Entre las ocasiones en que se le ha dado a uno la oportunidad de saludar a un Rey profesional, tengo para no olvidar la Fiesta Nacional de 2017. Aunque no pensaba acudir, vino a cambiarme el parecer el mensaje de Felipe VI el 3 de octubre. Así que, cambiada la opinión, me puse muda limpia y me dirigí al Palacio Real para estrechar la mano del Monarca y decirle: «Señor, gracias por el discurso».
El 12 de octubre siguiente, el doctor Sánchez se estrenaba como presidente del Gobierno en una Fiesta

Al mediodía del 2 de febrero de 2016, en Zarzuela respiraron aliviados. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aceptaba ser candidato a la investidura. No contaba con apoyos suficientes, pero deshacía el nudo que asfixiaba a la Casa del Rey, tras la renuncia de Mariano Rajoy. En la institución había preocupación porque los informes jurídicos indicaban que sin una investidura fallida no se podían convocar elecciones y el bloqueo político del país arrastraba al Rey. Donde germinó el agrade

PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que sustentan al Gobierno, y las fuerzas que le son afines, han cargado contra la cúpula del poder judicial a la que acusan de estar “secuestrada por la derecha” e incluso de “haberse escindido de la legalidad democrática”.

Los socialistas ponen el acento de la culpa en el PP y achacan su negativa rotunda a negociar con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque les conviene mantener un control que les beneficia a la hora dirimir los casos de corrupción que les afectan y que, en opinión de su portavoz, Adriana Lastra, ponen de manifiesto que “Génova, desde los cimientos hasta la última planta, estaba sumergida en tramas de sobresueldos y comisiones, de espionaje a rivales, de utilización de recursos públicos, incluidos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para obtener beneficios propios, beneficios para el PP en su conjunto”.

En este sentido, la portavoz socialista en el Congreso ha respaldado la afirmación del portavoz de En Común Podem, Gerardo Pisarello, para quien el poder judicial está “secuestrado” por la derecha. Lastra ha exigido a los populares que desbloqueen de una vez los nombramientos de un CGPJ “caduco desde hace dos años”.

Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso, ha ido un paso más allá acusando al Poder Judicial de haberse “escindido de la legalidad democrática” . Para el diputado de Unidas Podemos no hay duda de que los populares están utilizando “su brazo judicial” para nombrar tres magistrados vitalicios en el Tribunal Supremo y asegurarse así posiciones afines en las causas de corrupción que le afectan. Y más aún, ha cargado contra el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, por “haber intentado utilizar a la monarquía para validar una agresión torpe a la legalidad constitucional”.

“El PP”, ha afirmado el diputado tras la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso, “degrada el poder judicial en beneficio propio”. Y ha advertido: “No permitiremos una maniobra dirigida a controlar ilegalmente el poder judicial. No lo permitiremos ni política ni jurídicamente”. Con estas palabras se refería a la decisión que previsiblemente adoptará mañana el CGPJ para sustituir, pese a encontrarse en situación de interinidad, hasta a seis magistrados del Supremo.

En opinión del socio minoritario del Gobierno no es aceptable que “autoridades caducadas impongan cambios en el Supremo para impedir que se castigue la corrupción del PP”. “Tenemos”, ha añadido Pisarello, “un problema en las altas instancias judiciales. Hay una parcialidad enorme tendente a favorecer al PP. Gürtel y Kitchen son casos evidentes y la sentencia sobre Bankia presenta las mismas características”.

Igualmente el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha insistido en que “sobre la mesa deben estar todas las opciones para impedir que se hagan nombramientos vitalicios entre los jueces, especialmente en la Sala de lo Penal del Supremo que es”, ha señalado, “la que tendrá que juzgar los casos de corrupción del PP”.

Para Echenique es sorprendente que la derecha pida la dimisión de Pablo Iglesias o Alberto Garzón “por un tuit” contra la monarquía, pero “no critique que Lesmes filtre una conversación privada con el Rey. Esto”, ha añadido, “no admite comparación con un par de tuits. Si realmente fueran monárquicos deberían estar escandalizados”.

Pese a la amenaza de emprender acciones para impedir el nombramiento por parte del CGPJ de seis nuevos magistrados del Supremo, fuentes jurídicas señalan que cualquier movimiento en este sentido estaría condenado al fracaso porque el Consejo tiene plena competencia para evitar un vacío en puestos tan destacados de la Justicia

También el portavoz de Galicia En Común, Antón Gómez Reino, ha incidido en esta crítica tachando de “anomalía democrática severa” el que un CGPJ caducado “tome decisiones muy relevantes siempre en beneficio del PP”. “Tenemos”, ha añadido, “un problema muy grave con la cúpula judicial”.

Más País ha preferido arremeter contra las decisiones de la Justicia utilizando como palancas la sentencia de Bankia y la inhabilitación como presidente de la Generalitat de Quim Torra. Íñigo Errejón ha tachado de “profundo escándalo” la decisión adoptada sobre la salida de Bankia a Bolsa porque “lanza el mensaje a los españoles, en un momento de ansiedad por la pandemia, de que los más ricos, Rodrigo Rato incluido, se van de rositas”. Respecto a la inhabilitación de Torra, el portavoz de Más País, ha aprovechado para tacharla de “grave” y “desproporcionada”.

Estas críticas también han encontrado eco en ERC. Su portavoz Gabriel Rufián considera “vergonzoso” que “salga más caro poner una pancarta”, en referencia al desacato de Torra a la Junta Electoral, “que estafar a miles de personas” como, en su opinión, hizo Rato. “Tenemos”, recalcó, “un gravísimo problema en este país con el Poder Judicial. Estamos en una guerra judicial: una parte del Estado le ha declarado la guerra al independentismo y a una parte del propio Gobierno”.

La CUP por su parte asegura estar de acuerdo “con PSOE y Podemos cuando denuncian el golpismo judicial”. Su portavoz Mireia Vehí mantiene que el Poder Judicial se ha convertido en “un arma política” que está “lanzando un pulso al actual Gobierno”

Agentes de la Policía Nacional han liberado a un hombre brasileño víctima de trata que había sido obligado a prostituirse en pisos de Zaragoza y San Sebastián. Seis personas han sido detenidas acusadas de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos y delitos relativos a la prostitución, entre otros.

La investigación policial se inició con la declaración de la víctima, quien relató detalladamente que había sido engañado para venir a España con el objetivo de trabajar en un restaurante y acabó ejerciendo la prostitución en varios pisos de citas.

Las primeras gestiones desvelaron que se trataba de una organización criminal en la que cada miembro se había especializado en áreas muy concretas, como la captación, recepción, acogimiento y traslados, y que utilizaban una tienda de ropa en Brasil para captar a las víctimas, ofreciéndoles contratos de trabajo en España como camareros.

Después, les compraban un billete de avión hasta Barcelona con escala en París para dificultar los controles de la Policía. A continuación, eran trasladados hasta un piso de Zaragoza, donde les informaban de que habían contraído una deuda de 7.000 euros y que tenían que ejercer la prostitución para liquidarla.

Además, les obligaban a consumir sustancias estupefacientes con los clientes y a obtener los datos de sus tarjetas de crédito para usarlas fraudulentamente por parte de la organización. Tras un tiempo en Zaragoza eran trasladados a otro piso de San Sebastián para seguir siendo explotados sexualmente.

Blanqueados más de 280.000 euros

La mayoría de sus miembros operaban desde España. Solamente una persona estaba en Brasil, en una tienda de ropa que servía como centro de operaciones para captar a las víctimas y blanquear el dinero obtenido de la trata.

Los cabecillas, una pareja de brasileños, realizaron más de 560 envíos internacionales de dinero, llegando a blanquear más de 280.000 euros. Se ha detectado que en numerosas ocasiones los cabecillas obligaban a las víctimas a realizar los envíos de dinero para que no quedase reflejada su identidad.

En total se han realizado seis detenciones, cuatro de ellas en Zaragoza, una en San Sebastián y otra en la localidad tarraconense de Salou, por pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, delitos relativos a la prostitución, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la salud pública, blanqueo de capitales, estafa y trato degradante.

Se han llevado a cabo tres entradas y registros, dos de ellas en Zaragoza y una en San Sebastián, y se ha intervenido diversa documentación, equipos informáticos, teléfonos móviles y tabletas.

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local por maltrato animal por zoofilia tras violar en estado de ebriedad a un poni en Murcia, según han informado este lunes a Efe fuentes cercanas al caso.

Ocurrió sobre las 8 de la mañana de este domingo en un recinto de un carril entre las pedanías de Casillas y Puente Tocinos donde había dos caballos y un poni, al que una pareja vio cómo penetraba con los pantalones y los calzoncillos bajados mientras sujetaba al animal de sus cuartos traseros.

Los testigos llamaron a la Policía y al dueño de los animales y reprendieron al agresor, que salió corriendo hacia una cuadra cercana pero sin llegar a salir del solar, tras lo que volvió y ya con los agentes de una patrulla en las inmediaciones reintentó violar al animal en la misma posición, por lo que fue arrestado.

No llevaba documentación y fue llevado a la comisaría de la Policía Nacional, desde donde fue trasladado al centro de salud Infante por una herida sangrante en el paladar en la que le dieron tres puntos de sutura.

Avisado el veterinario, que comprobó que el animal no había sufrido lesiones, el dueño decidió no denunciar al agresor, aunque las diligencias han sido remitidas al juzgado por si dieran lugar a alguna actuación.

La investigación judicial de la operación Kitchen revela la existencia de numerosas grabaciones de antiguos mandos policiales en las que presumen de haber sustraído al ex tesorero del Partido PopularLuis Bárcenas sus cintas con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
En los nuevos tomos del sumario que instruye el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, el comisario José Manuel Villarejo desvela a terceras personas el robo de conversaciones del ex te

“Salvar el culo al Barbas”

Asimismo, Villarejo hace referencia en sus cintas a “las maldades que me han encargado a mí para salvarle el culo al Barbas”. “¡No te puedes ni imaginar! ¡Que podía estar preso! El presidente del Gobierno, eh, por muchas cosas… y se han perdido papeles y se han perdido cajas y se han perdido muchas cosas (…) y operaciones de tal, decir, oye en tal sitio hay papeles de Bárcenas, hay que ir a romperlos”, explicó el entonces agente encubierto.

Además, en el sumario consta una conversación donde Villarejo alude a una charla mantenida con el ex número dos de Interior, actualmente imputado en Kitchen: “Hace poco la última vez que hable con Paco le dije eso, le dije habéis cometido un error minusvalorando a la Policía, tal y cual os vais a encontrar con un marrón de la hostia dio el Zampa (ministro) no se va a enterar de nada, le van a empezar a caer hostias… ¿Por qué?, porque como empiecen ]os marrones, todo el mundo va a decir el Secretario de Estado va a tirar para arriba, va a tirar para el Asturiano, que le llamamos nosotros al Barbas y va a tirar para arriba. Y a ver qué hace Rajoy… las maldades que me han encargado a mí para salvarle el culo al Barbas”.

En un oficio, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía explica que Villarejo identifica a la persona a la que apodan tanto el Asturiano como el “Barbas”, en alusión a Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno de España.

En esta pieza separada del caso Villarejo se investiga el dispositivo “parapolicial” diseñado presuntamente desde el Ministerio del Interior que encabezaba el ex ministro Jorge Fernández Díaz, imputado en el procedimiento, para sustraer a Bárcenas información sensible de altos cargos del partido.

En un informe que forma parte de las actuaciones, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que las actuaciones hasta la fecha practicadas por la Audiencia Nacional “han permitido encontrar ciertos documentos, aportándose indicios de que la operación policial Kitchen habría logrado sus objetivos y que alguno o algunos de los mandos policiales implicados en su puesta en marcha y posterior ejecución tendría en su poder otros documentos, después de haberlos sustraído a Luis Bárcenas o a su esposa Rosalía Iglesias, sin que hasta la fecha se hayan localizado”.

Nuevo problema judicial para un miembro de la formación de Pablo Iglesias, Unidas Podemos. En este caso, el afectado es el diputado ysecretario de organización del partido Alberto Rodríguez a quien la Sala Segunda ha abierto este lunes causa penal al considerar que existen indicios de la comisión de un delito de atentado contra la autoridad por agredir presuntamente a un policía durante una protesta por la Lomce en 2014.

El Alto Tribunal ha designado instructor del procedimiento al magistrado Antonio del Moral.

El Juzgado de Instrucción Número 4 de San Cristóbal de La Laguna remitió en diciembre de 2019 al Tribunal Supremo testimonio del procedimiento abreviado seguido, entre otros, contra el diputado de Unidas Podemos en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Sobre estos hechos, el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación contra Alberto Rodríguez al considerarlo autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitando la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos de un delito de atentados y lesiones, pero al acreditar su condición de diputado al Congreso, acordó la nulidad parcial de dicho auto en lo que se refería al aforado. Ahora es el TS, órgano competente para investigar a los parlamentarios nacionales, quien asume esta investigación penal.

Respecto a este mismo diputado, el Alto Tribunal ya abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en La Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

Para poder tomarle declaración al diputado de la formación morada el Supremo tendrá que cursar el suplicatorio al Congreso de los Diputados, excepto si Rodríguez acepta comparecer de forma voluntaria ante el instructor Del Moral.

El PP se anota como una victoria propia la inhabilitación en firme de Quim Torra como presidente de la Generalitat. Fuentes de Génova aseguran “la resolución se ha conseguido gracias al PP”, que lo denunció a la Junta Electoral Central, piden “que se cumpla” y llaman a la convocatoria inmediata de elecciones.

Es algo que ya ha señalado Pablo Casado este lunes por la mañana, antes del fallo del Tribunal Supremo. En una entrevista concedida a Onda Cero, el presidente del PP ha dicho que Torra “no puede ser presidente de la Generalitat” y eso ha ocurrido “gracias al PP”.

Casado cree que con la inhabilitación de Torra se deja muy claro que en España la impunidad no debe existir como pretenden los independentistas y un Gobierno que plantea “modificaciones del Código Penal a la carta de los independentistas”.

“No sabemos quién manda en Cataluña”, ha subrayado el jefe de la oposición, para quien “el engendro en el que se han convertido las alianzas políticas en Cataluña es más de diván psicológico que de comentario político”. “Lo que me preocupa es el papel que tiene en todo esto el Gobierno de España porque está permitiendo todo esto”, ha insistido.

Para Casado, es imperativo “cambiar cuanto antes al Gobierno de Cataluña”. “Debería llamarse a las urnas, porque si no es un fraude de ley”, ha insistido, antes de exigir a Pedro Sánchez que garantice “el orden público en Cataluña”.

En cuanto a si el PP apoya que un grupo de la oposición presente un candidato a la investidura para que empiece a correr el plazo y en dos meses haya elecciones en Cataluña, Casado ha indicado que su partido cuenta con una representación en el Parlament “que es la que es”, en alusión a que sólo logró cuatro escaños en los últimos comicios.

Ciudadanos, por su parte, ha aprovechado la sentencia para ponerse en contacto de inmediato con el PSC y con el PP para explorar una posible candidatura constitucionalista. Como ha explicado la portavoz nacional de Cs, Melisa Rodríguez, ahora “es necesario más que nunca que todos juntos podamos vencer al independentismo”.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha celebrado que el Tribunal Supremo haya confirmado la condena de inhabilitación y ha señalado que “se hace justicia y gana la libertad”. Así lo ha dicho Arrimadas en un mensaje en Twitter en el que ha aseverado que “los espacios públicos son de todos y un dirigente político no puede saltarse las leyes para inundarlos con propaganda separatista”. Por eso, ha recordado, Cs denunció a Torra ante la Justicia, que falla nuevamente en su contra.

Cs exige también que se convoquen ahora elecciones autonómicas cuanto antes. E incluso pretende forzarlas mediante un acuerdo al menos con las fuerzas constitucionalistas que las reclaman.

Desde Barcelona, el portavoz y candidato de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha enfatizado que “se ha hecho justicia y ha ganado la libertad”. Carrizosa considera que Torra “se prevalió de su posición de presidente de la Generalitat para usar un edificio público y hacer propaganda de una candidatura electoral”. Y ha celebrado que la Justicia no haga distinciones entre ciudadanos de a pie y presidentes autonómicos.

Tanto Melisa Rodríguez como Carrizosa han explicado que Cs quiere ahora buscar fórmulas con el resto de fuerzas constitucionalistas “para que Cataluña no quede bloqueada”. El portavoz liberal en el Parlament ha instado al presidente de la Cámara, Roger Torrent, a proponer una candidatura a presidente y a convocar elecciones.

Rodríguez ha puesto en valor que la sentencia de inhabilitación llega después de que el PP o Ciudadanos denunciaran la desobediencia de Torra en los tribunales porque “el Gobierno no hizo absolutamente nada” contra ella. Y ha celebrado que esta acción política haya concluido con éxito.

En líneas parecidas al Partido Popular ha reaccionado Vox a la noticia de la inhabilitación de Quim Torra. El vicepresidente primero de Acción Política del partido, Jorge Buxadé, ha recalcado el papel que su formación ha jugado en el transcurso del juicio y ha agradecido el trabajo “de los equipos jurídicos de la formación”, que actuaron como acusación en los tribunales.

“Torra debe estar ya fuera de la vida política”, ha reclamado Buxadé, quien ha solicitado además la disolución inmediata del Parlamento autonómico “y que se convoquen elecciones en Cataluña para que Vox entre con fuerza y se oiga la voz de cientos de miles de catalanes”.

Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox, ha celebrado que no hayan tenido “ningún éxito” los argumentos empleados en la defensa de Torra: “no tenían ningún fundamento”, ha recalcado.

Para Castro, la sentencia “debería ejecutarse lo antes posible” para continuar con el “curso legal que procede”, que es “convocar las elecciones en Cataluña”.

Vox logró recoger 15.000 euros en donaciones en abril de 2019 para poder presentarse en el juicio como acusación popular, un hecho que diversos líderes del partido, como el candidato de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, o el propio Buxadé han agradecido este lunes.

El Tribunal Supremo ha entregado a Joaquim Torra, hombre de modestos delirios literarios, aquello que siempre ansió desde el momento en el que este pisó el Palau de la Generalitat: no quedar en el imaginario nacionalista como un simple agente provocador de Carles Puigdemont, teledirigido desde la guarida de Waterloo para mantener abiertos los grifos de la financiación pública y las heridas sentimentales de la sociedad catalana por el procés; o como un mal poeta de versos xenófobos y peor gestor

El presidente del PP, Pablo Casado, considera que Pedro Sánchez es “cómplice” y “cobarde” por no defender al Rey y por “no desmentir” las críticas a la monarquía en redes sociales del ministro Alberto Garzón y del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

En una entrevista en Onda Cero, Casado ha considerado que Sánchez demuestra una “absoluta complicidad” con esos ataques “ya que no los desmiente” pero también una “profunda cobardía” porque intenta que su propio electorado “no censure lo que está haciendo”.

Casado ha insistido en que Sánchez es “un cobarde” porque “no da la cara” y no defiende al Rey ni la unidad nacional pero tampoco defiende la ley y las penas impuestas por los tribunales, ha señalado en relación a los presos del procés y al inicio de la tramitación de los indultos solicitados.

El líder del PP ha lamentado que Sánchez plantee indultos o modificaciones del Código Penal “a la carta” de los independentistas y ha considerado que está “haciendo una amnistía de facto modificando el delito de sedición”.

Con respecto a la inhabilitación definitiva de Quim Torra, Casado ha querido poner más el foco en Sánchez, “único responsable” de la “degeneración española”, por intentar “contentar a quienes dieron un golpe a la Constitución con un cambio del delito de sedición”.

“Si es inhabilitado, deberían convocarse elecciones cuanto antes en Cataluña, si no sería un fraude de ley”, ha resaltado. Pero no ha querido clarificar si su partido propondrá un candidato a la investidura para, ante la amenaza de retrasar los plazos, forzar a Torra a que convoque elecciones ya.

“Bloquear a seis millones de personas en Madrid sería ruinoso”

“No hace falta hacer un bloqueo total a seis millones de personas, porque sería ruinoso”. Así ha sintetizado Pablo Casado su postura sobre la batalla político-sanitaria que libran el Gobierno nacional y la Comunidad de Madrid.

El presidente del PP ha criticado la “función teatral” del Ministerio de Sanidad, que “pretende aleatoria y discrecionalmente unas medidas contra Madrid”. “Pedro Sánchez y Salvador Illa no pueden dar lecciones a nadie”, ha insistido.

Para Casado, la competencia de control de pandemias es “exclusiva” del Ejecutivo. “La competencia en alertas internacionales es del Gobierno de la nación”, ha dicho en Onda Cero, y por tanto no se puede situar a Isabel Díaz Ayuso como culpable de la mala evolución de la pandemia en la región.

El líder de la oposición ha explicado que, a su juicio, Madrid es un caso distinto al resto: “Madrid tiene nueve veces la densidad de España. Y no tiene policía autonómica”, ha dicho en varias ocasiones.

Casado ha criticado que Sánchez se hiciera “una foto con muchas banderas” junto a Ayuso. “Pero no entendemos que Illa haya pasado en tres días de decir que todo va fenomenal a decir que es un desastre. Esto es una decisión política”, ha acotado.

“Pedimos que el gobierno coordine a nivel nacional igual para todos, un marco legal igual para todos”, ha insistido Casado, antes de recordar que “de las 10 regiones europeas más contagiadas en Europa, nueve son de España, por eso pedimos al Gobierno que no busque enemigos”. “Tanta cogobernanza… y al final lo que están haciendo es poner en el foco a una comunidad autónoma”, ha criticado.