Nada mejor que coger algo de distancia para atar cabos y encontrar el sentido a los avatares del posprocés. ¿Por qué Marta Rovira, secretaria general de ERC, no regresa a España si solo está acusada de desobediencia? ¿Por qué el secesionismo se aferra tanto al catalangate como escándalo de espionaje masivo? ¿Qué relación tienen algunos de los presuntamente espiados con el Tsunami Democràtic? ¿Qué papel jugaron las interferencias rusas en Cataluña, y por qué el Parlamento Europeo reclama una investigación?

El caso de Rovira resulta llamativo porque hasta la irreductible Clara Ponsatí, una vez eliminado el delito de sedición, ha vuelto sin temor de acabar en la cárcel. La dirigente republicana no lo hace porque en las diligencias desarrolladas sobre Tsunami Democràtic, la Guardia Civil la ha situado en la cúpula de esa organización, responsable de los graves altercados tras la sentencia del Supremo sobre el procés en 2019. De todas las acciones, la más grave fue el asalto al aeropuerto de Barcelona, y aunque quisieron presentarse como espontáneas, la investigación demuestra que llevaban tiempo preparándose por la cúpula de Tsunami, de la que formarían parte Rovira, Xavier Vendrell, exconsejero de ERC, Oriol Soler, empresario activista, y un grupo de personas muy cercanas al expresidente Carles Puigdemont, como el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay.

Curiosamente, otro de los investigados es Elies Campo, autor del falso informe que dio lugar al catalangate, en el que se denunciaba el espionaje masivo a dirigentes independentistas. Con esa campaña, el secesionismo ha intentado esconder las causas de la actuación del CNI, que no fue otra que investigar quién estaba detrás de Tsunami y la trama rusa del procés. Es revelador que ninguna de las 10 personas que aparecen en el sumario de la Guardia Civil y que figuran también como “víctimas” en el catalangate, haya denunciado su caso en los tribunales de justicia.

Finalmente, el tercer elemento son los vínculos con el Kremlin, cuestión sobre la que tanto ERC como sobre todo Junts pasan de puntillas, pero sobre la que existe muchísima documentación relevante, lo que ha llevado a la Eurocámara a reclamar que se aclare lo sucedido. Será el Centro Europeo para la Lucha contra las Amenazas Híbridas el que lleve a cabo un estudio sobre el peligro que suponen las injerencias rusas para la cohesión de la UE, sus campañas de propaganda y la financiación a partidos antieuropeos. Si el independentismo construyó el catalangate fue para esconder sus responsabilidades penales por el Tsumani y las vergüenzas de la trama rusa del procés. Ya va siendo hora de que el Gobierno español lo denuncie en voz alta, aunque Gabriel Rufián se enfade.

Diez personas han fallecido en nueve accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas desde el pasado viernes, durante un puente del 1 de mayo que acaba a la medianoche de este lunes en toda España salvo en la Comunidad de Madrid, donde el martes es festivo. Fuentes de la Dirección General de Tráfico han informado a Efe de que este es el balance provisional desde la tres de la tarde del viernes hasta las ocho de la tarde de este lunes, cuando han fallecido diez personas que nueve accidentes de tráfico y se han contabilizado un total de 18 heridos.

Según los datos recabados provisionalmente por Tráfico, este lunes han fallecido tres personas: una en el accidente de autobús registrado a primera hora en la carretera A-484 a su paso por Almonte (Huelva), y dos personas al salirse un turismo en la N-122 en Matalebreras (Soria).

Estos fallecidos se suman a cuatro contabilizados el viernes, de los que tres eran motoristas, a dos registrados el sábado y a otro más del domingo, según los datos correspondientes a las carreteras que tiene encomendadas la DGT.

A esos siniestros mortales hay que añadir un conductor fallecido a primera hora de la tarde de este lunes al salirse su coche de la vía en el municipio barcelonés de Sant Pere de Vilamajor, según ha informado el Servei Català de Trànsit.

Tráfico mantiene en marcha el operativo especial con motivo del Puente de Mayo, en el que se esperan 6,5 millones de desplazamientos por carretera de corto y largo recorrido.

Un joven de 17 años ha fallecido tras ser atropellado por un vehículo mientras practicaba ciclismo cerca de la localidad pacense de Trasierra.

El Servicio de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recibió este viernes una llamada a las 23,14 horas de la noche alertando de que un ciclista había sido arrollado por un vehículo en el punto kilométrico 6 de la carretera BA-048 cerca de Trasierra.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una ambulancia, personal médico de Llerena y efectivos de la Guardia Civil, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven de 17 años, según ha informado este sábado el 112 Extremadura.

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El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes, después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya dicho que no celebrará la cena navideña del PP de Madrid, que él no está a “esas cosas”, pero ha destacado el hecho de que este lunes fallecieran “100 personas por Covid”, una “dramática realidad” que, a su juicio, “conviene recordar”.

En medio de la batalla interna por el control del PP de Madrid, la dirección nacional y Ayuso protagonizan estos días un nuevo enfrentamiento a raíz de la suspensión de las cenas navideñas. Ante la circular que el pasado viernes envió Génova a sus estructuras territoriales recomendando no celebrar esas cenas por prudencia ante el aumento de contagios, la presidenta madrileña señaló este lunes que “no hay motivos sanitarios” para cancelarlas y se quejó de que se esté “señalando” a la hostelería y a la restauración”.

Este martes, Ayuso ha confirmado que no celebrará la cena navideña del PP -prevista para dentro de dos días- porque está “prohibida”. “Donde manda patrón, no manda marinero, y yo soy una afiliada de base más, disciplinada, y que siempre cumple con las normas”, ha manifestado.

Al ser preguntado expresamente a Casado por estas últimas declaraciones de Ayuso asegurando que se ve obligada a esa suspensión de la cena, Casado ha respondido: “Yo no estoy en esas cosas. Lo que puedo decir es que ayer murieron 100 personas por Covid. Es una dramática realidad que a veces conviene recordar”, ha declarado, tras reunirse en Barcelona con asociaciones en defensa del bilingüismo.

En este punto, el líder del PP ha señalado que él se lo quería recordar al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha reclamado una vez más que impulse la aprobación de una Ley Orgánica de Pandemias que “permita que todas las autonomías tengan un marco de actuación común sin depender de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia”. A su entender, eso daría “mucha tranquilidad a los familiares y a los compañeros de empresas a la hora de tomar sus decisiones”.

Sin copa de Navidad

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha declinado pronunciarse sobre este asunto al ser preguntada expresamente en rueda de prensa por esas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Yo no tengo nada que decir en relación con las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella es libre de hacer las que considere y yo respeto enormemente la libertad de todos, igual que respeto el planteamiento de la dirección nacional del partido en relación a esa sugerencia o recomendación que ha hecho”, ha manifestado.

Al ser preguntada de nuevo por palabras de Ayuso asegurando además que la cena no se la quitan a ella sino a los afiliados y si cree que lo que quiere decir es que el PP le está quitando la libertad a los afiliados, Gamarra ha insistido en que ella no va a entrar en “esa polémica ni en ese tipo de valoraciones”.

“Habría que preguntarle a ella qué ha querido decir. Soy portavoz del Grupo parlamentario y no me voy a convertir en comentarista o analista de las valoraciones que hacen mis compañeros en el ámbito de sus competencias”, ha manifestado.

Además, Gamarra ha confirmado -en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso- que el Grupo Popular en el Congreso no celebrará ninguna copa de navidad para evitar una “celebración masiva”. Según ha añadido, la tenían prevista pero la han anulado.

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• Zaragoza, en alerta ante la crecida del Ebro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este martes a poner en marcha “todos los resortes del Estado” para paliar los daños a los afectados por la crecida extraordinaria del Ebro, con la declaración este viernes de zona catastrófica para las áreas más afectadas.

En su visita a la localidad zaragozana de Pradilla de Ebro, acompañado por el presidente aragonés, Javier Lambán, Pedro Sánchez ha trasladado la “solidaridad” de su Ejecutivo y de toda la sociedad española a este municipio, uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la crecida, y a los del resto de Aragón, Navarra y La Rioja, comunidades a las que también se ha desplazado para conocer los daños que ha causado allí la avenida del río.

Tras contemplar el río desde el puente, que actualmente se encuentra cortado al tráfico porque el nivel del cauce está a seis metros de altura, ha reiterado el compromiso de su Gobierno para paliar las consecuencias “tan graves” sobre los cultivos y los hogares afectados por la riada “cuanto antes, de forma inmediata”.

Tras su visita a Pradilla del Ebro, Sánchez se ha desplazado también a Buñuel (Navarra), una visita en la que ha podido constatar los restos de agua y barro en calles que fueron anegadas y escuchar el testimonio de los vecinos.

Ha sido una visita a pie, de casi una hora, en la que ha sido invitado a entrar en varias viviendas para comprobar los daños, ha departido con varios vecinos y recogido sus quejas y su intranquilidad por los problemas que, de forma periódica, causan los desbordamientos del río Ebro. El presidente ha pedido “tranquilidad” y ha emplazado a esperar a las ayudas que su Gobierno tiene previsto otorgar.

Zona catastrófica

Este viernes se aprobará la declaración de zona catastrófica para poner en marcha “todos los vehículos que tiene la Administración General del Estado para poder responder cuanto antes” y tratar en lo materialmente posible de que los afectados recuperen su día a día cuanto antes.

Durante su intervención, Sánchez ha reconocido la labor de los servidores públicos y la importancia de contar con “un estado social fuerte” que trabaje para que las crecidas no sean tan rápidas y se puedan anticipar las consecuencias, como ha dicho que hace en este caso la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

También ha destacado la necesidad de que todas las administraciones se coordinen con independencia de su color político porque lo que quieren los vecinos son respuestas y que se anteponga el interés general a cualquier otra consideración.

En Aragón se está dando un ejemplo de coordinación, ha destacado Sánchez, quien ha reconocido “el trabajo silente” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para prevenir las consecuencias de la riada, lo que ha hecho que el “Estado sea capaz de responder a cualquier adversidad”.

Además de Lambán, han acompañado a Sánchez durante su visita el alcalde de Pradilla, Raúl Moncín, y los primeros ediles de los pueblos de la Ribera Alta del Ebro afectados por la crecida.

Sánchez también ha saludado a algunos de los vecinos que se han acercado hasta la zona, entre ellos el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, quien le ha entregado unas botas de agua azules para instarle a “pisar el barro” y a que se limpie el cauce del río.

Lambán ha destacado, por su parte, la coordinación “perfecta” entre las instituciones ante la crecida extraordinaria este año frente a la “descoordinación y dejadez” en la gestión de 2015, así como la “previsión inversora” del Gobierno de España que ha evitado que ahora se esté hablando de “una catástrofe”.

Ha recordado que hace seis años, cuando Sánchez era secretario general del PSOE antes de llegar a la Presidencia del Gobierno, también visitó Pradilla y Lambán le trasladó la “preocupación y desazón” por cómo se estaba gestionando la crecida, con “manifiesta descoordinación y dejadez”.

Lambán: “Sánchez ha cumplido”

Según Lambán, Sánchez se comprometió, si llegaba a ser presidente, a “ocuparse del Ebro y de la seguridad de sus habitantes” y, seis años después, “el compañero y amigo Pedro Sánchez” ha cumplido.

Ha destacado el papel del Gobierno de Aragón y el de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, para realizar inversiones importantes en la limpieza del cauce gracias a las que esta avenida, que “pintaba francamente mal hace 48 horas”, se haya podido solventar de manera “bastante tranquilizadora”.

A juicio del presidente aragonés, sin la coordinación “perfecta” que se ha dado en esta ocasión y la “previsión inversora” del Ejecutivo de España ahora se estaría hablando de “una catástrofe”.

Lambán ha dicho que sabe que cuenta con la colaboración del Gobierno de España para resarcir los daños a los damnificados.

Por su parte, el alcalde de Pradilla ha reconocido que han pasado unos días “bastante difíciles” en la zona, aunque “la cosa ha salido bien después de lo mal que pintaba” y no se ha tenido que evacuar el pueblo.

Moncín ha agradecido la visita de Sánchez y ha pedido tanto a su Gobierno como al de Lambán que sigan “la dinámica” de actuaciones en el río.

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The Washington Post se deshace en elogios hacia Isabel Díaz Ayuso: “Los conservadores en busca de héroe deberían fijarse en esta estrella creciente en España”, dice el encabezado del artículo que el prestigioso medio dedica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que empieza a recoger los frutos de su viaje a Estados Unidos en septiembre. 

El texto lo firma Henry Olsen, del equipo de Opinión del Post y miembro del think thank Ethics and Public Policy Center. Para Olsen, Díaz Ayuso “es una sensación nacional” que ha labrado su imagen con una gestión de la pandemia de la Covid-19 que ha “equilibrado libertad y seguridad” y con su victoria en las elecciones del 4 de mayo.

Olsen, que entrevistó a la protagonista de su artículo en la Puerta del Sol, asegura que “muchos jóvenes conservadores de Estados Unidos anhelan un líder inteligente, serio y con principios” como a su juicio representa Díaz Ayuso, de la que también destaca su determinación para defender que “la gente quiere trabajar, no recibir dinero del Estado”, un mensaje que Olsen cree deberían adoptar los republicanos.

Reagan, Thatcher

El artículo no omite la guerra interna en el PP, de Sol con Génova, señalando que la “popularidad” de Díaz Ayuso “incluso ha metido miedo al líder nacional de su partido, Pablo Casado”. La dirigente no se mueve en este sentido de su discurso en España, que es que su presente y su futuro pasan por Madrid, sin ambiciones nacionales. 

“Sólo tiene 43 años”, recalca el columnista, que augura que Díaz Ayuso podría ser presidenta del Gobierno con 57 años -comparando su trayectoria con la de Ronald Reagan-, “sólo algo más mayor que Margaret Thatcher cuando alcanzó Downing Street”. 

Díaz Ayuso, “la estrella política más importante”, dice Olsen, congrega a multitudes en sus apariciones y es ovacionada allí donde va. No pasa por alto uno de los símbolos de su mandato, el hospital Enfermera Isabel Zendal.

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• Aragón, preparada “para lo peor” ante la crecida del Ebro, superior a la de 2015

La amenaza de la crecida del Ebro mantiene en alerta al Ayuntamiento de Zaragoza, por la posible inundación de algunos tramos viarios como el tercer cinturón en Zaragoza. Los núcleos con más riesgo ya han sido evacuados y las zonas de peligro han sido balizadas, pero las autoridades se encuentran algo “más optimistas” después de que la Confederación Hidrográfica haya reducido las previsiones del caudal máximo de la riada, como ha adelantado el alcalde, Jorge Azcón.

La punta de esta crecida extraordinaria del Ebro se espera que llegue esta tarde con un caudal en torno a los 2.300 m3/s, por debajo de los 2.448 alcanzados en la última riada de 2015, y en estos momentos alcanza ya los 1.976,9, según figura en la página web del organismo de cuenca.

Tras presidir la reunión de coordinación de emergencias, en declaraciones a los medios facilitadas por el Consistorio, Azcón ha recordado que este martes es el día más importante de la crecida, y aunque las previsiones de caudal se han rebajado y les hace estar “más optimistas”, ha insistido

, por debajo de los 2.448 alcanzados en la última riada de 2015, y en estos momentos alcanza ya los 1.976,9, según figura en la página web del organismo de cuenca.

Tras presidir la reunión de coordinación de emergencias, en declaraciones a los medios facilitadas por el Consistorio, Azcón ha recordado que este martes es el día más importante de la crecida, y aunque las previsiones de caudal se han rebajado y les hace estar “más optimistas”, ha insistido en que hay que estar más alerta y que la ciudadanía debe saber que va a ser una crecida importante, que puede suponer riesgos y que debe alejarse de las zonas balizadas a lo largo de esta jornada y las próximas 36 horas.

Ha resaltado la efectividad de las medidas adoptadas con antelación, ya desde el sábado, como la habilitación de estacionamientos en superficie para sacar los vehículos de garajes susceptibles de ser inundados o el desalojo de varios núcleos urbanos, aunque los servicios sociales sólo han tenido que alojar a una familia del entorno de Movera cuya casa, aislada y en zona inundable, fue desalojada ayer.

En el colegio Jerónimo Zurita las clases hoy y mañana van a ser telemáticas por la inundación del patio del colegio, como recomendó ayer el Ayuntamiento al Gobierno de Aragón.

No obstante se sigue “con atención” la situación de los barrios rurales ribereños como Alfocea y, de momento, “la única duda” es si es necesario cortar el tercer cinturón en el tramo de Vadorrey, junto a la calle Alfonso Zapater, como ocurrió en las riadas de 2007 y 2015, para lo que se ha establecido una patrulla que estará pendiente de la subida del agua en ese tramo, por lo que se recomienda a los conductores que busquen itinerarios alternativos para evitar posibles retenciones.

Además, esta mañana buceadores de Bomberos han rescatado a dos personas que se han adentrado en el camino de Monzalbarba con una furgoneta con la excusa de ir a buscar unos perros o unas pertenencias a una torre y donde el nivel del agua ha hecho que el vehículo quedara averiado en medio de una zona ya inundada.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) trabaja en la construcción de un cordón de seguridad complementario en el Burgo de Ebro, aguas abajo de Zaragoza, para la defensa del casco urbano y ha facilitado material al Ayuntamiento de este municipio zaragozano para el refuerzo del dique principal en varios puntos.

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El Gobierno balear ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJB) que el pasaporte Covid-19 sea obligatorio para los profesionales sanitarios cuando acudan a su puesto de trabajo, una decisión que divide a los profesionales sanitarios. Los médicos sostienen que es una medida adecuada, incluso para aplicarla en todo el Estado, mientras que los enfermeros creen que no es necesaria.

A la espera de obtener una resolución por parte de la Justicia, la propuesta balear se traduciría en que aquellos sanitarios no vacunados (o que no hayan pasado la enfermedad) no podrán ir a trabajar si no presentan una prueba PCR negativa. De negarse, podrían ser suspendidos de empleo y sueldo.

Esta es una medida que busca la vacunación de todos los profesionales sanitarios, algo en lo que coinciden médicos y enfermeros pero con diferentes matices. Para José Luis Cobos, secretario general del Consejo General de Enfermería (CGE), esta medida “pone en duda” el compromiso de los profesionales.

“Hay que hacer campañas de concienciación para que se vacunen los profesionales sanitarios, pero sin obligarles”, ha insistido en declaraciones a EL ESPAÑOL. Cobos recuerda que en España nunca ha sido necesario obligar a nadie a vacunarse por el alto porcentaje de personas concienciadas (incluidos los sanitarios) y “exigir el certificado Covid es lo mismo”.

Por el contrario, los médicos sí creen que es una iniciativa pertinente. De hecho, apuestan por que se amplíe a toda España. Manuela García Romero, vicepresidenta segunda de la Organización Médica Colegial (OMC), asegura que vacunarse responde a la obligación “moral y ética” de los profesionales sanitarios con sus pacientes.

“Defendemos que el profesional se debe de vacunar por ética y por la seguridad y la salud del paciente”, insiste García tras conocer la iniciativa del Gobierno balear. Para la vicepresidenta de la OMC es importante que se tome “cualquier medida” que salvaguarde la seguridad de los pacientes.

Empleo y sueldo

Donde no están de acuerdo los médicos es en que se les suspenda de empleo y sueldo. Como ocurre en las residencias de ancianos (donde el Ministerio de Sanidad emitió un protocolo), allí se recomienda que los profesionales que decidan no vacunarse sean recolocados en otros puestos en los que no atienden directamente a los internos.

“El deber deontológico de un médico es cuidar de sus pacientes. Al que no quiera vacunarse no se le obliga, pero se le recoloca en un servicio en el que no pueda perjudicar”, insiste García Romero que, además, ejerce en Baleares.

La opinión de la vicepresidenta de los médicos de España es muy similar a la que han manifestado desde el órgano colegial de la Comunidad Autónoma.

Aun así, la Consejería de Sanidad no puede poner en marcha esta medida hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) lo avale. Como ya ocurrió con los empleados de las residencias de mayores.

Además de la necesidad de presentar el pasaporte Covid, lo que propone Baleares es que, tras la vuelta de vacaciones, todo el personal sanitario se haga una PCR en su primer día de servicio. Afirman que es una manera de controlar los posibles brotes relacionados con estas fechas y que sería complementario al estado vacunal de la persona.

Tres pruebas Covid

En el caso de los no vacunados, el Gobierno de Baleares pedirá a los profesionales sanitarios que se hagan tres test covid cada semana. Dos de ellos tienen que ser prueba PCR y el otro un test rápido. Todas las pruebas se deberán hacer con 72 horas de antelación máxima a la incorporación.

Pero no todos los médicos están a favor de esta iniciativa. Desde el sindicato CESM rechazan que esta medida se tome de manera arbitraria por las Comunidades Autónomas y no desde el Gobierno y añaden que, de ser obligatorio, se debería de pedir a “vacunados y no vacunados”.

Además, no les parece apropiado “que se restrinjan derechos a golpe de iniciativas diferenciadas por parte de los gobiernos autonómicos y que tengan que ser los tribunales quienes acaben decidiendo cuáles se aplican y cuáles no”.

El sindicato considera que exigir un pasaporte Covid para acudir al puesto de trabajo puede tornarse “en un arma de doble filo”. “Se trabaja con personas vulnerables en los centros de asistencia sanitaria” y todos los profesionales, vacunados o no vacunados -si los hubiera- “deberían someterse a test de detección, no únicamente estos últimos”.

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal tomará declaración el próximo 21 de diciembre al histórico dirigente de ETA Mikel Albisu Iriarte, alias Mikel Antza, como investigado por su presunta responsabilidad en la toma de decisión de asesinar al teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995.

En una providencia de este mismo lunes, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 ha dado luz verde a su declaración, que considera “idónea y pertinente” dado que Antza ha permanecido en España durante más de 45 días desde su expulsión de Francia en enero de 2019, lo que hace innecesario acudir a la ampliación de la entrega para actuar contra él.

El magistrado ha autorizado a Antza para declarar desde los juzgados de San Sebastián, a los que se ha encomendado la organización y preparación de la videoconferencia. Hasta allí deberá acudir el investigado con su defensa letrada y los abogados de las partes que estimen oportuno acudir a la sede judicial.

La Asociación Dignidad y Justicia ha convocado para el mismo día 21 a partir de las 10.30 horas una concentración en las puertas de la Audiencia Nacional, cuya sede se encuentra en la madrileña Plaza de la Villa de París. Y lo hacen, han explicado, “para defender la memoria de un líder que no pudo ser porque Mikel Antza decidió que debía morir asesinado”.

En este contexto, la asociación ha destacado la “gran importancia” de la labor desarrollada por la Guardia Civil y la Policía Nacional a la hora de implicar al etarra en el asesinato del que fuera dirigente del Partido Popular. “Su responsabilidad, como jefe del aparato político de ETA, fue crucial para señalar a este gran servidor de España en el País Vasco”, han lamentado.

Objetivo de ETA

A su juicio, fue “la forma de ser y actuar” de Ordóñez lo que hizo que ETA, desde su cúpula, lo señalara como objetivo prioritario. “Su liderazgo fue su sentencia de muerte, pues fue un líder de ETA – Mikel Albisu- quien señaló a Gregorio Ordónez para asesinarlo”, han insistido.

La declaración de Antza llegará cinco años después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitiese a trámite la denuncia presentada por Consuelo Ordóñez e imputase a cinco jefes de la antigua cúpula de la banda terrorista ETA por su presunta participación en la decisión de asesinar a Ordóñez.

Fue en noviembre de 2015 cuando Pedraz dictó un auto en el que atribuía la autoría intelectual del atentado a Ignacio Gracia Arregui, alias ‘Iñaki de Rentería’; Mikel Albisu Iriarte, ‘Mikel Antza’; Julián Achurra Egurola, ‘Pototo’; José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’; y Juan Luis Aguirre Lete, ‘Insuntza’.

La Audiencia Nacional condenó a Juan Ramón Carasatorre, alias ‘Jon’ y ‘Zapata’, Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, y Valentín Lasarte como autores materiales del atentado cometido contra el concejal vasco, a quien dispararon cuando se encontraba almorzando en un bar de la capital donostiarra con la entonces secretaria del Grupo Popular, María San Gil, y otros dos colaboradores.

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• María Dolores de Cospedal se acoge a su derecho a no declarar en la comisión ‘Kitchen’ del Congreso

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El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado conocer al excomisario Villarejo. “Ni le conozco, ni me reuní con él nunca, no me consta que me haya enviado ningún mensaje y jamás en mi vida le he enviado uno“, ha declarado el exdirigente popular. “No he hablado con él nunca, ni directa ni indirectamente”, ha reiterado.

“Sería hoy incapaz de decir cuándo conocí yo que esta persona existía”, ha añadido, tras reconocer que, a lo largo de su carrera política —Rajoy fue, incluso, ministro del Interior a principios de siglo— no ha solido “despachar con comisarios”. 

El exinquilino de Moncloa ha sido el último compareciente citado en la comisión parlamentaria que investiga el supuesto uso de recursos públicos para organizar en 2013 una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, que habría tenido en su poder documentación sensible para la formación tras el estallido del caso Gürtel.

La supuesta operación fue bautizada como Kitchen y en ella habría participado el comisario Villarejo, quien aseguró en la Cámara Baja que el expresidente del Gobierno estaba al tanto de las labores ilegales y que se comunicaba con él a través de SMS (mensajes de texto).

“No he conocido nunca la existencia de esa operación ni he dado ninguna instrucción”, ha manifestado. Preguntado por los posibles obstáculos a la investigación del caso Bárcenas, Rajoy ha sido tajante: “Ni lo ordené ni tuve conocimiento”. “No conocía al señor Villarejo y, por tanto, no le he encargado absolutamente nada”, ha dicho.

Cospedal

Asimismo, este lunes, Rajoy ha negado que la que fuera su secretaria general, María Dolores de Cospedal, le hubiese comunicado alguna de sus reuniones con el excomisario en la sede del PP nacional, en la madrileña calle Génova.

Además, el expresidente del Gobierno ha recordado que Cospedal no está imputada por estos hechos y ha recordado las contradictorias declaraciones tanto de Villarejo como de Bárcenas, cuyos testimonios pone en duda.

Ambos, ha dicho Rajoy, “tienen problemas serios en los tribunales”. El extesorero está actualmente en prisión y el segundo es el principal imputado en el caso Tándem y enfrenta abultadas peticiones de cárcel.

“Por eso, se defienden como estiman oportuno y, como tienen derecho a mentir, dicen lo que quieren”, ha apostillado el expresidente del Gobierno, a preguntas del portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, con el que ha mantenido un tenso debate al inicio de la tarde.

“Piense en las cosas que ha dicho el señor Villarejo de gente de su partido”, ha repuesto ante las preguntas de la diputada Sofía Castañón, de Unidas Podemos. “A ver a quién le vamos a estar legitimando el discurso…”, ha añadido.

“El gran argumento del PSOE es el señor Bárcenas y el señor Villarejo; algo menos, el señor Villarejo, porque al Partido Socialista no le interesa lo que ha dicho [Villarejo] sobre algunos gobiernos que ha apoyado el señor Sicilia”, ha añadido.

Con Bárcenas, tras el estallido del caso que fue bautizado con el apellido de este último, Rajoy ha admitido que su relación se volvió “mala”.

Preguntado sobre el supuesto audio que el extesorero aseguró tener, en el que el entonces líder del PP le habría reprendido por tener pruebas contables acerca de la presunta financiación extraoficial del partido, Mariano Rajoy ha negado su existencia: “Con ese contenido, es muy difícil que exista, porque ese acontecimiento, que yo recuerde, nunca se ha producido”.

Asimismo, Gabriel Rufián, diputado de ERC, ha acusado a Rajoy de “mentir” por negar que la Justicia haya demostrado la existencia de una caja B en el Partido Popular. Tras el cara a cara con el dirigente independentista, este último se ha levantado hasta el estrado para entregarle a Rajoy un fragmento de una resolución judicial. A cambio, el expresidente le ha ofrecido un ejemplar de su recién publicado libro, Política para adultos.

Por su parte, el representante de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha afeado a Rajoy que, para el juez, indiciariamente, “parece que la operación Kitchen es verdad”.

“¿Usted cree que nos vamos a creer que esto no lo conocería el ministro del Interior o el presidente del Gobierno?”, ha insistido Bal. Rajoy, por su parte, ha criticado las “acusaciones”, “medias verdades” y “medias mentiras” que se vierten contra los comparecientes en una comisión de investigación parlamentaria, así como la indefensión que sufren y ha reivindicado la presunción de inocencia, que “solo la rompe una sentencia judicial firme”.

Al final de su intervención, Bal ha reiterado que una resolución judicial alude a la existencia de una caja B en el PP de Rajoy: “La página 1.077 [de la sentencia del Supremo que confirmaba, en su mayor parte, la de la Audiencia Nacional sobre la Época I de la trama Gürtel]”.

“Magnífica opinión” de Díaz

El expresidente del Gobierno, a su vez, ha manifestado su “magnífica opinión” y su defensa de la “presunción de inocencia” de Jorge Fernández Díaz, quien fuera su ministro del Interior mientras se produjeron los supuestos hechos que se investigan tanto en la comisión parlamentaria como en la Audiencia Nacional. “No creo que haya montado ningún dispositivo, no hay ninguna sentencia…”, ha reiterado Rajoy.

Por su parte, Cuca Gamarra, representante del PP en la sala, ha ensalzado la “eficaz, honesta e intachable” labor de gobierno del expresidente y ha criticado el “uso perverso” de las comisiones de investigación, “que no buscan la verdad, sino el desgaste político del adversario”.

‘Operación Kitchen’

Los hechos que se investigan en la comisión habrían ocurrido con Jorge Fernández Díaz en la cúspide del Ministerio del Interior. Actualmente, Fernández Díaz permanece imputado en la causa judicial que investiga dicha trama. En sede parlamentaria, el exministro manifestó que nunca tuvo “conocimiento” de aquella operación ni, por tanto, la ordenó.

No obstante, el relato del magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es el opuesto. El juez optó por mantenerle en la causa aludiendo al supuesto “conocimiento” que habría tenido el exministro de la “ilicitud” de dicha operación.

El pasado septiembre, Fernández Díaz, a un paso del banquillo, criticó el “precipitado y sorpresivo” cierre de la investigación judicial sobre la Kitchen, de la que su abogado aseguró que “ni estuvo relacionada ni afectaba al [entonces] Ministerio del Interior”.

En su recurso, además, el exministro apuntaba al PP: “Parece olvidar el instructor que el origen de la denominada operación Kitchen, según la tesis mantenida por el Ministerio Fiscal y por el propio Juzgado a través de sus resoluciones, era el acceso y, en su caso, sustracción de información en poder del entorno de Luis Bárcenas, de carácter sensible y perjudicial para algunos dirigentes del Partido Popular, hurtando tal información del proceso judicial que estaba tramitándose [caso Gürtel]”.

Cospedal, Fernández Díaz, Villarejo…

Díaz no es el único miembro del organigrama del PP de Rajoy que ha acudido a la comisión Kitchen de la Cámara Baja. El pasado jueves, María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP y otrora ministra de Defensa, se acogió a su derecho a no declarar.

Aseguró, además, que los hechos en los que indaga el Congreso ya se investigan en la Audiencia Nacional. A diferencia de con Fernández Díaz, García-Castellón sí decidió dejar fuera del caso a Cospedal, aunque aún falta por resolverse el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que insiste en mantener encausada a la exdirigente.

El propio comisario José Manuel Villarejo —detenido en 2017 y principal imputado en la causa Tándem, de la cual Kitchen es una de sus piezas separadas— también declaró en la misma comisión del Congreso de los Diputados.

Lo hizo por primera vez el pasado mayo y apuntó al expresidente del Gobierno: aseguró que informaba personalmente, vía SMS, a Rajoy de la evolución de las labores de espionaje. El pasado octubre, volvió al Congreso.

El junio previo, ante el juez García-Castellón, Villarejo volvió a implicar a Rajoy en la trama y declaró que el expresidente “tenía interés personal en el tema”. No obstante, no aportó ninguna prueba más que su testimonio y el instructor no consideró conveniente citar a declarar al que fuese la cabeza del Gobierno cuando habría sucedido los hechos.

En julio, el expolicía aportó a la causa el supuesto número de teléfono con el que se mensajeaba con el expresidente.

En ambos casos, Rajoy respondió que no conocía a Villarejo ni había tenido contacto con él. Este lunes, como último compareciente en la comisión Kitchen, ha vuelto a negarlo.