En 1977 la ley de Amnistía sacó de las cárceles a los opositores a Franco y situó a España en el prólogo de la democracia. Pero su aplicación ha sido también el candado para la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil.
Ninguna denuncia ha prosperado en los tribunales por el perdón concedido a todos los delitos con intencionalidad política. El Gobierno aprobó a mediados de septiembre en primera lectura el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, que por primera vez sal

El Partido Popular ha pedido al Congreso que repruebe al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por ser “el primer instigador de los ataques a la Corona”, tal y como se precisa en la moción registrada este jueves en la Cámara Baja y que será sometida a votación previsiblemente en la semana del 12 de octubre.

En el texto, los populares reclaman también al presidente del Gobierno “la destitución inmediata” del ministro de Consumo, Alberto Garzón, “por sus groseras afirmaciones en relación al jefe del Estado” y urgen al Ejecutivo a “poner fin a sus agresiones institucionales”.

Según el PP, en las últimas fechas se ha producido una “aceleración vertiginosa de la operación de derribo del marco constitucional” coincidiendo, dicen, con la “hora de mayor debilidad del Gobierno y cuando más necesita plegarse ante sus envalentonados socios y aliados para recabar apoyos al proyecto de Presupuestos”.

Y en este contexto sitúa el inicio de la tramitación de los indultos para los condenados del 1-O y la reforma del Código Penal para revisar a la baja las penas por el delito de sedición.

España, la “víctima”

El veto “arbitrario” al Rey para asistir a la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces en Barcelona es, para el primer partido de la oposición, una muestra clara de que España tiene un Gobierno “dispuesto al abuso de todas sus prerrogativas constitucionales”, llegando incluso a “cortejar a unos partidos que han declarado abiertamente la guerra contra la continuidad histórica de la nación española”.

En la moción registrada, el PP insiste en que “España es víctima de un empobrecimiento democrático que avanza al ritmo galopante de su depauperación económica y social” y apunta que “la tala de las vigas maestras del Estado de Derecho y el asedio a la independencia de las instituciones han sido el pan de cada día de la vida pública española desde la investidura de un presidente del Gobierno que, tras su victoria democrática en las urnas, decidió libérrimamente echarse en brazos de todos los enemigos de la España constitucional”.

Con esta declaración de principios el PP, en la práctica, da por rotos los puentes con el Ejecutivo en tanto en cuanto en el Consejo de Ministros permanezcan sentados Iglesias y Garzón, y Pedro Sánchez se sustente en los votos de independentistas y abertzales.

Los populares consideran que “nunca como ahora la división de poderes y los contrapesos institucionales habían sido objeto de una amenaza de tan intimidante trascendencia, inimaginable”, dicen, “en nuestro entorno democrático”.

Dolores Delgado, la “comisaria política”

En el texto tachan a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de “comisaria política” y acusan al Gobierno de ejercer “presiones de todo orden para colonizar y someter a vasallaje político a organismos independientes del Estado”, al tiempo que se consienten “desmedidos improperios lanzados contra los órganos judiciales por parte del vicepresidente segundo”, a quien se define en la moción como “líder de un partido abiertamente negacionista del pacto constitucional” y se recuerda que su formación recientemente ha sido imputada por financiación ilegal.

Todo esto es, en opinión del partido de Pablo Casado, “ejemplos palmarios” de “un jaque en toda regla a las instituciones democráticas y la independencia judicial”.

A ello suman la decisión del Gobierno de convocar una “mesa de autodeterminación” con Cataluña para satisfacer la agenda independentista que sólo pretende “la quiebra de la integridad territorial y la voladura en mil pedazos de la soberanía nacional”, y el “blanqueamiento como interlocutor parlamentario de una formación como Bildu, heredera por línea directa de una organización terrorista que asesinó a más de 800 españoles”.

Ambas decisiones son, según los populares, “dos torpedos propulsados desde el Palacio de La Moncloa contra la línea de flotación del consenso constitucional”.

Reproches por la gestión de la pandemia

No olvida tampoco el PP en su escrito hacer mención al impacto de la pandemia del coronavirus, que ha situado a España, por la pésima gestión del Gobierno, “a la cabeza de contagios, mortalidad y destrucción de empleo de toda Europa”. Y todo ello, argumentan, porque Pedro Sánchez “orquestó una estrategia frentista de polarización política como maniobra de distracción”.

Acusan a Sánchez, además, de ser “impermeable a cualquier clima de colaboración y consenso” y le reprochan haber desplegado una “agenda ideológica socialmente divisiva como cortina de humo para ocultar que Españla es el país peor gobernado de Europa”.

Los organizadores del Foro La Toja, que en su primera edición del pasado año se coronó como lugar privilegiado de debate sobre la crisis de las democracias representativas y el orden liberal, le han echado valor para organizar un encuentro presencial en mitad de la segunda e inesperada ola del coronavirus en España.

Desafiando los confinamientos, los organizadores -el ex ministro Josep Piqué, la ex secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, y el empresario gallego Amancio López Seijas- han mantenido la convocatoria contra el viento, la marea y la incertidumbre del próximo fin de semana.

Es verdad que la isla de La Toja luce con orgullo la etiqueta: “libre de covid”. La pandemia ha venido a sumarse al resto de las crisis que se abaten sobre España y el mundo, por lo que la segunda edición del Foro La Toja se celebra bajo el lema de “La reconstrucción”.

Aún cuando ni siquiera conocemos hasta dónde llegará la destrucción, ya que el virus está lejos de desaparecer de nuestras vidas. El secretaria general de la OCDE, Ángel Gurría, pronosticó en la primera jornada de debate que se perderán dos años en términos económicos. “Estamos desnudos frente al virus”, reconoció.

Los auténticos padrinos del Foro La Toja son dos ex presidentes del Gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy, que en la primera edición protagonizaron un dueto muy exitoso en defensa del desaparecido bipartidismo que ellos gestionaron.

La presencia del presidente portugués

El Rey inauguró la segunda edición de este Foro de debate como ya abrió la primera. Felipe VI, como todos los españoles, seguramente añora aquel primero de octubre del pasado año, cuando sólo tenía en la cabeza la preocupación catalana. En 12 meses, el horizonte se le ha oscurecido al jefe del Estado y no sólo porque debe llevar mascarilla y no puede saludar dando la mano.

Es precisamente la ofensiva contra la monarquía en la que participan varios ministros del Gobierno de España lo que convirtió un acto protocolario en una escena simbólica de respaldo a Felipe VI.

El comité de bienvenida encargado de recibir al Rey en La Toja estaba compuesto por los dos ex presidentes del PSOE y del PP; el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, así como la ministra Reyes Maroto.

La presencia del presidente portugués, el jefe de Estado más empático de Europa, fue aprovechada por el líder gallego para hacer un guiño de admiración a la monarquía española y a la República portuguesa.

“De todos es conocido el cariño y la admiración que siento por usted y por la monarquía constitucional”, señaló mirando al Rey de España.”Rebelo de Sousa es uno de los políticos más queridos por su pueblo, algo que sé que no es sencillo de lograr”, dijo mirando al presidente de la República de Portugal.

Felipe VI: “No hay recetas mágicas”

En su intervención, Marcelo Rebelo de Sousa alabó la figura de Felipe VI y situó a “las personas de carne y hueso” como el objetivo final de la gestión política. “En tiempos difíciles, confusos y llenos de incertidumbre necesitamos luces que iluminen a la sociedad”, dijo el inspirador del Foro, Amancio López Seijas.

En su discurso inaugural, el Rey intentó iluminar un poco el negro panorama sanitario, político, social e institucional que vive España. Felipe VI vino a recordar a los atribulados españoles que no estamos tan mal como parece. Habló el jefe del Estado del país poscovid.

“No hay recetas mágicas para superar esta crisis. Para hacerlo, España cuenta con activos que la sitúan entre los países más avanzados del mundo. Somos una de las veinte democracias plenas del mundo y la décimo tercera economía del planeta”, señaló el Rey.

Entre las fortalezas del país citó tres: “Nuestra democracia, nuestra modernidad y nuestra ciudadanía”. El impulso de reconstrucción, añadió el monarca, “deberá ser en todo caso inclusivo porque no se puede desarrollar una sociedad con valores y cohesión social si falta equidad”.

En su discurso, Felipe VI alabó el vínculo Atlántico como “indisociable de nuestros valores”. “Me refiero a valores que son de alcance universal pero que se plasmaron por primera vez en Europa y en América en las Constituciones, auténticos pactos entre ciudadanos”.

Feijóo llama a la política de la unión

El mensaje político de la inauguración corrió a cargo del presidente de la Xunta de Galicia. Enlazando con un lamento del organizador del Foro -“si no somos capaces de alcanzar un pacto histórico en mitad de la tormenta perfecta, ¿cuándo lo haremos?”-, el primer barón del PP manifestó que “evitar manzanas de la discordia que fragmentan a la ciudadanía es un deber primordial cuando existe un enemigo que no hace distingos en su acechanza”.

El líder gallego -que se alineó en el Consejo Interterritorial de Sanidad con la presidenta madrileña y en contra del ministro Salvador Illa- hizo un llamamiento a la política de la unión y el acuerdo para afrontar la reconstrucción. “No se trata de suspender el debate y la controversia en busca de una imposible unanimidad, sino de proteger el espacio para el acuerdo de todos y con todos”.

Y citó como ejemplo de acuerdo la Transición, recordando que “buena parte de ella discutió en medio de una profundísima crisis económica”. Como la que ya tenemos aquí. Ni el presiente del Foro La Toja, Josep Piqué, ni el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ahorraron detalles acerca de la gravedad de las graves consecuencias económicas que traerá la pandemia.

El Tribunal Supremo ha resuelto este jueves el recurso contra un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como el que ahora el Ministerio de Sanidad aduce para imponer restricciones en la Comunidad de Madrid. La resolución establece que la competencia para resolver este tipo de recursos es de la Audiencia Nacional. Por tanto, inadmite el recurso presentado por una asociación de consumidores contra un acuerdo adoptado en agosto en el que también se establecían medidas para frenar la propagación del coronavirus.

Más allá de la competencia y del caso concreto, el auto hace un repaso a la normativa aplicable a la actividad del Consejo que supone un respaldo a las tesis del ministro de Sanidad, Salvador Illa, de que las comunidades autónomas que votaron en contra del acuerdo del Consejo publicado este jueves en el BOE deben cumplirlo.

Los magistrados de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo equiparan el Consejo Interterritorial a una Conferencia Sectorial, una tesis negada entre quienes rechazan que pueda imponerse a Madrid la votación mayoritaria en el Consejo. Considerarlo una Conferencia Sectorial supone que sus resoluciones pueden revestir la forma de mera “recomendación”, pero también de “acuerdo de obligado cumplimiento exigible ante la jurisdicción contencioso-administrativa”, según indica el Supremo.

“Obligado cumplimiento”

Entre los artículos puestos sobre la mesa por el Alto Tribunal como aplicables al caso está el 151 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula las “clases de decisiones de la Conferencia Sectorial”.

En su primer punto indica que los “acuerdos” no pueden ser impuestos a las comunidades autónomas que votaron en contra. Pero en el párrafo siguiente hace una precisión: cuando la Administración General del Estado “ejerza funciones de coordinación” en el Consejo conforme a la distribución de competencias, el acuerdo que se adopte “será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto”.

Éste sería el caso del acuerdo alcanzado este miércoles, en el que el Gobierno central actuaba como coordinador de las autonomías y, por tanto, podría imponer el acuerdo a las que votaron en contra: Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.

Uno de cada cinco menores españoles, el 19,3 %, ha estado expuesto en repetidas ocasiones a situaciones de violencia de género contra su madre y, de ellos, el 77 % ha sido víctima de la violencia directa de su padre o de la pareja o ex pareja de su madre.

Son datos del estudio “Menores y Violencia de Género”, elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a partir de entrevistas a 10.465 menores de 14 a 18 años y 3.045 docentes.

El 14,3 % de los chicos indica tener conocimiento de situaciones en las que su madre ha padecido violencia psicológica en su relación de pareja, en forma de insultos, ridiculizaciones y miedo; un 8,5 % relata situaciones de control abusivo contra su progenitora; y el 7,7 % ha sido testigo de agresiones físicas.

“La exposición de los menores a la violencia de género contra su madre es más frecuente de lo que suele suponerse” y constituye una forma específica de maltrato infantil, alerta el estudio.

Para determinar el tipo de violencia que han presenciado, se les ha preguntado “¿Has conocido que tu madre viviera en la relación de pareja con un hombre las situaciones que se mencionan a continuación?”, seguida de una docena de conductas violentas como si la ha insultado, aislado de sus amistades, si le ha hecho sentir miedo, si la controla a través del móvil, si la amenaza o la ha agredido físicamente, entre otras.

Insultos, miedo y control

El porcentaje total de adolescentes que respondió haber conocido alguna o varias de dichas situaciones a veces o con más frecuencia es del 24,7%, ha señalado Rosell. En cuanto a las situación, la más habitual (un 14,3%) presenciada por los menores son las de violencia psicológica, es decir, “insultar o ridiculizar” y “hacer sentir miedo”; mientras que en un segundo nivel se sitúa la prevalencia de situaciones que deterioran de una forma especial la autoestima, como “decirle que no vale nada” (un 8,7%) o realizar un control abusivo de su comportamiento (8,5%). Le siguen el aislamiento (7,7%), la agresión física (7,1%), las “presiones para actividades de carácter sexual en las que ella no quería participar” (2,5%) y el control a través de Internet y las redes (1,5%).

Los jóvenes encuestados también han respondido sobre quién ejerció la violencia de género contra la madre en el caso de haberla vivido, una respuesta que en el 70% de los casos ha sido su padre; mientras que el 24,6% segura que la había realizado otro hombre. El 5,4%, por su parte, respondió que la violencia había sido ejercida por su padre y también por otro hombre.

Pero para la directora del trabajo, el dato “más importante” de este estudio es que, según sus datos, la gran mayoría de jóvenes que han presenciado o vivido esta lacra en sus diferentes niveles, no reproducen o sufren violencia en sus relaciones personales. Así, un 76,2% de las jóvenes que han presenciado violencia contra sus madres de grado medio (psicológica o deterioro de la autoestima),y el 67,1% de las que presenciaron violencia grave, no son víctimas de estas situaciones en sus relaciones; mientras que un 31,7% de los chicos que vivieron violencia media en sus hogares y un 35% de los que presenciaron violencia grave, no la ejercen.

“La inmensa mayoría de los menores expuestos a las violencias logran salir del ciclo”, ha apuntado Díaz-Aguado, quien ha señalado que se trata de un dato “esperanzador” y que se ha de utilizar “en prensa y televisión” para lanzar la idea de que de la violencia “se sale” y no es una situación que estén “condenados fatalmente a reproducir”. También advierte de que este mensaje debe ser un “mandato educativo” para que las nuevas generaciones no repitan “errores el pasado”.

Nadie que haya entendido Celia en la revolución, de Elena Fortún, reivindicaría como propia la memoria de los demás. En el crujido seco, áspero, atroz y glacial de las vivencias de esa niña durante el bloqueo de Madrid en Guerra está la España perdida. La memoria no es patrimonio de los que la agitan; no es sable sino homenaje. La Historia es poliédrica y se enturbia en manos de necios y activistas. La patrimonialización de la memoria produce monstruos, contradicciones y fundidos en negro.
Las

Bela Kun, Pilsudsky o Trotsky, cuyas distintas actuaciones le sirvieron a Curzio Malaparte para elaborar su célebre Tecnica del colpo di Stato, no pudieron prever la más sutil manera de prepararlo: desde el propio seno del poder que se pretende derribar. Los que criticamos al Gobierno de Pedro Sánchez tendríamos que reconocer al menos que posee una indudable originalidad, consciente o inconscientemente está llevando a cabo, utilizando los resortes en su poder del aparato del Estado, la demolició

“Evitemos llevar piedras, las encontraremos en la calle”. “Al finalizar la concentración pacífica estaremos en el lugar en el que nos interesa empezar la parte violenta. Esperaremos unos minutos para que la gente mayor o la que tenga algún problema pueda marcharse y luego podremos comenzar”.
Éste es el tenor de varios de los mensajes enviados por grupos independentistas a sus seguidores en la convocatoria realizada para conmemorar el tercer aniversario del referéndum ilegal celebrado en Cataluñ

La moción de censura que ha presentado Vox contra Pedro Sánchez interpela también al PP. Indirectamente, pero de manera muy clara. La formación que dirige Santiago Abascal no busca tanto tumbar el Gobierno -no tiene apoyos para ello y, de hecho, no tiene apoyo parlamentario alguno- como tomar protagonismo en el bloque de derechas.

Así lo opinan los populares consultados, para quienes se trata de una operación de acoso y derribo a Pablo Casado… y a las encuestas, que comienzan a ampliar la brecha entre Vox y PP tanto como la estrechan entre PP y PSOE.

En Génova -donde se inclinan por votar “no” a la moción- ha cundido la idea de que este debate establecerá una suerte de pinza entre Vox y PSOE: a ambos les interesa esta polarización para enardecer a sus electorados, no tanto en favor de un proyecto como en contra de otro.

Fuentes de la dirección nacional del PP creen que “cada gesto del Gobierno son votos para Vox”. Y la moción agrupará, a su vez el electorado socialista, añaden. Además, temen que el debate sobre la continuidad de Pedro Sánchez sirva para que los de Santiago Abascal arañen una parte del voto del miedo, por los «ataques al orden constitucional» que se están produciendo en las últimas semanas, a su juicio.

Se refieren al veto al Rey en la entrega de despachos judiciales en Barcelona, al anuncio de reforma del delito de sedición, a la crisis de la Fiscalía, a las críticas de ministros a Felipe VI y a la tramitación de indultos de líderes separatistas, entre otras cosas.

Pero la moción de Vox llega justo a tiempo para desviar el foco de todo eso hacia un debate maniqueo, critican en Génova. De ahí que a Sánchez le convenga este ataque de Abascal. “¿Por qué hablan ustedes tanto de Vox? Sánchez es el primer presidente que pide que le hagan una moción”, ha asegurado este miércoles el secretario general del PP, Teodoro García Egea. “Sin Vox, ustedes no son nada”, ha atajado.

La portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, ya dijo el martes que «esta moción nace fallida de origen porque la suma no da, y sólo gana Sánchez». En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, le pidió a Abascal «no engañar a los españoles». «El único que va ganar con esa moción y a salir fortalecido de la misma es Pedro Sánchez», reiteró.

La tercera fuerza del Congreso registró este martes, con la firma de sus 52 diputados, la propuesta de demolición del Ejecutivo de coalición y su sustitución por otro encabezado por Santiago Abascal. Vox promete conformar un Gobierno de transición para convocar elecciones en el plazo más breve posible.

De acuerdo con los plazos ordinarios establecidos en la Constitución y en el Reglamento del Congreso, la moción podría debatirse y votarse en la Cámara justo después de la Fiesta Nacional, en la semana del 12 de octubre. Una coincidencia que complace especialmente a los de Abascal.

Y que incomoda al PP. En algunos de los territorios gobernados por el PP se lamentan por el calendario. El debate se producirá en un momento de zozobra interna del PP, tras las nuevas revelaciones del caso Kitchen, que apuntan directamente a la cúpula anterior del PP y señalan directamente al ex presidente Mariano Rajoy.

Las comunidades autónomas que tengan que restringir la movilidad de las ciudades más afectadas por la pandemia estarán obligadas a reforzar su sistema de atención primaria y a revisar junto con el Ministerio de Sanidad la situación semanalmente. Ésta es la propuesta que ha hecho el departamento que dirige Salvador Illa para frenar la propagación del coronavirus y que ha fracasado tras la reunión mantenida en la tarde de este miércoles.
¿Cuántas localidades se verían afectadas? Por ahora, 10: M