Salud Pública estudia sancionar a los padres de dos alumnos del colegio Sagrado Corazón de San Javier por llevar a sus hijos a clase durante varios días a pesar de haber dado positivo en las pruebas de coronavirus, según informaron fuentes de la Consejería de Educación en un comunicado.

En concreto, los menores, hermanos, continuaron asistiendo a sus clases de Educación Infantil y Primaria sin que sus progenitores avisaran a la dirección del centro de enseñanza de que padecían Covid-19.

El positivo del alumno de Infantil ha conllevado cuatro contagios y el aislamiento de 24 alumnos y dos docentes, mientras que el del alumno de Primaria ha supuesto dos positivos y 23 alumnos y un docente permanecen en cuarentena. Además, otro docente ha dado positivo.

Por el momento, Salud no ha decretado el cierre de ninguna otra clase o del centro, ya que se trata de dos casos controlados que están siendo objeto de supervisión por parte de las autoridades sanitarias.

UNA QUINCENA DE NUEVOS POSITIVOS

Un total de 145 docentes y 1.191 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguna de las 447 personas –24 docentes y 408 alumnos– que han dado positivo en Covid-19 en 179 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre.

Esto supone 15 nuevos positivos con respecto al último balance aportado por la Comunidad este jueves.

La Consejería recuerda que hay 280.000 alumnos y 27.000 docentes en la Región, por lo que los 145 docentes aislados representan el 0,54% del total, y los 1.191 alumnos, el 0,42%. En concreto, un total de 1.904 estudiantes y 178 profesores aislados han vuelto ya a las aulas tras superar el periodo de cuarentena.

Así, en las últimas horas, el colegio concertado San Buenaventura (Murcia) ha registrado un alumno positivo y un total de nueve aislados: el positivo y ocho alumnos, mientras que el instituto Saavedra Fajardo (Murcia) ha sumado un alumno positivo y un total de tres aislados: el positivo y dos alumnos.

En el colegio de educación especial Maestro Eusebio Martínez (Alcantarilla) se ha registrado un alumno positivo y ocho aislados: el positivo, tres alumnos y cuatro docentes, y en el instituto Gil de Junterón (Beniel) ha dado positivo un alumno positivo y hay dos aislados: el positivo y un alumno.

En el colegio concertado Cristo Rey (Murcia) hay un docente positivo y dos aislados: el positivo y otro docente, y en el colegio concertado Sagrada Familia (Cartagena) hay un alumno positivo y un total de nueve aislados: el positivo y ocho alumnos.

Por último, en el colegio concertado Cristo Crucificado (Santo Ángel, Murcia) se ha registrado un docente positivo y hay un total de 52 aislados: el positivo, 50 alumnos y un docente, y en el colegio concertado El Ope (Archena), un alumno ha dado positivo y hay un total de dos aislados: el positivo y un alumno.

El PP registrará el lunes en el Congreso una proposición de ley para “despolitizar” el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una suerte de “contrarreforma” que busca confrontar con los cambios legales que ha propuesto el Gobierno para que la cúpula del Poder Judicial la elija la mayoría del Congreso, y que ha acarreado críticas desde Bruselas.

Los populares basarán su iniciativa en la enmienda que introdujeron en el Senado en noviembre de 2018, y que fue aprobada por mayoría absoluta (el PP era la fuerza mayoritaria, por entonces), pero se tumbó en el Congreso.

El nuevo texto consagrará que “los vocales del CGPJ de procedencia judicial serán elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo”. Dicha elección se llevaría a cabo “mediante voto personal, igual, directo y secreto”.

“Sánchez no puede lanzar una cortina de humo por la conmoción que ha surgido en Bruselas sobre este tema después de la acción desplegada por el Partido Popular tras la visita de Pablo Casado” a la capital comunitaria, aseguran a este diario fuentes del PP.

El equipo de Pablo Casado pone tres condiciones al Gobierno para negociar la renovación del CGPJ. La primera, “que retire una propuesta de reforma de elección del Consejo que es contraria a la Constitución y a los tratados europeos y que va contra la independencia judicial y la separación de poderes”. La segunda, “que Podemos no tenga nada que ver con este proceso como partido imputado que arremete contra el Rey y contra el poder judicial”.

Y la tercera, “que acepte nuestra reclamación despolitización del proceso que llevamos planteando durante meses y que registraremos en el Congreso el próximo lunes ya que lo rechazaron hace dos años”, apuntan las mismas fuentes.

Si el PP lograse el compromiso de que el CGPJ se despolitizas a futuro, el camino del pacto se despejaría, con el único obstáculo del papel de Podemos. El PP quiere que tenga el mismo papel que en las negociaciones de la fusión de Cixabank y Bankia: ninguno.

“Resucitar a Montesquieu”

La nueva proposición de ley del PP propondrá que los 12 vocales del CGPJ que provengan del turno de jueces sean elegidos por y entre los propios profesionales, como consagraba la ley hasta 1985, año en el que Alfonso Guerra dijo “Montesquieu ha muerto”. Por eso, los dirigentes del PP ironizan que quieren “resucitar a Montesquieu”.

El secretario de Justicia del PP, Enrique López, ha dicho este viernes que el PP quiere ” trabajar por la despolitización de la imagen del CGPJ y que no sea un reparto de cromos”.

El objetivo es, según López, “avanzar en esa despolitización y en que la institución sea cada vez más fuerte democráticamente y que cumpla mejor su objetivo, que es defender la independencia de los jueces”.

Para el PP, “entre el sistema ideal propuesto por los padres de la Constitución -que los vocales sean elegidos por los jueces- y que Pablo Iglesias elija a los jueces hay un término medio”, ha concedido, en una manera de tender la mano al PSOE.

“Y hay que buscar ese equilibrio que proteja la Constitución y fortalezca la institución, porque la reforma de PSOE y UP va en la línea contraria”, ha apostillado, en Onda Cero.

Las fuentes populares insisten en que “es falso que el PP haya bloqueado la renovación del CGPJ durante dos años”. “Sánchez estuvo en funciones un año, y por la pandemia hemos estado otro medio año sin poder reanudar la renovación de los órganos institucionales”, justifican.

“El actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue miembro de un Consejo que estuvo más tiempo prorrogado, y el PSOE, además, bloqueó la renovación del Constitucional durante tres años”, agregan.

La Navidad de este año “no será una Navidad normal”. Así lo ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este viernes, en una entrevista concedida a Rac1. Illa ha dejado claro que deberá vivirse de una manera diferente, ya que en diciembre la pandemia del coronavirus no habrá terminado, aunque no ha querido anticipar decisiones porque aún quedan dos meses y medio.

“Tenemos que llegar en las mejores condiciones posibles, actuando con prudencia”, ha pedido el ministro, que ha dicho que también depende de cómo se realicen los encuentros familiares y de si se hacen con distancia y medidas de seguridad, al ser preguntado por el límite de reuniones de seis personas.

El ministro de Sanidad ha mostrado su apoyo a las medidas sanitarias tomadas por la Generalitat de Cataluña para frenar la incidencia de la Covid-19, entre las que destaca el cierre de bares y restaurantes, y ha avisado de que en los próximos meses se deberán tomar medidas “quirúrgicas en periodos cortos” y en función de la incidencia epidemiológica de cada territorio.

Salvador Illa ha asegurado que se siente con fuerza y no se ha planteado dimitir, y ha explicado que están trabajando con las comunidades autónomas en un borrador técnico para precisar más “los niveles y umbrales en los que se debe actuar”.

Descarta un confinamiento total

El ministro ha advertido también de que “viene un periodo largo de tiempo hasta la vacuna o tratamiento” en el que se deberán tomar medidas -unos cinco o seis meses-, que también se tendrán que aplicar durante los meses que se tarde en suministrar la vacuna.

Ha descartado un confinamiento como el de la primera ola de la Covid-19, y ha apuntado a medidas periódicas para cortar el contagio o “mantenerlo en niveles razonables”. Ha reconocido que esto comporta sacrificio, pero que él apoyará lo que decidan los responsables sanitarios de las comunidades autónomas.

El ministro ha explicado también que la Unión Europea ha firmado tres contratos con empresas que están elaborando “diferentes tipos de vacunas”, que se repartirán equitativamente y cuando hayan pasado los filtros de seguridad. Ha asegurado que a principios de año ya se empezarán a distribuir las vacunas y que en verano ya se habrá vacunado a un porcentaje efectivo de la población.

“La situación será de más normalidad”, ha dicho, aunque ha destacado que éste será un escenario europeo y que hasta que no esté vacunada más gente en el resto del mundo, seguirá habiendo precauciones en otros niveles.

Reparto de vacunas proporcional

Salvador Illa ha subrayado que en España se distribuirán las vacunas “con criterios de equidad y proporcionalidad” y se comenzará por personas con más riesgo y quienes están en contacto con ellas, tras lo que ha destacado que hay una amplísima mayoría de la ciudadanía, en sus palabras, que tiene ganas de ponerse la vacuna.

“Combatiremos comunicativamente a los que lancen mensajes engañosos”, ha subrayado el ministro, que ha asegurado que será muy beligerante y contundente con los negacionistas y los antivacunas, porque considera que no tienen razón y perjudican a la sociedad. “Hay gente que dice que no les debemos vacunar. Es un terraplanismo. Cuando hay vidas de por medio, no”, ha zanjado el ministro.

El candidato será Miquel Iceta

Preguntado por las acusaciones de que la aplicación del estado de alarma en Madrid es una decisión política, Illa ha asegurado: “Eso es un ruido que han creado. En Madrid hemos hecho muchos esfuerzos y seguimos haciendo esfuerzos para llegar a acuerdos”. Ha descartado ser candidato a la Generalitat y ha dicho que lo será el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

Ha señalado que se podría aplicar un estado de alarma en Cataluña si lo pide la Generalitat, y también ha sostenido que no es prudente permitir un aforo reducido en los estadios de fútbol y que “es una cosa prescindible”.

Prosigue el rescate masivo de inmigrantes en aguas canarias en las últimas horas. Un grupo de 156 personas que iban en dos pateras y un cayuco ha sido localizada esta madrugada en aguas de Gran Canaria y Tenerife. Durante la jornada del jueves, hasta las 21.30 horas, habían alcanzado el Archipiélago 315 ocupantes de nueve barquillas y otros dos cayucos.

La madrugada de este viernes comenzó, a las 23.59 horas, con el rescate de un cayuco ocupado por 105 personas, que fueron rescatadas y conducidas al muelle de Los Cristianos, al sur de Tenerife.

En torno a las 01.00 horas, Salvamento Marítimo acudió al rescate de dos pateras: una con 19 personas y otra con 32, entre ellas dos mujeres, según han informado fuentes del 112.

Estas 51 personas han sido desembarcadas en Arguineguín y a ellas se ha sumado a primera hora del día una nueva expedición conformada por una veintena de inmigrantes que ha logrado tomar tierra por sus propios medios en la costa sur de Gran Canaria, concretamente en Castillo del Romeral.

Con estas cifras, el balance de inmigrantes llegados a las islas en lo que va de año supera ya los 8.200, el triple que durante el ejercicio de 2019 completo (2.698), a falta de que el Ministerio de Interior publique el dato oficial al término de la quincena.

El Congreso convalidó este jueves el real decreto que va a permitir a las autonomías rebajar la exigencia académica. La mayoría de diputados respaldó el plan de la ministra Isabel Celaá que autoriza a pasar de curso y obtener los títulos de la ESO y Bachillerato sin límite de suspensos, en contra de lo que dice la ley educativa vigente.
La nueva norma, que durará lo que aguante la pandemia, supone la demolición exprés de la Lomce y deja en manos de las CCAA unos criterios que, hasta ahora, siemp

El Gobierno quiere que se apliquen más medidas contra la segunda ola del coronavirus. Y que están, esta vez sí, mejor acotadas. El Ministerio de Sanidad ha elaborado un documento con nuevos indicadores para luchar contra la pandemia en las comunidades autónomas, y con nuevos niveles de riesgo.

En base a esos nuevos parámetros, nueve regiones estarían, hoy por hoy, en un nivel de alerta “alto” o “extremo”, teniendo en cuenta los últimos datos de transmisión del virus y de saturación asistencial, publicados este jueves por la tarde.

Todas ellas deberían tomar medidas muy drásticas. Por ejemplo, tendrían que cerrar el interior de los bares y establecimientos hosteleros, de nuevo. Como en la Fase 1 del estado de alarma que decretó el Gobierno el pasado 14 de marzo.

Así lo establece el borrador del nuevo documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de la Covid-19, al que ha accedido EL MUNDO. Aunque el texto acota que “la decisión sobre qué medidas y cuándo aplicarlas será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad”.

Es la primera vez que se establecen indicadores, y la primera vez que se acota de forma exhaustiva y de forma objetiva el Plan de respuesta temprana que se elaboró en julio.

Las nueve comunidades

Las peores restricciones les corresponderían a Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y Murcia (nivel de alerta 3, o “alto”) y de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Navarra, Aragón y La Rioja (nivel de alerta 4, o “extremo”).

En ellas, los establecimientos de restauración (bares, cafeterías y restaurantes -incluidos los de los hoteles- y centros recreativos de mayores) deberían tener las terrazas al aire libre con sólo el 50% de mesas y una distancia de al menos dos metros entre las sillas de diferentes mesas. Además, una “ocupación máxima de seis personas por mesa o agrupación de mesas” y, sobre todo, “interior cerrado”.

Las cinco autonomías que están el nivel de alerta 4, además de los requisitos del nivel 3, afrontarían “medidas excepcionales”, tras una evaluación específica de la situación, “que podrán incluir la limitación de la movilidad de las personas, cierres perimetrales u otras restricciones del movimiento”.

En estas nueve regiones, las ceremonias se circunscribirían a un máximo de 10 personas en espacios cerrados y de 15 en abiertos, siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad. Y se prohibiría expresamente la celebración de banquetes y cócteles.

Además, las reuniones se limitarían a seis personas y la actividad física también tendría un horario, para dar preferencia a personas mayores de 70 años.

Restricciones en el taxi

En el entorno laboral, se propone el “teletrabajo si es posible restringiendo al máximo la actividad presencial”, y en los centros de culto se limitará el aforo al 30%. Y prohibido cantar en misa, por ejemplo. El comercio se limitaría en estas nueve autonomías al 25%, y el transporte en autobuses, metro, trenes y aviones, al 30%.

Una novedad reseñable es que en taxi no podrán ir “más de dos pasajeros”, salvo excepciones, y evitando “viajar en horas punta salvo para realizar actividades esenciales, acudir al puesto de trabajo o al centro educativo”.

Cada una de las regiones en alerta 3 o 4 “valorará la limitación de entradas y salidas del área territorial evaluada excepto para actividades esenciales como ir a trabajar, acudir a centro educativo, centro sanitario”. Es decir, como ocurre ahora mismo en la ciudad de Madrid y otras localidades de su región, que se encuentran confinadas perimetralmente.

Comunidades con riesgo “medio”

En las ocho comunidades con riesgo pandémico “medio” (Andalucía, Asturias, Baleares, Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia, Cantabriay Canarias), se permitiría el 60% en transportes y el 50% en comercios y lugares religiosos.

Hay que incidir en que todo esto es lo que ocurriría si se mantuviesen estos datos epidemiológicos y asistenciales y si las nuevas medidas se aprobasen tal cual están en el borrador. Los nuevos indicadores homogéneos siguen sin entrar en vigor a pesar de que se comenzó a trabajar el pasado 1 de octubre, según el primer borrador (éste es el segundo).

Todas las autonomías tendrán que desarrollar unas medidas en función de su nivel de alerta (bajo, medio, alto o extremo), pero “sin perjuicio de que el Ministerio de Sanidad pueda proponer recomendaciones en cada una de las comunidades autónomas”.

Los supermercados permanecerán abiertos

Los servicios esenciales, como supermercados, centros sanitarios o transporte colectivo y de mercancías, continuarán abiertos en todos los niveles, recuerda el documento, que ha sido presentado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Sanidad pide que todos los niveles se incorporen “medidas de soporte social, acciones intersectoriales” y se refuercen “la comunicación y las acciones dirigidas a conseguir la implicación de la ciudadanía para lograr la puesta en marcha de las medidas recomendadas”.

El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves el real decreto que permite pasar de curso y obtener los títulos de ESO y Bachillerato sin límite de suspensos. Con 187 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, PNV, PdeCAT y ERC y 154 votos en contra de PP, Ciudadanos, Vox y UPN, el real decreto ha salido adelante en medio de una gran controversia en la comunidad educativa. No será tramitado como proyecto de ley.

La mayoría de la Cámara ha considerado que el Covid ha hecho necesario adaptar los currículos porque no va a dar tiempo a estudiar todos los temas y, por ello, hay que “flexibilizar” también los requisitos de evaluación, titulación y promoción de Primaria, Secundaria y FP, tal y como ha defendido la portavoz de Educación del Grupo Socialista, Mari Luz Martínez Seijo.

La diputada socialista ha presentado sus medidas en contraposición al “modelo arcaico y rancio, de retroceso a tiempos pasados, con una gran carga de deberes, con barreras, castigos y reválidas” que, en su opinión, ejemplifica la Lomce.

Celaá ha asegurado, por su parte, que “afirmar que podrá titularse con suspensos es falso”, aunque el BOE indica que la decisión de titulación “no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones”.

También ha defendido la ministra que las medidas, que estarán vigentes hasta que “las autoridades determinen que han dejado de concurrir las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia”, se han adoptado de forma consensuada con las CCAA, un aspecto que ha sido desmentido por los diputados Óscar Clavell (PP), Marta Martín (Ciudadanos) o Josune Gorospe (PNV).

Por último, ha sostenido que “lo más relevante” es que el decreto va a conseguir que los equipos docentes valoren “de manera colegiada” cuando un alumno pasa o no de curso, algo que ya se hace en la práctica.

El sindicato CSIF ha exigido la dimisión de Celaá y ha pedido amparo al Defensor del Pueblo para que recurra la norma ante el Tribunal Constitucional porque “va a deteriorar la calidad de la enseñanza” y “vulnera el principio de igualdad de oportunidades entre el alumnado”, ya que se “dará un trato diferente al alumnado, en función de la CCAA en la que se estudie”.

Existe, además, el temor de que se genere «inseguridad jurídica y confusión normativa» porque no se establecen unos requisitos claros para aprobar y pasar de curso y esto da pie a que las decisiones de los docentes puedan ser impugnadas.

Los diputados de PP, Ciudadanos y Vox han considerado que la norma es “sectaria” y supone “un castigo al trabajo y a la cultura del esfuerzo”. Han advertido que “propiciará la desigualdad” al no fijar unos criterios comunes y dejar que las comunidades autónomas sean las que decidan cómo se pasa de curso. Y han considerado que va a permitir la manipulación ideológica de los jóvenes, al privarles de la posibilidad de profundizar en sus estudios.

“No se conforman con controlar el CGPJ, el CIS, el CNI o RTVE, sino que quieren crear una masa social dócil y acrítica que no valore ni analice y que les deje hacer. Una pésima educación es la mejor herramienta para conseguirlo”, ha espetado Clavell. En la misma línea, Georgina Trias (Vox), ha reprochado al Gobierno de coalición de querer convertir a los estudiantes en personas “ignorantes” y “manipulables”.

Martín ha recordado que el texto “rebaja el nivel de exigencia” tanto del alumnado como del profesorado, pues autoriza a contratar a docentes que no hayan cursado el máster si no hay suficientes aspirantes para el puesto en la lista de interinos, una medida que ha recibido también las críticas de las universidades.

Incluso entre los gobiernos regionales el real decreto genera controversia. Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia lo rechazan frontalmente y seguirán rigiéndose por la actual ley, la Lomce, que dice que en la ESO se puede tener un máximo de dos suspensos y en Bachillerato ninguno para poder titular.

Las socialistas Aragón y Navarra tampoco aplicarán la medida porque no consideran que “se den las circunstancias para aplicar unas medidas extraordinarias en cuanto a evaluación”, ya que los alumnos están yendo al colegio de forma regular, y porque genera una falta de “homogeneización” en el sistema educativo.

El texto ha tenido el respaldo a regañadientes de los nacionalistas catalanes y vascos, que no han querido dejar pasar la oportunidad de puntualizar que no es la norma que más les hubiera gustado, pero reconocen que el sistema educativo tiene que tomar medidas temporales mientras siga la situación de pandemia.

El propio Gobierno actual de coalición ha defendido este mismo año en Bruselas el método de elección de la cúpula judicial que ahora se ha lanzado a reformar.
En un documento oficial remitido a la Comisión Europea la pasada primavera, el actual Ejecutivo se jactó de que en España se renuevan los jueces con mayoría de tres quintos en el Parlamento -lo que obliga a pactar con la oposición- y que eso es una salvaguarda de la independencia del poder judicial que quedaría dañada si el listón se baja

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior por la inadecuada protección que la Guardia Civil otorgó a una mujer que había solicitado una orden de protección como víctima de violencia de género y que fue asesinada por su marido un mes más tarde. El tribunal concede una indemnización a los padres (20.000 euros a cada uno) y a los dos hijos menores de la mujer fallecida por el daño moral (70.000 euros a cada uno).

“La actuación de los agentes ante situaciones de violencia de género no debería quedar limitada a aspectos formales de atención a la denunciante, asistencia, información de derechos y citación a juicio, sino que su actuación exige una atención preferente de asistencia y protección de las mujeres que han sido objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar, a los efectos de prevenir y evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias del maltrato”, afirman los magistrados de la Sección Quinta de Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Los hechos se remontan a la madrugada del 17 de septiembre de 2016, cuando la mujer solicitó una orden de protección contra su marido ante el puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar La Mayor (Sevilla). La petición fue denegada por el juzgado atendiendo a la existencia de versiones contradictorias entre los cónyuges -ambos presentaron partes de lesiones-, la carencia de antecedentes del denunciado, y a que los agentes calificaron el riesgo para la mujer como “no apreciado”. La Fiscalía se opuso a la orden de protección.

El tribunal entiende que debe estimarse una responsabilidad directa y objetiva del Estado, “a quien corresponde dar respuesta eficaz en evitación de tal resultado, debiendo hacer frente a los daños ocasionados por el funcionamiento, incluso cuando fuera moral, del servicio público”.

Destaca la Sala que “la concienciación social e institucional sobre la importancia del problema de la violencia de género exige una mayor sensibilización de la que mostró en este caso el puesto de la Guardia Civil” encargado del caso. Añade que “en el asunto concreto, hay suficientes elementos, tanto en la denuncia como en el informe del Punto de Igualdad Municipal de Olivares, así como en la declaración judicial, para que se hubiera dado un nivel mayor de protección por la Guardia Civil, al menos en el seguimiento del caso que dejaron en manos del citado punto de igualdad”.

Siete autonomías han decidido no rebajar la exigencia a sus alumnos durante este curso escolar. Las populares Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia, y también las socialistas Navarra y Aragón rechazan aplicar los nuevos criterios de evaluación que plantea la ministra Isabel Celaá en el real decreto que permite pasar de curso y obtener los títulos de la ESO y Bachillerato sin límite de suspensos.
La norma, que será sometida a votación el jueves en el Congreso de los Diputados y pr