La comisión parlamentaria que se ocupará de la reconstrucción desde el Congreso y el Senado está en el aire. Tras conocer las alertas confidenciales del Departamento de Seguridad Nacional que ha revelado EL MUNDO y que advertían del desbordamiento de la pandemia el 7 de marzo, el PP tiene una nueva exigencia: o en ella se investiga ese “escándalo”, o no podrá apoyar su creación.

Así lo ha anunciado el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, quien ha asegurado que una condición sine qua non para que se apruebe la comisión mixta Congreso-Senado para la reconstrucción de España es que este órgano investigue las alertas que Seguridad Nacional mandó al Gobierno sobre la letalidad de la Covid-19 entre enero y marzo.

Hay que recordar que el voto del PP será determinante para que se apruebe o no la comisión, ya que el PNV ya ha dicho que votará en contra, y ambos suman la mayoría de los miembros de la Mesa del Senado -el PSOE tiene tres, igual que los populares, y los jeltzales, uno-.

“Queremos que la comisión se cree, pero que analice qué es lo que pasó en los primeros días de la pandemia, y que se esclarezca por qué el Gobierno no tuvo en consideración las graves advertencias del Departamentos de Seguridad Nacional”, ha agregado Maroto, quien va a presentar una enmienda de adición para este propósito.

“Un escándalo sin precedentes”

Este diario ha publicado este martes que, los pasados 7 y el 8 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, advirtió al presidente, Pedro Sánchez, a los vicepresidentes y a los 11 principales ministros del incremento de contagios y de fallecidos que se estaba produciendo “en las últimas horas” en España.

Maroto ha asegurado que lo normal es que una “información semejante” produjese la “dimisión de la mitad del Gobierno”. El portavoz del PP ha recalcado que hubo una docena de ocasiones en las que Seguridad Nacional alertó al Ejecutivo “antes de la dichosa manifestación del 8 de marzo que supuso el contagio multitudinario de muchísimos madrileños”.

“Ocultar todo eso hasta el día de hoy es un escándalo sin precedentes en la pandemia de coronavirus en España”, ha incidido. “Al menos 11 ministros del Gobierno de España estaban callados sobre lo que recibían en sus móviles a cuenta de la gravedad de la pandemia. Y no se lo contaba un amigo del cole, se lo contaba Departamento de Seguridad Nacional: eso es gravísimo”.

La ausencia de Carmen Calvo

Por eso, ha criticado la ausencia de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, al pleno de la tarde de este martes en el Senado. Según ha denunciado, no existe ningún compromiso en su agenda que le impida acudir a la Cámara Alta y le ha exigido que dé explicaciones sobre el asunto que atañe a la Seguridad Nacional. “Es una tomadura de pelo” que no lo haga, a su juicio.

El dirigente del PP ha hecho hincapié en que si el PSOE acepta investigar esto, “acto seguido, y sin pausa”, esa comisión se pondría a “trabajar en medidas coordinadas con comunidades autónomas y entidades locales para el futuro”.

El presidente del PP, Pablo Casado, es categórico: no habrá elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, a pesar de la crisis entre Ciudadanos y el PP en el seno del gobierno de la región. “En Madrid no va a haber adelanto electoral anticipado y no va a haber moción de censura”, ha zanjado.

“El compromiso que tenemos, tanto Inés Arrimadas como yo, como presidentes nacionales de estos partidos, es firme: no dependemos de nadie más y nadie nos puede presionar”, ha dicho. Es importante subrayar una parte de esa frase: “No dependemos de nadie más”. Es decir, Casado y Arrimadas impondrían su autoridad a Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, e Ignacio Aguado, vicepresidente.

“Y si hubiera una moción con tránsfugas, la nueva ley anti transfuguismo no validaría esos votos”, ha justificado. Además, Casado ha recordado que “Ciudadanos en Madrid ha apoyado la investidura de los últimos cuatro presidentes del PP”. “Aguado y Ayuso creo que tienen los mismos principios y objetivos en política. Los dos están a favor, ahora, de bajar los impuestos”, ha ejemplificado.

Eso sí, aunque no considera que vaya a haber elecciones, Casado sí cree que el Ejecutivo nacional “pretende tumbar un gobierno legítimamente formado, por una pandemia”. “El Gobierno se está retratando”, a su juicio, por su inactividad ante los malos datos de Madrid: “Lo que venimos reclamando desde hace seis meses es un marco estatal”, más vigilancia y PCR en el Aeropuerto de Barajas, más efectivos de seguridad (ya que Madrid no tiene policía propia) y mejores condiciones económicas para los médicos. “Y no lo han hecho; lo que han hecho es atacar a la Comunidad de Madrid”.

Sobre las revelaciones de EL MUNDO relativas a las alertas que el Departamento de Seguridad Nacional hizo el 7 y el 8 de marzo, Casado ha subrayado que “el Gobierno se niega a investigar lo que pasó hace 80 días”. Preguntado sobre la posibilidad de denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado, ha contestado: “¿Usted cree que Lola Delgado iba a aceptar una denuncia del PP? ¡Si es la comisaria política del Gobierno!”.

“No estoy diciendo que no recurramos a los tribunales; lo que estoy diciendo es que estamos intentando que, en democracia, se investigue en el Parlamento”, ha incidido después. Pero ha anunciado: “Iremos a Europa si el Gobierno toma por asalto el CGPJ”.

A cuenta de la moción presentada por Vox, el presidente del PP no se ha querido mojar sobre el sentido de su voto (abstención o no). “No vamos a apoyar la moción. Si saliera adelante, que los votos no los tenemos, sería yo quien la habría presentado”, ha atajado.

“Mientras vayamos tres partidos [PP, Vox y Cs] contra dos [PSOE y Unidas Podemos]” a las elecciones, la ley electoral no permitirá a la derecha gobernar, ha explicado, en una llamada a “reagrupar” el voto en una sola opción, la suya.

Barcelona, una vez conocida la inhabilitación de Quim Torra, ya ex presidente de la Generalitat de Cataluña, y pasado el 1-O, es otra ciudad. Así lo estima el Gobierno, que hace dos semanas vetó la presencia del Rey en el acto judicial más importante que se celebra en Cataluña, pero ahora sí permite que acuda este viernes al acto de entrega de premios de la nueva edición de la Barcelona New Economic Week.
Lo hará en compañía de Pedro Sánchez, en un viaje improvisado por Moncloa, que supone des

Aquest divendres el cabdill del Règim del 78, Felip de Borbó, desembarca a Barcelona conjuntament amb en Pedro

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serem al carrer per recordar-li que no és benvingut

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October 5, 2020

El nombre que el personal pone a las cosas viene a invocar aquello que más se necesita. No es de extrañar, en consecuencia, que una empresa a la que estuvo vinculado Juan Carlos Monedero fuese bautizada como “Neurona Consulting”, “Neurona Comunidad” en su versión española. Neurona es uno de los chanchullos cuya pista ha señalado José Manuel Calvente, el ex abogado de Podemos que fue expulsado del partido que controlan los Ceaucescu.
Parece que el dinero enviado a una sociedad instrumental mexic

La renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue siendo el gran caballo de batalla del Gobierno de Pedro Sánchez con el PP. Tras haber comprobado días atrás la falta total de control que el Ejecutivo tiene sobre este órgano, que hizo seis nombramientos claves en el Tribunal Supremo por una mayoría “histórica” pese a las presiones de Moncloa, el deseo de renovar la institución se ha acrecentado si cabe.
Tanto es así, que Sánchez, en un mensaje que aumenta la presión sobre el PP de Pab

La consultora chavista Neurona desvió el dinero de las campañas de Podemos a una ‘tapadera’ en México mediante pagos fraccionados para eludir las alertas Antiblanqueo. La filial española de esta empresa, bautizada con el nombre de Neurona Comunidad y radicada en una asesoría fiscal del pueblo sevillano de Carmona, realizó al menos ocho transferencias a una empresa fantasma denominada Creative Advice Interactive, radicada en una barriada del municipio mexicano de Guadalajara. La mayor parte de es

Madrid y La Toja están a una distancia física de 655 kilómetros. Aunque la distancia simbólica y política es incalculable. Emergencia de coronavirus en cero, cero crispación política en la isla gallega. En el hermoso y exquisito restaurante del Gran Hotel propiedad del empresario Amancio López cenaron en la noche del sábado en la misma mesa el ex presidente Felipe González, los presidentes de Galicia y Andalucía, Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno, respectivamente, y el ex ministro Josep

Podemos ha vuelto a aparecer estos días en los malos sueños del PSOE. Para agitar su equilibrio, el orden conseguido en 140 años de historia. Esta vez con acusaciones de falta de neutralidad al Rey. Son tantas ya las salidas de tono de los socios, que la capacidad de sorpresa del partido va descendiendo.

Con riesgo incluso de que a los ministros de Unidas Podemos se les comienza a no tomar en serio. La falta de experiencia, de sentido institucional… Pero también, entienden los socialistas, e

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha aprobado este viernes otro nuevo acercamiento para seis presos de ETA, entre ellos Roberto Lebrero Panizo, que puso tres bombas en una discoteca en Navarra en 2001 y que pasará de la cárcel de Sevilla a la de Burgos. También hay otros dos con delitos de sangre y atentados contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Miembro del ‘comando Araba’, fue condenado a 71 años por esta acción terrorista en la discoteca Universal de la localidad navarra de Lacuntza en 2001, y según la AVT –que vuelve a censurar estos acercamientos sin colaboración previa con la Justicia–, tiene delitos de sangre y otros relacionados con incendios, tenencia de explosivos y colaboración con banda armada.

Según Prisiones, Lebrero Panizo “ha aceptado la legalidad penitenciaria” y cumplió las tres cuartas partes de la condena en julio de 2020. La Secretaría General ha resuelto aplicarle el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a su clasificación en primer grado y, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión sevillana, su traslado a centro próximo a su vinculación familiar.

74 traslados con Marlaska

La AVT ha censura la política penitenciaria del ministro Fernando Grande-Marlaska, señalando que el 53% de los etarras se encuentran ya en cárceles del norte de España. Con los últimos seis traslados, son ya 74 los presos beneficiados por los acercamientos aprobados desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

Otro de los presos acercados por la decisión de este viernes es Javier Zabalo Beitia, que pasará de la cárcel de Puerto I en Cádiz a la de Valladolid.

Tiene una condena de más de 70 años por el intento de asesinato de un concejal del PSE en 2001 y los delitos de estragos por colocación de un coche bomba en el aeropuerto de Málaga en julio de 2001 que no llegó a explotar. A él también se le aplica el 100.2 a su clasificación de primer grado y cumplía las tres cuartas partes de pena en julio de 2028.

Asesinato de Ertzaina y atentado contra policías

El que sí tiene delitos de sangre es el preso Jon Zibuaurre Aguirre, responsable del asesinato del agente de la Ertzaintza Iñaki Totorika Vega el 9 de marzo de 2001. Cumplirá las tres cuartas partes de pena en septiembre de 2023 y pasa de Cádiz a la prisión de Burgos.

Arkaitz Agote Cillero pasará de Granada a la cárcel de el Dueso, en Cantabria. Cumple condena de 25 años por estragos, colaboración con banda armada y tenencia de explosivos. Las tres cuartas partes de condena se cumplen en diciembre de 2025.

Liher Aretxabaleta deja la cárcel de Ocaña I en Toledo por la de Burgos. Fue condenado en 2017 a 535 años de prisión como autor de un atentado con una furgoneta bomba en el distrito madrileño de San Blas el 25 de mayo de 2005, hiriendo a 45 personas, de las que 14 eran policías.

El último etarra acercado es Javier Atristain Gorosabel, que pasa de Soria a la cárcel de San Sebastián. Ya fue acercado en 2019 a la prisión castellano-leonesa y, según denuncia la AVT, la decisión se adopta “sin justificación alguna”. Cumple las tres cuartas partes en enero de 2024.

El ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, rompió este viernes su silencio en relación con la operación Kitchen mediante un escrito presentado ante el juez Manuel García Castellón en el que recurre su citación como imputado.

Según Fernández Díaz, los mensajes de móvil aportados por el ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, en los que le atribuye el conocimiento del operativo para espiar a Bárcenas, “ni los envió ni los recibió”. Por lo que atribuye a quien fuera su mano derecha la preconstitución de pruebas falsas.

“El juzgado debió haber verificado la autenticidad y la realidad de tales mensajes, por ejemplo, mediante la práctica de una prueba pericial”, argumenta a través de su letrado Jesús Mandri. El ex ministro del Interior añade que “tales mensajes fueron borrados en su teléfono móvil por el propio Martínez” después de protocolizarlos “ante notario”, como así se desprende del informe del Ministerio Fiscal, añade.

Es más, agrega que “parece que no han sido recuperados tras el volcado del contenido de su teléfono móvil por parte de la Policía Judicial”. “Por tanto, la única constancia de tales mensajes es impresa a través de las dos mencionadas actas notariales”, continúa el ex alto cargo del PP.

“Los mensajes son manipulables”

“Respecto al contenido de los mensajes”, abunda Fernández Díaz, “es totalmente inverosímil y contradictorio”. Sostiene que “resulta absurdo pensar que estuviera al corriente de lo relativo al volcado de los dispositivos de [Luis] Bárcenas y su esposa y que fuera quien informara al secretario de Estado de Seguridad” y no al revés.

Cabe recordar que en dichos mensajes Fernández Díaz, supuestamente, le facilita la identidad del chófer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas para captarlo como confidente y le informa de que han sido volcados con “éxito” sus móviles.

“Es indudable que los mensajes de texto son perfectamente manipulables y que los notarios no comprobaron ni pudieron comprobar técnicamente la realidad de las comunicaciones que se les exhibieron”, asevera el ex ministro del Interior en el Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

“Respecto al valor probatorio de las actas notariales de presencia es sabido que protocolizar determinados mensajes o incluso acudir al acta de presencia notarial no constituye en sí mismo prueba indubitada de la realidad de la comunicación”, cuestiona Fernández Díaz. “Es decir, el notario no acredita la autenticidad, veracidad o autoría del documento o soporte exhibido o protocolizado”, concluye.

El ex ministro señala a Martínez

Al mismo tiempo, el ex ministro traslada toda la responsabilidad del operativo a Martínez, de quien recalca que dependía la gestión de los fondos reservados que se emplearon para sufragar la denominada operación Kitchen.

También a lo largo del día de este viernes la Audiencia Nacional puso a disposición de las partes una de las declaraciones clave en la causa que investiga el espionaje al ex tesorero del PP. El comisario Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, comenzó a colaborar con la investigación en enero de 2019 y relató al juez Manuel García Castellón y a los fiscales Anticorrupción la existencia de un dispositivo para arrebatar a Bárcenas material sensible contra la cúpula del PP.

En su comparecencia del mes de marzo, García Castaño precisó que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, “estaban al corriente” del operativo y de los avances que se llevaban a cabo a través de diferentes canales de intermediarios.

García Castaño explicó que intervino para prestar apoyo a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) conjuntamente con la Unidad de Asuntos Internos (UAI) y que uno de los primeros servicios que prestó fue el de realizar seguimientos a un individuo al que supuestamente el ex tesorero del PP recurrió para acceder a la documentación que tenía oculta en la nube.

La declaración del comisario

“Era un individuo que iba a hablar con un ingeniero que era colombiano. Según nuestra información, Bárcenas tenía información sobre sus cuentas corrientes en la nube y quería borrarlas”.

“Decía que quería un borrado seguro. Lo vigilamos y comprobamos que ese individuo era un delincuente. Ni contactos con ingenieros ni nada de nada”, añadió en su declaración, a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

“Otro de los apoyos que prestamos es saber si Bárcenas tenía testaferros, porque el señor Bárcenas tiene el dinero oculto y bien oculto”, abundó.

En esa comparecencia, García Castaño aseguró que se encontraron con que otros servicios de Inteligencia estaban llevando a cabo seguimientos al ex tesorero ajenos a los que había puesto en marcha la Policía Nacional.

La mujer de Bárcenas

El fiscal Miguel Serrano le preguntó expresamente si accedió al estudio de restauración de obras de arte de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y admitió que realizaron seguimientos por la zona. Sin embargo, no fue hasta una declaración posterior cuando admitió que él mismo entró en el inmueble haciéndose pasar por un cliente que quería llevar una talla religiosa para ser restaurada.

Ese operativo contó con la colaboración del chófer de la familia, Sergio Ríos, que tal y como desveló este periódico, facilitó a la Policía las claves de la alarma. A su vez relató cómo el conductor le facilitó los móviles de Bárcenas, cómo los clonaron en una cafetería y entregó su contenido a Interior.