Moncloa ha convocado finalmente un Consejo de Ministros extraordinario este domingo para declarar el estado de alarma. La decisión estaba prácticamente tomada y si no se ha celebrado hoy es porque desde el viernes por la noche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba en Roma, para ser recibido este sábado en audiencia por el Papa. Al resto de miembros del Gobierno ya se les había advertido de que mañana estuvieran “localizados” y todas las fuentes consultadas daban por hecho que se haría.

Faltaba la notificación oficial que en el seno del Ejecutivo de coalición se ha hecho a mediodía. El Gobierno lo ha comunicado de manera formal a las 19.30 horas de esta tarde. La cita para “estudiar los términos de un nuevo estado de alarma” comenzará a las 10.30 de la mañana.

Esta nueva declaración de estado de alarma nacional incluirá un toque de queda, un confinamiento nocturno como el que ya se está aplicando en Francia, Italia y Bélgica, para limitar la actividad y la movilidad.

Aunque el Ministerio de Sanidad era partidario de esperar unos días más para lograr un consenso unánime de todas las comunidades autónomas y garantizar el apoyo parlamentario del PP a las prórrogas, en las últimas horas varias comunidades, incluida País Vasco y Cataluña han pedido al Gobierno un nuevo estado de alarma.

El agravamiento de la situación sanitaria ha llevado hasta a nueve autonomías -Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, País Vasco, Cataluña , Comunidad Valenciana y la ciudad de Melilla- a reclamar al Gobierno que apruebe esta figura de excepción para dar una respuesta homogénea a la escalada de contagios y dar cobertura legal a un confinamiento nocturno. De hecho, aunque el lehendakari Iñigo Urkullu se había mostrado en contra de un nuevo de estado de alarma, ayer mismo llamó al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para avanzarle que lo solicita después de que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no haya autorizado sus últimas medidas, como la limitación a seis personas de las reuniones sociales públicas y privadas.

El Ejecutivo apela a estas peticiones para justificar el Consejo de Ministros extraordinario de mañana domingo. El presidente, señalan, “ofreció nuevamente a las comunidades” la posibilidad del estado de alarma y la propuesta fue acogida “positivamente” por la “mayoría” de ellas.

El jueves hubo un encuentro del Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al ministro de Sanidad y a los consejeros autonómicos, donde ya se puso de manifiesto que una gran mayoría de regiones avalaban decretar un toque de queda. Pero las dudas de algunas comunidades, entre ellas Madrid, País Vasco, Cataluña y Galicia, a que se ‘cuelgue’ de una nueva declaración de estado de alarma lo frenaron. El ministro Salvador Illa se escudó en que quiere que haya consenso.

Ninguna autonomía del PP lo ha pedido formalmente. Y aunque el jueves el propio Illa dijo que lo había hecho Castilla y León, desde esta región se precisó después que no. La postura general del PP es que se debe modificar la legislación sanitaria nacional para que no sea necesario la excepción legal que supone el estado de alarma. Ciudadanos, en cambio, ha avanzado que facilitará la aprobación de las prórrogas. Sanidad cree que serán necesarias varias. En Francia, por ejemplo, la previsión es que el toque de queda dure un mes, ampliable dos semanas más.

El Ejecutivo puede aprobar el estado de alarma pero, según establece la Constitución, transcurridos 15 días debe obtener el aval del Congreso para poder prolongarlo. Para no depender de grupos minoritarios y porque, aunque las comunidades del PP no lo han pedido pero no se niegan a ello, el Gobierno está tratando de obtener el apoyo de los populares. Pero prácticamente ya cuenta con los votos necesarios para sacar adelante las prórrogas.

Un escenario preocupante. Alarmante. Muy duro. Así divisó la España de las próximas semanas y meses Pedro Sánchez. Situó al país en un nivel de situación extrema debido a la transmisión del coronavirus. La pandemia campa descontrolada. Convocatoria extraordinaria e institucional en La Moncloa, sin anunciar medida alguna pese a reconocer una «situación grave». El presidente del Gobierno descargó, a día de hoy, en las comunidades la toma de decisiones y rehusó decretar el estado de alarma nacional, aunque en Moncloa está todo preparado para realizar un Consejo de Ministros extraordinario en cualquier momento y decretarlo.

En todo caso, y con los ministros pendientes del móvil, Sánchez pidió actuar con unidad, en un mensaje dirigido al PP, a Pablo Casado. Cree que el estado de alarma es más viable si los populares lo respaldan.

Mientras las comunidades piden al Gobierno un paraguas legal y común para acometer en sus regiones restricciones a derechos fundamentales tales como la movilidad nocturna, Sánchez está decidido sólo a dar el paso de decretar un nuevo estado de alarma si va de la mano del PP. El Ejecutivo, que ahora no tiene cerrados los apoyos necesarios, no quiere repetir la situación vivida en la primera ola, cuando la formación de Pablo Casado se descolgó y la coalición sufría en cada votación para prorrogar esa situación excepcional.

Fueron varios los emplazamientos de Sánchez al resto de partidos para cerrar filas con el Ejecutivo. «La situación es grave. Y entre todos, debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y la necesaria e imprescindible unidad. Protegiendo la salud pública de todos y unidos todos frente al virus», dijo. «Estoy seguro de que volveremos a lograrlo si nos mantenemos unidos», añadió. «Unidad también entre las fuerzas políticas. Necesaria», reiteró. Apuesta por asumir en conjunto, Gobierno y oposición, el coste de la gestión, la erosión de una situación que puede provocar aún más merma económica.

En el Gobierno saben y admiten que el «instrumento jurídico óptimo para decretar las restricciones nocturnas con carácter generalizado es el estado de alarma», como ha reconocido el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Madrid, la Comunidad Valencia, Castilla y León, Murcia o Andalucía han anunciado ya que en las próximas horas impondrán el toque de queda, pero todo supeditado a lo que dictaminen las autoridades jurídicas, que no siempre han ratificado las medidas. Una incertidumbre que genera desconcierto no sólo en las diferentes administraciones, sino, sobre todo, en los ciudadanos.

Pide “ir juntos”, pero no se descarta hacer de inmediato un Consejo de Ministros

Pero al tiempo, Sánchez contemporiza, evita tomar el control de la gestión si Pablo Casado no mueve ficha y llega a un pacto con el Gobierno. «Tenemos que estar todos de acuerdo, es muy importante ir todos los juntos, porque así podemos asegurar que estas medidas sean implantadas el tiempo necesario», señaló hoy mismo Illa tras reunirse con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.

Un ejemplo de ello fue lo sucedido hace unas semanas con Madrid. El Ejecutivo central impuso el estado de alarma en la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso sin modificar las medidas impuestas anteriormente por la comunidad, sólo para darles amparo jurídico.

«La decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad antes de su implantación. Que es lo que estamos viendo a lo largo y ancho de nuestro país en el día de hoy», fue el mensaje de Sánchez.

Petición de siete comunidades

Sólo horas después del mismo, País Vasco, Cataluña, La Rioja, Asturias, Navarra, Castilla-La Mancha y Extremadura anunciaron que piden el estado de alarma. En Moncloa saben que lo que piensa la dirección del PP no es ni tiene que ser lo mismo que piensen sus presidentes autonómicos. Por eso, invitan a Casado a sumarse. «Estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias». En Moncloa «no se descarta nada», incluso un Consejo de Ministros extraordinario inminente, sin dar más margen al PP, para decretarlo.

Y es que Sánchez no se anduvo con remilgos. Su fotografía epidemiológica presenta oscuros nubarrones. En el nuevo documento que Sanidad aprobó el jueves con las comunidades se estipulan ocho indicadores principales y cuatro niveles de riesgo, divididos en dos bloques. El nivel de mayor riesgo, o situación extrema, queda definido cuando se contemple una incidencia acumulada a 14 días superior a 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días. España, en la actualidad, presenta una incidencia de 361,6 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos de Sanidad de este viernes.

Y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, fue muy claro al señalar que «a nivel general» la situación «empeora».

Sin embargo, la posición defendida por Sánchez es la de situar el estado de alarma como última opción, no contemplándola ahora, o al menos no hasta que sepa si cuenta con el respaldo del PP. «La situación no es comparable a la del 14 de marzo, cuando nos vimos, recordémoslo todos, obligados a decretar un confinamiento domiciliario general. Y lo que queremos evitar justamente es llegar a ese punto por las consecuencias que tiene esa medida sobre la vida social y el impacto económico».

Así, las medidas a las que, por el momento, apela Sánchez es a la «disciplina social». «Necesitamos de la máxima colaboración, conciencia y disciplina ciudadana», fue su apelación. «Nuestro objetivo es reducir contagios porque reduciendo contagios estamos salvando las vidas de muchas personas, y de este modo salvar empleos y estamos salvando empresa, y estamos consolidando la recuperación de nuestra economía».

El Principado de Asturias ha solicitado esta tarde la declaración del estado de alarma al Gobierno central para poder adoptar medidas que reduzcan la movilidad. “Será el colchón que ofrezca las garantías jurídicas necesarias”, ha dicho el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ya lo ha hablado con Pedro Sánchez y la medida se adoptará en el próximo Consejo de Ministros, aunque no tiene fecha. Hasta que eso ocurra ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Asturias una valoración para decretar el toque de queda desde la medianoche a las seis de la mañana “cuanto antes”. No quiere el Gobierno, ha dicho Adrián Barbón, “como han hecho otras comunidades, que haya dudas legales para adoptar esta medida”.

Entre las medidas para las que la comunidad sí tiene competencia, y que entrarán en vigor ya, está el cierre perimetral de las tres principales ciudades asturianas, Oviedo, Gijón y Avilés a partir de esta noche y hasta el día 6 de noviembre. Ciudades donde más ha aumentado la incidencia, que en las últimas 24 horas ha batido récords en la región, con 323 contagios, la más alta en Asturias desde el pasado mes de febrero. Estos datos demuestran que las medidas adoptadas en los últimos días (el pasado miércoles la región entró en fase 2 actualizada), “no han servido”, reconoce el Ejecutivo.

Por ello se adoptan nuevas restricciones como el cierre de toda actividad comercial a las 21.00 horas y el cierre de la hostelería a las 23.00 horas.

Menos concentración en los transportes públicos, evitar encuentros y reuniones favoreciendo que sean telemáticas y optar por el teletrabajo, para lo que pide la implicación de todas las empresas. La administración autonómica quiere dar ejemplo y adoptará una resolución para establecerlo, así como turnos por semanas.

Asturias está ahora entre el tercer y cuarto nivel de riesgo y “los próximos meses van a ser muy duros” ha dicho el presidente. Por ello se han adoptado medidas “drásticas, duras y contundentes”. “Entiendo que los ciudadanos estén hartos y que quieran certezas, pero ni nosotros las tenemos. Hay que evitar un nuevo confinamiento”.

Respecto a la presión asistencial que denuncian usuarios y profesionales sanitarios, el Consejero de Salud, Pablo Fernández, ha reconocido que se han agotado todas las bolsas de enfermería y de algunas especialidades médicas y ya se ha pedido ayuda al Ejército que ha comenzado la instalación de un hospital de campaña en Gijón.

Abascal allanó el camino a Casado con la presentación de un programa global de Gobierno al estilo Banon trufado de ingenios con gancho a las redes. Pronto aguachinó las razones para censurar al Gobierno por imprevisión, incompetencia, opacidad, negligencia e instrumentalización política de la pandemia y se entregó a una aspiración de máximos que resultó extemporánea el día que La Rioja también cerró -como Navarra- su perímetro autonómico; ocho meses y medio después de que Sánchez fuese advertido

El presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), órgano dependiente del Consejo de Europa, Marin Mrcela, ha remitido una carta al Ministerio de Justicia mostrando su preocupación por la reforma en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial promovida por el Gobierno de coalición.

En la misiva, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el máximo representante del Greco advierte a España de que “la propuesta consiste en sustituir el requisito del voto del Parlamento por mayoría cualificada de 3/5 por el de mayoría simple (…) se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros y puede suponer una violación de las normas anticorrupción del Consejo de Europa”.

La carta, fechada el pasado 14 de octubre pero hecha pública este miércoles, se dirige a Ana Andrés Ballesteros como jefa de la delegación de España en Greco por parte del Ministerio de Justicia.

En este sentido, el presidente de Greco recalca a España que “los Consejos de la Judicatura, en los Estados miembros donde existan, están destinados a ser órganos independientes que buscan salvaguardar la independencia del poder judicial y de los jueces individuales, lo que, a su vez, es una condición sine qua non para una lucha eficaz contra la corrupción”. “Nuestras normas establecen que al menos la mitad de los miembros del consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial. Greco ha subrayado reiteradamente que las autoridades políticas no deben participar, en ninguna etapa, en el proceso de selección del turno judicial”, agrega Mrcela.

Además, desde este órgano vinculado al Consejo de Europa se reprocha a España que aún una recomendación que fue emitida por Greco hace casi siete años y donde se “pedía una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial y de sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano de cualquier influencia indebida, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas”.

Por último, el presidente del Greco avisa al Gobierno de Pedro Sánchez que “seguirá de cerca los desarrollos actuales” de la reforma y le solicita información sobre la situación de cara a la próxima sesión plenaria de este organismo, que tendrá lugar entre los próximos días 26 y 30 de octubre.

Tres de las cuatro asociaciones judiciales, la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han reaccionado de forma inmediata ante la carta emitida por el Greco.

En un comunicado exigen “al Gobierno y restantes grupos del Parlamento que acometan, de una vez, con la serenidad y el debate que aquella requiera, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y adecúen el sistema de elección de los vocales judiciales a los estándares anticorrupción exigidos por Europa”. En opinión, de estas asociaciones las directrices del Greco “deben ser cumplidas inmediatamente”. “Se han acabado las excusas”, añaden.

A los hijos de vallisoletanos nos educan en la veneración al lechazo, a las sopas de ajo, al vino y a Miguel Delibes. También en la fidelidad al Pucela y en la resistencia al frío. Nazcamos donde hayamos nacido. Si, como yo, sucedió en un pueblo de Alicante, notas algo los contrastes. Especialmente en la infancia, cuando, por ejemplo, la ilusión te desborda al paso del Rey Baltasar por el Paseo de Zorrilla mientras los dedos se te amoratan bajo la cencellada y un sabañón corona tu oreja. Sólo te

El Consejo Fiscal ha sido convocado el próximo 27 de octubre para nombrar a cuatro fiscales de Sala, un fiscal del Tribunal de Cuentas, otro de la Audiencia Nacional y ocho plazas en la Fiscalía Anticorrupción, según informan fuentes fiscales. Se trata de los primeros nombramientos de miembros con la máxima categoría en la Carrera Fiscal que dependerán de la decisión última de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Según consta en la documentación, a la que ha tenido acceso EL

El agua siempre encuentra la forma de abrir grietas en la roca. Cuando una ruta migratoria se cierra, otra se abre en algún lugar. Libia, con sus guardacostas entrenados y pagados por la Unión Europea, devuelve a tierra a casi todas las pateras que se embarcan hacia el Mediterráneo central, y eso provoca que el negocio del tráfico de personas recupere la vía tunecina hacia Lampedusa. Lo mismo sucede en el África Occidental. Mauritania es un país que colabora con el Ministerio del Interior españo

El eurodiputado de Ciudadanos y vicepresidente del grupo liberal europeo Renew Europe, Luis Garicano (Valladolid, 1967), está particularmente activo en la Eurocámara en la gestación de los nuevos fondos europeos y alerta del deterioro de la imagen internacional de España.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, une su camino al del Partido Comunista de España (PCE), con quien ha pactado que la línea política para los próximos cuatro años sea la de ahondar en la integración organizativa con Podemos. Pese a los ruidos que auguraban un desmarque del secretario general del PCE, Enrique Santiago, la dirección de Izquierda Unida planteará un «Documento Político y Organizativo» para la XII asamblea (15 y 16 de enero) elaborado por Garzón en alianza con el PCE.

Así lo avanzó a la Agencia Efe el secretario de Organización de IU, Ismael González. «Se va a trabajar con el PCE y la mayoría de las federaciones» la futura dirección, dice, con lo que habrá con casi seguridad una lista de integración.

La negociación no ha concluido y se amplía hasta diciembre el plazo para presentarla -inicialmente se establecía este sábado como límite- con la intención de negociarla con los distintos sectores y federaciones de IU.

De este modo, el secretario general de los comunistas facilita la continuidad como coordinador federal de Alberto Garzón, quien en la práctica asume el postulado del PCE de «superar Izquierda Unida» para construir «un nuevo sujeto político». Santiago, persona muy cercana y de la total confianza del líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya trabaja porque se refuerce la unidad orgánica entre ambas formaciones, unos avances en los que Garzón rehuía para consolidar un liderazgo y una visibilidad alternativa a la de Iglesias.

Fortalecimiento político

La relación de Garzón con el vicepresidente segundo quedó dañada tras el fracaso de la negociación con el PSOE para la investidura de Sánchez el pasado verano, según admiten a Efe varias fuentes de IU. Pero el camino hacia la unidad parece no tener marcha atrás. «Apostamos por el refuerzo de Izquierda Unida como movimiento político y social para el fortalecimiento del espacio conjunto de convergencia», recoge el documento de la dirección, que hoy aprobará la Coordinadora Federal, el máximo órgano ejecutivo del partido.

En ese texto, al que ha tenido acceso Efe, se señala que no se ha cumplido «uno de los objetivos principales» de la XI asamblea: superar «las dinámicas partidistas de las distintas fuerzas del espacio conjunto». Y marca la hoja de ruta para ir un paso más allá, «de la coalición electoral a la unidad popular». IU, eso sí, señala una carencia: Podemos debe avanzar en «democratización».

Por ello, IU propone «que haya una coordinación interna similar a la de una coalición, con funcionamiento realmente democrático», para avanzar en la integración, con respeto a la autonomía de todas las partes, pero está dispuesta a avanzar en la coordinación de la dirección en todos los ámbitos, también local y regional.

Articulación de alianzas

Pese a que reivindica su trayectoria, mantiene su apuesta por converger con Podemos y se define ya no tanto como partido sino como «movimiento político y social». Y defiende que la razón de ser de IU en sus 34 años es «la articulación de alianzas».

En virtud del pacto con el PCE, el ministro de Consumo tiene el camino despejado para revalidar su cargo, pues por el momento solo hay un candidato alternativo: el ex dirigente José Antonio García Rubio, del sector contrario a aliarse con Podemos, con escasos apoyos.

Según IU, tienen 18.000-19.000 afiliados al corriente de pago, cifra similar a la de Podemos, donde algo menos de 19.000 simpatizantes se han inscrito como «militantes», que pagan cuota, en el nuevo censo que ha impulsado la formación morada.