos los consultados por EL MUNDO quieren votar “no”.

“Yo creo que debemos votar no. Nos inclinamos por el no, claramente. Hasta donde yo sé, está todo el mundo en el no”, apunta uno de los vicesecretarios. Como él, otros líderes de la cúpula de Génova prefieren que el partido se oponga a la moción de Santiago Abascal por la sencilla razón de que “los números no dan” y, por tanto, “sólo sirve para reforzar a Pedro Sánchez”, e incluso para facilitar el agrupamiento de sus posibles socios presupuestarios.

“Aquí [en Génova] no hay debate. Toda la cúpula está más en el no que en la abstención”, reflexiona otro de los dirigentes del entorno inmediato de Casado. Eso sí, ninguno quiere mojarse en público. No antes de que Pablo Casado establezca la decisión final del partido.

Hay “ventajas e inconvenientes”

“Pero no sé qué tendría que ocurrir para que finalmente pasáramos a la abstención”, concede un alto cargo nacional del PP. Sin embargo, otra dirigente alude a la prudencia, porque “es un tema complicado y las dos posiciones tienen ventajas e inconvenientes”.

Fuera de Génova también hay unanimidad a la hora de rechazar la moción, pero sí existe cierto debate en torno a la gran elección: abstención o en contra. Por ejemplo, en el grupo parlamentario, donde hay un puñado de diputados que se inclinan por la abstención.

La ex portavoz Cayetana Álvarez de Toledo fue la primera en abanderar el voto en blanco, mientras que José María Aznar apuesta claramente por la negativa frontal. Incluso una ex dirigente como Esperanza Aguirre vería bien apoyar a Santiago Abascal.

La moción se considera una prueba de fuego para el PP, pero no está claro que la vaya a rebatir Pablo Casado. “No está decidido, pero porque no se ha debatido aún ese tema”, ataja otro dirigente del PP. “No nos hemos sentado aún a hablar de esto; interesa mucho a la prensa, pero a nosotros no tanto”, ironiza otro.

García Egea: “No la vamos a apoyar”

La posición del PP sobre la moción de censura la fijó, sin decantar aún el sentido del voto, el secretario general, Teodoro García Egea. En una entrevista concedida a este diario, el pasado lunes, aseguró: “No la vamos a apoyar. No participaremos de este circo. Sánchez necesita la moción y se lo lleva pidiendo mucho tiempo a Abascal, porque necesita reforzar su mayoría”.

El número dos del PP lamenta que el debate evidencie otra “derrota” del autodenominado constitucionalismo. “No es que falten motivos para la censura; faltan los votos. Vox está engañando al pueblo español. Una moción de censura no es un mitin: nadie censuró más a Sánchez que el PP”, atajó García Egea.

El Congreso de los Diputados rechazará este jueves las mociones de reprobación presentadas por el PP y Ciudadanos contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respectivamente. Precisamente, este miércoles se han debatido en la Cámara Baja sin la presencia de ninguno de los dos miembros del Gobierno afectados.

Al primero se le pretende reprobar por ser el “principal instigador” de los ataques a la Corona y promotor de la “degradación institucional”. Al segundo, por la purga en la cúpula de la Guardia Civil. Ninguna de las dos saldrá adelante porque los partidos que sostienen al Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- contarán con el apoyo de nacionalistas, independentistas y abertzales.

El PP ha cargado contra Iglesias y también contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para el que piden el cese argumentando su “falta de eficacia”, su “incapacidad” y su “aroma totalitario”. El diputado popularGuillermo Mariscal ha defendido la moción acusando a Iglesias de poner en el punto de mira a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, amenazar al juez que pide su imputación, atacar al Rey y arremeter contra el Poder Judicial y la separación de poderes.

Vox ha definido a Iglesias, por boca de su diputado José María Sánchez, de “bolchevique irredento y confeso” y le ha acusado de delitos de “lesa patria” cuando intenta promover acciones contra el Jefe del Estado. UPN, como el PP, también ha apostado por interpelar a los diputados socialistas que callan ante el ataque del socio minoritario del Gobierno a las instituciones.

PNV y BNG salen a defender a Iglesias

El PNV ha salido en defensa del Gobierno, y de Pablo Iglesias en particular, amparándolo bajo el paraguas de la libertad de crítica y la opinión política, igual que el BNG. Su diputado ha cerrado su intervención declarándose “no español ni monárquico”.

Ciudadanos ha puesto de manifiesto que España es “el único país de Europa que tiene un Gobierno que ataca a su jefe del Estado y pacta con nacionalistas para los que nunca nada es gratis”.

Para su portavoz, Edmundo Bal, ahora con el Gobierno de coalición lo que impera es el “descaro” y el “atropello” del Poder Judicial, del CIS, de la Corona, de la Constitución… “No daremos un paso atrás en su defensa”, ha recalcado.

Marlaska y su “caza de brujas”

Ciudadanos también ha promovido la reprobación del ministro del Interior por la “caza de brujas” que impulsó en la Guardia Civil cesando al coronel Diego Pérez de los Cobos por no informarle de las investigaciones que se llevaban a cabo en el Cuerpo por orden judicial en relación con la manifestación del 8-M.

Cs mantiene que los ceses llevados a cabo por el ministro tuvieron un motivo político y no técnico y que Marlaska pidió a sus subordinados que incumplieran la ley. El partido naranja ha acusado al Gobierno socialista de estar “instalado en la mentira”.

Marlaska debe ser reprobado en opinión de Cs por poner en riesgo el buen nombre de la Guardia Civil, por nombrar a dedo a cargos afines y por haber mentido en sede parlamentaria y todo para conseguir réditos políticos.

Vox y el PP se sumarán a la reprobación, a la que añaden decenas de motivos, pero ésta no saldrá adelante. Y no lo hará, no porque Grande-Marlaska cuente con el respaldo de la mayoría de la Cámara, sino porque buena parte de las fuerzas minoritarias, principalmente nacionalistas e independentistas, consideran que la reprobación debería ser por otras causas y en ningún caso están dispuestas, además, a respaldar iniciativa alguna que proceda del partido naranja.

La intención ya en marcha del Gobierno de tomar al asalto el Consejo General del Poder Judicial, los ataques a la Corona que se lanzan desde una parte del propio Ejecutivo y la guerra entre Moncloa y Sol a cuenta del Covid trenzan una maraña de agravios que tensa la vida política hasta el paroxismo y no encuentra solución.

En este clima, la sesión de control ha servido para que Pablo Casado lanzara un ultimátum a Pedro Sánchez. “A mí no me presiona nadie y menos alguien como usted. Mientras no rectifique, conmigo no hay nada que pactar”, ha asegurado el líder del PP, para quien el presidente del Gobierno pretende “meter como caballo de Troya en la cúpula judicial a un partido imputado como Podemos que arremete contra el juez y contra el Rey”. “Cese a Iglesias”, ha zanjado. Pero, Sánchez, lejos de abandonar a Iglesias a su suerte política y judicial, ha optado por respaldarlo abiertamente: “Tiene mi más absoluta confianza”.

Uno y otro, Casado y Sánchez, se han echado en cara la lista de imputados, procesados y condenados que han tenido sus respectivos partidos. Casado, insistente, ha acusado a Sánchez de mentir compulsivamente y exhibir soberbia. “Es usted un presidente del Gobierno fallido”, le ha espetado después de asegurar que su llegada al poder se llevó a cabo a través de “una moción de censura basada en la mentira”.

Y Sánchez, en contrapartida, le ha respondido: “Su partido ha dejado de ser un partido de Estado”. Y después le ha reprochado una vez más “abrir la puerta a la ultraderecha con una estrategia de crispación, provocación e insultos”.

El presidente ha desafiado al líder del PP a desvelar lo que pretende votar en la moción de censura que presentará Vox contra él la próxima semana y, a la vista del acoso, se ha visto obligado a recalcar que su Gobierno es “legítimo”.

Gobierno “déspota”

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, en su cara a cara con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha tachado al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, protagonista indirecto de la mayoría de choques entre el Gobierno y la oposición, de “machista” y ha reprochado a la número dos del Ejecutivo, feminista declarada, el apoyo que le da.

La bronca en el Hemiciclo ha ido en aumento, principalmente en las bancadas populares, cuando Gamarra ha acusado al Gobierno de “despotismo” y de ser “un fraude” al “retorcer la ley” y las reglas de juego para hacerse con el control del poder judicial.

La vicepresidenta segunda, en la misma línea que Sánchez, ha reprochado a los populares haber abandonado su condición de partido de Estado situándose junto a la ultraderecha.

El Gobierno ha tenido que escuchar reproches de todo tipo: rencoroso, machista, autoritario, polarizador, mentiroso. Y a todo ello, Calvo ha respondido con un discurso ensalzador de los esfuerzos que despliega el Ejecutivo para contener la pandemia y ha urgido al PP a volver al camino del entendimiento.

Precisamente la gestión de la pandemia ha sido el eje conductor de la intervención de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para quien el Gobierno, en lugar de luchar contra el virus, se ha dedicado a atacar a la Corona y a repartirse a los jueces “indignamente”. La presidenta de Cs no ha dudado en calificar a Carmen Calvo de “altanera” y le ha avisado de que su partido recurrirá a Europa para frenar el intento del Gobierno de hacerse con el control de la cúpula judicial.

“Elegir al juez que le juzgue”

La tensión se ha desatado de nuevo cuando el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha repartido golpes entre Sánchez, Calvo e Iglesias. A este último, García Egea le ha instado a dimitir por estar inmerso “en la corrupción”. “Usted quiere cambiar el CGPJ porque quiere elegir al juez que le juzgue”, ha afirmado el número dos del PP aludiendo a la petición de imputación de Iglesias que ha dirigido el juez García Castellón al Supremo.

El vicepresidente segundo ha vuelto a mostrar su convencimiento de que el alto Tribunal, reservado para los aforados como él, rechazará la demanda del juez.. Iglesias ha recalcado que en España hay separación de poderes y, paradójicamente, ha acusado a los populares de ser ellos quienes atacan a la jefatura del Estado. Él sin embargo, en una pirueta de contradicción, se ha puesto como adalid, junto al resto del Gobierno, de la defensa de “todas las instituciones”.

El vicepresidente segundo ha negado, a instancias de la diputada de VoxMacarena Olona, haber alentado amenaza alguna contra el juez García Castellón e incluso ha asegurado que los mensajes intimidatorios que el juez ha denunciado proceden de cuentas de la extrema derecha en las redes sociales. “Y ya se está investigando”, ha asegurado.

La Asociación Europea de Jueces, mayoritaria en el continente europeo, ha emitido este martes un comunicado donde expresa “su gran preocupación” porque España esté dando “un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del poder judicial”.

En la nota, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, los jueces europeos subrayan que el Gobierno de Pedro Sánchez “en lugar de aprovechar esta oportunidad legislativa para reformar el sistema de designación de los jueces del Consejo General del Poder Judicial reforzando las garantías de independencia de los jueces y magistrados, como pilar fundamental del estado de derecho, retornando al sistema anterior donde los jueces integrantes del Consejo General del Poder Judicial eran elegidos por sus iguales, (….) aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva”.

En ese sentido, la asociación de la que forman parte 44 países se hace eco de la recomendación de la Comisión Europea que recogió que “en los Estados miembros en los que se ha establecido un Consejo del Poder Judicial, su independencia es especialmente importante para evitar influencias indebidas del Gobierno o del Parlamento sobre la independencia de los jueces. (…) Por la misma razón, normas europeas bien consolidadas, en particular la Recomendación de 2010 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, establece que no menos de la mitad de los miembros de los consejos del poder judicial deben ser jueces seleccionados por su homólogos de entre todos los niveles del sistema judicial y con respeto al pluralismo interno del sistema judicial”.

También alude a una de las conclusiones del informe del Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) sobre España realizada en diciembre 2017 donde se aludió a que “una de las modificaciones claves en este punto consiste en que los doce miembros del Consejo de procedencia judicial sean elegidos directamente por sus pares”.

Por otro lado recalcan que el Estatuto Universal del juez aprobado señala en su artículo 2.3 que “el Consejo de la Judicatura debe ser completamente independiente de los demás poderes del Estado. Debe estar compuesto por una mayoría de jueces elegidos por sus compañeros, de acuerdo con procedimientos que aseguren su mayor representación”.

Bankinter ha cancelado su relación bancaria con la consultora chavista de Podemos ante las sospechas judiciales de blanqueo de capitales. La entidad financiera procedió a liquidar la cuenta que tenía abierta en España la sociedad Neurona Comunidad el pasado 13 de mayo después de que el Sepblac investigara sus movimientos y realizara requerimientos al banco. Según consta en un escrito del propio Bankinter al Juzgado que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos y al que ha tenido ac