El ex presidente del Gobierno Felipe González cree que las posiciones de Pablo Iglesias desde la Vicepresidencia segunda no son un error, sino “una estupidez”, al tiempo que criticó con dureza la negociación presupuestaria de Pedro Sánchez por el hecho de no dar cifras concretas y plantearse acuerdos con aquellos que no quieren que España continúe como proyecto de nación.

“Cuando manifiesto algo con lo que no estoy de acuerdo me dicen que soy opositor. Bueno, es difícil oponerse a lo que no existe”, dijo el ex líder socialista durante una entrevista virtual con Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín, el periódico impreso más leído de Argentina, en el marco de la celebración de los 75 años del medio.

González analizó con detenimiento la política mundial, lanzando dardos a Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson y Andrés Manuel López Obrador, entre otros, pero fue ante una pregunta remitida por un oyente que el ex jefe de Gobierno se encendió. “Iglesias lo ha calificado como un abierto opositor al Gobierno del PSOE y de Podemos”, leyó Kirschbaum. Y González no dejó pasar la oportunidad.

“No, no, no. Yo siempre soy propositivo. Propongo más de lo que critico, otra cosa es que otros entiendan las propuestas como críticas. Sí, yo creo que hay que pactar para sacar adelante unos Presupuestos. España lo necesita, necesita tener un presupuesto para 2021, porque es incomprensible para los socios europeos que estemos gobernando con unos presupuestos preparados para 2018 con la que está cayendo”.

“Necesitamos tener planes de inversión suficientemente convergentes para recuperar los 140.000 millones de euros, que es mucho dinero, mucho dinero. Una política anticíclica que podría ser parte de nuestra solución en una crisis como esta. Que me entiendan como un opositor al Ggobierno, a mi, que reclamaba a la oposición de verdad al gobierno que no cuestionen la legitimidad del gobierno, les guste o no… Si alguien me dijera que mi agobio en la vida política española hoy es que me cueste un enorme esfuerzo sentirme representado, mire hacia donde mire, eso se aproximaba más a la verdad”.

Entonces llegó el momento del ataque directo al líder de Podemos. “Acabo de oír al señor Iglesias hablar de que no hay necesidad del trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado y de la ayuda que han prestado los militares en la lucha contra la pandemia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece peor que un error, me parece una estupidez. ¿Eso hace que se considere que estoy en contra? Estoy en contra de algunas propuestas”.

“Quieren hacer un presupuesto con socios de aquel debate de la moción de censura. Es peculiar, a mí me inquieta y lo digo públicamente, estar en un proyecto de país, y los presupuestos son el primer paso para eso, con la gente que no cree en que el país deba continuar como proyecto. Me parece una contradicción en sus términos. Ahora, ¿están dispuestos a pactar otros? Pues tampoco lo veo, no veo al PP dispuesto a discutir un presupuesto para 2021”.

Sin mencionar en ningún momento a Sánchez, González dejó en claro que si él estuviera en La Moncloa la negociación presupuestaria iría por carriles muy diferentes.

“Lo que más me inquieta es que llevamos meses debatiendo quién está dispuesto a pactar o no pactar los Presupuestos y todavía no conocemos ni una sola cifra. Ni una sola cifra. Todavía no sabemos cuál es el techo de gasto, cuál es la previsión de ingresos. No sabemos ninguna cifra. Las posiciones son preventivas, por si acaso: qué dice usted, que no estoy de acuerdo. Cuando manifiesto algo con lo que no estoy de acuerdo me dicen que soy opositor. Bueno, es difícil oponerse a lo que no existe”, concluyó.

El ex jefe del gobierno entre 1982 y 1996 fue también claro en su análisis de la crisis de la Monarquía en España a partir de la salida del país del Rey emérito Juan Carlos I. Y en ese análisis encontró otra vez a su objetivo predilecto: Iglesias.

“Radicalmente en contra”

“Prefiero esta monarquía republicana, de respeto a la república, que es neutral en el juego político (…). De las 20 democracias con mejor calificación que existen en el mundo, 12 son monarquías parlamentarias y constitucionales. Algunos de los que están atacando a la monarquía, no solo porque haya responsabilidades que se le atribuyen al Rey emérito, sino porque están en contra de la monarquía, no están en contra de la monarquía solo: quieren sustituir la monarquía, entre otros está Pablo Iglesias pregonándolo, por una república plurinacional con derecho de autodeterminación. Por tanto, con la semilla de la autodestrucción de España como estado nación y como historia. Bueno. Estoy radicalmente en contra de eso. Y con lo que me quede de fuerzas y con la que tenga en el futuro lo combatiré”.

En la crítica de González se advirtió una vez más su aversión al hecho de que los nacionalistas sean socios del Gobierno de Sánchez: cree que no sirven para dar forma a unos presupuestos porque no sirven para construir España.

“Esta monarquía que yo califiqué de republicana, y que tiene un comportamiento de presidencia que no gobierna, y es representativa, la prefiero a una republiqueta como la que algunos pretenden, de estas que llaman plurinacionales y con derechos de autodeterminación. No le quepa la menor duda”.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este martes que la semana que vienes se activará la tramitación de las peticiones de indulto de los condenados del procés. Eso supone que el Ejecutivo va a recabar las opiniones de la Fiscalía y de la Sala del Tribunal Supremo que dictó la sentencia. Cuando las tenga sobre la mesa, el Gobierno podrá tomar la decisión que le parezca.

¿Qué es el indulto y cómo se activa?Es una medida de gracia que faculta al Gobierno para perdonar una pena por razones de “justicia, equidad o utilidad pública”. Para poder solicitarlo es necesario que la condena sea firme, algo que en el caso del procés se produjo de forma inmediata cuando se dictó la sentencia del Supremo. La primera petición referida al procés llegó al Ministerio de Justicia en enero procedente del abogado catalán Francesc de Jufresa. La solicitud alcanzaba a los 12 condenados por el 1-O. A nadie más, porque no se puede pedir el indulto a huidos como Carles Puigdemont o a otros pendientes de juicio o sentencia vinculados al procés. Eso sí, la concesión de indultos podría favorecer indirectamente al ex president, ya que si se entregara a la Justicia tendría más argumentos para pedir la libertad provisional mientras llegara su propia condena y, después, su propio indulto. ¿Quién lo puede pedir?Lo habitual es que lo haga el penado, pero puede pedir el indulto cualquier persona, sin necesidad siquiera de que el concernido dé su autorización. Esto es lo que sucedió en esa primera petición referida al procés. También lo pueden promover el tribunal que dictó la condena, la Fiscalía, el juez de Vigilancia Penitenciaria o el Gobierno. Todas las solicitudes sobre un mismo penado se agrupan en un único expediente. Es un trámite sencillo que se realiza ante el Ministerio de Justicia y puede hacerse por internet. El Ministerio ofrece incluso un formulario para ello.Prisión, inhabilitación, multas… ¿qué alcance puede tener?Puede ser total o parcial. En el primer caso, se perdona toda la pena que aún no se haya cumplido. En el segundo, el más frecuente, se suele bajar la condena hasta la cifra de dos años de prisión, que ya permite la puesta en libertad. También la pena de inhabilitación impuesta por el Supremo en el juicio del 1-O puede ser indultada, lo que permitiría a los beneficiados volver a ocupar cargos públicos. No se pueden indultar a los condenados por malversación de la devolución de esos fondos, pero en el caso del procés la fijación de la cuantía se dejó para el Tribunal de Cuentas. A los que sólo se condenó por desobediencia se les impuso una multa. Esta sí puede indultarse si aún no se ha pagado.¿Qué proceso debe seguirse ahora?Una vez solicitado el indulto, hay dos trámites principales e ineludibles: recabar la opinión del tribunal que dictó la condena y éste, a su vez, la de la Fiscalía. Eso sí, las opiniones no son vinculantes. Una vez tramitado el asunto por el Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros puede conceder el indulto aunque haya recibido la más airada oposición del tribunal y el fiscal. La tramitación y concesión de un indulto es individual, por lo que formalmente no cabe resolver todos los casos del procés de forma conjunta.¿Cuánto tardará en resolverse?La ley no fija plazos. Fuentes de Justicia estiman que la resolución de los indultos del procés llevará algo más de seis meses. Si fuera así, se trataría de una tramitación bastante más ágil de lo habitual. La primera petición de indulto llegó en enero, pero el asunto ha estado meses paralizado por el “atasco” provocado por la crisis del Covid-19. Y eso a pesar de que el Gobierno decidió que la tramitación de indultos no quedaba suspendida, algo que se interpretó como un gesto hacia el independentismo.¿Puede recurrirse la concesión de un indulto?Sí. La arcaica ley del indulto, de 1870, indica que es una medida de gracia del Gobierno, pero la jurisprudencia del Supremo precisa que eso no exime de que deba motivarse la concesión, aunque sea mínimamente. Una vez publicado en un real decreto en el BOE, la concesión puede recurrirse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. ¿Hay antecedentes de que un indulto se revoque?Sí, aunque escasos y con alcance limitado. El caso más destacado fue la anulación en 2013 del indulto a un conductor kamikaze, que dividió al Supremo. La sentencia amplió la capacidad de revisión de la decisión del Gobierno, que pese a ello sigue siendo escaso. El TS concluyó que, más allá de comprobar los requisitos formales, sólo podía comprobar si se ha incurrido “en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad lógica”. Los magistrados dieron tres meses al Gobierno para corregir los defectos y mantener el indulto. También se revocó parcialmente el indulto al banquero Alfredo Sáenz. Esta vez por extenderse a condenas administrativas, cuando el indulto sólo puede perdonar materia penal. Se revocó también el que beneficiaba a una madre condenada por incumplir una custodia compartida. El Supremo indicó que, con los informes contrarios del tribunal y la Fiscalía sobre la mesa, el Gobierno no indicó “qué otra información” manejó “para poder concluir la concurrencia de las razones de justicia y equidad, que no se concretan de ningún modo”.

Entidades que representan a miembros de las Fuerzas de Seguridad del del Estado y del Ejército tildaron este martes de “falta de respeto intolerable” que el vicepresidente Pablo Iglesias haya asegurado que contra la segunda ola del Covid-19 hacen falta más sanitarios y no policías y militares.

Así lo aseguraron, a través de un comunicado conjunto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

Estas organizaciones valoraron que Iglesias dijera este martes, en una entrevista en La hora de la 1 de TVE, que contra la segunda ola del coronavirus y en lugares como la Comunidad de Madrid “faltan más médicos, más rastreadores, más docentes y más transporte público; no policías, militares y medidas que segregan por clases”.

A este respecto, SUP, AUGC y AUME condenaron “rotundamente” lo dicho por el vicepresidente y sostuvieron que sus consideraciones “no están a la altura de la responsabilidad que ostenta y suponen excluir a un colectivo que ha resultado clave para detener el contagio del virus al vigilar la aplicación de las medidas de confinamiento: únicas que han permitido frenar la primera ola de esta pandemia en nuestro país”.

“Desde el SUP, AUGC y AUME”, añade el comunicado, “defendemos que nadie sobra, como pretende el vicepresidente, a la hora de luchar contra este reto que nos concierne a todos (por la pandemia del coronavirus). Y lo hacemos con pleno conocimiento del sacrificio personal que han asumido muchos compañeros durante meses”.

“Las afirmaciones del señor Iglesias”, continúan estas entidades, “constituyen una falta de respeto intolerable de quien ostenta una alta responsabilidad de gobierno y ponen en el centro de la diana de la lucha partidaria a un colectivo de funcionarios de unos 270.000 efectivos, entre Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas”.

Por este motivo, estos representantes de agentes y militares reclamaron a Iglesias “que deje de utilizar a los servidores públicos como arma arrojadiza en el combate político” y que muestre “más respeto” por el “trabajo excepcional” que las Fuerzas de Seguridad y el Ejército hicieron durante el estado de alarma.

La Guardia Civil de A Coruña mantiene abierta una investigación para aclarar las circunstancias que rodean el abandono de un bebé recién nacido que fue localizado en el interior de una caja de zapatos en la localidad de Culleredo.

Fuentes consultadas han confirmado que la madre ya ha sido localizada, si bien no existe confirmación oficial. Tras el hallazgo del bebé se han abierto una serie de pesquisas policiales por abandono con el objetivo de localizar a los padres del bebé y determinar qué ocurrió para que lo dejasen abandonado al aire libre sin ningún tipo de cautela, pero la Guardia Civil las mantiene en secreto dado lo delicado de la situación.

El bebé se encontraba bien de salud y todo apunta a que había nacido pocas horas antes del abandono y que no lo hizo en ningún centro hospitalario, sino que se trató de un parto en casa. De momento, no ha trascendido si se han emprendido acciones legales contra los progenitores u otros familiares como responsables del abandono.

Fuentes oficiales han confirmado que un particular llamó a la Guardia Civil a las 12.40 horas del domingo 13 de septiembre e indicó que al lado del pabellón polideportivo de Tarrío, en Culleredo, había una caja de cartón con un bebé dentro. Una patrulla se desplazó al lugar y comprobó que se trataba de un niño de apenas unas horas de vida.

El bebé estaba, según estas mismas fuentes, “aparentemente con buena salud” y, por protocolo, se alertó al servicio de Urgencias Médicas de Galicia 061, que derivó al lugar una ambulancia. Los sanitarios hicieron una valoración inicial del bebé y procedieron a su trasladó al Hospital Materno Infantil de A Coruña, el Teresa Herrera.

El bebé quedó a disposición del 061 y se alertó, como establece la ley, a la Xunta de Galicia, que se hizo cargo del bebé una vez que recibió el alta médica pocos días después. El bebé se encuentra en una familia de acogida tras renunciar la madre a su tutela.

Así lo han confirmado fuentes de la Consellería de Política Social, que han señalado que el bebé continuará en familia de acogida durante seis semanas, cuando se le volverá a requerir a la madre que firme una segunda renuncia. En el caso de producirse, el niño “será dado en adopción”, han abundado.

Profunda desazón y malestar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el veto del Gobierno a Felipe VI para presidir el acto de entrega de despachos de la LXIX promoción de jueces en Barcelona. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por EL MUNDO, aseguran que desde el CGPJ se invitó «como siempre» al jefe del Estado a presidir el acto solemne de la entrega de despachos. Según estas mismas fuentes, en un primer momento Zarzuela confirmó la asistencia de Felipe VI y no

Un niño de tres años falleció en la noche de ayer lunes en Santiago de Compostela por asfixia, presuntamente estrangulado por propio su tío, Santiago Cepeda, de 39 años de edad.

La ciudad ha amanecido conmocionado por el suceso, por la corta edad de la víctima y porque la familia afectada es muy respetada y conocida en Santiago.

José Luis Cepeda, abuelo del niño y padre del presunto autor de su muerte, regenta la mítica Ultramarinos Cepeda, una de las tiendas con más raigambre de España, ya que fue inaugurada en el año 1880. Se encuentra ubicada en la plaza de Cervantes, cerca de la catedral y es parada obligada de los turistas.

En lo que hace años era el almacén de esta tienda ultramarinos, tiene hoy sede la consulta de podología su hija, Celia Cepeda, madre del niño fallecido. El padre del menor también es sanitario y trabaja en el servicio de radiología del Hospital Clínico de la ciudad. El matrimonio tiene además otras dos hijas más mayores.

Los hechos se produjeron ayer lunes sobre las 20.00 horas en una vivienda de la calle Loureiros, propiedad de la familia Cepeda. Según publican los medios locales La voz de Galicia y El Correo Gallego, Santiago, que es profesor y reside habitualmente fuera de Galicia, arrastraría problemas psiquiátricos y habría sufrido un brote psicótico en el momento de los hechos. El presunto autor del crimen fue ingresado anoche en el Hospital Clínico, donde aún se encuentra bajo custodia policial.

El colegio donde estudian las hermanas del niño, La Salle, ha publicado un mensaje de condolencia en sus redes sociales: «La fuerza de la palabra, que a veces es tan contundente, también puede volverse insignificante. Hoy no tenemos palabras y necesitamos la fuerza del amor para llevarnos por un camino menos duro. Nuestra Comunidad Educativa acompaña de corazón a la familia de Marcos».

También Compostela Monumental, la asociación de comerciantes del casco antiguo de Santiago, ha mostrado su pesar por lo sucedido: «En nombre de todos los comerciantes y empresarios que conforman la Asociación Compostela Monumental, queremos trasladar nuestro más sentido pésame a familiares, amigos y trabajadores de Ultramarinos Cepeda en estos momentos tan duros y en especial para José Luis Cepeda, su hija Celia María Cepeda Quintela y su yerno Marcos López Fernández. La pérdida del jovencísimo Marcos López Cepeda es irreparable y muy sentida por todos nosotros».

La pandemia causada por el coronavirus hará disminuir la esperanza de vida de los españoles en torno a un año. Las estimaciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), además, cifran en 51.513 el aumento de muertes en España en 2020, un 12,4% más que en el año anterior.

El informe sobre proyecciones de población entre 2020 y 2070, publicado este martes por el INE, sitúa la bajada en la esperanza de vida en 0,9 años para los hombres y en 0,8 para las mujeres. De este modo, los indicadores de esperanza de vida al nacer quedan reducidos a 80,01 años en los hombres y a 85,44 años en el caso de las mujeres. El descenso se recuperaría en 2021, según detalla la resolución del estudio.

Los números de mortalidad también recuperarán cifras similares a 2019 el próximo año. No obstante, el INE estima que 2020 finalizará con 466.583 defunciones, lo que supone un 12,4% más que el año anterior. De confirmarse esta tendencia, este año fallecerían 51.513 personas en nuestro país por encima de lo habitual.

Según el Ministerio de Sanidad, a fecha de 21 de septiembre eran 30.663 los fallecidos con test positivo por Covid-19. A finales de mayo, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) ya advirtió de que los registros daban un aumento inusual de 43.000 fallecimientos desde marzo.

Menor saldo migratorio

Otra de las consecuencias demográficas relacionadas directamente con la pandemia según el INE es la disminución del saldo migratorio, que sigue siendo positivo en 2020, pero “muy bajo”, tal y como se califica en el informe.

Si bien el año pasado se registró un saldo migratorio en España de más de 450.000 personas, los cálculos cifran en unas 110.000 el saldo de 2020.

A diferencia de los datos de mortalidad y esperanza de vida, el INE no prevé que se recupere la tendencia en 2021, sino que se mantendrán los niveles bajos y “levemente” aumentará el saldo migratorio en España en los próximos años.

El magistrado progresista Fernando Valdés abandona temporalmente el Tribunal Constitucional a consecuencia de una baja médica, después de que se le abriera una causa penal por presuntos malos tratos hacia su esposa. Fuentes del tribunal de garantías explican que debido a que el catedrático padece una grave enfermedad dejará de ejercer sus funciones en el tribunal temporalmente ante el delicado estado de salud que le ha llevado a estar ingresado de nuevo en un hospital madrileño.
Esta marcha del

Los alcaldes rebeldes -que ya presionaron hasta tumbar el anterior decreto municipal del Gobierno- vuelven a organizarse contra el Ejecutivo. El nuevo borrador de decreto que maneja el Ministerio de Hacienda les permite usar ya sus remanentes, pero a los alcaldes les parece «absolutamente insuficiente», como explicaron varios de ellos a EL MUNDO, ya que deja sin fondos extra a los municipios sin superávit y porque elimina los 1.000 millones para transporte previstos en el anterior decreto.

En esta batalla contra el Gobierno, el PP no está solo. De hecho, esta vez son los alcaldes de Lérida (ERC) y de Reus (Junts per Catalunya) los que han convocado para hoy una reunión de urgencia -una tercera cumbre municipal telemática- para «presionar» al Gobierno de Pedro Sánchez y conseguir un fondo extra de unos 5.000 millones de euros para luchar contra los efectos de la pandemia de la Covid-19.

Estos alcaldes explican que no representan a sus partidos, sino a las ciudades que gestionan. Pero fuentes municipales añaden que las direcciones de ERC y de Junts, así como las del PP o Ciudadanos, rechazan también el texto sobre el que ahora trabaja Hacienda.

En total sintonía con estos alcaldes están los regidores del PP. Pero también los de Cs, Compromís, BNG o el Partido Regionalista de Cantabria, además de muchos socialistas que prefieren no hacer público su malestar con los planes de la ministra María Jesús Montero, según explican fuentes municipales.

El decreto que prepara el Ejecutivo permitiría a los ayuntamientos, ahora ya sí, utilizar sus remanentes. Pero los ediles piden también un fondo extra también para los consistorios que no han tenido superávit.

«Tener o no superávit no es achacable a los ciudadanos», explica el alcalde de Lérida, Miquel Pueyo, a EL MUNDO, «y son los ciudadanos los que sufren la crisis generada por el coronavirus, a veces con dos confinamientos, como en Lérida».

Para ello, los regidores exigen un fondo extra de 5.000 millones que podría proceder de los fondos europeos, aunque apuntan que esta cantidad es negociable. Como denuncian, la Administración local no ha recibido ninguna ayuda del Estado para hacer frente a la pandemia en contraste con las comunidades, que han contado con 16.000 millones.

Los ayuntamientos piden un fondo de 5.000 millones al margen del remanente

A la cumbre de hoy ya han confirmado su asistencia más de 25 alcaldes de 13 partidos distintos de toda España. Entre ellos los de Madrid, Valencia, Zaragoza, Málaga, Alicante, Badalona, Pamplona, Granada, Almería o Pontevedra. Pueyo adelantó a este diario que es incluso posible que también se incorpore la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que gobierna con el PSC.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón (del PP), explicó ayer a este periódico que el borrador de decreto que desveló ayer este diario ha sembrado «alarma y miedo» entre los alcaldes, porque «no pone ninguna cantidad extra sobre la mesa» cuando otras administraciones sí contarán con ellas.

«El Ministerio no puede volver a equivocarse», advirtió Azcón. De lo contrario, «se encaminará hacia otra derrota parlamentaria sin ninguna duda». El regidor popular de Zaragoza exige que la ministra de Hacienda hable con los alcaldes antes de llevar su nuevo decreto al Consejo de Ministros si no quiere volver a enfrentarse a una derrota parlamentaria.

El anterior decreto, que fue rechazado por el Pleno del Congreso, contó no sólo con el rechazo de los alcaldes del resto de los partidos, sino también con varios del PSOE, que incluso aseguraron que no entregarían sus remanentes al Gobierno.

«En esa ocasión, no se trata de una batalla de un ayuntamiento o de un grupo de ayuntamientos contra el Gobierno, ni de un partido contra el Ejecutivo», explican fuentes municipales. «Es un conflicto de los ayuntamientos con el Gobierno, ya que el anterior decreto era injusto, insolidario e iba contra la autonomía municipal», añadió ayer Azcón.

«El Gobierno ya tuvo que rectificar una vez», explican a este diario fuentes de la FEMP, «y si no cambia el decreto puede ir camino de una segunda rectificación porque volverá a ir contra lo que la Federación de Municipios aprobó por unanimidad.

El PP, por ejemplo, exige una «garantía» de que los ayuntamientos van a participar de los fondos concedidos por la Comisión Europea, como les ocurrirá a las CCAA.

El nuevo decreto adelantado ayer por este diario elimina la regla de gasto y establece la prórroga para 2020 del destino del superávit de 2019 a «inversiones financieramente sostenibles». Además, permite «prorrogar el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles cuyos proyectos se iniciaron en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018».

Conmoción, desolación, tristeza y mucho malestar en la Fiscalía por las declaraciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, arremetiendo contra varios de sus compañeros de la Fiscalía tras haber firmado el informe donde se excluye de toda responsabilidad penal al Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria. “No recuerdo nada similar en toda mi vida profesional”, se lamenta un fiscal del Sala en conversación con EL MUNDO. “Son acusaciones gravísimas hacia sus compañeros. Ha pe