El Tribunal Supremo confirma las órdenes nacionales, internacionales y europeas de detención contra el expresident de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig. La Sala de lo Penal respalda los autos del instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, de 10 de enero y 4 de marzo de 2020 en los que acordó mantener las órdenes de arresto contra los prófugos así como pedir al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad correspondiente a los europarlamentarios Puigdemont y Comín.

La Sala de Apelación desestima los recursos planteados por los cuatro recurrentes contra los citados autos, en los que solicitaban que se dejasen sin efecto dichas órdenes de detención que consideraban incompatibles con las inmunidades que les corresponden como eurodiputados a algunos de ellos (Puigdemont y Comín).

El tribunal señala que teniendo en cuenta que los recurrentes han sido procesados por hechos que pueden ser constitutivos de delitos graves y que se han posicionado en situación de rebeldía, “las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión han de considerarse justificadas, al ser absolutamente necesarias en orden a asegurar la acción de la Justicia, que no solo exige la posibilidad de practicar diligencias, sino garantizar que los procesados se encuentren a disposición del tribunal”. Asimismo, explica que la existencia de las órdenes de detención que se impugnan no han impedido a los recurrentes alcanzar la condición efectiva de europarlamentarios, ni tampoco asistir a las sesiones del Parlamento.

La Sala analiza el alcance de las inmunidades y subraya que los recurrentes olvidan que en este caso “no se trata de la emisión de una orden de detención contra un europarlamentario, sino de la adquisición de esa condición por unas personas contra las que, con anterioridad a ese momento, se habían emitidos órdenes de detención, por la presunta comisión de hechos que podían ser constitutivos de graves delitos”. Y, en esas circunstancias, -indica la Sala- el TJUE entendió, en su sentencia de 19 de diciembre de 2019, que es posible que un tribunal interno, si lo considera necesario, mantenga la situación de prisión provisional previamente acordada respecto de una persona que ha adquirido con posterioridad la condición de europarlamentario, siempre que, a la mayor brevedad solicite al Parlamento la suspensión de la inmunidad.

A este respecto, afirma que eso es precisamente lo que se ha hecho en la presenta causa, en la que, manteniendo las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión, ya se ha solicitado del Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de los recurrentes que tienen la condición de europarlamentarios y que se encuentran en el territorio de otro Estado miembro.

Sin contradicción con Europa

La Sala recuerda que el procesamiento de los recurrentes se acordó antes de que adquiriesen la condición de miembros del Parlamento europeo. En esta línea, afirma que “no se aprecia contradicción con el derecho europeo, en la medida en que en el derecho interno se reconocen a los europarlamentarios las mismas inmunidades de los parlamentarios nacionales, y que, es el propio derecho europeo el que se remite a la regulación de cada Estado. Tampoco con la finalidad reconocida a las inmunidades, ya que no puede considerarse persecución arbitraria perturbadora de la función del Parlamento la acción de la justicia de un Estado miembro, iniciada con mucha anterioridad a la adquisición de la condición de parlamentario y por hechos que nada tienen que ver con sus funciones como tal”.

El tribunal señala que la finalidad de la inmunidad es garantizar que el eurodiputado pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecuciones políticas arbitrarias, operando como una garantía de la independencia e integridad del Parlamento. “Pero no tienen como finalidad establecer una absoluta inmunidad frente a la acción de la Justicia, con mayor razón cuando se trata de hechos y de procesos anteriores a la adquisición de la condición de europarlamentario, y sin que aquellos presenten relación alguna con las funciones que se le asignan como tal. Dicho de otra forma, la acción justificada de la Justicia no puede ser valorada como una persecución política arbitraria”, subrayan los magistrados.

En consecuencia, concluye que no puede valorarse de igual forma la situación de quien es perseguido judicialmente después de ser elegido parlamentario, que la de quienes, habiéndose incoado ya el procedimiento penal por hechos no relacionados con aquellas funciones, adquiere después aquella condición.

Un año más, en un formato mixto presencial y telemático, el Rey ha acudido a inaugurar el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Como toda cita que se celebre, la pandemia por el coronavirus es la protagonista absoluta. Felipe VI, en sus intervenciones, y ante una situación que se prolonga en el tiempo, dibuja una realidad compleja, pero busca lanzar un mensaje optimista, conjugando el difícil contexto con las oportunidades que ofrece. “Nadie duda de que el 2020 está siendo un año difícil, pero no podemos caer en el pesimismo”, ha expuesto este lunes. “Tenemos que poder dar más esperanza, que poder alinear toda esa energía y voluntad que tiene nuestra sociedad para salir adelante”.

La economía es uno de los pilares más debilitados por la pandemia. Las restricciones a la movilidad, las limitaciones de reuniones sociales, los toque de queda… Las empresas sufren, quizás de manera especial las familiares, a las que Felipe VI sitúa como “un pilar fundamental de nuestra sociedad, un factor que en estas circunstancias puede contribuir a liderar la necesaria recuperación económica y a dar esa esa esperanza que antes mencionaba”.

De nuevo, como viene haciendo en sus apariciones públicas, y ante un ambiente político donde reina la crispación, ha hecho de nuevo un llamamiento para la mesura y el entendimiento. Claro, directo. Zarzuela quiere ser explícita en este mensaje que se repite como mantra: “Es en momentos como estos cuando las instituciones, las empresas y las familias, tienen que demostrar su capacidad y voluntad para unir fuerzas y encontrar soluciones que procuren atender tanto corto como el medio y largo plazo”.

La Covid-19 pone en jaque a ciudadanos, instituciones, países, continentes… Y el primer y gran reto es “recuperarnos de su impacto, de los daños que ha generado”. Pero Felipe VI, aún dada la complejidad actual, apuesta por poner la vista en el medio-largo plazo. Previsión. “Este virus representa un inmenso reto histórico para España, como para la UE y todos los países” y ha enumerado como retos la “sostenibilidad medioambiental y el riesgo climático, la mayor cohesión y equidad social, la revolución tecnológica digital o la gobernanza y cooperación tanto económica como política e institucional en los grandes asuntos globales”.

“Siempre atentos”

En ese escenario plagado de retos, el Rey sitúa a las empresas familiares como un puntal, con una labor de cercanía al ciudadano clave en crisis como la actual. “Os centráis en la permanente mejora de vuestra actividad y en la continuidad de los negocios, pensando en términos de generaciones, mucho más allá de las situaciones coyunturales. Y con estos principios, sabéis velar por los intereses de vuestros trabajadores, clientes, y proveedores. Siempre cerca, siempre atentos”.

“Durante estos meses, ha llamado la atención vuestra capacidad para movilizar recursos y ayudas en aquellos lugares y momentos más necesarios”, ha proseguido el Monarca, poniendo su trabajo como ejemplo en estos momentos. “He venido a pediros que continuéis en vuestra labor y compromiso ante los momentos tan complicados que seguimos viviendo. Las empresas familiares estáis en la vanguardia de la transformación de nuestro país y necesitamos seguir contando ahora y siempre con vuestro esfuerzo, empuje y responsabilidad para construir un país cada vez más próspero y dinámico”.

Hablar de un estado de alarma que se prolongará durante seis meses es una contradicción en sus propios términos. El estado de alarma, por su misma configuración constitucional, ha de ser breve y limitado, al menos en el tiempo. Según el art. 116.2 CE, debe durar un plazo máximo de 15 días, y cabe prorrogar «dicho plazo» -no un plazo de mayor duración- con la autorización del Congreso. Es decir, que en ningún caso se puede prorrogar por más días de esos 15, y en buena lógica no permitiría encaden

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha hecho llegar una carta a la Audiencia Nacional en la que asume “personalmente” la responsabilidad del nombramiento del tesorero Daniel Osácar y admite que le “rendía cuentas” a él como secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

Al mismo tiempo, exculpa en este documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, a su histórica mano derecha, Germá Gordó, que acaba de ser imputado por el juez José de la Mata por participar en el blanqueo de dinero negro para financiar irregularmente al partido nacionalista. “En ningún momento Gordó me propuso a esa persona”, subraya en referencia a Osácar, que acaba de confesar la financiación ilegal de CDC y ha implicado a la antigua cúpula de la formación tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción su colaboración para el esclarecimiento de los hechos.

La reciente confesión del ex responsable de las finanzas de CDC, llevada a cabo en una pieza separada del caso 3%, ha apuntado directamente a Gordó como responsable del pitufeo -fraccionamiento de ingresos- en las arcas de la formación política y ha provocado su citación como investigado por parte del juez. Pero también la inesperada reacción de Mas, a quien Osácar ha dejado a su vez a un paso de la imputación tras señalarle como conocedor de esta variante de la financiación irregular del partido nacionalista.

El ex presidente ha decidido acudir de inmediato al rescate de Gordó y le ha facilitado un acta de manifestaciones en la que le exonera de la responsabilidad última en materia de finanzas en CDC. Este documento ha sido ya aportado al procedimiento judicial por el abogado del ex conseller de la Generalitat, Cristóbal Martell.

“De acuerdo con los estatutos de CDC, vigentes en el año 2005, la competencia para proponer el responsable de Finanzas, así como el gerente [puesto que ocupó Gordó], correspondía al secretario general de CDC, cargo que yo ostentaba en aquel momento”, comienza explicando Mas. “De acuerdo con los mismos estatutos, yo propuse a D. Daniel Osácar i Escrig, el cual fue nombrado responsable de Finanzas por el Consejo Nacional del partido”. “Proponer a Osácar fue una decisión personal mía y, en ningún momento, D. Germá Gordó i Aubarell me propuso a dicha persona”, enfatiza.

Asimismo, añade Mas que “el responsable de finanzas y el gerente de CDC dependían, cada uno, en aquellos momentos [2004 hasta 2010] directamente del secretario general”. “Por tanto, ni el responsable de Finanzas dependía del gerente ni el gerente del responsable de Finanzas”, aclara. “Los dos tenían competencias diferentes y rendían cuentas de las mismas ante el secretario general de CDC, el Comité Ejecutivo Nacional de CDC y el Consejo Nacional de CDC”, apostilla.

Falsas donaciones

La carta de Mas fue elaborada inmediatamente después de conocer el contenido de la declaración de Osácar ante el juez De la Mata. En su comparecencia, éste sostuvo que Gordó fue “la persona que directa y personalmente ideó la operativa” conocida como pitufeo así como quien “planeó y dirigió su implementación”. Esta mecánica, descubierta en CDC por Anticorrupción con el fiscal José Grinda al frente, consistía en el lavado de dinero negro del partido mediante falsas donaciones anónimas realizadas en pequeñas cantidades que se ingresaban en las cuentas del partido.

Las empresas que participaban en esta trama de financiación irregular buscaban, señala el juez De la Mata, “beneficiarse en la contratación pública o congraciarse con los jerarcas del partido”. De esta forma, la formación nacionalista recurría a empresarios y personas de confianza para que llevaran a cabo “donaciones de 3.000 euros mediante cheque bancario nominativo a cambio de recibir la misma cantidad de dinero en efectivo de procedencia ilícita”.

Osácar precisó que Gordó le dio la lista de potenciales donantes que se iban a prestar al pitufeo para que les llamara y les entregara el dinero negro que tenían que blanquear. El juez asevera que al terminar la operación, Osácar “entregó personalmente y en mano la cantidad sobrante a Gordó”, que ésta citado a declarar el próximo 30 de octubre.

“Las personas homosexuales tienen derecho de estar en una familia. Nadie debe ser excluido o ser infeliz por ello. Tenemos que crear una ley de uniones civiles, y de esa manera estarán bajo una cobertura legal” (Francisco).

Fueron 13 segundos de televisión, una captura de documental, un seísmo en miércoles.
Hoy, casi una semana después, las réplicas se sienten en medio mundo…
“Es un cambio histórico e inesperado. Siempre hemos estado indefensos en la Iglesia y esto es un balón de oxíge

El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha afirmado que en el PSOE ahora se hace poco caso a los socialistas con experiencia de gobierno porque “el PSOE no existe, es una sigla propiedad de un señor llamado Pedro Sánchez”.

Preguntado por lo que les diría a los que opinan que él ha virado a la derecha, Leguina responde: “Que confunden la izquierda con un par de señores (los apóstoles Pedro y Pablo), pero la socialdemocracia es otra cosa”.

Sobre su opinión de la gestión del Gobierno en relación con el Covid-19, el expresidente de la Comunidad de Madrid considera que “ha sido lamentable”.

Respecto a los errores de Pedro Sánchez, Leguina asegura que escribirá un libro sobre eso. “Si su único objetivo político es mantenerse en La Moncloa no creo que haya cometido muchos errores”, ha dicho en una entrevista en Escudodigital.

Por otra parte, ha señalado que “no parece una buena idea” aplicar el toque de queda, ya que “no es un método eficaz”.

“No comparto esa medida, no me parece una buena idea. El toque de queda no es un método eficaz. Pero bueno, allá ellos, no dan una”, ha apuntado el socialista.

En este sentido, Leguina cree que es “mucho más efectivo” el sistema que se hizo al principio en Madrid, “coger los sitios más contaminados y cerrarlos”.

Sobre la labor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que “no son buenos tiempos para nadie, y tampoco para ella”; y ha apuntado que el problema del PP es “que tuvo una escisión (Vox) que cuenta con más de 50 diputados”.