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Moreno Luis - is a business and economics reporter based in Barcelona. Prior to joining the BNE24 he was economics editor of the BBC Spaine and worked as an economics and political reporter for Murcia Tuday.

El subastador de arte que estafó 6,5 millones a familiares y amigos

La galería de arte de Alberto Tejada, Appolo Subastas, adquirió cierta notoriedad en 2006 al organizar una puja en la que ofertaba un óleo pintado por Adolf Hitler, La dama en azul, que sería vendido a un particular por 160.000 euros. Por entonces, al menos profesionalmente, a Alberto aún le soplaba el viento a favor. A sus 55 años, acababa de tomar una importante decisión en su vida: dejar un poco apartado el monótono trabajo como empleado de banco tras tres décadas en el sector para hace

r realidad el sueño de dedicarse al mundo del arte. En 2004 había adquirido Appolo Subastas, en aquel momento radicada en Bilbao y muy bien ubicada entre los museos Bellas Artes y el Guggenheim. Dos años después, pensando en todos los costes que se ahorraría trasladando el negocio a una ciudad más pequeña, se instaló en Pamplona.

Su galería se convirtió en la única sala de subastas de toda la comunidad de Navarra y él comenzó a prodigarse en los medios de comunicación locales en los que se preciaba de haber subastado litografías de Dalí, Chagall o Picasso. «La banca ha sido y es mi profesión, y el arte empezó como afición. Afortunadamente a partir del año 2000 conseguí unir las dos áreas y dedicarme a ello en cuerpo y alma», contaba en 2014 en el magazine Spend in.

El tren de vida que exhibía también parecía el de un triunfador. En sus redes sociales se le veía con el pulgar señalando hacia arriba surcando la costa balear a bordo de una de las dos embarcaciones recreativas que poseía, frente un plato de percebes o unas gambas rojas, o posando en plan lúdico con el escultor Faustino Aizkorbe y el cocinero Karlos Arguiñano. «El escultor de arte Aizkorbe, el escultor de los placeres Arguiñano y el escultor de la vida [por él]», escribía junto a esa imagen.

Todas estas felices estampas, sin embargo, sólo eran un decorado de cartón piedra. La galería de arte no resultó ser un negocio tan próspero como Alberto esperaba. Así que, agobiado por las deudas -esa fue su justificación- decidió tirar de la cartera de clientes que tenía como agente bancario. Convenció a los más fieles para que invirtieran en deuda pública o en lotes de arte, les entregó falsos resguardos de las supuestas inversiones y destinó el dinero que le entregaron a tapar los agujeros que generaba Appolo Subastas.

Entre las víctimas están su ex mujer y los empleados del bar al que iba a diario

Eso ha concluido el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que, en una sentencia hecha pública el pasado 11 de agosto, ratificó la condena de ocho años y seis meses de prisión que la Audiencia de Navarra ya le había impuesto a Alberto Tejada por estafar 6,5 millones de euros a una treintena de clientes y allegados. Entre las víctimas están amigos de toda la vida, los dueños y empleados del bar donde tomaba café todos los días, su médico, una clienta nonagenaria y hasta su ex mujer.

Para ganárselos a todos utilizó dos infalibles señuelos: su impoluta trayectoria como agente financiero y la promesa de unos intereses de entre el 12% y el 20%. En el currículo de Tejada figuraban varios cargos durante los 80 y 90 en entidades como el Banco Atlántico, el Barclays o el Banco Herrero, hasta que en 2000 se estableció como agente financiero por su cuenta con Bankoa (2002-2008) y con Bankinter (2001-2015), trabajos que simultaneó con la dirección de la galería. Como agente de Bankinter en Pamplona tenía oficina abierta, con los logos de la entidad y todo, lo que daba aún más visos de seriedad de cara a los clientes. Éstos le iban entregando importantes cantidades de dinero para que las invirtiera y Alberto les daba a cambio certificados de imposición de Bankinter -en realidad eran papel mojado porque no los formalizaba- o resguardos falsos con el membrete de Bankoa.

La trama comenzó a salir a la luz en marzo de 2017 cuando una de las afectadas, octogenaria, maestra jubilada, amiga de Alberto, falleció. Su sobrino y único heredero encontró en un cajón anotaciones del dinero que había invertido. Era una cantidad muy elevada puesto que la anciana le había confiado a Tejada la jugosa herencia de un primo recibida años atrás otorgándole un poder. La sentencia estima sólo lo estafado a ella en 1.871.673,26 euros exactamente.

El sobrino comprobó las cuentas bancarias de la fallecida y en ella no había rastro de las inversiones apuntadas. Fue entonces a hablar con Alberto. Según relató en el juicio, éste le explicó que el dinero se había empleado en arte y le enseñó un inventario de obras que supuestamente pertenecían a su tía. Alguna vajilla, grabados, óleos, cuberterías… el valor del lote ni se acercaba a la cantidad invertida por la octogenaria.

El sobrino denunció en mayo de 2017. Dos meses después, Alberto Tejada acudió a un juzgado de guardia, presentó una declaración autoinculpatoria en la que confesó que venía llevando a cabo lo que calificó como «mala actuación» desde el año 2007, y facilitó una lista con las personas afectadas.

En ella estaba el dueño y los empleados de su bar de cabecera, íntimos desde hacía años. Cuatro personas a las que estafó 432.000 euros. «Le di todo el dinero de más de 25 años trabajando en el bar», dijo en el juicio uno de los camareros afectados, a quien la sentencia le reconoce una deuda de 272.620,50 euros.

También su ex mujer , de la que se había separado en 2006, el año que vendió aquel cuadro de Hitler, estaba en la lista de perjudicados. «No me imaginaba por lo más remoto que el padre de mi hija me estuviera robando», declaró en el juicio, en el que valoró la cantidad estafada en cerca de 800.000 euros.

Aunque la sentencia ha sido recurrida ante el Supremo, las víctimas cuentan con que el Alto Tribunal avale la condena ya impuesta y puedan recuperar su dinero, puesto que la sentencia considera responsable civil subsidiario a Bankinter, para quien Alberto Tejada trabajaba legalmente y bajo cuyo paraguas engañó a sus amigos.

Robo en la nave donde se guardaban las obras

La nave industrial de la comarca de Pamplona donde se guardaban las obras de arte de la galería de Alberto Tejada sufrió un robo en agosto pasado, según publica noticiasdenavarra.com. La Guardia Civil acudió a la nave el día 27 por mandato judicial para recoger piezas que particulares habían entregado en su día a Tejada para que fueran subastadas con la intención de devolvérselas cuando encontraron que alguien había entrado en la nave realizando un butrón en el techo.

Según el citado medio, la Guardia Civil citó a Tejada para que determinara qué objetos habían sido sustraídos exactamente. Tejada echó en falta algunos relojes, plumas estilográficas y marfiles, así como un cuadro de Picasso de pequeño tamaño que estaba guardado en una de las cajas fuertes.

Enrique López: “Un estado de alarma para intervenir Madrid sería un despropósito”

¿Qué ha fallado en la Comunidad de Madrid para que sea ahora la región con mayor incidencia del Covid?
Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para combatir la epidemia y creo que se han tomado medidas adecuadas en el tiempo adecuado. Aquí en Madrid tuvimos una

desescalada en la que nos creíamos que estábamos ya en una fase de normalidad. Y está claro que el virus estaba ahí, nunca se ha ido y se nos presenta una segunda ola que ya estaba prevista. Como no hay libro escrito se come

ten errores.
Deduzco que usted cree que ese error fue acceder a la desescalada antes de tiempo.
En Madrid no hubo tercera fase de la desescalada, pasamos directamente a una fase de normalidad y creo que hubo una excesiva relajación por parte de la ciudadanía en la que todos hemos participado.
El ministro

Salvador Illa pidió el viernes a su Gobierno que cierren todo Madrid mientras que ustedes han apostado por limitar la movilidad sólo en las zonas más afectadas por el virus. ¿Qué le parecen las declaraciones del titular de Sanidad?

Estamos ante una contraprogramación desleal por parte de un miembro del Gobierno que rompe la inercia de acuerdo que se había forjado entre el presidente

Sánchez y la presidenta Díaz Ayuso. Con este tipo de manifestaciones parece que se quieren imponer criterios políticos y no sanitarios. Le pedimos al Gobierno de la nación que vuelva a los ámbitos de coordinación creados la semana pasada. En el grupo de Covid este tema se discutió y la Comunidad, a través de las autoridades sanitarias, manifestó que iba a seguir con su estrategia de limitaciones de movilidad selectivas porque confía que así se doblegará la curva. No es leal ahora criticar los criterios establecidos en los medios de comunicación. Además, creo que es una auténtica cortina de humo donde se quiere alimentar un enfrentamiento con la Comunidad de Madrid para tapar el grave frente que ha abierto el Gobierno con la crisis constitucional que está generando en Cataluña.

¿Van a abandonar ese grupo Covid de trabajo con el Ejecutivo?
Estas declaraciones hacen muy difícil el entendimiento, pero seguiremos juntos porque juntos es la única forma de vencer el virus. Los ciudadanos nos piden que trabajemos juntos y no enfrentados.
¿Qué respuesta preparan si finalmente el Gobierno interviene la autonomía por la crisis sanitaria?
Las que están a nuestro alcance y determinadas en el Estado de derecho. La única forma es a través del

estado de alarma. No creo que pueda producirse esto, porque nadie entendería que el Gobierno decretase el estado de alarma en la Comunidad. El Gobierno ha filtrado que baraja aplicar la Ley 16 / 2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, esta ley permite únicamente adoptar medidas de coordinación, nunca medidas de imposición, ni intervenir, ni limitar, ni soslayar ningún tipo de competencia autonómica. Creemos que no hay ninguna posibilidad legal de que el Gobierno pueda intervenir la autonomía salvo con el estado de alarma. Y lo creemos porque no se dan las circunstancias extraordinarias exigidas para decretarlo. Sería un despropósito legal que el Gobierno decretase el estado de alarma en Madrid. Si el Ejecutivo comete alguna acción fuera de la legalidad, responderíamos impugnando esta decisión ante los tribunales. Sánchez debe volver a la senda de la coordinación porque este problema es común. Estamos dispuestos a discutir todos los criterios de salud pública, como que la ratio de 500 infectados por cada 100.000 habitantes sea el baremo para limitar la movilidad, pero discutiéndolos en los órganos de coordinación.

¿Están negociando ya estas otras posibles medidas con el Gobierno central?
La autoridad sanitaria sigue trabajando y nos informará de todo lo que decida.
¿Por qué se resisten en su Gobierno a solicitar la alarma?
El estado de alarma es una situación excepcional que supone que ante unas circunstancias extraordinarias se hace imposible mantener la normalidad mediante el ejercicio ordinario de los poderes públicos. En estos momentos, el ejercicio ordinario de los poderes públicos es suficiente para mantener la normalidad.
¿Qué tendría que pasar en Madrid para ver a Díaz Ayuso solicitar el estado de alarma?
Lo que queremos es evitar esa situación y estamos trabajando de forma adecuada para evitarlo. Conviene no especular con lo que tiene que ocurrir para recurrir al estado de alarma.
¿Qué herramientas legales cree usted que son necesarias para poder frenar ahora la pandemia?
Desde el

PP le pedimos ya al Gobierno una reforma urgente de la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública de 1986 para clarificar precisamente las medidas que pueden adoptar las comunidades en la limitación de movimientos. Pero el Ejecutivo no ha hecho absolutamente nada. No hay que olvidar que las autonomías tienen una competencia exclusiva en Sanidad, pero en materia de salud pública la competencia es compartida y, ante pandemias, la legislación le compete al Estado. Se echa de menos, por ejemplo, que haya un tipo penal que castigue el incumplimiento de cuarentenas.

Los centros de atención primaria están colapsados y la presión en los hospitales y las UCI aumenta. Los médicos denuncian que tienen las peores condiciones laborales de toda España. ¿Cómo se va a atajar esta situación?
No creo que Madrid ofrezca las peores condiciones laborales a los médicos de España. Hemos contratado desde el mes de marzo más de 10.000 profesionales médicos, de los cuales 700 han sido derivados a la atención primaria porque somos conscientes de que hay una gran presión y estamos buscando soluciones. La presión en el número de ingresados y en las UCI está siendo importante, pero estamos todavía muy lejos de la situación de abril.
¿Qué reserva de material sanitario tiene Madrid?
Tenemos asegurados para prácticamente tres meses o más el abastecimiento de material sanitario. Además, seguimos adquiriendo pruebas PCR y somos la comunidad con más capacidad de diagnóstico. Estamos volcando en Sanidad todos nuestros recursos, los propios y los que ha aportado el Estado, porque es ahora mismo la prioridad.
El Gobierno ha anunciado que comienza la tramitación de los

indultos de los presos del 1-O.

Es cierto que el Gobierno está obligado a tramitar los expedientes de petición de indultos, pero su concesión se antoja imposible desde el punto de vista democrático y legal. No se han arrepentido, no han pedido perdón y se jactan de que lo volverían a hacer. Los indultos supondrían un ataque a nuestra democracia y un desprecio al pueblo español.
¿Cree que es pertinente reformar ahora los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal?
En absoluto. Primero, porque no es urgente y, segundo, porque lo que se busca es crear un subtipo atenuado que prácticamente recoja los hechos enjuiciados en el Supremo para establecer una pena inferior que los conduzca a un tercer grado o a una libertad condicional.
El Rey

no pudo acudir a la entrega de despachos en Barcelona porque el Gobierno no le autorizó. ¿Qué opina de esto?

Es un hecho de especial gravedad. Supone una humillación al jefe del Estado, al Poder Judicial y, en definitiva, al pueblo español. Estamos ante un Gobierno cuyo principal partido, el Partido Socialista, ha abandonado al Estado y a la defensa del Estado.
Esta semana hemos vivido un hecho sin precedentes en la Fiscalía. El teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, ha

acusado públicamente a dos fiscales de estar ideológicamente contaminados y de tratar de influirle para informar a favor de la admisión de las querellas interpuestas contra el Gobierno por el Covid-19. ¿Le preocupan estos hechos?

En el PP nos inquietan situaciones de esta naturaleza que suponen un gran desprestigio para el Ministerio Fiscal. Ya lo advertimos, el nombramiento de una dirigente política, ministra de Justicia y diputada del Partido Socialista como fiscal general del Estado iba a traer estos problemas. Y ya tiene el problema. Delgado ha conseguido ya dividir a la carrera fiscal. Además, parece que aquí hay una especie de orquestación previa para poner en cuestión a unos fiscales que por lo que sabemos hasta ahora lo único que pedían es que una decisión de calado fuera sometida a la Junta de Fiscales y que no se basara en un mero informe de la Secretaria Técnica. De entrada, cuando alguien acusa a compañeros de carrera de estar intoxicados, lógicamente lo primero que tiene que hacer es mirarse al espejo él.
¿En qué punto están ahora las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial?
Hay un grave problema para avanzar en el cumplimiento de la obligación constitucional de renovar que ha creado Sánchez. El PP lo que le ha pedido al presidente es que Podemos no esté presente en este órgano. Es imposible llegar a un acuerdo con la presencia de un partido que pide la abdicación del Rey, acuerdos con

ERC para una posible independencia en Cataluña o que pedía un Gobierno de coalición con Bildu. Estamos ante una situación absurdamente inadmisible.

El ministro

Campo dijo que ha enviado un mensaje a su partido para que reconsidere la «absurda postura del bloqueo».

Al PP no se le puede acusar de no cumplir con la Constitución. Nosotros defendemos la Constitución, creemos en la Constitución y nos gusta cumplir con la Constitución y por eso cumpliremos con nuestras obligaciones como partido en el momento en el que Sánchez supere y de alguna manera solucione el problema que ha creado.
La Constitución dice que el mandato del

CGPJ es de cinco años. ¿Si el Gobierno no acepta esa exigencia de veto a Podemos va a continuar en prórroga sine die?

Mientras no haya un acuerdo político, el Consejo sigue en funciones con plenas funciones. No se está incumpliendo absolutamente nada. Es bueno llegar a ese acuerdo, pero para eso es necesario que Sánchez solucione el problema creado.
Hemos conocido recientemente detalles de la operación Kitchen, sobre la que la Audiencia Nacional sostiene que desde el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz se espió de forma ilegal a Luis Bárcenas con medios públicos. ¿Qué opina de esto?
Máximo respeto y confianza en la Justicia. Eso sí, para que alguien pague algo debe estar acreditado que lo ha hecho. También le digo que no admitimos ni lecciones morales ni especulaciones por parte de nadie y menos de quienes se creen investidos de una moralidad política superior al resto. Tampoco vamos a admitir mociones de censura a gobiernos que ya no existen.

El PSOE, Podemos y el bloque de la investidura “exigen” renovar el CGPJ en plena polémica por el Rey

Los partidos que formaron el bloque de investidura de Pedro Sánchez han suscrito este domingo un comunicado en el que “exigen la colaboración” del resto de grupos parlamentarios para “cumplir el mandato legal de renovar la composición de las instituciones cuyo tiempo de ejercicio ha caducado”. Al mismo tiempo, les acusan de “irresponsabilidad” por “bloquear” las renovaciones por un interés “partidista y sectario”.

La primera institución que se menciona en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en plena polémica estos días por el veto del Gobierno a la presencia del Rey en el acto de Barcelona y el posterior cruce de lamentos y críticas entre el Consejo, el Gobierno y el Monarca.

El mensaje que cuestiona la legitimidad del actual Consejo -que debía haberse renovado hace casi dos años- llega también cuando el Pleno del CGPJ tiene previsto esta semana retomar varios nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo, algo a lo que se oponen los partidos en el Gobierno. El actual Consejo refleja la mayoría absoluta que tenía el PP cuando fue nombrado. Si se lograra la renovación, el nuevo CGPJ se inclinaría hacia la mayoría que invistió a Sánchez.

El escrito comienza resaltando que los firmantes “representan más de la mayoría absoluta” del Congreso, y por tanto, “a la mayoría de la representación de la ciudadanía”, y hace referencia también al Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, que “agotaron hace tiempo, de forma total o parcial, el plazo de ejercicio establecido en nuestro ordenamiento jurídico”.

Para renovar el Consejo esa mayoría absoluta no es suficiente. La Constitución exige una mayoría cualificada en las Cortes para la que el PSOE necesita al Partido Popular. Ambas formaciones han estado a punto de alcanzar un acuerdo en dos ocasiones, pero finalmente la negociación ha descarrilado.

Los dos partidos en el Gobierno y el resto de firmantes insisten en la “obligación inexcusable”de renovar los órganos. “Los Grupos Parlamentarios que, amparados en las mayorías reforzadas a las que obliga el ordenamiento jurídico, bloquean las renovaciones previstas, incurren en una grave irresponsabilidad. Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento, que contraviene el interés general de manera flagrante”.

“Los grupos y fuerzas parlamentarias abajo firmantes”, prosiguen, “exigen al resto de los Grupos Parlamentarios que, de manera inmediata, cesen en su actitud de bloqueo y muestren su disposición a colaborar en la renovación pendiente de las instituciones citadas”.

El documento está suscrito por los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos, ERC, PNV, JxCat, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe.

El PP reclama a Marlaska que proteja a la Guardia Civil y la Policía “ante el aumento de agresiones”

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley en la que insta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a aumentar la protección hacia los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil y a sus familias «ante el aumento de agresiones, coacciones y amenazas» que están sufriendo en los últimos meses.

La propuesta, que será debatida «en las próximas semanas» en la Cámara baja según fuentes populares, llega tras diversos episodios en los que «los hostigamientos han ido creciendo» contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en Navarra y País Vasco. En Alsasua, por ejemplo, el Gobierno permitió la celebración el pasado 29 de agosto del Ospa Eguna, una concentración «con la única finalidad de humillar y acosar a la Guardia Civil sin impunidad alguna», según recoge el texto ya registrado en el Congreso, al que ha tenido acceso EL MUNDO. El lema de este año del acto era Tú eres el virus, dirigido a los miembros del instituto armado. No es el único caso reciente de hostigamientos a la Guardia Civil y la Policía Nacional. Durante la madrugada del 13 de septiembre, y en la misma localidad navarra, un grupo de la Benemérita fue «agredido y acosado» cuando trataba de disolver un botellón. No obstante, las humillaciones se dan en numerosos puntos de la geografía nacional: hace unas semanas, una niña fue «amenazada y agredida» en Palma de Mallorca por ser hija de un guardia civil, una situación que, según detallan en el escrito presentado en el Congreso, se repite «desde hace años» en Cataluña.

El Grupo Parlamentario Popular ha propuesto, más allá de proteger administrativa y judicialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que la Fiscalía ordene la prohibición de actos como el Ospa Eguna. También que se refuerce el Código Penal para que todo ataque a guardias civiles o policías o sus familias como consecuencia del desempeño de su trabajo sea tipificado como delito de odio. «No ha habido una mínima declaración contra este hostigamiento», lamenta la vicesecretaria nacional de Organización del PP y presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán, impulsora de esta proposición. «Nadie protege en este Gobierno a las fuerzas de seguridad», que según detalla, se sienten desamparadas en situaciones como las registradas.

A ojos de la popular, «se está protegiendo más a los agresores que a los agredidos», una tendencia similar a la que ha adoptado el Ejecutivo en cuestiones como la okupación. Por ello, consideran que «es el momento de actuar ya» y salir en defensa de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Desde el PP esperan contar con el apoyo de Vox y Ciudadanos para impulsar la proposición. Queda en el aire la posición de los socialistas, que se encuentran en un momento de delicadas negociaciones con partidos nacionalistas para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2021. Está previsto que desde la primera de las peticiones registradas salten chispas entre socios de Gobierno: «El Congreso insta al Gobierno a condenar de manera inequívoca cualquier amenaza, agresión o coacción contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias».

Pablo Iglesias y Alberto Garzón acusan al Rey de romper su “neutralidad política” y de “maniobrar contra el Gobierno”

El veto del Gobierno a que el Rey asistiera, como ha sucedido durante los últimos 20 años, a la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona, el acto judicial más importante que se desarrolla en Cataluña, aumenta a cada paso la polémica y la tensión entre el Ejecutivo y la Corona. Pablo Iglesias y Alberto Garzón han vertido gasolina al incendio desatado, acusando a Felipe VI de romper su “neutralidad política” y de “maniobrar contra el Gobierno”. Una acusación que explicitan después de que se conociera que el monarca ha telefoneado este viernes a Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para transmitirle que que le habría gustado asistir al acto. Un gesto que certifica la existencia del veto por parte del Gobierno a su asistencia.

El ataque ha sido al unísono desde todas las vertientes de Unidas Podemos: Podemos, IU, los comunes, Galicia en común… El más duro y grave, el de Garzón. El ministro de Consumo considera que la Monarquía está “incumpliendo la Constitución que impone su neutralidad”. Garzón, que ya hace una semana, en la Asamblea Político y Social de IU, extendió la acusación de corrupción al hilo del escándalo por los negocios opacos de Don Juan Carlos -“La corrupción dentro de la Casa Real no es obra de una sola persona, sino que precisa de la ayuda de otras de alta cualificación”-, considera que la situación de la Corona “es sencillamente insostenible” y sólo es “aplaudida por la extrema derecha”.

Una falta de neutralidad que también ha vertido como crítica Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo del Gobierno, de manera sibilina, ha querido acusar también al Jefe del Estado de no cumplir con este precepto. “Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado -en alusión a la llamada del Rey a Lesmes-, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma -en alusión a la posición de PP de no negociar-, actuaciones de la fuerza pública proporcionales -en alusión a las cargas policiales en Vallecas-.”

La grave acusación de Garzón y la de Iglesias entran en contradicción con lo expuesto sólo unas horas antes por la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha agradecido “la neutralidad política” del Rey. “Le agradecemos mucho a Felipe VI que sepa estar siempre en su sitio, que es el de la neutralidad política. Y son razones que ocupan al día a día, y que en este caso se han convertido en novedad política por una razón desde luego ajena al Rey y al Gobierno de España”, ha asegurado en un desayuno informativo en Andalucía.

La acusación vertida por los miembros de Podemos del Gobierno tiene lugar cuando Unidas Podemos ha elevado los grados de su campaña contra la Monarquía. Pablo Iglesias ya fijó como “tarea fundamental” de Podemos acabar con la Monarquía en España.

Cuestionan la legitimidad del Rey

El toque de corneta en Unidas Podemos para atacar, una vez más, al Rey ha llevado también a cargos de esta formación a poner en duda la legimitidad de la institución, uno de los argumentos que siempre esgrimen, aludiendo al signo hereditario de la condición de Rey o Reina y no al de ser elegidos por los ciudadanos. “Añadamos la legitimidad democrática de cada uno. El Rey (no le ha votado nadie) llama a Lesmes (mandato caducado hace dos años) para quejarse juntos del gobierno de coalición (fruto de la mayoría parlamentaria tras elecciones generales)”, ha expuesto Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos.

“Un Rey anticonstitucional indica el mismo el camino de una República necesaria”, fue la aportación del diputado y portavoz de Galicia en Común Antón Gómez Reino. Así se ha expresado Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos: “Un presidente de los jueces con mandato caducado, en nombre de un rey que no ha votado nadie, carga contra un gobierno salido de las urnas”.

El encontronazo entre Zarzuela y Moncloa con la nueva promoción de jueces como rehén ha llevado a Asens a considerar, al hilo de la ausencia de Felipe VI en Barcelona, que es “una buena noticia” que no acuda y que sería “fantástico” que el Rey “no vuelva más”. “Cada vez que viene, abre una herida que todavía no está cerrada. Mucha gente hace responsable de todo lo que sucedió en aquel periodo -octubre de 2017- al Rey. Aquel discurso marca un antes y un después, es un discurso que no salió de la Moncloa, es un discurso que salió de Zarzuela”, ha señalado en Ràdio 4.

También desde dentro del PSOE han querido restar importancia a una ausencia que se produce por primera vez en la historia. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado a Carlos Lesmes de “sobredimensionar” la ausencia del Rey en la entrega de despachos a jueces en Barcelona. “A veces, en política, hay que elegir entre lo malo y lo peor, o entre lo malo y y lo menos malo”, ha añadido en una entrevista en Antena 3. Y ha situado la exclusión de Felipe VI en el marco de la seguridad: “Esta decisión responde a asegurar la seguridad del Rey”.

Casado exige a Sanchéz que los desautorice

Las acusaciones vertidas desde Unidas Podemos, en especial desde sus ministros, han llevado al PP a pedir a Pedro Sánchez que desautorice las palabras de Iglesias y Garzón, haciéndole responsable de las mismas en caso contrario. “Los ataques del Gobierno al Rey son intolerables. Si Sánchez no desautoriza inmediatamente a su vicepresidente y ministros será responsable de la más grave crisis institucional de nuestra historia reciente”, ha señalado Pablo Casado.

El líder del PP avanza que su formación actuará con “firmeza contra esta subversión del orden constitucional”. Por su parte, la vicesecretaria de Política Social y ex presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha afirmado que las palabras del titular de Consumo “exigen que presente su dimisión o que se cese de forma inmediata”. “El colmo de este Gobierno es que pretende destruir las instituciones del Estado, desde dentro”, ha enfatizado.

Sánchez no ha realizado ninguna manifestación al respecto este viernes, ni tampoco Moncloa. Los ministros del PSOE guardan silencio.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha exigido al presidente del Gobierno que desautorice a los miembros de su Consejo de Ministros.”Lo que daña verdaderamente a la democracia son estos ataques del populismo a las instituciones que son de todos. Unas palabras inadmisibles e impropias de miembros del Gobierno de España. Sánchez debe desautorizarlas de inmediato y defender al Jefe del Estado”.

Teodoro García Egea: “El Gobierno ataca al Rey porque le impide desguazar el país”

El PP ha iniciado este viernes una ofensiva parlamentaria en el Congreso “por las últimas actuaciones y anuncios del Ejecutivo”. Sobre todo, “por el veto a la presencia del Rey en la entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona”, que el PP considera una “humillación” al monarca.

“Hoy el Rey debería haber estado en Barcelona, porque es el que transfiere a los jueces el poder de impartir justicia”, ha asegurado Teodoro García Egea, secretario general del PP. “El Gobierno está atacando a todas las instituciones que le impiden desguazar el país: PP, jueces, fiscales y ahora se han atrevido incluso con este ataque intolerable al Rey”, ha añadido.

“Es intolerable que Pedro Sánchez haya vetado hoy la entrada del Rey en Cataluña. ¿Acaso sólo va a dejar entrar a quienes no molesten a sus socios y tengan el ok de los independentistas?”, ha insistido García Egea, quien se ha unido al “pesar” del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, por la ausencia del Rey. “Sánchez ha elegido a Rufián y a Junqueras antes que al Rey” y “ha pagado por los Presupuestos un precio que jamás debería pagar ningún político”, ha atajado.

En ese contexto, el equipo de Pablo Casado ha dirigido una batería de preguntas por escrito al Gobierno. Además, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, interpelará además al ministro de Justicia el próximo miércoles en la sesión de control sobre la defensa del Estado de Derecho por parte del Gobierno y la decisión que afecta a Felipe VI.

“¿Cuál es la razón por la que el Rey Felipe VI, por primera vez en la historia, no va a presidir la entrega de los despachos a los nuevos jueces?”, afea el PP. “¿Es incapaz el Gobierno de España de garantizar la seguridad del Rey Felipe VI en el acto?”, prosigue. El principal partido de la oposición también se pregunta quién ha sido “el responsable de esa decisión” de no refrendar la asistencia del monarca a la Ciudad Condal, y si es el resultado “de las presiones ejercidas por el nacionalismo catalán” o por Pablo Iglesias.

Ante las preguntas de los medios, el Gobierno aún no ha explicado por qué el Rey no estará este viernes en el acto judicial. “La decisión se ha tomado analizando todas las variables y la ha tomado quien la tenía que tomar”, dijo el ministro de Justicia, sin aclarar más. Por tanto, el PP inquiere: “¿Cuáles son dichas variables y quién es la persona que ha tomado la citada decisión?”.

Y, de paso, pregunta si este movimiento “forma parte, junto con la reforma anunciada por el Ministro de Justicia de los delitos de rebelión y sedición, y el anunció del inicio de la tramitación de los procedimientos de indultos hecha pública por el Ministro en la pasada sesión de control al Gobierno, de las exigencias planteadas por los nacionalistas para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado”.

Además la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, defenderá el próximo miércoles en la sesión de control al Gobierno la interpelación urgente del Grupo Popular al ministro de Justicia. “Somos testigos de cómo las posiciones del Gobierno de España derivan a pasos agigantados hacia postulados extremos, completamente ajenos a su obligación de defender la Constitución que juraron guardar al tomar posesión de sus cargos”, recuerda la interpelación.

El presidente del Tribunal Constitucional se descuelga del acto en Barcelona al que no asistirá el Rey

El veto del Gobierno a la presencia del Rey en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces sigue teniendo consecuencias. El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, comunicó el miércoles que no asistiría al acto que tiene lugar este viernes en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona. González Rivas había confirmado previamente su asistencia al acto.

El motivo aducido son cuestiones de agenda. En concreto, su participación por videoconferencia en la XIII Conferencia Iberoamericana de Cortes Constitucionales. Sin embargo, fuentes judiciales consideran evidente que la ausencia es también la respuesta de González Rivas al desaire del Ejecutivo a Felipe VI, que siempre había asistido a las entregas de despachos.

Una vez apartado el Monarca, el presidente del Tribunal Constitucional era la máxima autoridad del Estado que tenía prevista su asistencia al acto.

Al mensaje implícito del presidente del TC se sumará el que expresamente tiene previsto comunicar este mediodía el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en su intervención en el acto. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces acordó el jueves dejar en manos de Lesmes la «respuesta institucional» a la ausencia del Rey, si bien varios vocales decidieron emitir también un comunicado en el que lamentaban “profundamente» la ausencia del Monarca en la Ciudad Condal.

En esa declaración, los seis vocales recuerdan que según la Constitución la Justicia “se administra en nombre del Rey, razón por la cual es costumbre que los principales actos de la vida judicial española -la apertura del año judicial y la entrega de despachos a la nueva promoción- sean presididos por el Rey».

Tras conocerse que el gobierno no había autorizado la presencia de Felipe VI en Barcelona tres de las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- emitieron sendos comunicados reclamando explicaciones, ya que el Gobierno no había comunicado al CGPJ los motivos de su decisión.

El jurado declara a Iván Pardo culpable del asesinato de la niña Naiara

El jurado ha considerado culpable a Iván Pardo del asesinato de la niña Naiara, de 8 años de edad, sucedido el 6 de julio de 2017 en Sabiñanigo (Huesca), con lo que lo deja al borde de la prisión permanente revisable, por ser la víctima menor de edad, uno de los supuestos que contempla la ley para aplicar esta pena máxima.

Los nueve miembros del jurado, que se han pronunciado esta noche, han considerado probado por unanimidad que Iván Pardo, tiastro de Naiara, hizo que la niña permaneciera despierta estudiando toda la noche anterior a su muerte de rodillas sobre grava y que, cuando a la mañana siguiente regresó de su trabajo como vigilante de seguridad, al no encontrar satisfactorios los estudios, le infligió durante horas toda una serie de maltratos y torturas que acabaron con su muerte.

Así para el jurado ha quedado probado en el juicio oral, que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Huesca, que “le golpeó repetidamente en la cabeza con los nudillos de su mano y le forzó a permanecer de rodillas sobre piedras de grava”, le efectuó descargas eléctricas por todo el cuerpo produciéndole quemaduras “con una raqueta eléctrica de las empleadas para matar insectos manipuladas por él” y posteriormente, “ató a Naiara de pies y manos por la espalda con unos grilletes y estos, a su vez, con una cuerda”.

Torturas

Le “introdujo un calcetín en la boca, y se lo sujetó con un cinturón, impidiéndole gritar”, “le golpeó con el cinturón en la espalda y en las plantas de los pies”, “le golpeó con los puños en cara, boca y nariz” y después la “agarró fuertemente del cabello, la levantó con y con fuerza la tiró y golpeó en varias ocasiones contra el suelo y contra una mesa, a resultas de lo cual quedó inconsciente”.

Iván Pardo, según ha estimado el jurado, intentó reanimarla varias veces y no avisó a los servicios de urgencias, impidiendo también que lo hicieran sus dos sobrinas, presentes cuando sucedieron los hechos. Cuando horas después, se avisó a emergencia, Naiara había sufrido una parada cardiorrespiratoria y fallecería en el hospital.

El veredicto recoge, por siete votos a dos, que Iván Pardo quería causar la muerte de Naiara con los golpes que le dio en la cabeza. Estima también el jurado que el acusado no tenía sus facultades cognitivas y volitivas alteradas, es decir, que sabía lo que hizo y quiso hacerlo.

En el banquillo de los acusados se sentaban también, el hermano y la madre de Iván Pardo -padrastro y abuelastra de Naiara- acusados de un delitos de malos tratos en el ámbito familiar. El jurado los ha considerado igualmente culpables al estimar que conocieron y consintieron los castigos y vejaciones que sufría la niña.

Tras escuchar el veredicto del jurado, la Fiscalía y los abogados de las acusaciones particulares -Marcos García Montes en representación del padre de Naiara y Luis Marín por la madre- han mantenido su petición inicial de prisión permanente revisable, por lo que Iván Pardo podría convertirse en el primer condenado a esta pena en Aragón. El magistrado Santiago Serena emitirá sentencia en los próximos días.

Los hechos sucedieron días después de que 13 días antes de su muerte, Naiara, quien habitualmente residía con su madre biológica, su padrastro y sus dos hermanas, se trasladó, por decisión materna, a la casa de su tiastro, con la finalidad de corregirla, según ha estimado el jurado.

Durante ese tiempo, considera probado el veredicto, “le obligaron a permanecer de rodillas sobre ortigas, grava, granos de arroz o sal gruesa, le golpearon en brazos, piernas, espalda y cabeza, le privaron del sueño para hacer los deberes y estudiar, y le humillaron colocándole una diadema con orejas de burro sobre la cabeza y le colocaron pañales, a la vez que grababan con los móviles y lo transmitían a otros miembros de la familia”.

Ciudadanos exige al Gobierno que aclare si “ha prohibido” la presencia del Rey en Barcelona

Ciudadanos ha exigido este jueves al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que aclare si la ausencia del Rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebra este viernes en Barcelona se debe a que el Gobierno “le ha prohibido asistir”. Y por qué “se considera legitimado” para hacerlo.

Cs ha pedido explicaciones al Ejecutivo en el Congreso con una batería de preguntas registradas este jueves. El portavoz adjunto del partido naranja, Edmundo Bal, ha aseverado que “es responsabilidad del Gobierno” garantizar que el Rey pueda ir a Cataluña “a cumplir con sus obligaciones institucionales”.

Bal ha denunciado que los independentistas “atacan sin parar” a la Corona porque es “el símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado” y porque Felipe VI “defendió la Constitución en su mensaje” televisado del 3 de octubre, que supuso una firme defensa de la unidad de España y del marco constitucional justo después del golpe institucional del 1-O de 2017.

Como cada año

El abogado del Estado ha resaltado que Felipe VI acude cada año al acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces de la Escuela Judicial de Barcelona, un acontecimiento de gran relevancia para la Jefatura del Estado y para el Poder Judicial, según ha destacado. Y que lo hizo incluso cuando en Cataluña se vivió “una atmósfera muy violenta y de mucha inseguridad”, en 2017 y 2018. “Que no nos digan que [la visita se suspende] por motivos de seguridad”, ha enfatizado en un vídeo enviado a los medios de comunicación.

En la batería de preguntas registradas en el Congreso, Ciudadanos exige saber si es cierto que el Ejecutivo ha decidido prohibir la presencia del Felipe VI en Cataluña. Y, en caso afirmativo, si le parece apropiado” prohibir que el Rey asista a “un acto de naturaleza solemne e institucional”.

A continuación, Cs pregunta a Juan Carlos Campo cuál es la razón que motiva esta ausencia del jefe del Estado. “Y con base en qué potestad y fundamentos se considera el Gobierno legitimado para llevar a efecto dicha decisión”. Por último, reclama saber quién exactamente lo ha decidido así.

Detenida la mujer y dos familiares políticos de un taxista desaparecido en diciembre en Teror

La Guardia Civil ha detenido a la mujer de José Delgado, el taxista de 57 años de Teror (Gran Canaria) que desapareció el 9 de diciembre, así como dos familiares de la arrestada, según han apuntado fuentes cercanas a la investigación, que añaden que aunque también se hablaba de una cuarta detención por el momento no se ha producido.

En este sentido, la familia del hombre ha mostrado su sorpresa por estas detenciones, ya que no esperaban este desenlace, y ha esperado que se pueda “dar luz” a lo ocurrido y poder encontrarlo.

En declaraciones a la Cadena Ser, el hermano de José, Jesús Delgado, expuso que la pareja no se llevaba mal y que tendrían sus discusiones, “como cualquier pareja”, añadiendo que no existía ningún tipo de denuncia entre ellos.

“Era una relación normal de pareja y que haya habido este desenlace… no sabemos qué es lo que ha podido haber pasado. Estamos deseosos de que aparezca y se sepa qué ha pasado”, comentó. Finalmente, las autoridades han puesto el foco en un terreno del municipio en el que se va a buscar durante la jornada el cuerpo del varón desaparecido.