Una amplia borrasca de origen atlántico e inusual en esta época del año despedirá el verano con precipitaciones abundantes en la Península Ibérica desde este jueves hasta al menos el próximo lunes, lo que llevará aparejado un descenso progresivo de las temperaturas, especialmente de las diurnas.

Esa borrasca, situada al noroeste de Galicia, se intensificará a medida que se desplace hacia el sur. Su influencia ya produjo tormentas dispersas desde este lunes, pero se notará especialmente a partir del jueves, “con lluvias en amplias zonas de la península que podrán ser localmente fuertes y persistentes, y una bajada progresiva de las temperaturas, sobre todo de las diurnas”, según indica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en declaraciones facilitadas a los medios.

A partir del jueves es muy probable que la borrasca esté lo suficientemente próxima a la península como para que penetre un primer frente asociado. Además de ese sistema frontal, el aumento de la inestabilidad atmosférica y la gran cantidad de humedad de origen subtropical muy húmedo captada por la borrasca favorecerá que “las lluvias sean muy intensas, en forma de chubascos localmente fuertes y persistentes acompañados de tormentas y granizo”, según Del Campo.

Esta situación se producirá el jueves en el norte de Extremadura, el sur de Castilla y León, Galicia, Asturias y el oeste de la Meseta Norte. Las precipitaciones llegarán con menor intensidad a otras zonas de la mitad occidental peninsular y el área mediterránea será la zona menos afectada.

Por otro lado, el centro de la borrasca previsiblemente cambiará de dirección este viernes y se dirija primero hacia el este hasta alcanzar el sur de Portugal. Durante el fin de semana podría trasladarse de sur a norte recorriendo el extremo occidental peninsular.

Durante el fin de semana, los frentes irán entrando en la península por el suroeste y se generalizarán las precipitaciones. Al ir acompañados de intervalos de viento fuerte de componente sur, seguramente serán persistentes en las laderas sur de los sistemas montañosos, que retienen la nubosidad.

“Es decir, lloverá con intensidad y persistencia sobre todo en el norte de Extremadura, norte y sur de Castilla y León, norte de la Comunidad de Madrid y norte de Aragón y de Cataluña. Pero las precipitaciones afectarán en mayor o menor medida a la mayor parte de la península. Las zonas que estarán menos afectadas, en principio, serán el litoral y el prelitoral mediterráneo, a donde los frentes llegarán muy desgastados, y el archipiélago balear. En esta situación, Canarias se queda al margen”, precisó Del Campo.

A partir del lunes es probable que la borrasca se aleje por el Cantábrico hacia el sur de las islas británicas, ya muy debilitada. Las lluvias quedarán restringidas entonces al tercio norte peninsular.

Temperaturas a la baja

Por otro lado, las temperaturas comenzarán a bajar a partir del jueves, sobre todo por el día, ya que las nocturnas incluso subirán esa jornada. Por la noche apenas variarán debido a los vientos del sur asociados a la borrasca y a que la abundante nubosidad retendrá el calor diurno.

El descenso será más acusado el viernes, cuando las temperaturas caerán entre 6 y 10 grados en el interior peninsular en apenas 24 horas.

El ambiente quedará más fresco de lo habitual para esta época del año en las dos mesetas, Andalucía y el sur de Galicia, pero habrá valores normales o por encima de los habituales en el área mediterránea y en la cornisa cantábrica, donde, como consecuencia de los vientos del sur, podrían superarse los 30 grados hasta el sábado, especialmente en el interior y zonas próximas a la costa del País Vasco.

Durante el confinamiento, el profesor Juan Jesús Pleguezuelos enseñaba Historia a sus alumnos mediante videoconferencia por las mañanas y emitía en Instagram y en TikTok por las tardes. No paró ni en Semana Santa. «Me sorprendió mucho que mis estudiantes se conectaran a diario a mis clases, porque yo no pasaba lista y se había decidido que no se suspendiera a nadie en el tercer trimestre. Cuando se anunció esa medida, yo pensé: ‘A ver quién va a seguir ahora mis clases’. Pero ellos venían, a pes

El escrito de la Fiscalía pidiendo al Tribunal Supremo que rechace todas las querellas presentadas contra miembros del Gobierno por la gestión de la pandemia ha llamado la atención por varias cosas. La primera, las valoraciones que el teniente fiscal del Alto Tribunal, Luis Navajas, introduce en el texto de 300 páginas para justificar la negativa a investigar las querellas. La segunda, la acumulación de decisiones del Ministerio Público que se alinean con los intereses del Gobierno, como la ‘caj

Los presagios apuntaban a que el aterrizaje de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado no sería pacífico. Sin embargo, la situación excepcional vivida con la crisis sanitaria del Covid-19, con la institución trabajando a medio gas y la plantilla confinada, hizo que la llegada de Delgado a la sede de Fortuny pasara prácticamente desapercibida a los ojos de la opinión pública.
No obstante, a medida que los asuntos delicados para el Gobierno de Pedro Sánchez ha

Libres e Iguales ha abierto una colecta para sufragar los 15.730 euros que le va a costar a Cayetana Álvarez de Toledo recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de poner entre corchetes la expresión “hijo de terrorista” que la ex portavoz del PP en la Cámara Baja dirigió al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

A iniciativa de uno de sus miembros, Santiago González, la asociación (cuya portavoz es la propia Álvarez de Toledo) ha decidido ayudar a costear la “pugna legal” de la diputada, “dado su valor moral y político”, y dado que el PP se ha negado a desembolsar semejante cantidad por un asunto que no le parece merecedor de semejante gasto y con el que en la cúpula del partido ni siquiera están de acuerdo.

¿Por qué recurre Álvarez de Toledo al TC? El 27 de mayo, la entonces portavoz en el Congreso del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, pronunció estas palabras en el Hemiciclo, en el curso de una interpelación a Iglesias: “Se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político”.

La transcripción consta en el Diario de Sesiones entre corchetes: “Usted [es el hijo de un terrorista]”. La correspondiente nota al pie especifica: “Palabras retiradas por la presidenta de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara”.

El Reglamento contempla la retirada de expresiones “cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de la Instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad”.

El fundamento del recurso de Álvarez de Toledo, presentado por el despacho de abogados Salama Blanco, es que “un hecho objetivo, constatable y hasta asumido de modo orgulloso por padre e hijo no puede ser tildado de opinión que afecte al decoro parlamentario”, según señala Libres e Iguales en un comunicado.

El recurso sostiene que la expresión “hijo de un terrorista”, referida a Pablo Iglesias, “es verdadera y la verdad no atenta contra el decoro parlamentario”. Y recalca que el Reglamento del Congreso “nunca puede permitir la censura de expresiones puramente veraces y objetivas referidas a un asunto de relevancia pública. La verdad sobre un asunto de esta naturaleza es simplemente eso: una verdad”.

“Por ello, nunca puede ser ofensiva al decoro, sino que es reflejo de un hecho sobre un asunto de trascendencia pública que la ciudadanía tiene el derecho a conocer”, insiste el recurso. Y compara la “censura” a Álvarez de Toledo, a modo de ejemplo, con el “eppur si muove” atribuido Galileo, quien “se vio obligado a retractarse de un hecho verídico”. “Cuando un hecho vergonzoso adquiere el estatuto de opinable, se allana el camino hacia su definitivo borrado de la Historia. El negacionismo, sin más”, subraya Libres e Iguales.

Firman el comunicado, entre otros, Félix de Azúa, Albert Boadella, Arcadi Espada, Carmen Iglesias, Federico Jiménez Losantos, Joaquín Leguina, Fernando Savater, Andrés Trapiello o Mario Vargas Llosa.

Expulsiones de niñas y niños de campamentos de verano, acceso denegado a locales por llevar perros guía, mofas a personas con enanismo, contenciones mecánicas a hombres y mujeres con problemas de salud mental, problemas de accesibilidad en ayuntamientos o policías que pierden su trabajo tras una discapacidad sobrevenida. Hasta la pandemia, que puede suponer un “retroceso lacerante”, España iba mejorando en respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Pero aun así, el balance de 2019 sigue siendo “terriblemente negativo en materia de igualdad de oportunidades”.

Las comillas y las denuncias son del delegado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Jesús Martín Blanco. Y las ha expresado durante la telemática presentación del Informe España, Derechos Humanos y Discapacidad 2019, con la anuencia de miembros de la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, el Comité de Derechos para Personas con Discapacidad de la ONU y la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE

Los 568 folios del informe revelan una leve mejoría de las condiciones respecto a 2018, pero también una mantenida salpicadura de discriminaciones puntuales y, en algunas ocasiones, institucionales.

Por ejemplo, las barreras de accesibilidad física o sensorial en varios ayuntamientos y sedes de comunidades autónomas, en el Real Observatorio de Astronomía de Madrid o en el mismísimo Congreso, donde ninguna señoría con silla de ruedas podrá jamás hablar desde la tribuna de oradores o alcanzar la de presidencia. “La protección histórica lo impide”, alega el Congreso, asegura el Informe.

El trabajo detalla expulsiones o no admisiones de campamentos de niñas y niños el verano pasado, esterilizaciones forzosas a mujeres, 38 violaciones del derecho a la educación inclusiva, denuncias de falta de accesibilidad para personas sordas en algunas CCAA en servicios como el 112 y o cifras de violencia de género que llegan al 23% de las mujeres con discapacidad.

Apoyado por la Fundación La Caixa, el Informe 2019 revela que a los niños y niñas con cáncer no se les reconoce el 33% del grado de discapacidad y que los dispositivos públicos de atención temprana para los más de 130.000 menores de 15 años con discapacidad son “precarios, discontinuos e insuficientes”.

El documento refleja la denuncia que el año pasado hizo el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas sobre el trato que algunos espectáculos taurinos y programas de humor hacen de personas con acondroplasia. “Y pese a ello, hoy por hoy, se siguen contratando espectáculos vejatorios que atentan contra una de las cuestiones nucleares de este tratado: la dignidad humana”. El informe incluye algunos ejemplos, como el del discopub Chaplins Bar de Benidorm (Alicante), que proponía a sus clientes la posibilidad de “alquilar” a una persona con acondroplasia. “Así reza al menos en un tablón expuesto a la entrada del local, en el que puede leerse en inglés: “¿Quieres alquilar un enano? Pregunta en el bar por los detalles o envía mensaje Facebook”.

CERMI rescata la censura de Naciones Unidas al Ayuntamiento de Barcelona por negar el pase a segunda actividad a un guardia urbano con una discapacidad sobrevenida o la condena de la Audiencia Nacional a Telefónica Audiovisual por el primer capítulo de una serie en la que se presentaba a personas con síndrome de Down como “retrasadas”. “Se ha vulnerado el derecho al honor. Prevalece la protección a personas con discapacidad intelectual”, escribió el tribunal.

Aun con todo, el Informe asegura que los avances documentados han repuntado un 36% en comparación a 2018 y se centran, fundamentalmente, en la toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, accesibilidad universa, movilidad personal y derecho al empleo.

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que inadmita todas las querellas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. En un informe, de 300 páginas, el teniente fiscal del Alto Tribunal, Luis Navajas, ha pedido este lunes a la Sala Segunda que rechace todas las querellas interpuestas contra miembros del Ejecutivo por motivos diversos.

Las tesis a la que llega el Ministerio Fiscal supone un intento de blindaje de las hipotéticas responsabilidades penales del Ejecutivo por la pandemia. Expresiones valorativas como “los querellantes no ofrecen argumentos acerca de las razones por las que deba considerarse que la actuación del Gobierno resultó arbitraria. Y seguramente no lo hacen porque no lo fue”, se reproducen a lo largo del escrito del fiscal.

Por ejemplo, para exculpar al Ejecutivo, la Fiscalía subraya que algunos de sus miembros asistieron a marchas como la del 8-M en las que podía haber riesgo de contagio. “Cabe sumar la paradójica circunstancia de que los querellados acudieran, junto a sus familias, a tales manifestaciones, dato éste que resulta ciertamente relevante en orden a valorar el ánimo que pudo guiar su actuación”.

Además, en el escrito, el Ministerio Público se expone que “resulta contrario a las reglas de la lógica y la sana crítica pensar que el conjunto de administraciones que integran la Administración pública española, a pesar de su distinto signo ideológico y político, y de los distintos intereses en juego, obraron, sin excepción, de modo poco diligente, atendido el estado de la ciencia y la técnica existentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020. Resultando aún más absurdo, si cabe, pensar que no sólo la totalidad de las administraciones públicas españolas se mostraron negligentes en la gestión de la crisis del Covid-19, sino también las administraciones competentes en materia sanitaria pertenecientes al resto de países de nuestro entorno cultural”.

Tres argumentos reiterados

En sus respuestas a las querellas, la Fiscalía repite constantemente algunos argumentos que exculpan al Gobierno. El principal, que se trata de acusaciones genéricas y difusas en las que no se determina con precisión las causas de las muertes ni cómo los querellados podrían haberlas evitado.

“Los querellantes se han limitado a atribuir a los querellados muertes y resultados lesivos, sin identificar, los fallecidos o lesionados, las condiciones en que se produjo su contagio, las razones por las que cada uno de aquellos contagios trae causa de la supuesta falta de equipos de protección personal, así como las razones por las que la adopción medidas hubiera permitido con una probabilidad rayana a la certeza evitar o disminuir en modo sensible lo finalmente sucedido, razones todas ellas que justifican la inadmisión a trámite de la querella presentada”, afirma el escrito en respuesta a la querella del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España contra Pedro Sánchez y Salvador Illa.

También se acoge reiteradamente la Fiscalía para desechar las querellas a que las competencias sanitarias recaen principalmente en las comunidades autónomas: “Las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas españolas gozan, por su parte, de competencias exclusivas para el desarrollo de la legislación básica en materia de ‘sanidad interior’, así como también para la ejecución de la normativa sanitaria, de ahí que resulte posible afirmar que, con carácter general, la protección de la salud pública interior en situaciones ordinarias corresponde a las Comunidades y Ciudades Autónomas”.

Y eso sucedía incluso declarado el estado de alarma por parte del Gobierno central. “La falta de acopio de medios de protección antes de la declaración de dicho estado, sería una cuestión atinente a las Comunidades Autónomas, únicas competentes en la materia. Tras la declaración del estado de alarma, si bien se coloca al Ministro de Sanidad en el vértice de la pirámide de mando, las administraciones públicas autonómicas y locales mantienen la gestión de los servicios sanitarios, asegurando su buen funcionamiento. Por tanto, las Comunidades Autónomas y Entes Locales conservan la gestión de los servicios sanitarios con el fin de asegurar su funcionamiento”, añade la Fiscalía.

Un tercer argumento es también recurrente, este sobre la responsabilidad en la entrega de material sanitario que no cumplía con los mínimos de calidad. La culpa, dice el Ministerio Público, sería de las empresas que lo trajeron, no del Gobierno que lo pagó. “Si convenimos en que la única conducta que pudiera presentar indicios de tipicidad es, precisamente, la consistente en importar productos sanitarios defectuosos, su atribución debiera efectuarse, en todo caso, a aquella mercantil” (la que compró material defectuoso).

De hecho, Sanidad habría actuado correctamente, porque sus controles detectaron la mala calidad: “El Ministerio de Sanidad tomó precauciones al objeto de verificar, antes de proceder a su distribución, el material sanitario adquirido, extremo que se infiere con toda claridad de la circunstancia de que[…] concluyera aquella evaluación detectando el carácter defectuoso de aquellos productos”.

Avala el baile de cifras de muertos

Además, en el informe, la Fiscalía blinda la gestión de la crisis realizada por Sánchez -especialmente criticada en cuanto al baile de cifras sobre los fallecidos- al afirmar que “parece necesario recordar que el aumento de las cifras oficiales de contagios, así como de muertes, han obedecido al empleo de distintos métodos de detección de la Covid-19, cada vez más precisos. No existiendo dato o elemento alguno que permita afirmar, ni tan siquiera indiciariamente, que el Gobierno de España ocultara o falseara deliberadamente los datos de que disponía al objeto de anteponer sus concretos intereses políticos o ideológicos a la salud pública de todos los ciudadanos de España”.

Por otro lado, el Ministerio Fiscal niega que haya habido improvisación ante la llegada del coronavirus a nuestro país por parte de la Administración central. “Las reglas de la lógica y la sana crítica permiten concluir que resulta sencillamente imposible afirmar que nuestras administraciones debieran haber previsto un escenario como el que finalmente se produjo. Resultando un claro ejemplo de ello la circunstancia de que la mayoría de países de nuestro entorno cultural han padecido situaciones muy próximas a las sufridas en nuestro país, extremo sumamente relevante si convenimos que el análisis acerca de la diligencia en orden a determinar la responsabilidad criminal debe siempre desarrollarse con arreglo a un criterio antecedente -o ex ante-, y, por ello, en atención al estado de la ciencia y la técnica existentes al momento de ejecutar el hecho u omisión reprochados”, recalca Navajas.

El informe sobre las 20 querellas interpuestas ha sido elaborado por el teniente fiscal Navajas, que se ha apoyado en el fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, la Fiscal de Sala Delegada en materia de Tutela y Protección de los intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce y la Unidad especializada de Siniestralidad laboral. Además, para elaborar este extenso dictamen el teniente fiscal del Alto Tribunal se ha apoyado en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, órgano asesor de Dolores Delgado y donde la ex ministra de Justicia tiene a su mano derecha, el fiscal Álvaro García, hombre fuerte en la actualidad de la Fiscalía.

Las querellas han sido formuladas por el partido político Vox, colectivos como la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3.268 personas.